Esta actuación está financiada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y ha sido adjudicada por 643.186,58 euros

El Ayuntamiento de Guía ha iniciado las obras de rehabilitación de un total de 236 viviendas pertenecientes al grupo Luján Pérez, en el barrio de La Atalaya, y a los grupos Tirma I y II y Las Malvinas, situados en el casco y San Roque. Esta actuación está financiada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y tiene como objetivo la mejora de estos edificios.

Los concejales de Urbanismo, José Manuel Santana, y de Infraestructuras, Juan Jiménez, acompañados del arquitecto técnico Carlos Reina, visitaron hoy los trabajos que se están ejecutando dentro de este proyecto, adjudicado por un importe de 643.186,58 euros a la empresa Pinturas y Reformas Montelongo.

El proyecto, redactado por la Oficina Técnica Municipal, contempla el arreglo de las zonas dañadas de las cubiertas, la reparación de desconches y desprendimientos del enfoscado y, finalmente, el pintado exterior de los edificios.

Para esta última fase de pintado exterior de las fachadas, el Ayuntamiento de Guía ha contado con la participación activa de los vecinos. Con este fin, el concejal de Urbanismo, José Manuel Santana, acompañado del técnico municipal Tomás Torres, mantuvo el pasado mes de noviembre diversas reuniones con los propietarios de las viviendas para explicarles con detalle el proyecto que se iba a ejecutar y la gama de colores disponibles, de manera que pudieran elegir la opción que considerasen más adecuada.

En este sentido, José Manuel Santana ha destacado la importancia de este proceso participativo, señalando que “desde el Ayuntamiento hemos querido implicar y dar voz a los vecinos en una decisión que afecta de manera directa a su entorno más cercano”. El concejal señaló que “ofrecerles la oportunidad de decidir sobre la imagen exterior de sus edificios ha permitido avanzar desde el consenso y reforzar la colaboración y el entendimiento entre la administración y los vecinos”.

Asimismo, Santana manifestó su satisfacción por el desarrollo del proyecto y por la respuesta de los vecinos, subrayando que “este tipo de actuaciones no sólo mejoran el estado de las viviendas, sino que también contribuyen a dignificar los barrios y a reforzar el sentimiento de pertenencia de quienes viven en ellos”.

Década de los sesenta

En la zona del casco y San Roque, el grupo de viviendas Tirma I, delimitado por las calles Real, Celestinita la partera y Sancho de Vargas, está formado por un total de 44 viviendas distribuidas en seis bloques de edificios construidos a finales de la década de los sesenta. El grupo Tirma II, situado entre las calles Real, José Samsó Henríquez y Poeta Bento, cuenta con 56 viviendas en siete edificios, construidos en la misma época.

Por su parte, el grupo Las Malvinas está compuesto por 40 viviendas en un edificio construido en la década de los años ochenta del pasado siglo.

En el barrio de La Atalaya, el grupo Luján Pérez, ubicado entre las calles Luján Pérez, San Martín de Porres y Dolores Roque, cuenta con 96 viviendas distribuidas en cuatro edificios.

Ocho viviendas de promoción pública ubicadas en el Residencial Los Lentiscos I, en Caideros, Gáldar, serán objeto de una rehabilitación energética y mejoras de accesibilidad; una actuación ya aprobada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), y que actualmente se encuentra en fase de licitación

La intervención, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, será financiada con fondos europeos Next Generation EU y cuenta con un presupuesto de 182.180,96 euros, según informó el consejero de Obras Públicas, Antonio Ortega.

El proyecto contempla subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería e instalaciones térmicas, además de la elaboración de los correspondientes estudios de seguridad y salud. Así mismo, se prevé la dirección facultativa del proyecto principal y sus subproyectos, así como la coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

El plazo para la presentación de ofertas finaliza el 30 de enero de 2026 y una vez adjudicada, la obra permitirá transformar este conjunto residencial en un ejemplo de eficiencia energética y accesibilidad en las medianías de Gáldar.

