El rodaje de la serie internacional The Curse en la Villa de Agaete no solo convertirá al municipio en un plato de cine, sino que obligará a cortes puntuales de algunas calles para facilitar el trabajo de los profesionales y la instalación del set

En este sentido, de 11 a 16 horas se realizarán cortes en el entorno de la calle La Palma, se cerrará la plaza Tenesor de 10.30 horas a 16 horas, a la altura de la panadería La Esquina, y en la calle Juan De Armas delante del Ayuntamiento habrá un controlador de tráfico de la productora para cortes intermitentes de unos 10 minutos, al igual que en la calle Antonio De Armas.

Entre las 13 horas y las 19 horas se realizará un rodaje en la calle La Cruz, Plaza del Calvario y calle Belén, y se cerrará esta última a las 12 horas porque se necesitará espacio para colocar los vehículos necesarios para el rodaje. Los vehículos de la zona de la calle Belén, Malpaís, y plaza Fernando Guanarteme tendrán salida por la calle Adargoma.

En este punto se cortará el tráfico a la altura de la calle La Cruz en su bifurcación con la calle Guayarmina, donde habrá una valla indicando el paso exclusivo de residentes.

En la calle Guayarmina, en su bifurcación con la calle San Germán hasta la plaza del Calvario no podrá haber vehículos estacionados, al igual que en la plaza del Calvario y la calle de La Cruz.

Entre las 18 horas y la medianoche se rodará en la plaza de la Constitución y será necesario cerrar todo el pueblo en la gasolinera Cepsa.

Se cerrará igualmente la zona de los Arenales como se hace en la fiesta de las Nieves en la calle Alcalde Armas Galván y se desviará el tráfico hacia la calle Juez Gabriel De Armas Medina. Se cerrará la calle Alcalde Esparza Arteche en su bifurcación con la calle León y Castillo, la calle de Las Nieves en su bifurcación con la calle León y Castillo, que tendrá un controlador de tráfico por parte de la productora para cortes intermitentes, y la calle San José en su bifurcación con la calle León y Castillo, donde igualmente habrá un miembro de la productora para cortes breves.

También se cerrará la calle San José en su bifurcación con la calle José Sánchez y Sánchez.

La parada de taxis se trasladará transitoriamente desde las 16 horas a la medianoche a la rotonda de la Candelaria donde está ubicado el carga y descarga.

El Ayuntamiento de Agaete lamenta los inconvenientes que estos cortes pudieran causar a los vecinos y vecinas y agradece la comprensión y colaboración para este día de cine en Agaete.

El PSOE de Gáldar se desplazará el miércoles 9 noviembre, a las 19 horas, al barrio de Marmolejo ya que en su Asociación de Vecinos tendrá lugar un acto que lleva por título: “CANARIAS, GOBIERNO ABIERTO”

La compañera socialista Marta Saavedra Domenech, Directora General de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, será la anfitriona.

Desde la Agrupación Socialista Jacinto Medina de Gáldar invitamos a toda la ciudadanía a participar.

Contamos con tu presencia en la Asociación de Vecinos El Bermejal, en Marmolejo.

Ambas instituciones repasan la efectividad de las medidas adoptadas a lo largo del presente año para mejorar las dotaciones de medios humanos y materiales de los partidos judiciales de las islas

De igual modo, revisan los proyectos que está previsto poner en marcha en el corto, medio y largo plazo, así como el funcionamiento de los ya desarrollados

El Palacio de Congresos de Fuerteventura ha acogido esta semana la reunión de la Comisión Mixta de Cooperación y Coordinación entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), encuentro que ha estado encabezado por el titular de este departamento, Julio Pérez, y el presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo.

En la reunión, en la que se ha examinado la efectividad de las medidas adoptadas a lo largo del presente año, para mejorar las dotaciones de medios humanos y materiales de los partidos judiciales de las islas, y se han revisado los proyectos que está previsto poner en marcha en el corto, medio y largo plazo, así como el funcionamiento de los ya desarrollados, han participado, por parte del Gobierno canario, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos; la secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Adela Altamirano; y la jefa de servicio de la Dirección General de Relaciones con la Justicia, Socorro Robador.

Por parte del TSJC han estado presentes también el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC, con sede en Santa Cruz de Tenerife, Pedro Hernández; el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya; la magistrada-jueza decana del partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, Esmeralda Casado; la magistrada de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Mónica García; la magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Pilar Parejo; y la titular del Juzgado de Primera Instancia de Santa Cruz de Tenerife, Raquel Alejano.

