La consejera de Turismo y Empleo ha mantenido un nuevo encuentro con empresarios turísticos de La Palma para abordar los retos del sector y hacer balance de los compromisos asumidos

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha mantenido este miércoles, 20 de diciembre, una nueva reunión con empresarios del Centro de Iniciativas y Turismo (CIT) de La Palma, para analizar de forma conjunta la situación del sector, escuchar sus inquietudes y hacer un balance de los compromisos asumidos en agosto, mes en el que se llevó a cabo el primer encuentro de trabajo.

La pérdida de conectividad aérea, las acciones de promoción del destino o el impulso a las infraestructuras turísticas fueron algunos de los temas que se abordaron en la reunión, a la que también asistió la responsable insular de Turismo, Raquel Rebollo.

De León destacó que “uno de los objetivos prioritarios de la consejería es captar nuevas rutas aéreas, fundamentalmente de cara al verano de 2024, ya que La Palma es la única isla que no ha podido recuperar las cifras de 2019 tras sufrir dos crisis, el COVID-19 y la erupción volcánica”.

En este sentido, apuntó que la consejería ha realizado un esfuerzo importante junto al Cabildo insular para “promocionar la isla como un destino seguro en mercados estratégicos, entre ellos el nacional, que registra un comportamiento muy positivo, con un 30% más de plazas aéreas”. Sin embargo, reconoció que la situación es complicada y que para lograr la recuperación del sector “será clave la reapertura de zonas turísticas como Puerto Naos, que permitirá revertir la falta de camas que sufre La Palma”.

De León resaltó además que en solo cinco meses, la consejería ha cumplido algunos de los compromisos que asumió con el sector, como lograr que AENA vuelva a bonificar las tasas aeroportuarias en vuelos hacia La Palma o lanzar el Fondo de Desarrollo de Vuelos exclusivo para la isla. Avanzó también que la consejería abrirá dos nuevas líneas de ayuda, procedentes de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, por un importe de 19 millones de euros para el sector privado y 19 millones para el sector público, dirigidas a rehabilitación, gestión de residuos y digitalización.

Por su parte, la consejera de Turismo del Cabildo de La Palma, Raquel Rebollo, agradeció a De León su regreso a la isla y destacó la relación estrecha que mantienen las dos corporaciones, en asuntos tan importantes como la promoción del destino y las infraestructuras turísticas. Rebollo coincidió en que “el reto principal del sector es mejorar la capacidad aérea y la falta de camas en la isla, cuestiones que abordaremos en la reunión y en las que continuaremos trabajando de manera conjunta”.

De igual forma, el presidente del CIT La Palma, Óscar De León, valoró este segundo encuentro con la consejera de Turismo y Empleo, en el que pudieron compartir sus inquietudes ante la pérdida de capacidad aérea de la isla y exponer sus propuestas. Incidió en la importancia de mantener los esfuerzos en materia de promoción, especialmente en el mercado europeo, donde considera necesario recalcar que la isla “es un destino seguro”.

El contrato tendrá un plazo máximo de ejecución de 14 meses y un presupuesto base de licitación de 442.085,75 euros

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, saca a licitación la redacción de los proyectos de trazado y construcción de una nueva vía que conectará el Túnel de La Cumbre con la circunvalación de Los Llanos de Aridane.

El consejero del Área, Pablo Rodríguez, ha recalcado el compromiso del actual equipo de Gobierno con la ciudadanía palmera. “Una de nuestras prioridades es conseguir que los habitantes de La Palma puedan volver a tener, cuanto antes, las infraestructuras necesarias para garantizar su movilidad”, ha asegurado.

Por su parte, la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián, ha resaltado que la futura vía agilizará el proceso de reconstrucción de las zonas dañadas por la erupción. “Estamos decididos a avanzar y a aportar a la resiliencia y al progreso de la Isla”, ha afirmado.

El contrato, con un plazo máximo de ejecución de 14 meses y un presupuesto base de licitación de 442.085,75 euros, tiene como objetivo mejorar la movilidad y fomentar el desarrollo urbanístico en la zona afectada por la erupción.

