Román Rodríguez entrega al Parlamento las últimas cuentas de la legislatura: 10.180 millones de euros que ofrecen una respuesta de progreso para proteger a la gente y a la economía ante un escenario global incierto

El gasto social en los últimos cuatro años ha crecido cerca de 2.000 millones de euros, un 31,2%

Las inversiones aumentan en 684 millones con respecto a los últimos Presupuestos del anterior Gobierno para situarse en 1.764 millones, un 63,3% más que en 2019 y un 27,18% por encima del año en curso

Derechos Sociales gestionará 669 millones de euros, 89 millones más que en el actual ejercicio (+15,38%)

Las políticas de apoyo a los sectores productivos crecen un 133,8% sobre las cantidades del año 2019 y se colocan en los 484 millones, 88 más que en los Presupuestos vigentes (+22,3%)

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, entregó hoy al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023 que asciende a 10.180 millones de euros (un 11,9% más que los vigentes), “unas cuentas que consagran la política anticíclica ejecutada por el Gobierno en los últimos años y que ha permitido proteger a la gente y a la economía en un escenario marcado por diferentes crisis”.

Rodríguez explicó que los Presupuestos dan continuidad a las políticas “solventes y eficaces” que ha aplicado el Ejecutivo, con un despliegue de recursos públicos durante la actual legislatura que supera en un 29,6% las consignaciones de las cuentas de 2019, las últimas del anterior Gobierno, con la apuesta por los servicios públicos y la estimulación de la actividad económica como prioridades.

El vicepresidente, que estuvo acompañado por el viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos, Fermín Delgado, y el director general de Planificación y Presupuesto, Luis Márquez, destacó los “significativos” incrementos en las tres grades políticas presupuestarias: el gasto social, las inversiones y el apoyo a los sectores productivos.

En concreto, el gasto social en los últimos cuatro años ha crecido cerca de 2.000 millones de euros, un 31,2%, para situarse en los 7.478 millones, mientras que las inversiones aumentan en 684 millones con respecto a 2019 y alcanzan los 1.764 millones, un 63,3% más.

Derechos Sociales gestionará 669 millones de euros, 207 millones más que en 2019 y 89 más que en el ejercicio vigente, mientras que las políticas de apoyo a los sectores productivos crecen un 133,8% sobre las cantidades de hace cuatro años y se colocan en los 484 millones, lo que, a su vez, supone una subida de 88 millones (+15,38%) respecto al año en curso.

Del mismo modo, las áreas de Sanidad y Educción experimentan un incremento del 26,2% y del 32,7% en relación con 2019, lo que se traduce en un incremento de 787 millones y de 573 millones, respectivamente. De este modo, las partidas sanitarias quedarán “pintadas” en 2023 con 3.793 millones de euros y las educativas con 2.326 millones de euros.

Ahorros de hasta 700 euros por familia en el IRPF

El vicepresidente aludió también al ajuste fiscal en el IRPF incluido en los Presupuestos para aliviar el impacto de la inflación entre la ciudadanía de rentas bajas y medias con tres medidas: una deducción extraordinaria por el alza de precios, el incremento de quince deducciones actuales entre un 20 y un 40 por ciento y la ampliación de la base liquidable de los primeros cuatro tramos autonómicos

La deducción extraordinaria por incremento de precios será de 225 euros para bases imponibles de hasta 20.000 euros (23.300 euros de salario bruto); 175 euros para bases de entre 20.000 y 25.00 euros (28.700 euros de salario bruto) y 125 euros para bases de entre 25.000 y 30.000 euros (34.000 euros de salario bruto).

Del mismo modo, se mejoran hasta quince deducciones actuales, de las cuales trece se incrementan un 20% y dos lo hacen un 40%; estas últimas son para el pago de cuotas hipotecarias y las obras en vivienda por discapacidad.

La deducción extraordinaria beneficiará al 85% de los contribuyentes; el ajuste de los tramos de la tarifa autonómica, al 95%; y el incremento de las deducciones, al 35%.

Así, según alguna de las simulaciones técnicas efectuadas por Hacienda, un matrimonio con salarios conjuntos de 36.600 euros; dos hijos de 10 y 12 años, que tiene gastos de estudios de 400 euros, gastos de enfermedad de 600 y pago de hipoteca por la vivienda habitual de 7.200 euros al año podría ahorrarse 700 euros en su próxima declaración del IRPF referida al ejercicio fiscal de este año.

Aval de la AIReF

El proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2023 se ha elaborado, explicó el vicepresidente, en un contexto marcado por las incertidumbres, tanto en los ámbitos mundial y estatal como en el insular, frente a las que el Gobierno canario ha apostado por “la prudencia, la responsabilidad y el realismo”, como demuestra el hecho de que el cuadro macroeconómico cuenta ya con el visto bueno de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

“Y lo hemos hecho todo- recordó- sin subir impuestos ni aumentar la deuda, mientras que con ocasión de la crisis que arrancó en 2008 se subieron impuestos, se aumentó la deuda y se recortaron servicios públicos”.

El presidente de Canarias considera que las cuartas cuentas aprobadas demuestran la cohesión y fortaleza del Pacto, “cuyas cuatro fuerzas han sabido dejar a un lado las diferencias y acabar juntas la legislatura, algo excepcional”

Torres destaca el aumento en 330 millones para Sanidad, la subida de 200 en Educación y el incremento del 16% en las partidas para Derechos Sociales, con el fin de mejorar la dependencia al máximo antes de que acabe 2023

Considera que la propuesta fiscal canaria debe ser imitada por no rebajar los impuestos a las rentas altas, por prever deducciones para las clases medias y por aplicar los tres paquetes de reducciones a los que cobren menos de 30.000 euros

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, calificó esta mañana, durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento regional, de “magnífico” el Presupuesto regional para 2023 aprobado ayer en el Consejo del Gobierno por reforzar como nunca la apuesta que ha hecho el Ejecutivo durante esta legislatura por el estado de bienestar, pese a sufrirse crisis mundiales como la de la pandemia por la covid.