El Gobierno de Canarias adjudica la redacción de los proyectos para la rehabilitación energética de 828 viviendas públicas

Las obras, que cuentan con un presupuesto de 400.154,90 euros, se desarrollarán en el Residencial Almogarén

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, hasta el 30 de enero de 2026, a las 14:00 horas, hora canaria

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, ha sacado a licitación las obras de rehabilitación energética de 20 viviendas de promoción pública ubicadas en el Residencial Almogarén, en el término municipal de Valsequillo, en la isla de Gran Canaria.

Las obras, que corresponden al Lote 12 dentro de un expediente que incluye la rehabilitación energética de un total de catorce grupos de viviendas protegidas, cuentan con un presupuesto base de licitación de 400.154,90 euros. La actuación está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y será financiada con fondos europeos Next Generation EU.

La iniciativa tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética del conjunto residencial, reducir el consumo energético y garantizar condiciones óptimas de accesibilidad y seguridad para las personas residentes, en consonancia con los compromisos asumidos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En este sentido, incluye subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección facultativa tanto del proyecto principal como de los subproyectos, además de la coordinación de seguridad y salud.

A través de esta actuación, el Gobierno de Canarias continúa fortaleciendo la rehabilitación del parque residencial público, especialmente en aquellos municipios donde existe mayor necesidad de intervención, impulsando barrios más sostenibles, cohesionados y con mejores condiciones de habitabilidad para sus vecinos.

Las empresas interesadas en concurrir a la licitación podrán presentar sus solicitudes hasta el día 30 de enero de 2026, a las 14:00 horas, hora peninsular, a través de la web de la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde, además, podrán consultar los pliegos y condiciones.

La iniciativa moviliza 41,7 millones de euros para desarrollar dos promociones de vivienda protegida de promoción pública, concretamente 37 inmuebles en el barrio de María Jiménez y 226 en el ámbito de Cuevas Blancas

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha formalizado un convenio interadministrativo con la Consejería de Cooperación Municipal y Vivienda del Cabildo Insular de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para impulsar la construcción de cerca de 300 viviendas públicas en régimen de alquiler social en la isla.

El acuerdo, que se sellará en un acto formal en las próximas semanas, permitirá desarrollar dos promociones de inmuebles protegidos de promoción pública, concretamente 37 en el barrio de María Jiménez y 226 en el ámbito de Cuevas Blancas, que se incorporarán, una vez finalizadas, al parque público de viviendas del Instituto Canario de la Vivienda, que coordina Antonio Ortega, encargado de su gestión y adjudicación conforme a la normativa vigente.

El convenio articula una inversión total estimada de 41,7 millones de euros, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, con el objetivo de reforzar la oferta pública de alquiler y atender la demanda habitacional existente en Santa Cruz de Tenerife.

Según establece el acuerdo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de su empresa pública Viviendas, Proyectos y Obras Municipales de Santa Cruz de Tenerife, S.A., asumirá la promoción y ejecución de las obras, así como la aportación del suelo y los costes de urbanización. Finalizadas las actuaciones, las viviendas serán cedidas al Instituto Canario de la Vivienda para su incorporación al parque público.

Por su parte, el Cabildo Insular de Tenerife participa en la financiación del proyecto, contribuyendo a garantizar la viabilidad de una actuación de gran envergadura y reforzando la cooperación entre administraciones.

Todas las viviendas que se construyan en el marco de este acuerdo tendrán la consideración de viviendas protegidas de promoción pública y se destinarán al alquiler en régimen especial (alquiler social), con carácter permanente. Su adjudicación se realizará conforme a la normativa vigente y estarán destinadas a unidades familiares o de convivencia con recursos económicos limitados, garantizando su uso como residencia habitual y permanente.

Las promociones se desarrollarán conforme a los criterios técnicos establecidos para la vivienda protegida, atendiendo a estándares de calidad, funcionalidad y eficiencia, con el objetivo de ofrecer soluciones habitacionales dignas y sostenibles a largo plazo.