La nueva LP-3 conectará el Túnel de La Cumbre con la LP-2, proporcionando una infraestructura vial esencial para la reconstrucción de los núcleos poblacionales devastados por la lava y la recuperación paulatina de la normalidad en la vida de la ciudadanía palmera.

La financiación de estas actuaciones se llevará a cabo a través del Convenio de Carreteras con el Estado. El contrato abarcará la redacción de los proyectos de trazado y construcción de la carretera LP-3, tramo La Cumbre – Los Llanos, fase 1, con una sección tipo de carretera convencional.

El convenio suscrito entre la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Sanidad permitirá apoyar la creación de un Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial y Unidad de Noche

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y el Ministerio de Sanidad han suscrito un convenio que dispone una aportación de 1.500.000 euros para la atención a la salud mental de la población de La Palma tras la erupción volcánica en Cumbre Vieja en el año 2021.

Esta acción se inscribe en el Plan de Salud Mental del Servicio Canario de la Salud (SCS). La cuantía recogida en el convenio, realizado a través de la Dirección General de Salud Pública, permitirá apoyar la creación del Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial y Unidad de Noche (CDRP-UN) propuesto por la Consejería de Sanidad para atención de las personas afectadas en la isla y en el marco de las acciones previstas en el Plan de Salud Mental del SCS.

El objetivo de la acción es potenciar la integración social, disminuir el riesgo de deterioro psicosocial o marginalidad y apoyar a las familias de personas con trastornos mentales graves. Para ello, se dotará a este centro de la infraestructura, personal y medios necesarios para el inicio de su actividad.

Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial

El convenio recoge que la dimensión y magnitud de la catástrofe natural producida por el volcán de Cumbre Vieja ha producido un aumento de patologías que afectan a la salud mental de la población.

El Centro de Día de Rehabilitación Psicosocial (CDRP) es un dispositivo específico dirigido a la población con trastornos mentales graves y persistentes que presentan dificultades en su funcionamiento psicosocial y en su integración en la comunidad, con la finalidad de ofrecerles programas de rehabilitación psicosocial y apoyo comunitario que faciliten la mejora de su nivel de autonomía y funcionamiento, así como apoyar su mantenimiento e integración social en la comunidad en las mejores condiciones posibles.

Establece las medidas para la construcción, la rehabilitación o la reconstrucción de las edificaciones, los usos y las actividades en las mismas condiciones que existían el 19 de septiembre de 2021

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy el Decreto ley de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja.

La norma aprobada hoy en Consejo de Gobierno establece las medidas para la construcción, la rehabilitación o la reconstrucción de las edificaciones, los usos y las actividades en las mismas condiciones que existían el 19 de septiembre de 2021 en el ámbito espacial hoy ocupado por la colada, allí donde sea seguro y técnicamente posible, posibilitando, de este modo, la recuperación de la vida y las actividades preexistentes al volcán.

En las semanas que ha estado expuesto a consulta pública y participación ciudadana se han presentado alegaciones que se han incorporado al decreto porque lo mejoran y todas que no tengan cabida en este serán objeto de regulación en los siguientes.

El decreto responde a la aspiración de la mayoría de las personas afectadas de recuperar lo que perdieron y, en lo posible, en cuanto la naturaleza lo permita, volver a los lugares de donde tuvieron que salir para reconstruir y restablecer su modo de vida como parte de una comunidad.

La voluntad del Gobierno de Canarias ha sido atender y, en la medida que el enfriamiento y el asentamiento de la colada lo vaya permitiendo, dar respuesta a la voluntad de las personas afectadas de recuperar lo perdido y de volver a sus lugares de origen, rehabilitando, restableciendo o reconstruyendo los bienes, los usos y las actividades que desarrollaban, evitando, además, el despoblamiento y el desarraigo del Valle de Aridane.

El criterio rector de la norma ha sido el de garantizar a cada afectado el derecho de propiedad sobre su parcela, devolverles el valor de lo perdido y permitirles que puedan tomar la iniciativa de la recuperación con ayudas públicas y la acción pública directa en cuanto a las infraestructuras y redes de servicios.