Hacienda tramita una ampliación de crédito de 70 millones de euros para dar cobertura al incremento aprobado por el Gobierno de España en el marco de los acuerdos con los sindicatos y recogido en el Real Decreto-ley 18/2022

La nómina del próximo mes también incluirá los atrasos desde enero a octubre de este año por el mismo concepto

Román Rodríguez dice que es el momento de que la iniciativa privada dé un paso al frente y aplique también subidas salariales

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos tramitirá esta semana una ampliación de crédito de 70 millones de euros para actualizar las nóminas de los más de 70.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma con el incremento del 1,5% aprobado el pasado mes de octubre por el Gobierno de España en el marco del acuerdo con las organizaciones sindicales y sustanciado en el Real Decreto Ley Real Decreto-ley 18/2022.

El incremento se aplicará a partir de la próxima nómina de noviembre y, dado que tiene efectos retroactivos a 1 de enero de 2022, la misma nómina también incluirá los atrasos de enero a octubre de este año. Recibirán la actualización el personal de Administración General, Educación, Sanidad, Universidades y concertada.

El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, explicó hoy que el aumento salarial es independiente y adicional de la subida del 2% que ya se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para este mismo año.

“Aunque es posible que muchos departamentos del Gobierno puedan hacer frente a este incremento con sus propios créditos, desde Hacienda hemos preferido calcular el impacto total y tramitar esa ampliación de crédito por circunstancias sobrevenidas de extraordinaria y urgente necesidad, en este caso la inflación”, subraya el vicepresidente.

“A las actualizaciones salariales pactadas con los sindicatos a nivel estatal, se suma la subida de las pensiones”, dijo el vicepresidente, quien aseguró que “ahora es el momento de que las empresas den un paso al frente y se apliquen también subidas salariales en el ámbito privado, tal y como se ha acordado en el sector de la hostelería en la provincia de Las Palmas con un incremento del 10,2% hasta el año 2025.

La normativa de retribuciones de los empleados del sector público corresponde exclusivamente al Estado y es de obligada aplicación para todas las administraciones.

En este sentido, Rodríguez recordó que los Presupuestos canarios para 2023 también incorporan el incremento aprobado por el Gobierno en sus propias cuentas para los empleados del sector público, en un 2,5%, revisable en función del IPC, y el incremento adicional del 1,5%, con lo que la subida prevista en las cuentas canarias por este concepto alcanza el 4%.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad afirma que, de este modo, “las raíces en la isla de los jueces y juezas y de los funcionarios y funcionarias de los cuerpos judiciales pueden ser más profundas”

Según el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, se trata de una “reivindicación histórica”, ya que desde el año 2009 no se había realizado esta acción en ningún partido judicial

El presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, considera que se trata del primer paso para lograr una justicia de calidad en Fuerteventura

Sergio Lloret, presidente del Cabildo majorero, indica que con esta medida se da un gran paso en la isla, pues se proporciona estabilidad al personal de Justicia, lo que se va a traducir en un funcionamiento más ágil

El nuevo edificio judicial, señala Julio Pérez, es “el proyecto más importante para mejorar el servicio público de Justicia en Puerto del Rosario y en Fuerteventura”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha señalado este viernes que la elevación a la categoría de magistrado y magistrada de los juzgados de Fuerteventura supone no solo un incremento en la retribución económica, sino que también es importante para el arraigo de profesionales competentes y preparados en la isla, ya que, de este modo, ha afirmado, “las raíces que da la presencia en la Isla y su arraigo en ella pueden ser más profundas y estables para unos funcionarios públicos tan cualificados como son los jueces y juezas españoles y los funcionarios y funcionarias de los cuerpos judiciales”, que conviene “retener” en el territorio insular.

Este aumento de la categoría de las plazas de jueces y juezas que sirven los juzgados majoreros es una pieza más en la mejora de la justicia en la Isla, pero no la única, pues, según ha dicho, quedan otras mejoras que poner en marcha, especialmente y singularmente la construcción de un nuevo edificio, ya previsto y proyectado pero que no ha podido comenzar a construirse a consecuencia de complicaciones urbanísticas derivadas de un proceso judicial que ha alterado las previsiones del planeamiento territorial de Puerto del Rosario.