Torres considera que las nuevas cuentas, que ahora entrarán en el trámite parlamentario, “darán continuidad a la labor del Gobierno durante la próxima legislatura” y demuestran la “cohesión y fortaleza” que han caracterizado a un Ejecutivo que, pese a estar compuesto por cuatro fuerzas con muchas coincidencias, pero también con diferencias, “ha sabido dejar eso a un lado” y acabar el mandato, “algo excepcional en Canarias”, donde siempre ha habido censuras, ceses, marchas de gobiernos o crisis gubernamentales por distintos motivos.

El jefe del Ejecutivo cree que esa estabilidad aportada a la legislatura es una de las claves de estos años, pese a las dificultades enfrentadas, y ha hecho posible reforzar los servicios básicos con decisiones como que, en las cuentas de 2023, se destinen 7.500 millones a gasto social. Además, remarcó los esfuerzos en Sanidad, con 330 millones de euros más respecto a 2022; en Educación, que sube unos 200, y con el mantenimiento de los 7.000 sanitarios y los 3.000 docentes incorporados por la covid, en contraste con otras comunidades. A esto se añade el 16% de incremento en la partida de Derechos Sociales.

El presidente también resaltó el aumento de la inversión en el proyecto presupuestario, la apuesta por sectores como el primario o el turístico y el hecho de que, “aunque siempre piden más, todos los consejeros del Gobierno se han mostrado satisfechos con los recursos con los que cuentan”. Según insistió, se trata de unos Presupuestos que permitirán tener una comunidad “mucho más justa en lo económico y lo social, con mayor igualdad y con equilibrios territoriales para las ocho islas”. Asimismo, aseguró que la propuesta fiscal “debería ser imitada” por otras administraciones porque “las grandes fortunas no tendrán deducciones, mientras que las clases medias podrán acogerse a dos de los tres paquetes planteados, y las más bajas, las inferiores a 30.000 euros anuales, a las tres reducciones”.

Para Torres, lo adecuado es decirle a las rentas altas que es el momento de hacer un esfuerzo en pro de los más vulnerables y la clase media. Por eso, considera que los Presupuestos son realistas, los que precisan las Islas y dan “certidumbres dentro de las incertidumbres internacionales”.

“Vamos a continuar reforzando el estado del bienestar -recalcó-, pero hay que recordar que había 5.000 familias que recibían la PCI al llegar al Gobierno de Canarias y ahora ya son 40.000 gracias también al Ingreso Mínimo Vital”. Asimismo, subrayó que se ha doblado la financiación a los ayuntamientos para derechos sociales y que se ha pasado de 400 prestaciones por dependencia tramitadas al mes a las 1.000 actuales, “con lo que, de seguir así, y vamos a mantener esta apuesta, se habrá acabado a finales de 2023 con el limbo de la dependencia”, según dijo recientemente el presidente de los directores y gerentes de entidades que actúan en derechos sociales en España.

Un Gobierno para la mayoría social

El presidente contrastó esta apuesta fiscal con la eliminación en Madrid del impuesto sobre el patrimonio, que ha reducido los ingresos de esa comunidad en 1.500 millones. “Nosotros, por el contrario, lo mantenemos y ese dinero lo derivamos a las familias con más dificultes”. A su juicio, resulta clave decirle a la gente “claramente para quién se gobierna: unos para las rentas altas y nosotros para la mayoría social”.

Sobre el último informe Arope de pobreza, de 2021, Torres recalcó que nunca negará la existencia de una pobreza que, además, ha crecido en el mundo y España por la pandemia. Sin embargo, insistió en que, en numerosas páginas de ese trabajo, se deja claro que Canarias es de las pocas comunidades españolas que mejora diversos parámetros, que reduce el riesgo de exclusión y que se convierte en la única de la zona del sur de España con esa evolución, pese a los estragos de crisis como la pandemia. En este sentido, subrayó que 375.000 canarios no han entrado en el umbral de la pobreza por el escudo social desarrollado (con los ERTE, los créditos ICO, las ayudas a empresas y familias, y la apuesta por los servicios básicos).

Esto contrasta, en su opinión, con las etapas en las que se daban en Canarias más aportaciones básicas a las familias (que no las de servicio) por cuidar a dependientes que en la actualidad, en la que el porcentaje de pobreza era del 39,2 (ahora es del 37,8), en las que había 50.000 personas más en riesgo de pobreza o el 64% (ahora es el 59%) de personas con problemas para llegar a fin de mes, que era lo que ocurría en 2018. Además, en 2021 aumentó la renta media el 13% respecto a ese año. “Si nuestra gestión es mala -replicó a la oposición-, póngale calificativo a la de ustedes”.

En otros puntos del pleno, Torres también dejó claro que la reserva de inversiones (RI) para Baleares es muy distinta y mucho menos atractiva que la RIC, la canaria (que no tiene tope de inversión y sí permite invertir en empleo, frente a la imposibilidad balear y el máximo de 200.000 euros en tres años). Asimismo, recalcó que el Gobierno regional seguirá defendiendo en España y la UE las singularidades isleñas y la condición RUP, aparte de subrayar los avances logrados en este mandato en transparencia y participación ciudadana, con el 66% más de aportaciones de los residentes, por ejemplo, en el portal de transparencia.

