El convenio suscrito entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Sanidad permitirá apoyar la creación de un Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial y Unidad de Noche

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Sanidad han suscrito un convenio que dispone una aportación de 1.500.000 euros para la atención a la salud mental de la población de La Palma tras la erupción volcánica en Cumbre Vieja en el año 2021.

Esta acción se inscribe en el Plan de Salud Mental del Servicio Canario de la Salud (SCS). La cuantía recogida en el convenio, realizado a través de la Dirección General de Salud Pública, permitirá apoyar la creación del Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial y Unidad de Noche (CDRP-UN) propuesto por la Consejería de Sanidad para atención de las personas afectadas en la isla y en el marco de las acciones previstas en el Plan de Salud Mental del SCS.

El objetivo de la acción es potenciar la integración social, disminuir el riesgo de deterioro psicosocial o marginalidad y apoyar a las familias de personas con trastornos mentales graves. Para ello, se dotará a este centro de la infraestructura, personal y medios necesarios para el inicio de su actividad.

Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial

El convenio recoge que la dimensión y magnitud de la catástrofe natural producida por el volcán de Cumbre Vieja ha producido un aumento de patologías que afectan a la salud mental de la población.

El Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial (CDRP) es un dispositivo específico dirigido a la población con trastornos mentales graves y persistentes que presentan dificultades en su funcionamiento psicosocial y en su integración en la comunidad, con la finalidad de ofrecerles programas de rehabilitación psicosocial y apoyo comunitario que faciliten la mejora de su nivel de autonomía y funcionamiento, así como apoyar su mantenimiento e integración social en la comunidad en las mejores condiciones posibles.

Establece las medidas para la construcción, la rehabilitación o la reconstrucción de las edificaciones, los usos y las actividades en las mismas condiciones que existían el 19 de septiembre de 2021

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el Decreto ley de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja.

La norma aprobada hoy en Consejo de Gobierno establece las medidas para la construcción, la rehabilitación o la reconstrucción de las edificaciones, los usos y las actividades en las mismas condiciones que existían el 19 de septiembre de 2021 en el ámbito espacial hoy ocupado por la colada, allí donde sea seguro y técnicamente posible, posibilitando, de este modo, la recuperación de la vida y las actividades preexistentes al volcán.

En las semanas que ha estado expuesto a consulta pública y participación ciudadana se han presentado alegaciones que se han incorporado al decreto porque lo mejoran y todas que no tengan cabida en este serán objeto de regulación en los siguientes.

El decreto responde a la aspiración de la mayoría de las personas afectadas de recuperar lo que perdieron y, en lo posible, en cuanto la naturaleza lo permita, volver a los lugares de donde tuvieron que salir para reconstruir y restablecer su modo de vida como parte de una comunidad.

La voluntad del Gobierno de Canarias ha sido atender y, en la medida que el enfriamiento y el asentamiento de la colada lo vaya permitiendo, dar respuesta a la voluntad de las personas afectadas de recuperar lo perdido y de volver a sus lugares de origen, rehabilitando, restableciendo o reconstruyendo los bienes, los usos y las actividades que desarrollaban, evitando, además, el despoblamiento y el desarraigo del Valle de Aridane.

El criterio rector de la norma ha sido el de garantizar a cada afectado el derecho de propiedad sobre su parcela, devolverles el valor de lo perdido y permitirles que puedan tomar la iniciativa de la recuperación con ayudas públicas y la acción pública directa en cuanto a las infraestructuras y redes de servicios.

El decreto ley establece clasifica la colada en zonas de acuerdo con los estudios técnicos llevados a cabo. Así, en la zona donde la lava tiene menos de 10 metros de espesor se permite ya a los afectados llevar a cabo la reconstrucción de sus propiedades, solo condicionada a obtener la preceptiva licencia municipal.

En las zonas de más de 10 metros de espesor de colada se permite también la reconstrucción, condicionada a que los informes científico-técnicos del Cabildo de La Palma avalen la seguridad de la reconstrucción conforme a que la colada de vaya enfriando.