El decreto ley establece clasifica la colada en zonas de acuerdo con los estudios técnicos llevados a cabo. Así, en la zona donde la lava tiene menos de 10 metros de espesor se permite ya a los afectados llevar a cabo la reconstrucción de sus propiedades, solo condicionada a obtener la preceptiva licencia municipal.

En las zonas de más de 10 metros de espesor de colada se permite también la reconstrucción, condicionada a que los informes científico-técnicos del Cabildo de La Palma avalen la seguridad de la reconstrucción conforme a que la colada de vaya enfriando.

Por último, están las zonas sujetas a medidas cautelares a la espera de la delimitación del Espacio Natural Protegido, lo que, con ese carácter provisional, impide llevar a cabo cualquier actuación de recuperación. El Gobierno reconoce que para los afectados con parcelas en esta zona el decreto territorial no les ofrece una solución completa, puesto que no pueden reconstruir sus propiedades, pero esta solución completa la tendrán con la aprobación del decreto de vivienda y suelos.

El decreto también garantiza la participación ciudadana en el proceso de reconstrucción mediante la creación del Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, como órgano colegiado de diálogo, información y consulta del que formarán parte las entidades representativas de las personas afectadas por la erupción del volcán.

Finalmente, incorpora una disposición final en la que se procede a actualizar y modificar el Decreto-ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma. Con esta modificación se sube a 4 años la vigencia del decreto, se amplía su ámbito de aplicación a toda la isla y se incorporan las segundas viviendas y viviendas turísticas.

Este decreto ley aprobado hoy es el primer paso de la hoja de ruta trazada para la plena recuperación económica y social de La Palma, que contará con un plan plurianual de pagos a las personas afectadas y, al menos, tres decretos más para dar respuesta a las diversas situaciones generadas por el volcán.

Es el primero de los cuatro previstos en la hoja de ruta trazada por el Ejecutivo

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, que dirige Nieves Lady Barreto, el Decreto ley de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja. “La isla ya tiene, dos años después de apagado el volcán, el primer decreto para empezar el camino hacia la plena recuperación social y económica”, destaca la consejera.

El decreto ley aprobado hoy en Consejo de Gobierno es el primer paso de la hoja de ruta trazada para la plena recuperación económica y social de La Palma que contará con un plan plurianual de pagos a las personas afectadas y, al menos, tres decretos más para dar respuesta a las diversas situaciones generadas por el volcán.

Este decreto en materia territorial establece las medidas para la construcción, la rehabilitación o la reconstrucción de las edificaciones, los usos y las actividades en las mismas condiciones que existían el 19 de septiembre de 2021 en el ámbito espacial hoy ocupado por la colada, allí donde sea seguro y técnicamente viable, posibilitando, de este modo, la recuperación de la vida y las actividades preexistentes al volcán.

En las semanas que ha estado expuesto a consulta pública y participación ciudadana se han presentado alegaciones que se han incorporado al decreto porque lo mejoran y todas que no tengan cabida en este serán objeto de regulación en los siguientes.

“Responde a lo que durante dos años han pedido la mayoría de las personas afectadas, que quieren recuperar lo que perdieron y, en lo posible, volver a los lugares de donde tuvieron que salir para poder reconstruir no solo sus viviendas, sino también su modo de vida y su comunidad”, añade Nieves Lady Barreto.

Así, recogiendo esta voluntad, el Gobierno de Canarias ha querido dar respuesta a esa voluntad de recuperar lo perdido y de volver a sus lugares de origen, rehabilitando, restableciendo o reconstruyendo los bienes, los usos y las actividades que desarrollaban, evitando, además, el despoblamiento y el desarraigo del Valle de Aridane.

El criterio rector de la norma ha sido el de garantizar a los afectados el derecho de propiedad sobre sus parcelas, devolverles el valor de lo perdido y permitirles que puedan tomar la iniciativa de la recuperación, con ayudas públicas y la acción pública directa en cuanto a las infraestructuras y redes de servicios.

El decreto ley clasifica la colada en zonas de acuerdo con los estudios técnicos llevados a cabo. Así, en la zona verde, donde la lava tiene menos de 10 metros de espesor, permite ya a los afectados llevar a cabo la reconstrucción de sus propiedades, solo condicionada a obtener la preceptiva licencia municipal.