Con esta actuación, el Gobierno de Canarias continúa su estrategia de incremento del parque público de vivienda en colaboración con los cabildos y ayuntamientos, especialmente en islas y municipios con mayor tensión residencial. La ampliación del parque público de viviendas es una necesidad ineludible para la sociedad canaria que, en particular, demanda la modalidad de alquiler; por ello, es en esa tipología donde el Ejecutivo está centrando los principales esfuerzos, al objeto de poder disponer de un parque permanente de viviendas en esta modalidad que permita garantizar el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

El decreto sustituye el sistema de sorteo por un modelo de adjudicación basado en criterios objetivos de baremación

El nuevo marco exige acreditar al menos 10 años de residencia en Canarias, o 15 en caso de residencia discontinua, para acceder a una vivienda protegida de promoción pública

La norma refuerza la transparencia y la equidad en el acceso a la vivienda protegida, priorizando a las personas y familias con mayor necesidad habitacional

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, el Proyecto de Decreto por el que se regula la inscripción y funcionamiento del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, así como el régimen de adjudicación de viviendas protegidas y de promoción pública y sus anejos no vinculados.

Con este acuerdo, el Ejecutivo toma en consideración el texto normativo y solicita dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, para su posterior aprobación definitiva. El decreto establece un marco actualizado y homogéneo para la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, que será de carácter único para todo el Archipiélago y de inscripción obligatoria para acceder a una vivienda protegida de promoción pública.

La norma introduce un cambio en el sistema de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública. Frente al modelo anterior, basado fundamentalmente en el sorteo cuando la demanda superaba a la oferta, el nuevo decreto regula un procedimiento de adjudicación sustentado en criterios objetivos de baremación. Este sistema permite priorizar el acceso a las viviendas en función de la situación social, económica y familiar de las personas demandantes, atendiendo especialmente a las unidades de convivencia con mayores dificultades de acceso a una vivienda digna.

El decreto refuerza de manera expresa los requisitos de arraigo y residencia en Canarias como elemento clave del acceso a la vivienda pública. Para ser adjudicataria de una vivienda protegida de promoción pública será necesario acreditar una residencia ininterrumpida en el Archipiélago de al menos diez años, o quince años en caso de que dicha residencia haya sido interrumpida. Asimismo, se exige la residencia o vinculación laboral prolongada en el municipio donde se ubique la promoción, garantizando que el parque público de vivienda atienda prioritariamente a la población con arraigo efectivo en el territorio.

Asimismo, el texto regula de forma detallada los requisitos de inscripción en el Registro, estableciendo con claridad los niveles de ingresos y patrimonio exigidos para acceder a una vivienda protegida.

Impulso social a la política de vivienda pública

El proyecto de decreto introduce además un claro impulso social a la política de vivienda pública, al revisar al alza los porcentajes de reserva destinados a colectivos específicos. En concreto, la reserva para personas jóvenes se incrementa del 5 % al 20 %, la correspondiente a personas mayores de 65 años pasa del 5 % al 10 %, al igual que la prevista para personas con limitaciones funcionales, mientras que el cupo reservado a víctimas de violencia de género se eleva del 5 % al 8 %.

Asimismo, el decreto incorpora por primera vez el régimen general de obligaciones que deben asumir las personas adjudicatarias de viviendas de promoción pública, con el fin de asegurar una gestión responsable, adecuada y sostenible del patrimonio público, reforzando el uso de la vivienda como domicilio habitual y permanente y preservando su función social a largo plazo.

Además, la norma ordena por primera vez el régimen de adjudicación de plazas de garaje y otros anejos no vinculados a las viviendas, que hasta ahora carecían de un procedimiento específico, dotando al Instituto Canario de la Vivienda de un instrumento jurídico claro para su gestión conforme al interés general.

La norma avanza también en la modernización de las tipologías habitacionales, al definir expresamente qué se entiende por viviendas prefabricadas y viviendas modulares y regular su utilización por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Con este proyecto de decreto, el Gobierno de Canarias da un paso decisivo en la modernización de su marco normativo en materia de vivienda, reforzando la transparencia, la equidad y el carácter social del acceso a la vivienda protegida, y garantizando que los recursos públicos se destinen prioritariamente a quienes más los necesitan.