Por último, están las zonas sujetas a medidas cautelares a la espera de la delimitación del Espacio Natural Protegido, lo que, con ese carácter provisional, impide llevar a cabo cualquier actuación de recuperación. El Gobierno reconoce que para los afectados con parcelas en esta zona el decreto territorial no les ofrece una solución completa, puesto que no pueden reconstruir sus propiedades, pero esta solución completa la tendrán con la aprobación del decreto de vivienda y suelos.

El decreto también garantiza la participación ciudadana en el proceso de reconstrucción mediante la creación del Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, como órgano colegiado de diálogo, información y consulta del que formarán parte las entidades representativas de las personas afectadas por la erupción del volcán.

Finalmente, incorpora una disposición final en la que se procede a actualizar y modificar el Decreto-ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma. Con esta modificación se sube a 4 años la vigencia del decreto, se amplía su ámbito de aplicación a toda la isla y se incorporan las segundas viviendas y viviendas turísticas.

Este decreto ley aprobado hoy es el primer paso de la hoja de ruta trazada para la plena recuperación económica y social de La Palma, que contará con un plan plurianual de pagos a las personas afectadas y, al menos, tres decretos más para dar respuesta a las diversas situaciones generadas por el volcán.

Es el primero de los cuatro previstos en la hoja de ruta trazada por el Ejecutivo

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, que dirige Nieves Lady Barreto, el Decreto ley de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja. “La isla ya tiene, dos años después de apagado el volcán, el primer decreto para empezar el camino hacia la plena recuperación social y económica”, destaca la consejera.

El decreto ley aprobado hoy en Consejo de Gobierno es el primer paso de la hoja de ruta trazada para la plena recuperación económica y social de La Palma que contará con un plan plurianual de pagos a las personas afectadas y, al menos, tres decretos más para dar respuesta a las diversas situaciones generadas por el volcán.

Este decreto en materia territorial establece las medidas para la construcción, la rehabilitación o la reconstrucción de las edificaciones, los usos y las actividades en las mismas condiciones que existían el 19 de septiembre de 2021 en el ámbito espacial hoy ocupado por la colada, allí donde sea seguro y técnicamente viable, posibilitando, de este modo, la recuperación de la vida y las actividades preexistentes al volcán.

En las semanas que ha estado expuesto a consulta pública y participación ciudadana se han presentado alegaciones que se han incorporado al decreto porque lo mejoran y todas que no tengan cabida en este serán objeto de regulación en los siguientes.

“Responde a lo que durante dos años han pedido la mayoría de las personas afectadas, que quieren recuperar lo que perdieron y, en lo posible, volver a los lugares de donde tuvieron que salir para poder reconstruir no solo sus viviendas, sino también su modo de vida y su comunidad”, añade Nieves Lady Barreto.

Así, recogiendo esta voluntad, el Gobierno de Canarias ha querido dar respuesta a esa voluntad de recuperar lo perdido y de volver a sus lugares de origen, rehabilitando, restableciendo o reconstruyendo los bienes, los usos y las actividades que desarrollaban, evitando, además, el despoblamiento y el desarraigo del Valle de Aridane.

El criterio rector de la norma ha sido el de garantizar a los afectados el derecho de propiedad sobre sus parcelas, devolverles el valor de lo perdido y permitirles que puedan tomar la iniciativa de la recuperación, con ayudas públicas y la acción pública directa en cuanto a las infraestructuras y redes de servicios.

El decreto ley clasifica la colada en zonas de acuerdo con los estudios técnicos llevados a cabo. Así, en la zona verde, donde la lava tiene menos de 10 metros de espesor, permite ya a los afectados llevar a cabo la reconstrucción de sus propiedades, solo condicionada a obtener la preceptiva licencia municipal.

En la zona amarilla, de más de 10 metros de espesor de colada, se permite también la reconstrucción, condicionada a que los informes científico-técnicos del Cabildo de La Palma avalen la seguridad de la reconstrucción conforme a que la lava se vaya enfriando.