En la zona amarilla, de más de 10 metros de espesor de colada, se permite también la reconstrucción, condicionada a que los informes científico-técnicos del Cabildo de La Palma avalen la seguridad de la reconstrucción conforme a que la lava se vaya enfriando.

Por último, están la zona roja, sujeta a medidas cautelares a la espera de la delimitación del Espacio Natural Protegido, lo que, con ese carácter provisional, impide llevar a cabo cualquier actuación de recuperación.

“Sabemos que este decreto no da una solución completa a los afectados que tienen sus parcelas en zona roja, ya que, aunque les reconoce el derecho de propiedad sobre el suelo y el derecho a recibir una compensación económica por lo que perdieron, no pueden reconstruir en su suelo”, explica Nieves Lady Barreto. “Pero tendrán una solución total con el decreto en materia de vivienda y suelos”. “Como norma general -aclara la consejera-, todo lo que no quede resuelto en un decreto, se resolverá en el siguiente. Por eso mantendremos la recogida de alegaciones, incluso de este decreto que hemos aprobado hoy, hasta que se apruebe el último de los decretos previstos”.

El decreto territorial también garantiza la participación ciudadana en el proceso de reconstrucción mediante la creación del Consejo para la Recuperación Económica y Social de La Palma, como órgano colegiado de diálogo, información y consulta del que formarán parte las entidades representativas de las personas afectadas por la erupción del volcán.

Incorpora, además, una disposición final en la que se procede a actualizar y modificar el Decreto-ley 1/2022, de 20 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes en materia urbanística y económica para la construcción o reconstrucción de viviendas habituales afectadas por la erupción volcánica en la isla de La Palma. Con esta modificación se sube a 4 años la vigencia del decreto, se amplía su ámbito de aplicación a toda la isla y se incorporan las segundas viviendas y viviendas turísticas.

El presidente Clavijo felicita la Navidad con una postal hecha por los centros escolares palmeros que fueron trasladados al “Princesa Acerina” de los Llanos de Aridane tras la erupción volcánica del Tajogaite

Este año la felicitación navideña del presidente de Canarias Fernando Clavijo, está protagonizada por una obra realizada por el alumnado de los CEIP “Los Campitos”, “Todoque” y “Puerto Naos”, reubicados tras la erupción volcánica en el centro “Princesa Acerina” de Los Llanos de Aridane, donde comparten edificio y actividades desde entonces. Las comunidades educativas realizaron la obra tras aceptar la propuesta hecha desde la propia presidencia, que ha querido que esta primera Navidad de la legislatura nos acordemos de La Palma.

Las directoras de los citados centros educativos, Alicia, Ángeles y Nieves, fueron las encargadas de coordinar con sus equipos docentes las actividades encaminadas en lograr que todo el alumnado de los colegios dejara “una huella” en esta obra colectiva, que titularon “Canarias unida por el mar de estrellas del cielo que nos abraza”.

El cuadro original representa a las 8 islas canarias, en su lugar, y con su estrella, unidas por una línea en medio de un mar, o un cielo, formado por las huellas azules de todos los alumnos de los tres colegios palmeros. En definitiva, se trata de un cuadro cargado de sentimiento, identidad y simbolismo, que proyecta la esperanza de La Palma, en un mar y cielo de huellas para unir Canarias en un mismo objetivo. El presidente agradecerá́ en persona a las comunidades educativas la realización de esta obra en una próxima vista al centro “Princesa Acerina”.

Nieves Lady Barreto y Asier Antona dan el primer paso para dotar a la capital de una infraestructura emblemática, moderna y adecuada, que permita acoger a los actuales juzgados y a los que se abran en el futuro

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, y el alcalde de Santa Cruz de La Palma, Asier Antona, han acordado hoy la cesión de un terreno de propiedad municipal para acoger el futuro edificio judicial de la capital palmera, que albergará a los actuales juzgados de primera instancia, instrucción y de lo penal, además de contar con dependencias para el Instituto de Medicina Legal.

En la reunión, que se celebró en el Ayuntamiento capitalino, también participó el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, que acudió acompañado de parte de su equipo técnico, y primer teniente de alcalde, Raico Arrocha. Ambas instituciones dan así el primer paso para materializar, tras años de retraso, un proyecto largamente esperado.