Julio Pérez ha presentado en Puerto del Rosario la elevación a la categoría de magistrados y magistradas para los jueces y juezas de Primera Instancia e Instrucción de la capital de la isla de Fuerteventura. En el acto han estado presentes, junto con el secretario de Estado de Justicia del Gobierno estatal, Tontxu Rodríguez, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, la secretaria general técnica de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Adela Altamairano, y la senadora por Fuerteventura, Paloma Hernández, además de miembros de la Corporación insular majorera y de la Sala de Gobierno del TSJC.

Durante su intervención, el consejero ha hecho hincapié en la necesidad de promover la permanencia o “retención” de los jueces, problema que han sufrido siempre las islas, especialmente las no capitalinas, porque los titulares de juzgados terminan yéndose a otros órganos judiciales de otros territorios, que les pueden ser más interesantes profesionalmente. “Estos mecanismos son decisivos”, ha apuntado Julio Pérez, pues “no se trata solo de que ganen más, sino de que sea más atractivo quedarse en un juzgado en el que podrán especializarse”.

En este sentido, el presidente del TSJ, Juan Luis Lorenzo, ha propuesto justamente que varios juzgados que están ubicados hoy en Lanzarote se trasladen y radiquen en Fuerteventura, en cuyo territorio tienen competencias. Con ello, ha añadido, podría alcanzarse más pronto el número de juzgados necesarios para que los juzgados de Puerto del Rosario dejen de ser órganos mixtos (civiles y criminales) y puedan separarse las jurisdicciones y avanzar en la especialización, que es un medio importante de mejora de la calidad de la justicia.

El consejero ha querido resaltar que la mejora de los servicios judiciales se corresponde con la evolución de la población y de la economía de la Isla, y con los planes para su impulso que están promoviendo todas las administraciones, a los que hay que corresponder poniendo a la misma altura los servicios y las administraciones públicas.

Una medida justificada

El secretario de Estado de Justicia, que ha subrayado el papel desempeñado por la senadora socialista Paloma Hernández en la consecución de este cambio de categoría, sobre todo teniendo en cuenta que no se producía desde 2009 en ningún partido judicial de España, ha indicado que “la realidad de Puerto del Rosario, con sus especiales características socioeconómicas, turísticas, industriales y comerciales, además de la insularidad justifican la medida”.

Tontxu Rodríguez ha manifestado que el Ministerio de Justicia está inmerso en un proceso de transformación del servicio público de Justicia, que tiene por objetivo “construir, desde la cogobernanza y el diálogo, la justicia eficaz, rápida, cercana y moderna que el siglo XXI merece”.

Para ello, ha dicho, están trabajando en el proyecto Justicia 2030, enfocado en tres reformas legislativas en los ámbitos organizativo, procesal y digital, que van a afectar directamente al poder judicial. Un proyecto que también ha valorado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, quien ha subrayado que, “para ser eficientes, hemos de seguir avanzando, sobre todo en unos medios prioritarios, que son los medios informáticos, telemáticos y de conexión con las nuevas tecnologías. El problema no es el dinero, sino la actualización permanente de la organización y de las tecnologías”.

El presidente del TSJC se ha mostrado convencido de que la medida presentada este jueves, que entró en vigor a comienzos de octubre, es el primer paso para lograr una justicia de calidad en Fuerteventura y ha aprovechado la presencia del secretario de Estado para elevar algunas demandas de los jueces con este objetivo.

El anfitrión, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, se ha congratulado del cambio, ya que “dará estabilidad al personal de Justicia y se va a traducir en un funcionamiento más ágil, siendo un gran paso para la isla”. A su juicio, la mejora está en seguir trabajando para tener mejores infraestructuras y equipamientos, “prestando así el servicio de calidad que necesitamos en Fuerteventura”.

Sobre este último aspecto, Julio Pérez ha dejado claro que la construcción del nuevo Edificio Judicial en Puerto del Rosario es “el proyecto más importante para mejorar el servicio público de Justicia en Puerto del Rosario y en Fuerteventura”. Ha explicado que, pese a tener ya la ubicación y el proyecto listos, la existencia de algunos problemas entre algunos propietarios y el Ayuntamiento capitalino ha impedido el comienzo de las obras.

“No es un problema de voluntad política, ni de financiación”, ha advertido. En este sentido, el presidente el Cabildo insular, ha apuntado que están trabajando para contribuir a la resolución de las dificultades urbanísticas para que el nuevo Edificio Judicial sea una realidad cuanto antes, reiterando su ofrecimiento para cooperar y solucionar los problemas existentes.