Por último, están la zona roja, sujeta a medidas cautelares a la espera de la delimitación del Espacio Natural Protegido, lo que, con ese carácter provisional, impide llevar a cabo cualquier actuación de recuperación.

“Sabemos que este decreto no da una solución completa a los afectados que tienen sus parcelas en zona roja, ya que, aunque les reconoce el derecho de propiedad sobre el suelo y el derecho a recibir una compensación económica por lo que perdieron, no pueden reconstruir en su suelo”, explica Nieves Lady Barreto. “Pero tendrán una solución total con el decreto en materia de vivienda y suelos”. “Como norma general -aclara la consejera-, todo lo que no quede resuelto en un decreto, se resolverá en el siguiente. Por eso mantendremos la recogida de alegaciones, incluso de este decreto que hemos aprobado hoy, hasta que se apruebe el último de los decretos previstos”.

El decreto territorial también garantiza la participación ciudadana en el proceso de reconstrucción mediante la creación del Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, como órgano colegiado de diálogo, información y consulta del que formarán parte las entidades representativas de las personas afectadas por la erupción del volcán.

Incorpora, además, una disposición final en la que se procede a actualizar y modificar el Decreto-ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma. Con esta modificación se sube a 4 años la vigencia del decreto, se amplía su ámbito de aplicación a toda la isla y se incorporan las segundas viviendas y viviendas turísticas.

El presidente Clavijo felicita la Navidad con una postal hecha por los centros escolares palmeros que fueron trasladados al “Princesa Acerina” de los Llanos de Aridane tras la erupción volcánica del Tajogaite

Este año la felicitación navideña del presidente de Canarias Fernando Clavijo, está protagonizada por una obra realizada por el alumnado de los CEIP “Los Campitos”, “Todoque” y “Puerto Naos”, reubicados tras la erupción volcánica en el centro “Princesa Acerina” de Los Llanos de Aridane, donde comparten edificio y actividades desde entonces. Las comunidades educativas realizaron la obra tras aceptar la propuesta hecha desde la propia presidencia, que ha querido que esta primera Navidad de la legislatura nos acordemos de La Palma.

Las directoras de los citados centros educativos, Alicia, Ángeles y Nieves, fueron las encargadas de coordinar con sus equipos docentes las actividades encaminadas en lograr que todo el alumnado de los colegios dejara “una huella” en esta obra colectiva, que titularon “Canarias unida por el mar de estrellas del cielo que nos abraza”.

El cuadro original representa a las 8 islas canarias, en su lugar, y con su estrella, unidas por una línea en medio de un mar, o un cielo, formado por las huellas azules de todos los alumnos de los tres colegios palmeros. En definitiva, se trata de un cuadro cargado de sentimiento, identidad y simbolismo, que proyecta la esperanza de La Palma, en un mar y cielo de huellas para unir Canarias en un mismo objetivo. El presidente agradecerá́ en persona a las comunidades educativas la realización de esta obra en una próxima vista al centro “Princesa Acerina”.

Nieves Lady Barreto y Asier Antona dan el primer paso para dotar a la capital de una infraestructura emblemática, moderna y adecuada, que permita acoger a los actuales juzgados y a los que se abran en el futuro

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, han acordado hoy la cesión de un terreno de propiedad municipal para acoger el futuro edificio judicial de la capital palmera, que albergará a los actuales juzgados de primera instancia, instrucción y de lo penal, además de contar con dependencias para el Instituto de Medicina Legal.

En la reunión, que se celebró en el Ayuntamiento capitalino, también participó el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, que acudió acompañado de parte de su equipo técnico, y primer teniente de alcalde, Raico Arrocha. Ambas instituciones dan así el primer paso para materializar, tras años de retraso, un proyecto largamente esperado.

Nieves Lady Barreto valoró la predisposición del Ayuntamiento y de su alcalde “para avanzar en un asunto que esta consejería ha puesto sobre la mesa desde el inicio de la legislatura” y en el que ya los técnicos de ambas administraciones han desarrollado un trabajo previo para comprobar la idoneidad de la parcela y abordar su cambio de uso dentro del Plan General.