Nieves Lady Barreto valoró la predisposición del Ayuntamiento y de su alcalde “para avanzar en un asunto que esta consejería ha puesto sobre la mesa desde el inicio de la legislatura” y en el que ya los técnicos de ambas administraciones han desarrollado un trabajo previo para comprobar la idoneidad de la parcela y abordar su cambio de uso dentro del Plan General.

“El compromiso del Gobierno es construir un edificio emblemático, con los condicionamientos estéticos necesarios, tal y como ha pedido el Ayuntamiento, y que se convierta en una infraestructura estratégica para Santa Cruz de La Palma”, explicó Barreto. Será, además, un edificio con capacidad de crecimiento, que no solo pueda albergar a todos los juzgados que existen hoy en la capital, sino también los que puedan implantarse en el futuro en cualquier orden jurisdiccional.

El edificio ocupará una superficie de 2.000 m2, “pero hemos propuesto contar con un poco más de terreno para poder hacer una bolsa de aparcamiento libre, que beneficiará a la ciudad”, añade la consejera.

Asier Antona, por su parte, resaltó la buena predisposición y sensibilidad por parte de la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, para que la capital palmera sea la sede de un palacio de justicia digno.

Antona recalcó la petición de la Corporación local para que el nuevo edificio sea emblemático, ya que se ubicará en una de las entradas de la ciudad y valora el acuerdo para que el proyecto contemple, además, una nueva bolsa de aparcamientos, dando así respuesta a una demanda histórica y vecinal.

La previsión de ambas administraciones es poder formalizar el convenio de cesión una vez que el Ayuntamiento resuelva el cambio de uso de la parcela, que ahora aparece en el PGO como suelo destinado a transporte. A partir de ese momento, la Viceconsejería de Justicia podrá poner en marcha el proceso de licitación de la redacción del proyecto.

El coste total de las dos plantas, instaladas en Puerto Naos tras la erupción del volcán para riego agrícola, superó los 18 millones de euros

El Consejo de Gobierno autorizó hoy la segunda y última de las dos modificaciones presupuestarias tramitadas por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, para abonar la totalidad de la deuda pendiente por los costos de las dos desalinizadoras portátiles instaladas en la isla de La Palma tras la erupción volcánica.

El importe de esta modificación asciende a 3.000.000 euros, que junto a la modificación aprobada el pasado 27 de noviembre por importe de 1.459.870 euros, permite saldar por completo la deuda contraída con la empresa adjudicataria de los trabajos de instalación y explotación de las desaladoras, y hacerlo antes de finalizar el año tal y como se comprometió el consejero Manuel Miranda.

Esta modificación permite saldar por completo la deuda contraída con la empresa adjudicataria de los trabajos de instalación y explotación de las desaladoras, y hacerlo antes de finalizar el año tal y como se comprometió el consejero Manuel Miranda.

Como se recordará, la erupción volcánica provocó una emergencia hídrica en el Valle de Aridane, al verse seriamente dañadas las instalaciones de suministro de agua para el riego agrícola. En el mes octubre de 2021, el Gobierno de Canarias puso en marcha dos desalinizadoras portátiles trasladas a la Isla, que estuvieron funcionando hasta el 31 de mayo del presente año, una vez fueron reemplazadas las canalizaciones y dotaciones dañadas por el volcán.

Aunque el presupuesto inicial tramitado por procedimiento de urgencia era de 4,3 millones de euros, el costo de la instalación, funcionamiento y explotación de estas dos plantas acabó superando los 18 millones de euros.

Las dos desalinizadoras, que fueron decisivas para garantizar el suministro de agua de riego agrícola en las áreas de cultivo ubicadas al sur de las coladas del volcán, se encuentran desde el pasado verano instaladas en la isla de Lanzarote, para suplir las graves carencias de suministro que registraba la Isla.