La Consejería que dirige Augusto Hidalgo ayudará a que se eliminen las barreras arquitectónicas en un centenar de hogares de 19 municipios de Gran Canaria

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda dirigida por Augusto Hidalgo, a través del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria ha concedido un total de 112 ayudas para que las familias en situación de vulnerabilidad puedan reestructurar sus hogares para eliminar las barreras arquitectónicas y mejorar su accesibilidad. La cuantía total de la subvención es de 870.000 euros, un 31% más de los 600.000 euros inicialmente previstos.

Las ayudas, que serán otorgadas a las familias a través de los ayuntamientos, permitirán que 112 familias de 19 municipios de la Isla puedan ganar seguridad y autonomía en su día a día gracias a la reestructuración de sus hogares. Las ayudas se dan por medio de los ayuntamientos que están conveniados, 19 de los 21 de la isla. En los municipios que no están conveniados las obras las ejecuta directamente el Consorcio.

“Se trata de una medida con un claro impacto social, que sitúa a las personas en el centro de las políticas públicas y contribuye a construir una isla más accesible, justa e inclusiva”, explicó el vicepresidente del Cabildo, Augusto Hidalgo. Esta línea de subvenciones se enmarca en la estrategia de ayudas que ya ha llevado a cabo el Consorcio de Viviendas en los últimos años para fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas en los hogares con menos recursos de la isla.

Las ayudas concedidas por el Consorcio de Viviendas a las familias se han repartido según una baremación establecida por puntos y el máximo que ha recibido cada familia es de 15.000 euros para habilitar su hogar o zonas comunes. Entre las actuaciones que se financian a través de estas subvenciones se encuentran la creación de rampas, la instalación de salvaescaleras u otros dispositivos de accesibilidad en las entradas a las viviendas. En el interior del hogar, se subvencionará la adecuación de los cuartos de baño, instalación de suelos antideslizantes, de apoyos y pasamanos y mejora de la anchura de las puertas.

También se ha incluido en estas ayudas las mejoras de las barreras en la comunicación que puedan sufrir estas personas a causa de su discapacidad, por lo que se subvenciona la instalación de dispositivos electrónicos de comunicación, videoporteros, timbres con elementos luminosos, elementos de señalización, así como otras ayudas técnicas para el hogar de tipo vibratorio, lumínico o auditivo. “Con la concesión de estas ayudas, desde el Cabildo de Gran Canaria reforzamos nuestro compromiso con la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”, remarcó el vicepresidente.

Con esta rúbrica se moviliza una inversión total de más de 29,2 millones de euros para la construcción de cinco promociones de alquiler asequible en los municipios de Gáldar, Santa María de Guía y Santa Lucía de Tirajana

El Ejecutivo asume cerca del 50% de la inversión, mientras que el resto es aportado por el Consorcio (34%) y por fondos Next Generation EU (17%)

La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y refuerza la mayor inversión pública en vivienda de la historia del Archipiélago

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y el vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, han firmado este miércoles el convenio interadministrativo entre el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria para impulsar la construcción de 126 viviendas públicas en la isla.

Durante el acto también han estado presentes el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega; la coordinadora insular de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Elena Suárez, y la directora del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, Lourdes Armas.

El acuerdo permitirá activar una inversión total de 29.269.779,14 euros. Las actuaciones se integran en el Programa de Construcción de Vivienda de Alquiler Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con fondos Next Generation EU.

Del total de la inversión, 14.220.303,14 euros, el 48,59%, será aportado por el Instituto Canario de la Vivienda; 10 millones de euros, el 34,17%, procede del Consorcio, y 5.049.476 euros, el 17,25%, corresponde a fondos PRTR del Gobierno de España.