Las cuentas de 2023, presentadas por el presidente de Canarias y el consejero de Hacienda, ofrecen una respuesta de progreso frente a las crisis y alcanzan los 10.180 millones de euros, el 11,9% más que este año

El gasto social se sitúa en 7.478 millones de euros, con un incremento significativo del departamento de Derechos Sociales, que gestionará 669 millones, el 45% más que en 2019

La modificación del IRPF supondrá un coste fiscal de 100 millones de euros y un ahorro medio de 105 euros por contribuyente

Los Presupuestos consignan 160 millones de euros para las tareas de reconstrucción en la isla de La Palma

Las inversiones llegan a los 1.764 millones, mientras que el apoyo a los sectores económicos ronda los 400 millones

Las políticas sociales han crecido durante la legislatura el 31%, por encima del aumento de las cuentas durante el mismo periodo, que se sitúa en el 29,6%

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy (lunes 24 de octubre de 2022), a propuesta del consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023, el cuarto del mandato, con idéntico compromiso social que los anteriores y con una rebaja fiscal selectiva en el IRPF para aliviar el impacto de la inflación entre la ciudadanía de rentas bajas y medias. El gasto no financiero (capítulos del I al VII) alcanza los 10.180.784.382 euros, el 11,9% más que este año (2022).

Las cuentas conservan las señas de identidad del Pacto de Progreso e incrementan las partidas orientadas al blindaje de los servicios públicos esenciales, en defensa de la mayoría social del Archipiélago, y a la promoción de la economía y el empleo mediante el refuerzo de las consignaciones para los sectores productivos y la inversión pública.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, subrayó en la presentación del proyecto de ley ante los medios que estos Presupuestos son “los mejores de los presentados hasta ahora en las Islas” porque, entre otras cuestiones relevantes, van a aportar “certidumbres frente a las incertidumbres internacionales” y además vuelven a dar prioridad a los derechos sociales, la sanidad y la educación públicos, “que son las partidas que más crecen”.

Según remarcó Torres, “se preserva el estado del bienestar, la inversión pública, y hay un compromiso claro con una transición ecológica justa; los sectores primario, turístico y económico, y las reivindicaciones de los trabajadores públicos, que tienen contemplados la subida salarial decidida por el Gobierno central, excepto los consejeros y consejeras del Gobierno de Canarias, que nos congelamos el sueldo”.

Torres destacó que las nuevas cuentas alcancen la desconocida cifra de 10.180 millones de euros, “con propuestas equilibradas y territorializadas para las ocho islas. Esto supone un aumento global del 11,9% y hay 7.500 millones de gasto social, siendo de nuevo la partida con más porcentaje” del global.

El jefe del Ejecutivo autonómico subrayó el hecho de que el Gobierno actual haya aprobado cuatro presupuestos pese a las enormes dificultades en estos últimos años. Según indicó, esto obedece “a la convicción de los cuatro partidos que conforman el Gobierno en afrontar la realidad y los problemas desde respuestas progresistas y con la voluntad de seguir caminando”.

Para el presidente de Canarias, resulta muy importante que el Presupuesto sea más exigente con las aportaciones fiscales de las rentas más altas, mientras que se han introducido tres paquetes con deducciones fiscales que beneficiarán a las rentas medias y bajas, inferiores a los 50.000 euros. Según recalcó, se ahonda en la política fiscal aplicada en este mandato, que se fundamenta en que “paguen más los que más tienen” y en ayudas específicas a los sectores más vulnerables, los más afectados por las distintas crisis.

En la misma convocatoria pública, el vicepresidente del Gobierno autonómico y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, destacó el crecimiento de los Presupuestos en el 26,9% en relación con las cuentas autonómicas del año 2019, lo que certifica la importancia de las políticas públicas en estos cuatro años de dificultades económicas.

“El hecho de que el despliegue de recursos públicos haya ido contracorriente de la situación económica explica claramente el cambio de tercio de las instituciones a la hora de enfrentar las crisis”, dijo el vicepresidente, quien subrayó que Canarias no ha aumentado los impuestos ni generado nueva deuda para ejecutar sus políticas.

Rodríguez destacó el ajuste fiscal que incorporan los Presupuestos, en la medida que aliviarán el impacto de la inflación en las familias de rentas bajas y medias, pero indicó que lo sustancial es el resto del gasto publico en áreas como la sanidad, la educación, los derechos sociales, y la apuesta por las inversiones y el apoyo a los sectores productivos.

Elementos centrales en las cuentas de 2023

En el proyecto de Ley de Presupuestos de Canarias para 2023, el gasto social experimenta un incremento del 9,4% para situarse en los 7.478 millones de euros. Dentro de esta política, destaca especialmente el crecimiento del departamento de Derechos Sociales, tanto en términos relativos como absolutos: las partidas para atender a la ciudadanía más vulnerable del Archipiélago suben 89 millones de euros, un 15,3%, para situarse en los 669 millones. Se da la circunstancia de que Derechos Sociales habrá incrementado en 2023 su presupuesto en 207 millones respecto a 2019, es decir un 45%.

Esta consignación es paradigmática de la acción de gobierno durante los últimos cuatro años, en los que, a pesar de las sucesivas crisis que han golpeado las Islas, el gasto de carácter social no ha dejado de crecer; exactamente lo ha hecho un 31,2% desde el año 2019, por encima del aumento que han experimentado los propios Presupuestos, que se situará a final del mandato en un 29,6%.

Dentro de este apartado, destaca también el incremento del Servicio Canario de la Salud, que gestionará 3.793 millones de euros (331,7 millones más que este año), lo que supone un incremento del 9,5%. Educación, por su parte, crece un 8,8% para situarse en los 2.326 millones de euros.

Deducciones y ampliación de tramos en el IRPF

Precisamente, esa respuesta de progreso para la mayoría social se completa en esta ocasión con un nuevo ajuste fiscal selectivo en el IRPF que beneficiará a las rentas bajas y medias y supondrá un coste fiscal de 100 millones de euros. Dado que el número de contribuyentes ascendió a 954.521 el pasado año 2020 (el último con datos definitivos disponibles por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria), el ahorro medio por contribuyente se sitúa en los 105 euros. El ajuste tendrá efecto a 1 de enero de 2022, con lo que se podrá incluir en la próxima campaña de la renta.