“Con este decreto y con los siguientes en materia agraria, de vivienda y de recuperación de la actividad económica daremos solución a los problemas generados por el volcán”, explica Nieves Lady Barreto

Las oficinas de Gesplan en El Paso y en Santa Cruz de Tenerife seguirán atendiendo las dudas de los afectados y recogiendo sus alegaciones y sugerencias hasta que se apruebe el último de los decretos previstos en la hoja de ruta del Gobierno de Canarias para la recuperación de la isla. “Mantendremos la recogida de alegaciones porque todo lo que no quede resuelto en un decreto se resolverá en los siguientes”, aclara Nieves Lady Barreto. En este sentido, cabe recordar que en estas últimas dos semanas ha estado en consulta pública el primero de los decretos previstos, el de ordenación territorial, y se han recogido sugerencias y alegaciones, algunas de las cuales se integrarán en el texto normativo.

Tras este, vendrá el decreto agrario, que se presentará en las próximas semanas, y los decretos de vivienda y de recuperación económica, que ya se están redactando.

Los afectados han acudido a las oficinas de Gesplan a aclarar en qué situación quedan sus parcelas y a exponer sus circunstancias particulares. “Con este decreto y con los otros que quedan por sacar daremos solución a los problemas generados por el volcán”, explica la consejera de Presidencia.

Las dudas más reiteradas se centran en qué pasa si la parcela de un afectado está dentro de la zona ‘roja’ que enmarca el futuro Espacio Natural Protegido y cómo se va a calcular la compensación del valor real de las propiedades perdidas.

La hoja de ruta trazada por el Gobierno prevé la aprobación de cuatro decretos para una recuperación económica y social plena, que compense y permita reconstruir todo lo que se perdió

La hoja de ruta trazada por el Gobierno de Canarias para la plena recuperación económica y social de La Palma está marcada por la aprobación de cuatro decretos leyes que son, por este orden: el territorial, el agrario, el de vivienda y el de recuperación económica (dirigido a la actividad industrial y comercial, principalmente). El primer decreto ley que se aprobará es el de ordenación territorial y urbanística, que está en consulta pública y participación para la aclaración de dudas y recogida de alegaciones y sugerencias en las oficinas de Gesplan en El Paso y en Santa Cruz de Tenerife. “En estos momentos estamos reflejando las sugerencias en el decreto ley y aclarando la redacción de algunos artículos gracias a las aportaciones que se han presentado”, explica Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

“Este primer decreto da respuesta urbanística a una gran parte de las personas afectadas, pero somos muy conscientes de que no proporciona una solución total a quienes tienen su parcela en la zona ‘roja’, es decir, en la zona en la que es posible que se delimite el futuro Espacio Natural Protegido”, añade.

El decreto ley territorial es el primer paso de la hoja de ruta planificada que se pone en marcha para la recuperación de La Palma, que se compone, en principio, de cuatro decretos leyes nuevos y del Plan Plurianual de Pagos a cuatro años, de 150 millones de euros, de los que 50 millones son fondos del Gobierno de Canarias y 100 del Gobierno de España.

Las personas afectadas cuyas propiedades están en zona ‘roja’ tienen una situación de desigualdad añadida respecto del resto de personas afectadas, desde que se planteó el posible ámbito de protección del espacio, hace dos años. “No están en la misma situación que los demás porque ellos, aunque serán propietarios de su suelo, no podrán recuperar plenamente lo que tenían en el mismo. Por esta razón, estamos ultimando otro decreto ley, dentro de la hoja de ruta puesta en marcha, que les facilitará una solución plena. Una propuesta que podrán conocer en cuanto esté ultimada y a la que podrán hacer aportaciones”.

Nieves Lady Barreto señala, por otro lado, que el Gobierno de Canarias y el Cabildo trabajarán juntos para delimitar definitivamente el Espacio Natural Protegido. Esto permitirá también conocer la situación definitiva de las parcelas que quedan en los bordes de la zona que ahora mismo está afectada por medidas cautelares. “Es posible que, una vez delimitado el Espacio Natural Protegido, algunas parcelas que ahora están en zona ‘roja’ queden fuera de ella, a la vez que hay que redactar el Plan de Uso del Espacio, con las actividades permitidas que, sin duda, las debe haber”, apunta la consejera.

“Lejos del ruido, necesitamos seguir trabajando para poder dar soluciones totales a las personas que durante tanto tiempo lo ha pasado mal sin soluciones reales”, concluye.