Durante su intervención, el consejero Pablo Rodríguez ha subrayado que “el acceso a la vivienda es hoy la principal preocupación de las familias canarias y una de las mayores urgencias sociales a las que debemos dar respuesta. En Canarias esta realidad presenta singularidades que nos obligan, como responsables públicos, a actuar con determinación y a sumar esfuerzos entre administraciones. Ese trabajo conjunto entre el Cabildo Insular de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias se traduce hoy en un compromiso firme para afrontar la emergencia habitacional desde la cooperación y la acción”.

“Gracias a esta colaboración impulsamos cinco promociones de vivienda pública en régimen de alquiler asequible, con una inversión conjunta de cerca de 30 millones de euros, que permitirán la construcción de 126 viviendas en Gáldar, Santa María de Guía y Santa Lucía de Tirajana. A partir de comienzos del próximo año iniciaremos su licitación, con el objetivo de que 126 familias puedan iniciar un proyecto de vida en un hogar digno y accesible, avanzando así en uno de los grandes objetivos de las políticas públicas de vivienda”, ha apuntado Rodríguez.

Asimismo, el vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha valorado la importancia de la colaboración entre administraciones para ofrecer viviendas públicas a la ciudadanía.

“En definitiva, como digo, el objetivo fundamental es la de poder construir vivienda a la mayor velocidad posible, de carácter protegido para que las clases medias puedan acceder a una vivienda en condiciones dignas y además con un alquiler asequible, que es el formato que va a garantizar que a medio plazo podamos ir amortiguando la gran carencia que hay en este momento, o por lo menos, la dificultad que hay para acceder a una vivienda en Canarias, como ocurre en el conjunto del Estado. Así que hoy estamos de enhorabuena porque en un medio plazo, podremos tener esa vivienda a disposición”, ha afirmado Augusto Hidalgo.

29 millones de euros para 126 viviendas públicas en Gran Canaria

En concreto, en el municipio de Gáldar se construirán 52 viviendas, distribuidas en dos promociones de 26 viviendas cada una (parcelas M18 y M19), con una inversión de 5.734.646,03 y 5.677.192,14 euros.

Por su parte, Santa Lucía de Tirajana acogerá 29 viviendas públicas, repartidas entre una promoción de 21 viviendas en Casa Pastores y otra de 8 viviendas en la calle Severo Ochoa, que supondrán una inversión de 5.027.637,20 y 1.850.145,01 euros, respectivamente.

Finalmente, en Santa María de Guía se ejecutará una promoción de 45 viviendas en la zona de Pineda, con una inversión prevista de 10.980.158,76 euros.

Una estrategia 360º en materia de vivienda

Asimismo, Rodríguez ha puesto en valor los avances logrados en política de vivienda en los dos últimos años, recordando que “Canarias vive el mayor impulso de vivienda pública de su historia, con más de 2.000 viviendas en distintos procesos de construcción a través del ICAVI y VISOCAN y una inversión superior a los 300 millones de euros”. Un esfuerzo que, según ha señalado, “ha permitido romper una década de parálisis en la construcción y entrega de viviendas en islas como Tenerife y Gran Canaria”.

Este impulso se consolida, además, en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026, que destinan más de 200 millones de euros a políticas de vivienda. Entre las principales medidas puestas en marcha, el consejero ha destacado el refuerzo de las ayudas al alquiler, el Bono Alquiler Joven, que beneficiará a cerca de 4.000 jóvenes, las nuevas ayudas a la adquisición de vivienda, la futura Hipoteca Joven, la simplificación administrativa a través de dos decretos leyes ya aprobados y la implantación de instrumentos pioneros como la Vivienda Asequible Incentivada.

“Estamos desarrollando una estrategia integral, una política de vivienda 360º, que combina inversión, reformas normativas y colaboración interadministrativa para acelerar los procesos, reactivar promociones paralizadas desde hace más de una década y generar un cambio estructural duradero”, ha recalcado Rodríguez, quien ha añadido que “el objetivo es dejar atrás el inmovilismo normativo y avanzar de manera sostenida para garantizar el acceso a una vivienda digna, especialmente a jóvenes y familias con mayores dificultades”.