Todos los esfuerzos posibles

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, también se ha referido a otros aspectos, y se ha mostrado partidario de que “la isla tenga un servicio de Justicia como corresponde a una población creciente y económicamente activa, y que tiene además proyectos tan importantes como los estratopuertos u otras iniciativas que ponen de relieve la vitalidad de Fuerteventura en este momento”.

De igual forma, ha abordado las dificultades que en algunas ocasiones han surgido con las autopsias en Fuerteventura. Según ha informado, “de los muchos centenares de autopsias que se practican en Canarias a lo largo del año, la inmensa mayoría se efectúan, de acuerdo con la autoridad judicial, en el plazo de 24 horas. En el caso de las islas no capitalinas, este plazo se dilata en contadas ocasiones hasta 48 horas, por la falta de auxiliares de autopsia, profesionales especializados que no pueden ser reemplazados por otros”, ha aclarado el consejero, pues la legislación no lo permite.

En este sentido, ha manifestado que desde el Gobierno canario “hacemos todos los esfuerzos posibles para resolver esta situación, siempre desde el respeto a la naturaleza judicial de la autopsia, pues es el juez de instrucción el que decide cómo se hace y qué le pregunta al forense. Nuestra labor es que haya forense y auxiliar de autopsia, sin intención de interferir en la práctica de la autopsia que es una diligencia de investigación. No es un trámite administrativo, como a veces se piensa, sino un acto de investigación judicial”, ha asegurado.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad pone el acento en la importante responsabilidad de su departamento a la hora de responder a las necesidades de la ciudadanía

El presupuesto de esta consejería para el próximo año aumenta un 12,6% respecto a 2022 y un 33,5% en relación a 2019

Justicia vuelve a ser la partida más importante, 185.160.476 euros, con el objetivo de ser un servicio público más accesible y eficiente

En el área de Administraciones Públicas y Transparencia, con 122.108.729 euros, destaca la estabilización del empleo público, la mejora de la atención a la ciudadanía y de la conectividad de los centros públicos, así como la simplificación de los procedimientos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha presentado esta semana, en el Parlamento de Canarias, el proyecto de presupuestos elaborado por su departamento para 2023, unas cuentas que ascienden a 405.958.640 euros, un 12,6% más que el año pasado, y que, en su opinión, suponen “una mayor responsabilidad –más dinero, más responsabilidad–, y un desafío, porque cada vez es más importante ser capaz de cumplimentar las aspiraciones de los presupuestos y producir resultados que sean tangibles, apreciables, duraderos y no reversibles”.

Durante su intervención en la comisión de Presupuestos de Hacienda, Julio Pérez ha puesto el acento en la enorme responsabilidad que tiene su departamento a la hora de responder a las necesidades de la ciudadanía, que es mayor más en los actuales momentos de incertidumbre por falta de confianza en el futuro, situación a la que han tratado de hacer frente los empleados y las administraciones públicas.

Según ha explicado, estas cuentas, que registran un incremento del 33,5%, con respecto a las consignaciones de 2019, tratan de consolidar los grandes ejes que se marcó la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad al inicio de la legislatura: transformación digital, evaluación de los servicios públicos basada en datos, estabilidad del empleo público, dirección por objetivos, transparencia y participación ciudadana, además de la vinculación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la acción política y presupuestaria.

Julio Pérez ha indicado que el área de Justicia vuelve a ser la partida más importante, 185.160.476 euros, un 5,85% más que en 2022 y un 15% más que en 2019, con el objetivo principal de que sea más accesible y eficiente. Con este propósito, sus programas presupuestarios responden al desafío de lograr una tutela judicial efectiva, como derecho fundamental de los canarios y canarias, y de su seguridad jurídica, además de ofrecer unos servicios de calidad en la atención a las víctimas y el acceso a la justicia gratuita.

En este sentido, ha destacado la consolidación del incremento del turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, con una partida de más de 23 millones de euros; el desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, con casi 150.000 euros y el crédito que se generará por la transferencia del Consejo Territorial de Memoria Democrática; los Puntos de Encuentro Familiar, 920.000 euros, completados con fondos adicionales aportados por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; el plan de infraestructuras, con más de seis millones de euros, para nuevos órganos judiciales y la mejora y ampliación de los actuales; y la estrategia de transformación digital para la modernización de la Administración de Justicia, que junto a las aportaciones propias de casi tres millones de euros incorpora tres millones y medio de euros más de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Administraciones Públicas y Transparencia

El área de Administraciones Públicas y Transparencia, cuyo presupuesto asciende a 122.108.729 euros, un 24,74% más que en 2022 y un 61,9% más que en 2019, tiene, entre otros objetivos, la estabilización del empleo público y la reducción del exceso de temporalidad, para lo cual en 2023 se desarrollarán los procesos de selección de personal funcionario en ejecución de las OEP 2019, 2020, 2021 y 2022, y las dos OEP extraordinarias para la estabilización de empleo temporal –3.499 puestos de trabajo–, el impulso del Gobierno Abierto y el buen gobierno y la mejora de la ciberseguridad en la Administración Pública.