Las medidas incluyen una deducción extraordinaria por el alza de precios, el incremento de las deducciones actuales entre un 20 y un 40 por ciento y la ampliación de los tramos autonómicos, con un marcado carácter progresivo, de modo que las rentas inferiores se benefician en mayor medida de las deducciones.

La deducción extraordinaria por incremento de precios será de 225 euros para bases imponibles de hasta 20.000 euros (23.300 euros de salario bruto); 175 euros para bases de entre 20.000 y 25.00 euros (28.700 euros de salario bruto) y 125 euros para bases de entre 25.000 y 30.000 euros (34.000 euros de salario bruto).

Del mismo modo, se mejoran hasta quince deducciones actuales, de las cuales trece se incrementan un 20% y dos lo hacen un 40%; estas últimas son para el pago de cuotas hipotecarias y las obras en vivienda por discapacidad.

La deducción extraordinaria beneficiará al 85% de los contribuyentes; el ajuste de los tramos de la tarifa autonómica, al 95%; y el incremento de las deducciones, al 35%.

Respecto a las políticas de apoyo a los sectores productivos, estas crecen hasta los 395 millones de euros, mientras que las inversiones (capítulos VI y VII) alcanzarán los 1.764 millones de euros, lo que supone un significativo incremento respecto al año 2019 de un 90,8% y un 75%, respectivamente.

En relación con el capítulo de Personal, el incremento responde básicamente a la subida de los salarios de los empleados públicos, acordada por el Gobierno central, y a los costes de la Seguridad Social, de obligado cumplimiento en las comunidades autónomas, así como a la consolidación de las plazas de docentes y parte de las sanitarias generadas durante la pandemia de la covid-19.

Los miembros del Consejo de Gobierno vuelven a tener congelados los salarios.

Prudencia y realismo ante la incertidumbre “macro”

A pesar de que las reglas fiscales seguirán en suspenso en 2023, los Presupuestos se han diseñado desde la responsabilidad, la prudencia y el realismo, de modo que se garantice la sostenibilidad del gasto público en los próximos ejercicios, a lo que contribuirá la buena salud económico-financiera de la Comunidad Autónoma, que registra la deuda pública más baja del Estado y a la que se podría recurrir si fuera necesario.

Las cuentas del próximo año se circunscriben en un escenario económico global de incertidumbre, debido fundamentalmente a la guerra en Ucrania, el incremento de los precios de las materias primas o la ruptura en las cadenas de suministros globales. Todos estos elementos siguen condicionando la economía, lo que, unido a la subida de los combustibles, afecta a los costes de producción de las empresas y al poder adquisitivo de las familias.

El preceptivo informe económico de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización que se incorpora a los Presupuestos llama la atención sobre lo incierto del medio plazo y fija, como siempre, tres escenarios macroeconómicos posibles para el próximo año, de los que el departamento de Hacienda ha elegido el central para la confección de las cuentas, a excepción de la previsión de ingresos, para la que ha preferido un cálculo inferior (1,3%). La previsión de crecimiento del PIB en el escenario central se sitúa en el 3,3%, mientras que la tasa de paro se fija en el 17,6% y la inflación en el 3,7%.

Respecto a los ingresos, las cuentas recogen un incremento del 23,4% de las partidas asociadas al Sistema de Financiación Autonómica -tanto de los anticipos a cuenta como de la liquidación del año 2021-. En relación con los ingresos tributarios (impuestos indirectos), se espera un incremento en el entorno del 15,8% sobre lo presupuestado inicialmente este año, si bien el peso de estos sobre el total de ingresos no llega a crecer ni siquiera un punto respecto a los Presupuestos de 2022 en ninguno de los dos casos.

Con respecto a los fondos europeos, se mantiene la senda de presupuestar aquellos fondos que se prevén ejecutar en relación con los Next Generation EU, añadiendo los que están pendientes del ejercicio anterior, y se incluyen las previsiones de certificación de los fondos ordinarios que finalizan en 2024.

El Archipiélago supera la media nacional, en 316,65, con 416,28 euros por habitante según el proyecto de Ley de PGE para 2023, 100 más que el promedio país y por encima de los umbrales registrados por autonomías como el País Vasco o Cataluña

Las Islas logran las máximas aportaciones del Estado de su historia en las cuentas elaboradas por el Gobierno español para 2023, con unas entregas previstas, en distintos conceptos, que alcanzan casi los 10.000 millones de euros

La Comunidad Autónoma de Canarias es la quinta autonomía de España, según el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 (aprobado el martes pasado y dado a conocer el jueves 6 de octubre), que más inversión estatal recibe por habitante en todo el país, con un umbral de 416,28 euros per cápita, muy por encima del promedio país, este en 316,65 euros por habitante de derecho.

Canarias vuelve a conseguir en 2023, tras lograrlo a su vez en los Presupuestos anteriores del Estado, los de 2022, un registro superior al promedio país, lo que convierte a las Islas en una comunidad con más inversión estatal, la suma de los capítulos VI (inversión real) y VII (transferencias de capital) y el Fondo de Compensación Interterritorial, que autonomías como el País Vasco o Cataluña. Por encima de Canarias, se hallan regiones como Asturias, Aragón, Extremadura y Cantabria, mientras que el Archipiélago supera en 100 euros por habitante la media estatal de este 2023, siempre según el proyecto de Ley de los PGE 2023 conocido el jueves pasado.