Con esta actuación, el Gobierno de Canarias continúa ampliando el parque público de vivienda en colaboración con cabildos y ayuntamientos, priorizando aquellos municipios e islas con mayor tensión residencial y reforzando el papel de la vivienda pública como eje central de las políticas sociales del Archipiélago.

El área que dirige Augusto Hidalgo incrementa también en las cuentas del Consorcio de Viviendas de 2026 un 61% el capítulo de inversión en la creación de nuevas viviendas públicas hasta llegar a los 5,3 millones de euros

La conservación y nueva obra en la red insular de carreteras alcanza los 78,5 millones de euros, el 77% del nuevo presupuesto de toda la Vicepresidencia

La Vicepresidencia Primera y Consejería de Obras Públicas, Infraestructuras, Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, que dirige el vicepresidente Augusto Hidalgo, contará el próximo año 2026 con un presupuesto global de 101.378.361 euros con el consolida unos presupuestos expansivos con los que seguir impulsando las políticas de mejora de la red insular de carreteras y, sobre todo, la creación de nueva vivienda pública en la isla.

Tras la aprobación inicial hace una semana por parte del Pleno del presupuesto de 2026, el área que gestiona Augusto Hidalgo registra un incremento general del 0,95% con respecto al de este año, en gran parte debido al Plan Económico y Financiero que debe seguir el Cabildo y que limita las posibilidades de gastos de todas las consejerías. Sin embargo, las partidas de las áreas con más incidencia en la ciudadanía de la isla sí que experimentan incrementos, como en Vivienda, que sube un 31%, o el de Obras Públicas, con un 4% más.

Precisamente este servicio, que se encarga de la conservación de las carreteras, es el que más recursos acumula, con 78,5 millones de euros, el 77% del presupuesto de toda la Consejería. Con ese presupuesto aprobado, que se incrementa en 3,1 millones con respecto a 2025, se financia la conservación y las obras de mejora de los más de 1.200 kilómetros de las carreteras de la red insular de Gran Canaria.

Los presupuestos de los otros servicios dependientes de la Consejería también reflejan cifras con subidas generalizadas, como los 4,1 millones del servicio de Vicepresidencia; los 5,8 millones de Instalaciones; y los 12,9 millones de Arquitectura. Esta partida de Arquitectura es una de las que más se incrementa con respecto a 2025, un 10,24%, porque desde este servicio se financia también al Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, que refuerza de esta manera su política de creación de nueva vivienda pública en la isla.

En este sentido, el Consorcio de Viviendas recibe una partida de 9,2 millones de euros en 2026, un 31,22% más que el año en curso. Más de la mitad de ese presupuesto del Consorcio se dedica al capítulo de inversiones, un total de 5,3 millones de euros, un 61% más que en 2025. Con estos fondos se quiere dar el definitivo espaldarazo a la construcción de más de 400 nuevas viviendas públicas en Gran Canaria, y a la rehabilitación de otras 2.000.

De esta manera, con este presupuesto se pretende acabar la construcción de las 63 viviendas protegidas de El Secadero, las primeras viviendas protegidas en una década que construye el Cabildo; iniciar las obras de otras 52 en Gáldar, 45 en Guía, 23 en Mogán; y poner las bases para iniciar la construcción de 240 viviendas en la capital de la isla.

Además, el servicio de Arquitectura propiamente dicho, dispone de 2,7 millones de euros en el capítulo de inversiones, un 62,9% más, que están destinados, entre otras actuaciones, a continuar las obras de la futura cafetería de la ampliación de la Casa Palacio, y a iniciar la contratación de las obras para finalizar el Edificio Cultural siguiendo las indicaciones que dejó estipuladas el arquitecto Alejandro de la Sota cuando diseñó esta ampliación en los años 90; a terminar la reforma del edificio de Cano 24 (Librería del Cabildo); o a iniciar las obras en la Casa Fuentes o del Albergue Juvenil de Tamadaba.

El área de Vicepresidencia cuenta también en el presupuesto de 2026 con un presupuesto de 4,1 millones de euros, un incremento del 24% con respecto al ejercicio actual. Una gran parte de este presupuesto se dedica a Transferencias Corrientes, es decir, a pagar subvenciones para la investigación científica, a organizaciones y asociaciones con actividad de interés social, o a ayuntamientos para la dinamización del comercio local.