“El compromiso del Gobierno es construir un edificio emblemático, con los condicionamientos estéticos necesarios, tal y como ha pedido el Ayuntamiento, y que se convierta en una infraestructura estratégica para Santa Cruz de La Palma”, explicó Barreto. Será, además, un edificio con capacidad de crecimiento, que no solo pueda albergar a todos los juzgados que existen hoy en la capital, sino también los que puedan implantarse en el futuro en cualquier orden jurisdiccional.

El edificio ocupará una superficie de 2.000 m2, “pero hemos propuesto contar con un poco más de terreno para poder hacer una bolsa de aparcamiento libre, que beneficiará a la ciudad”, añade la consejera.

Asier Antona, por su parte, resaltó la buena predisposición y sensibilidad por parte de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, para que la capital palmera sea la sede de un palacio de justicia digno.

Antona recalcó la petición de la Corporación local para que el nuevo edificio sea emblemático, ya que se ubicará en una de las entradas de la ciudad y valora el acuerdo para que el proyecto contemple, además, una nueva bolsa de aparcamientos, dando así respuesta a una demanda histórica y vecinal.

La previsión de ambas administraciones es poder formalizar el convenio de cesión una vez que el Ayuntamiento resuelva el cambio de uso de la parcela, que ahora aparece en el PGO como suelo destinado a transporte. A partir de ese momento, la Viceconsejería de Justicia podrá poner en marcha el proceso de licitación de la redacción del proyecto.

El coste total de las dos plantas, instaladas en Puerto Naos tras la erupción del volcán para riego agrícola, superó los 18 millones de euros

El Consejo de Gobierno autorizó hoy la segunda y última de las dos modificaciones presupuestarias tramitadas por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, para abonar la totalidad de la deuda pendiente por los costos de las dos desalinizadoras portátiles instaladas en la isla de La Palma tras la erupción volcánica.

El importe de esta modificación asciende a 3.000.000 euros, que junto a la modificación aprobada el pasado 27 de noviembre por importe de 1.459.870 euros, permite saldar por completo la deuda contraída con la empresa adjudicataria de los trabajos de instalación y explotación de las desaladoras, y hacerlo antes de finalizar el año tal y como se comprometió el consejero Manuel Miranda.

Esta modificación permite saldar por completo la deuda contraída con la empresa adjudicataria de los trabajos de instalación y explotación de las desaladoras, y hacerlo antes de finalizar el año tal y como se comprometió el consejero Manuel Miranda.

Como se recordará, la erupción volcánica provocó una emergencia hídrica en el Valle de Aridane, al verse seriamente dañadas las instalaciones de suministro de agua para el riego agrícola. En el mes octubre de 2021, el Gobierno de Canarias puso en marcha dos desalinizadoras portátiles trasladas a la Isla, que estuvieron funcionando hasta el 31 de mayo del presente año, una vez fueron reemplazadas las canalizaciones y dotaciones dañadas por el volcán.

Aunque el presupuesto inicial tramitado por procedimiento de urgencia era de 4,3 millones de euros, el costo de la instalación, funcionamiento y explotación de estas dos plantas acabó superando los 18 millones de euros.

Las dos desalinizadoras, que fueron decisivas para garantizar el suministro de agua de riego agrícola en las áreas de cultivo ubicadas al sur de las coladas del volcán, se encuentran desde el pasado verano instaladas en la isla de Lanzarote, para suplir las graves carencias de suministro que registraba la Isla.

“Con este decreto y con los siguientes en materia agraria, de vivienda y de recuperación de la actividad económica daremos solución a los problemas generados por el volcán”, explica Nieves Lady Barreto

Las oficinas de Gesplan en El Paso y en Santa Cruz de Tenerife seguirán atendiendo las dudas de los afectados y recogiendo sus alegaciones y sugerencias hasta que se apruebe el último de los decretos previstos en la hoja de ruta del Gobierno de Canarias para la recuperación de la isla. “Mantendremos la recogida de alegaciones porque todo lo que no quede resuelto en un decreto se resolverá en los siguientes”, aclara Nieves Lady Barreto. En este sentido, cabe recordar que en estas últimas dos semanas ha estado en consulta pública el primero de los decretos previstos, el de ordenación territorial, y se han recogido sugerencias y alegaciones, algunas de las cuales se integrarán en el texto normativo.