El consejero ha destacado partidas como el Sistema Integral de Atención No Presencial al Ciudadano, el muy conocido y utilizado servicio telefónico 012, con 23.663.388 euros, que incorpora nuevas funciones; la mejora de la conectividad de 500 centros públicos de referencia, incluidos centros educativos y de salud, con 7.350.902; y la simplificación y racionalización de procedimientos, financiado con fondos MRR.

Igualmente, ha advertido del incremento registrado en Transparencia y Participación Ciudadana, debido a los gastos ocasionados por el proceso electoral del próximo año, que ascienden a más de seis millones de euros, y ha llamado la atención sobre el incremento del 22,74% de la partida del Fondo Canario de Financiación Municipal, hasta alcanzar los 358.805.079 euros.

Mención especial ha tenido para Seguridad y Emergencias, con un presupuesto de más de 53 millones de euros, un 20,79% que en 2022 y un 75,3% más que en 2019, y con un buen número de actuaciones financiadas con fondos propios, el alquiler de helicópteros multifuncionales, por ejemplo, y fondos Next Generation REACT-EU, la adquisición de vehículos contraincendios.

El proyecto de presupuestos recoge también el despliegue del Cuerpo General de la Policía Canaria, gracias a la incorporación de nuevos efectivos, el perfeccionamiento del programa HIPATIA, dentro del área de Relaciones con el Parlamento, la culminación de la implantación del expediente electrónico en los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma y un incremento de más de un 11% de los fondos destinados a la formación y perfeccionamiento de los empleados públicos a través del Instituto Canario de Administraciones Públicas (ICAP).

Esta iniciativa se celebra cada semana desde el mes de septiembre en el Centro de Salud de Orotava-San Antonio y corre a cargo de profesionales de Enfermería, de Medicina de Familia, auxiliares de Enfermería y de Trabajo Social

La Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Tenerife, adscrita a la Consejería de Sanidad, ha puesto en marcha un taller orientado a personas cuidadoras, para formarlas sobre técnicas y habilidades a tener en cuenta a la hora de desarrollar su labor en la atención a personas mayores y dependientes.

Este taller, que se está llevando a acabo en el Centro de Salud Orotava – San Antonio, está siendo impartido por profesionales de Enfermería, de Medicina de Familia, auxiliares de Enfermería y de Trabajo Social de esta Zona Básica de Salud.

La actividad comenzó el pasado mes de septiembre y se desarrollará hasta el próximo día 18 de noviembre. En las sesiones, que se celebran cada semana, las personas que conforman el grupo acuden al centro para compartir sus experiencias y perfeccionar, aún más si cabe, los cuidados a sus familiares y personas dependientes a su cargo.

Este taller les permite crear un punto de encuentro en el que encuentran el apoyo de otras personas que se encuentran en situaciones similares y donde se crean sinergias dirigidas a la mejora de la salud, tanto de la persona cuidadora como de la persona que recibe estos cuidados.

Desde la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife se destaca que esta iniciativa es un ejemplo de la importancia de acercar las actividades comunitarias en materia de salud a todos los rincones de la isla.

Actualmente, en el Archipiélago hay 101 personas ingresadas por coronavirus, de las que cinco están en UCI y 96 en planta

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, siguiendo los nuevos indicadores recogidos en la Estrategia de Vigilancia y Control de la covid-19, consensuada por el Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, informa de que desde la última actualización de datos el pasado viernes se han contabilizado en el archipiélago 497 nuevos positivos en covid-19 entre personas de más de 60 años, que es el grupo de población al que se le hace seguimiento tras pasar la fase aguda de la pandemia.

Por lo tanto, el acumulado de casos de coronavirus entre este colectivo asciende en Canarias a 100.867 personas. Así, la Incidencia Acumulada para este grupo etario a 14 días se sitúa en los 211,99 casos por 100.000 habitantes y a los 7 días en los 99,53.
Actualmente, en el Archipiélago hay 101 personas ingresadas por coronavirus, de las que cinco están en UCI y el resto, 96, en planta. Por otro lado, en los últimos siete días se han registrado cinco fallecimientos, tres notificados en Gran Canaria, uno en La Palma y uno en La Gomera.