La inversión real del Estado proyectada en Canarias para 2023 incluye las cantidades ya fijadas en el citado proyecto de ley de 391,87 millones de euros, dentro del capítulo VI, que es el que fija las inversiones reales y directas del Estado en las Islas, y los 483,66 millones del capítulo VII, el que incluye como partida principal la aportación vinculada al Convenio de Carreteras, con 410 millones de euros, una cantidad financiada al cien por cien por el Estado para la mejora de la infraestructura viaria en las Islas pero que gestiona y ejecuta de forma directa el Gobierno de Canarias, en virtud de lo contemplado en el mencionado acuerdo, firmado en el año 2018 y con vigencia en el periodo 2018-27.

La suma de esos dos capítulos, más las entregas con cargo al Fondo de Compensación Interterritorial (62,12 millones), ofrece a Canarias para 2023 una cifra récord, con 937,65 millones de euros como aportaciones totales del Estado en esos tres conceptos: capítulos 6 y 7 y el reseñado Fondo.

Si ese registro global, el de 937,65 millones de euros, se divide entre la población total residente (la de derecho) en Canarias, en 2.252.465 personas a 1 de enero de 2022 (fuente: Padrón de habitantes a esa misma fecha e Instituto Nacional de Estadística -INE), las Islas logran una inversión del Estado por habitante de 416,28 euros, la quinta mejor por autonomía en toda España, 100 euros más que la media nacional y superior a la lograda el año precedente, en 402,26 euros per cápita en las Islas, según el proyecto de Ley de PGE para 2022.

INVERSIÓN DEL ESTADO POR HABITANTE Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Las cuentas estatales para 2013, ya aprobadas por el Consejo de Ministros y que ahora inician su trámite parlamentario, están en la línea de lo avanzado por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que había sostenido que estas cumplirían con el Estatuto de Autonomía y con el REF de manera muy amplia, un proyecto de ley, que también afirmó, luego podrá ser mejorado o ampliado en sus cuantías a través de enmiendas presentadas durante la negociación parlamentaria por los distintos grupos políticos.

El proyecto de cuentas del Gobierno central para Canarias incluye un incremento de unos 1.000 millones en el sistema de financiación autonómico (el 24% más), cantidad que se destina a nutrir gran parte del Presupuesto regional de 2023 y permite la atención con garantías de los servicios básicos o esenciales en el Archipiélago (sanidad, educación y derechos sociales).

El presidente de Canarias subraya las partidas del Régimen Económico y Fiscal (REF) y que el Plan Integral de Empleo sube de 42 a 45 millones; se contemplan 36 millones en ayudas a La Palma por el volcán

El jefe del Ejecutivo regional resalta también los 500 millones añadidos para pensiones en las Islas y el aumento en las partidas para becas, “lo que implica atender a los que tienen más dificultades”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, resaltó hoy el trato que reciben las Islas en el proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023. En declaraciones a los medios en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, el jefe del Ejecutivo autonómico recalcó que se trata de las cuentas con “la mayor inversión en Canarias de toda la historia, algo que resulta indiscutible porque basta con sumar todos los capítulos para reconocerlo, aparte de contemplar todas las partidas de nuestro Régimen Económico y Fiscal”.

Ángel Víctor Torres puso de relieve el incremento que experimenta el Plan Integral de Empleo de Canarias, que pasa de 42 a 45 millones. Un aumento que contrasta con los años en los que, según recordó, fue eliminado este programa específico para la formación y el empleo en las Islas por los gobiernos del PP, con Rajoy de presidente.

Asimismo, el presidente de Canarias recalca la relevancia de los 30 millones nominados que se dirigen a las personas damnificadas por el volcán y a paliar las consecuencias de esa emergencia en La Palma, “cifra que se completa con otros 6 millones para vivienda por la erupción”.

Otro de los puntos que destaca el presidente del proyecto de Ley del PGE para 2023 es la aportación prevista a los jóvenes de Canarias que estudian con becas y los 500 millones añadidos para los pensionistas por la inflación y para responder al encarecimiento de los precios. “Esto es apostar por los que tienen más dificultades para llegar a final de mes, y se suma a todas las medidas de los gobiernos central y regional para mejorar la gestión pública”.

El presidente también aludió a los 600 millones que contempla el proyecto presupuestario estatal para “transporte social”, partida con la que, según remarcó, se garantiza la continuidad del 50% de bonificación de las guaguas y el tranvía en Canarias, “algo que ya dijo ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero”. “Nosotros seguiremos trabajando, nos sentaremos con los ministerios en octubre y noviembre y seguro que esto se resolverá, como ya ha ocurrido en 2022”, expuso Torres.

Migración y Seguridad Social

El presidente de Canarias hizo estas declaraciones en compañía del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Torres destacó el convenio firmado ayer por 50 millones de euros para reforzar la gestión de la migración en las islas, especialmente de los menores no acompañados, durante los años 2022 y 2023. Unos recursos que, según recordó, se destinarán a la formación de jóvenes, a mayores y a esos menores.

El ministro Escrivá destacó, por su parte, el convenio de los 50 millones para migración y la buena acogida que ha percibido durante la reapertura de centros para la atención a menores no acompañados y el resto de migrantes en islas como Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, así como el hecho de que la UE aportará fondos en el futuro al Archipiélago por su esfuerzo añadido en la gestión migratoria a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI).

Asimismo, indicó que unos 50.000 canarios se benefician del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que esto se refuerza con la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y que el número de personas con protección desde su Ministerio o desde el Gobierno regional es claramente superior al de hace unos años. Según recalcó, los beneficiarios del IMV reciben ahora un 15% más de recursos para mitigar la inflación, así como las 50.000 personas que acceden en Canarias a las pensiones no contributivas.

El viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, remarca que la inversión por habitante será similar a la del presente ejercicio, cuando Canarias se situó en el cuarto puesto de las comunidades con mayor aportación

Las cuentas detalladas hoy por la ministra de Hacienda incluyen un incremento de unos 1.000 millones en el sistema de financiación para las islas (el 24% más), que nutre gran parte del presupuesto regional para los servicios básicos

El proyecto de PGE contempla 9.687 millones para el archipiélago, cifra desconocida hasta ahora, a la que se suman 500 millones más por la revalorización de las pensiones y las mejoras en el desempleo, las becas, el ingreso mínimo y la dependencia

El viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, explicó esta tarde que el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, publicados esta mañana por el Ministerio de Hacienda y detallados en rueda de prensa por su titular, María Jesús Montero, son, en una primera lectura, los mejores de la historia para el Archipiélago al aumentar en un 14% sus partidas respecto a las del proyecto de Ley del presente año, 2022, que ya se habían convertido en las más beneficiosas para las islas hasta ese momento. Las cuentas prevén 9.687,6 millones para las Islas, cifra desconocida hasta ahora.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno celebrado en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria, el portavoz del Gobierno, indicó que los 820,1 millones de las partidas nominadas del proyecto de Ley de Presupuestos de 2022 para Canarias pasan ahora, a la espera de las enmiendas en su tramitación parlamentaria, al total de 844,2 millones, lo que supone 24,1 millones más (un 2,9%).

En la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, Olivera explicó que el nuevo proyecto de Ley de los PGE prevé también mil millones añadidos en el sistema de financiación para 2023, del que se nutre gran parte de las cuentas regionales cada año. Así, la cuantía global pasa a 6.519,6 millones, el 24% más, lo que permitirá reforzar el gasto regional en servicios básicos, como la sanidad, la educación, las derechos sociales o las políticas de vivienda, “elementos que afectan de lleno a la vida de las personas”.

Olivera considera también muy relevante que la inversión media por habitante en Canarias alcance una cifra muy parecida al presupuesto de 2022, cuando las Islas ya fueron la cuarta con mejor registro en todo el país (402,26 en el ejercicio vigente).

Aunque insistió en que se trata de un primer análisis del proyecto de Ley, subrayó que hay que valorar también las partidas no nominadas que beneficiarán a muchos canarios. En este sentido, se refirió a los 500 millones añadidos por la revalorización de las pensiones contributivas y no contributivas (aumento del 8,5%, según el IPC final de 2022), “con lo que muchos canarios y canarias podrán compensar el encarecimiento del coste de la vida”.

También subrayó las mejoras de las retribuciones por desempleo a los que perciben menos cantidad, en el Ingreso Mínimo Vital, las becas o la dependencia. “Son partidas muy importantes que muchas veces se olvidan pues se pone la atención sólo en las nominadas, pero que también son de los PGE y benefician a los canarios”.

Aumento del REF económico y fiscal

Olivera se refirió a las cifras del REF económico, que alcanzan los 844 millones, el incremento en un 4,7% del REF fiscal, hasta los 718,3 millones (32,7 millones más), y a que el Plan Integral de Empleo de Canarias sube de 42 a 45 millones.

Asimismo, destacó los 400 millones en inversiones directas y el esfuerzo que se hace en puertos, aeropuertos, depuración de aguas y gestión de servicios, sin olvidar los 210 millones del Convenio de Carreteras y los 200 de la sentencia del año 2018 por el incumplimiento de este acuerdo.

El consejero Julio Pérez subraya que el Ejecutivo canario cumple con lo prometido: “presupuesta y paga”. Además, tiene en mente “expandir la idea autonómica y regional” de estos cuerpos

La implantación del consorcio en la isla de La Graciosa requiere de una “sensibilidad particular” para aplicarla a la política del Gobierno

El Gobierno canario, si las cuentas autonómicas del próximo año consolidan las cuantías solicitadas, habrá aumentado durante este mandato más de un 40% las partidas presupuestarias destinadas a la participación económica en los consorcios de bomberos, al pasar de 3.300.093 euros en 2019 y 2020, a 4.676.105 en 2023, según ha explicado, en la sesión plenaria celebrada esta semana en el Parlamento de Canarias, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez.

En concreto, el consejero ha detallado que, en 2019 y 2020, el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife recibió 1.801.374 euros; el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, 1.166.374; y el Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, 332.345 euros.

En 2021, la aportación del Gobierno canario registró un incremento del 12%, aportando, 2.017.539 euros, 1.306.339 euros y 372.227 euros, respectivamente. Este año, 2022, ha vuelto a incrementarse el montante un 26,51% con relación a 2021, siendo las cantidades comprometidas de 2.552.477 euros, 1.652.707 euros y 470.921 euros. Para el ejercicio de 2023, la propuesta realizada por el departamento que dirige Julio Pérez a Hacienda consolida las asignaciones de 2022.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha insistido en que a lo largo de este mandato el Gobierno ha cumplido con lo prometido en materia de consorcios de bomberos ya que “presupuesta y paga”. Además, ha indicado que en estas cantidades presupuestarias no están incluidos los casi 730.000 euros –297.379 euros, Gran Canaria; 287.063 euros, Tenerife; y 143.300, Lanzarote– que se añadirán como consecuencia de las intervenciones de los consorcios en distintas emergencias que han tenido lugar en el archipiélago, en particular la de la erupción volcánica de La Palma.

“Los consorcios no son solo consorcios de bomberos, son consorcios de emergencia, que intervienen en otra serie de servicios, que están muy profesionalizados”, ha remarcado Julio Pérez, quien ha aclarado que el Ejecutivo tiene en mente “expandir una idea autonómica y regional” de estos cuerpos y mantener esta política de refuerzos y ampliación de sus funciones.

Por otro lado, en relación al desarrollo de este servicio en la isla de La Graciosa, ha apuntado que, más que una cuestión económica, antes de implantarlo hay que analizar el mecanismo a aplicar ya que se necesitan vehículos permanentes en la isla y asegurar la comunicación con esta.

“La Graciosa requiere no solo dinero, sino una sensibilidad particular que tenemos que aprender de la ciudadanía y de las instituciones de Lanzarote para aplicar a nuestra política”, ha agregado el consejero.