Tras este, vendrá el decreto agrario, que se presentará en las próximas semanas, y los decretos de vivienda y de recuperación económica, que ya se están redactando.

Los afectados han acudido a las oficinas de Gesplan a aclarar en qué situación quedan sus parcelas y a exponer sus circunstancias particulares. “Con este decreto y con los otros que quedan por sacar daremos solución a los problemas generados por el volcán”, explica la consejera de Presidencia.

Las dudas más reiteradas se centran en qué pasa si la parcela de un afectado está dentro de la zona ‘roja’ que enmarca el futuro Espacio Natural Protegido y cómo se va a calcular la compensación del valor real de las propiedades perdidas.

La hoja de ruta trazada por el Gobierno prevé la aprobación de cuatro decretos para una recuperación económica y social plena, que compense y permita reconstruir todo lo que se perdió

La hoja de ruta trazada por el Gobierno de Canarias para la plena recuperación económica y social de La Palma está marcada por la aprobación de cuatro decretos leyes que son, por este orden: el territorial, el agrario, el de vivienda y el de recuperación económica (dirigido a la actividad industrial y comercial, principalmente). El primer decreto ley que se aprobará es el de ordenación territorial y urbanística, que está en consulta pública y participación para la aclaración de dudas y recogida de alegaciones y sugerencias en las oficinas de Gesplan en El Paso y en Santa Cruz de Tenerife. “En estos momentos estamos reflejando las sugerencias en el decreto ley y aclarando la redacción de algunos artículos gracias a las aportaciones que se han presentado”, explica Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

“Este primer decreto da respuesta urbanística a una gran parte de las personas afectadas, pero somos muy conscientes de que no proporciona una solución total a quienes tienen su parcela en la zona ‘roja’, es decir, en la zona en la que es posible que se delimite el futuro Espacio Natural Protegido”, añade.

El decreto ley territorial es el primer paso de la hoja de ruta planificada que se pone en marcha para la recuperación de La Palma, que se compone, en principio, de cuatro decretos leyes nuevos y del Plan Plurianual de Pagos a cuatro años, de 150 millones de euros, de los que 50 millones son fondos del Gobierno de Canarias y 100 del Gobierno de España.

Las personas afectadas cuyas propiedades están en zona ‘roja’ tienen una situación de desigualdad añadida respecto del resto de personas afectadas, desde que se planteó el posible ámbito de protección del espacio, hace dos años. “No están en la misma situación que los demás porque ellos, aunque serán propietarios de su suelo, no podrán recuperar plenamente lo que tenían en el mismo. Por esta razón, estamos ultimando otro decreto ley, dentro de la hoja de ruta puesta en marcha, que les facilitará una solución plena. Una propuesta que podrán conocer en cuanto esté ultimada y a la que podrán hacer aportaciones”.

Nieves Lady Barreto señala, por otro lado, que el Gobierno de Canarias y el Cabildo trabajarán juntos para delimitar definitivamente el Espacio Natural Protegido. Esto permitirá también conocer la situación definitiva de las parcelas que quedan en los bordes de la zona que ahora mismo está afectada por medidas cautelares. “Es posible que, una vez delimitado el Espacio Natural Protegido, algunas parcelas que ahora están en zona ‘roja’ queden fuera de ella, a la vez que hay que redactar el Plan de Uso del Espacio, con las actividades permitidas que, sin duda, las debe haber”, apunta la consejera.

“Lejos del ruido, necesitamos seguir trabajando para poder dar soluciones totales a las personas que durante tanto tiempo lo ha pasado mal sin soluciones reales”, concluye.

El acuerdo permite el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal, así como la contratación de personal laboral temporal entre ambas administraciones

La consejera de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, han firmado un convenio de cooperación de uso compartido de listas de reserva para el nombramiento de personal funcionario interino y estatutario temporal, así como la contratación de personal laboral temporal en ambas administraciones.