Todos los casos, con edades comprendidas entre los 57 y los 87 años, tenían patologías previas y se encontraba en ingreso hospitalario.

Capacidad asistencial

La Consejería de Sanidad informa que desde el pasado 12 de agosto, y cumpliendo con la Resolución del 5 de agosto de la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, en el cómputo de camas ocupadas por enfermos por covid-19 se tiene en cuenta el número de camas ocupadas por pacientes que presentan una neumonía o infección respiratoria aguda u otra patología que se considere atribuible a una infección por SARS-CoV-2.

Esta cita pionera en España tendrá lugar en Arrecife los días 7 y 8 de noviembre

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la Red de Observadores del Medio Marino (RedPROMAR), celebrará durante los días 7 y 8 de noviembre el evento ‘Sumando miradas por la ciencia ciudadana marina’.

Esta cita, cofinanciada a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), se desarrollará en el islote de la Fermina, en Arrecife, y congregará a representantes de diversas administraciones públicas nacionales, instituciones de investigación, empresas, asociaciones y ONG vinculadas con el medio marino, así como público en general vinculado o interesado en estas materias.

El consejero responsable del Área, José Antonio Valbuena, explicó que se trata de un evento pionero en España y que su principal finalidad es poner en valor y visibilizar el potencial de la ciencia ciudadana marina como apoyo a la vigilancia, seguimiento, conocimiento y gestión de la biodiversidad; además de impulsar colaboraciones entre las diferentes administraciones y entidades que están desarrollando este tipo de iniciativas. “El evento se enmarca en un momento histórico en el que se requiere con urgencia de esfuerzos mejorados y consolidados en la conservación de nuestros mares”, aseveró.

El propio consejero tomará parte en el programa oficial del evento, durante el cierre del primer día de actividad, el lunes 7 de noviembre, a partir de las 19:45 horas.

Cualquier persona interesada en participar, podrá inscribirse de manera gratuita en la jornada del primer día a través del siguiente enlace:

https://www.eventbrite.es/e/entradas-sumando-miradas-por-la-ciencia-ciudadana-marina-443986955937

También se podrá seguir de manera telemática en el enlace https://youtu.be/e0rRktCNq0Y .

La iniciativa está desarrollada por la empresa pública Gesplan, perteneciente a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, y cuenta con la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote y del Ayuntamiento de Arrecife.

José Antonio Valbuena y Manuel Plasencia firmaron hoy un convenio de colaboración para habilitar esta nueva instalación y para la remodelación de otra estación depuradora ya existente en el municipio

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de los fondos correspondientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiará los trabajos para la ejecución de una nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) en Alajeró y la remodelación de otra instalación similar ya existente en el municipio.

El consejero regional responsable del Área, José Antonio Valbuena, y el alcalde del municipio, Manuel Ramón Plasencia Barroso, han suscrito este viernes un convenio de colaboración para la financiación de estos proyectos, cuyo presupuesto ascenderá hasta los 2.752.365,37 euros.

José Antonio Valbuena especificó que “estas intervenciones se han incluido en la línea de crédito de los fondos de recuperación correspondientes a saneamiento y depuración en las aglomeraciones de menos de 5.000 habitantes equivalentes” y destacó que supondrá un avance significativo en materia hidráulica para todos los núcleos poblacionales del municipio, además de cumplir con los principios de eficiencia que deben primar en instalaciones de este tipo.

Por su parte, Manuel Ramón Plasencia mostró su satisfacción por el convenio firmado y subrayó que el Consistorio ha colaborado en la redacción del proyecto, la adquisición de los terrenos para la nueva EDAR y la elaboración y recopilación de todos los informes sectoriales preceptivos que necesita la Consejería autonómica para el desarrollo de estas obras.

El proyecto previsto incluye la mejora del sistema de saneamiento existente, que consiste en una EDAR situada a 27 metros sobre el nivel del mar, dos estaciones de bombeo y sistemas de colectores, y la implantación de la nueva EDAR a unos 700 metros sobre el nivel del mar para la mejora de la eficiencia del sistema, tanto desde el punto de vista energético como del tratamiento de aguas residuales y el posterior aprovechamiento del recurso hídrico generado.

La iniciativa incluye además una separata para la implantación del sistema de suministro eléctrico que requiere la instalación para su correcto funcionamiento, que incluirá un 20% de energía solar generada mediante una planta fotovoltaica construida para este fin.