Román Rodríguez desmonta la supuesta “voracidad recaudatoria” del Ejecutivo, dado que el incremento de los ingresos tributarios sobre lo previsto, 100 millones, será insuficiente para afrontar las necesidades sobrevenidas

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de este año tendrán una desviación aproximada de 500 millones de euros en el capítulo de gastos a causa de la inflación, según avanzó hoy el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, durante el Pleno del Parlamento de Canarias.

El incremento obedece a las necesidades sobrevenidas durante el ejercicio, en el que el Gobierno ha debido activar ayudas puntuales a diferentes sectores afectados por la escalada de precios y en el que el propio Ejecutivo se ha visto perjudicado por el incremento de los costes de los servicios y las obras que ha contratado o adjudicado.

Rodríguez desmontó, en este sentido, el discurso de la oposición sobre una supuesta voracidad recaudatoria del Gobierno, puesto que el incremento de los ingresos tributarios se situará, previsiblemente, en torno a los cien millones sobre lo presupuestados inicialmente; es decir, cuatrocientos millones menos de los necesarios para ajustar por esta vía las cuentas. Además, relativizó el peso del IGIC en el conjunto del sistema de ingresos de la Comunidad Autónoma, al situarse solo en el 6,7% del total.

“No hay ni un solo euro en las arcas de la Comunidad Autónoma que esté ocioso”, dijo el vicepresidente, quien insistió en que “todos los recursos disponibles están siendo utilizados para reforzar los servicios públicos; para ayudar a los sectores sociales vulnerables, para la adquisición de viviendas o para impulsar el desarrollo económico”.

A este respecto, el vicepresidente recordó cómo el Ejecutivo ha aprobado medidas de apoyo al sector ganadero; a la devolución íntegra del impuesto especial del combustible a transportistas, ganaderos y agricultores o a las ayudas relacionadas con la erupción de La Palma, entre otras.

Rodríguez también se refirió a los Presupuestos autonómicos del año 2023 y señaló que cada euro de esas cuentas autonómicas se destinará a la mejora del bienestar de los canarios y a estimular el crecimiento económico.

El vicepresidente precisó que los Presupuestos crecerán un 10,9 por ciento hasta situarse en los 10.098 millones de euros, si bien insistió en la necesidad de actuar con prudencia a la hora de diseñar las cuentas públicas, “de modo que el gasto público sea sostenible en el tiempo, puesto que después del año 23 vendrán otros en los que ya se habrán restablecido las reglas fiscales”.

En todo caso, este incremento será posible “sin subir impuestos ni aumentar la deuda pública de la Comunidad Autónoma”, subrayó.

Incremento de la financiación autonómica

En otra comparecencia, el vicepresidente valoró la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y destacó el incremento del 23% de los recursos que recibirá Canarias del sistema de financiación autonómica en 2023, un porcentaje que se traduce en 1.245 millones de euros (542 millones más en los anticipos a cuenta y 703 millones más en la previsión de liquidación).

Estas cantidades, junto a los recursos ficales propios y los fondos europeos, constituyen un buen punto de partida para la elaboración de unos Presupuestos expansivos que permitan mantener la intensidad de las ayudas a los sectores más afectados por la inflación o por la erupción volcánica, además de potenciar los servicios públicos esenciales e impulsar el crecimiento económico, dijo Rodríguez.

El vicepresidente también se refirió a los datos de ejecución de los Presupuestos del año 2021, ejercicio en el que el Gobierno canario desplegó un gasto público de 10.466 millones de euros (123,4% de lo presupuestado inicialmente), tres mil millones de euros más que en 2018, por ejemplo. Esta cantidad, recordó el vicepresidente, supuso la cuarta parte del Producto Interior Bruto (PIB) de Canarias en el citado ejercicio.

El Ayuntamiento de Gáldar dio a conocer este martes en pleno extraordinario, en voz de la concejala de Hacienda, Valeria Guerra Mendoza, la cuenta general correspondiente al ejercicio presupuestario de 2021, que confirma la buena gestión con unos ingresos de 37.293.119 euros y unos gastos de 34.394.741 euros. Por tanto, el superávit asciende a 3.439.713,29 euros

Asimismo, las cuentas generales adelantan que en el próximo mandato desaparecerá la histórica deuda financiera heredada de más de 32 millones de euros, que a finales de 2022 estará en once millones y de la que cada año se pagan unos dos millones

El alcalde de la ciudad, Teodoro Sosa, felicitó a la concejalía de Hacienda “por una labor seria y rigurosa” y porque en los últimos años “las cuentas generales de este Ayuntamiento siempre han sido positivas, no gastamos más de lo que tenemos”. “En la vida habíamos ingresado 37 millones de euros, ha sido un esfuerzo de tocar muchas puertas para conseguir inversiones. Y de esos 37 solo hemos gastado 34, por lo que hemos ahorrado”, continuó. “El nivel es satisfactorio, el Ayuntamiento puede gestionar el futuro con solvencia, no se paran obras, se mantienen servicios, financiamos planes de empleo y el 70% de los recursos de este Ayuntamiento se destinan a políticas que tienen que ver con las personas. Vamos a cumplir con todos los ratios de la Auditoría un año más”, remató.

La concejala de Hacienda, Valeria Guerra, fue la encargada de ofrecer todos los detalles de las cuentas generales de 2021, informando que Gáldar cerró el ejercicio presupuestario con 37.293.119 euros de ingresos, 6.885.812 euros por encima de lo previsto en el presupuesto. En cuanto a los gastos, se cerró el ejercicio en 34.394.741 euros, 4.936.214 euros más de lo estimado en el presupuesto, "esto es posible debido al aumento por encima de lo previsto en ingresos, que absorbe la subida en gastos”, aseguró la teniente de alcalde.