Según se desprende del convenio, el uso compartido de listas de reserva se llevará a cabo cuando una de las dos administraciones firmantes carezca de lista de reserva específica para un determinado Cuerpo, Escala y especialidad funcionarial, o se hubiesen agotado, o no hubiese persona aspirante en situación de disponibilidad para su nombramiento en el momento en el que surja la necesidad de proveer una necesidad urgente e inaplazable, y se hubiesen agotado todas las posibilidades ofrecidas por su propia normativa reguladora de listas de reserva.

Conforme a lo previsto en el artículo 5.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la información de las referidas listas será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables.

Ambas administraciones firmantes se responsabilizan de publicar en sus espacios virtuales las convocatorias de procesos de selección de los que deriven la constitución de listas de reserva, así como de los procedimientos específicos para tal fin.

Las solicitudes de cooperación se tramitarán una vez se hayan cubierto las necesidades de personal propias de cada Administración, garantizándose en todo caso la cobertura de las situaciones de urgente e inaplazable necesidad.

Permitirá avanzar en los objetivos de la Consejería de Educación de lograr que un 8 por ciento de las infraestructuras escolares sean sostenibles, de acuerdo con la normativa europea

Las instalaciones tendrán un uso comunitario y abastecerá a 700 familias, que verán reducida su factura energética

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes que dirige Poli Suárez, ha aprobado ceder a la entidad Energía Bonita Sociedad Cooperativa las cubiertas de siete centros educativos de la isla de La Palma por un periodo de 25 años para el emplazamiento de plantas solares fotovoltaicas. Estas instalaciones tendrán un uso comunitario para abastecer a 700 familias y redundará en la descarbonización energética.

Los centros en los que se llevará a cabo este proyecto de producción de energía limpia destinada al autoconsumo compartido son IES Las Breñas, IES José María Pérez Pulido, IES Cándido Marante Expósito, IES Alonso Pérez Díaz, CEO Barlovento, CEO Tijarafe y CEO Juan XXIII.

Se trata de la primera vez que se desarrolla una iniciativa de estas características en Canarias con la que la Consejería de Educación mira al futuro consiguiendo que los centros educativos se autoabastezcan, que los hogares de su alrededor paguen menos luz, generar energía limpia y reducir las emisiones de CO2.

La Consejería de Educación cuenta entre sus objetivos estratégicos lograr que un 8 por ciento de los centros educativos de Canarias sean medioambientalmente sostenibles, en línea con las directrices marcadas por Europa para conseguir la neutralidad climática para el año 2050. Con esta innovadora actuación –que tendrá continuidad en otros centros del Archipiélago– el Gobierno de Canarias persigue alcanzar los objetivos de descarbonización, a través de la instalación de infraestructuras verdes que abren el camino hacia una transición ecológica real.

La propuesta está impulsada por la Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos y establece entre las condiciones para proceder a la tramitación administrativa de la cesión una serie de contraprestaciones. En concreto, la entidad Energía Bonita Sociedad Cooperativa dará a la Consejería un 15 por ciento de la producción energética de la instalación de cada centro, un mínimo de 15kw/día.

Asimismo, la entidad asumirá el montaje, gestión y explotación de los paneles solares, además de encargarse de la conservación y mantenimiento de la instalación fotovoltaica comunitaria. Se estima que la producción solar será compartida por entre 100 y 150 familias de los barrios en los que está ubicado cada centro escolar, cuyo punto de suministro esté a menos de 2 kilómetros. En este sentido, se priorizará a las familias con pobreza energética y vulnerables, para lo que se trabajará conjuntamente con el área de Bienestar Social.

Esto supondrá un ahorro en costes energéticos para los beneficiarios en los municipios de Santa Cruz de La Palma, Tijarafe, San Andrés y Sauces, Los Llanos de Aridane, Breña Baja y Tazacorte, donde están ubicados los centros. Al mismo tiempo, se crean fórmulas de participación ciudadana cooperativa que, con un nuevo modelo energético, contribuyen a combatir el cambio climático.