Finalmente, el área de Instalaciones cuenta con un presupuesto de 5,8 millones de euros, que se concretará en varias actuaciones de reparación en inmuebles de propiedad del Cabildo.

Como calificó el vicepresidente Hidalgo en el Pleno, se trata de un presupuesto expansivo para generar inversión y mejorar las obras y también el empleo en la isla de Gran Canaria.

Esta intervención, incluida dentro de un lote de rehabilitación que abarca más de 350 viviendas protegidas en diferentes municipios del archipiélago, está financiada con fondos europeos Next Generation

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Construplan, Construcciones y Planificación S.L.U., por un importe de 1.668.239,96 euros

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, ha adjudicado las obras de rehabilitación energética de 42 viviendas de promoción pública situadas en el Grupo Trujillo, en el municipio de Moya, en Gran Canaria, por una inversión total de 1.668.239,96 euros, IGIC incluido.

La empresa Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.U. será la encargada de desarrollar esta intervención, incluida dentro de un lote de rehabilitación que abarca más de 350 viviendas protegidas en diferentes municipios del archipiélago y financiada con fondos europeos Next Generation.

El director del ICAVI ha afirmado que “continuamos incorporando mejoras reales y tangibles en el parque público de vivienda. La rehabilitación del Grupo Trujillo permitirá dar un salto en eficiencia y confort, y responde a la necesidad de actualizar promociones que llevan años requiriendo intervenciones de modernización.”

En este sentido, ha indicado que el objetivo del Ejecutivo “es reducir el consumo energético de las viviendas, mejorar su aislamiento, disminuir la demanda térmica y ofrecer hogares más confortables y sostenibles”, alineados con los objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

El programa de rehabilitación incorpora mejoras en la envolvente térmica, fachadas, cubiertas, carpinterías y otras actuaciones dirigidas a optimizar el comportamiento energético de los edificios, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y al ahorro económico para las familias residentes.

A través de esta actuación, el Gobierno de Canarias continúa fortaleciendo la rehabilitación del parque residencial público, especialmente en aquellos municipios donde existe mayor necesidad de intervención, impulsando barrios más sostenibles, cohesionados y con mejores condiciones de habitabilidad para sus vecinos.

Esta actuación está financiada con cerca de 1,4 millones de euros por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

En los próximos días dará comienzo la rehabilitación de las 236 viviendas del grupo Luján Pérez, en La Atalaya, y de los grupos Tirma I y II y Las Malvinas en el casco y San Roque. Esta actuación, financiada con cerca de 1,4 millones de euros por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, constituye un paso importante en la mejora de las condiciones de estos edificios.

El proyecto, redactado por la Oficina Técnica Municipal, incluye el arreglo de las zonas dañadas de las cubiertas, la reparación de desconches y desprendimientos del enfoscado y, finalmente, el pintado integral de las fachadas. El plazo previsto para la finalización de los trabajos es de ocho meses desde su inicio.

Un elemento central de esta actuación ha sido la participación activa de los vecinos. A lo largo de esta semana, el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Manuel Santana, junto al técnico municipal Tomás Torres, ha mantenido diversos encuentros informativos con los residentes, quienes han podido conocer de forma detallada el contenido del proyecto y participar en la elección de los colores que definirán la nueva imagen de sus edificios.

En este sentido, el concejal destacó que “la importancia de la participación de los vecinos en este tipo de actuaciones, para mí ha sido gratificante compartir este proceso en el que los vecinos han elegido los colores de sus fachadas, fortaleciendo el vínculo con sus hogares y construyendo juntos un entorno que sienten verdaderamente suyo”.

Asimismo, José Manuel Santana subrayó que la Concejalía establecerá una comunicación directa y permanente con cada vecino durante el desarrollo de las obras “para atender cualquier incidencia que pudiera surgir y asegurar una ejecución ágil y coordinada de las obras”.