En ingresos, destaca especialmente el aumento de un 162% en los patrimoniales, aspecto en el que se notan los números resultantes del parque eólico de Botija, que dio al Ayuntamiento unos ingresos de 625.000 euros. Valeria Guerra anunció que en los primeros seis meses de 2022 la cifra ya alcanza los 400.000 euros, por lo que a final de año superará considerablemente la de 2021.

En cuanto a los gastos, el capítulo 1 de Personal bajó unos 31.000 euros. Mientras, el capítulo dos, de gastos corrientes, subió un 21%, el capítulo cuatro, de transferencias corrientes, creció un 27%, las inversiones reales en un 30% y el gasto financiero bajó en un 38%.

También informó la teniente de alcalde que el ejercicio de 2021 se cerró con un remanente de Tesorería para gastos generales de 13.112.016 euros, lo que da una gran capacidad al Ayuntamiento “para atender a sus obligaciones a corto plazo si hiciera falta”, con un ahorro neto de 5.030.071 euros, mientras que el nivel de deuda financiera y con la Seguridad Social se sitúa en 13.119.516 euros.

En este sentido recordó que el Ayuntamiento llegó a tener 32 millones de euros y que al final de este año llegará a once millones de euros, bajando por tanto la deuda financiera en más de un 60% y la de la Seguridad Social en más de un 75%. “Además ese nivel de endeudamiento no afecta a los ciudadanos ya que la presión fiscal de nuestro municipio está por debajo de la media de municipios con características similares al nuestro y el nivel de inversión por habitante es de unos 2.000 euros mientras que el nivel de deuda por habitante es de unos 400 euros por habitante, cuatro veces menos”, continuó.

En este sentido, Teodoro Sosa recordó que levantar ese nivel de endeudamiento “no ha sido sencillo” por las diferentes crisis sufridas en los últimos años. El primer edil subrayó que a día de hoy el Ayuntamiento tiene más de 17 millones de euros de fondos líquidos de tesorería. “Mañana podríamos quitar la deuda pero estamos eliminando todos los años dos millones”, remarcó.

Asimismo, la responsable de Hacienda, hizo balance de las cuentas del Instituto Municipal de Toxicomanías, que presentan un resultado presupuestario de 3.497 euros y unos remanentes de tesorería de 37.059 euros, ascendiendo el ahorro neto hasta los 3.681 euros. Mientras, la Fundación Canaria Ciudad de Gáldar presenta un presupuesto balanceado de ingresos y gastos. Por último, Galobra cerró el ejercicio con un resultado positivo de 3.973 euros.

El Consejo de Gobierno aprobó hoy la propuesta del consejero de Hacienda sobre el límite de gasto no financiero, que crece casi en 1.000 millones con respecto a las cuentas del presente año

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó en su reunión de hoy establecer un límite de gasto no financiero en los Presupuestos autonómicos del próximo año de 10.089,7 millones de euros, lo que supone 991,4 millones más que en 2022 y un crecimiento porcentual del 10,9%.

Los Presupuestos permitirán, de esta manera, mantener la intensidad en la prestación de los servicios públicos esenciales, especialmente condicionados por el impacto de la inflación; activar medidas de apoyo a los sectores más vulnerables, y contribuir a la dinamización de la economía canaria apostando por la inversión, tirando de la demanda y, por lo tanto, del empleo.

El incremento del gasto es posible, básicamente, por el crecimiento “excepcional” de los recursos que llegarán a Canarias del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), por importe de 1.246,4 millones de euros más que en el presente año: 703,4 millones de euros de incremento por la liquidación del año 2021 y 543 millones más por las cantidades a cuenta, en este caso para 2023. Estos aumentos ya estaban previstos en gran parte en el Plan y los Escenarios Presupuestarios para el trienio 2023-2025 aprobados por el Ejecutivo autónomo en abril de este año.

El acuerdo adoptado por el Gobierno señala, en todo caso y a la vista de las recomendaciones efectuadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que los Presupuestos se confeccionarán “evitando incrementos de gasto o reducciones de ingresos con carácter estructural para no deteriorar las finanzas públicas a medio plazo”, un riesgo que se agudiza al estar suspendidas excepcionalmente las reglas fiscales.

Es decir, se trata de evitar la consolidación de gastos cuya financiación no esté garantizada cuando desaparezcan los flujos extraordinarios de ingresos esperados en estos próximos años y se reactiven las reglas fiscales.

Por lo que respecta a la previsión de ingresos tributarios del Bloque de Financiación Canaria (BFC) y ante las incertidumbres económicas existentes, la Dirección General de Planificación y Presupuestos ha optado por utilizar el escenario pesimista contenido en el informe de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias del pasado mes de julio. Es decir, aquel que prevé un crecimiento del PIB real del 3,6%.

Además, a los importes excepcionales del SFA y de los ingresos fiscales propios se suman los recursos ordinarios de la Unión Europa (UE) y los fondos extraordinarios Next Generation EU, si bien estos se han calculado en función de lo garantizado a día de hoy, al momento de la aprobación del techo de gasto.

En este sentido, el Gobierno señala que “la elaboración de este límite de gasto, en cualquier caso, se ha efectuado bajo un escenario de incertidumbre, en el que todavía se mantienen en parte las medidas que se han tenido que adoptar para hacer frente a la pandemia del Covid-19, y ahora se añaden las consecuencias que la invasión de Ucrania por parte de Rusia está causando en el contexto geopolítico y económico, y sus efectos en términos inflacionarios sobre la economía europea a través de un alza de los precios sin precedentes en energía, materias primas y alimentos”, que afecta no sólo a las familias y empresas, sino al sector público.

El límite de gasto no financiero se establece, además, con las reglas fiscales suspendidas, pero se mantiene la obligación del Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) y la referencia de la tasa del déficit público para las comunidades autónomas que ha fijado el Gobierno central: el -0,3% del PIB, la mitad que en el año en curso.