En 2014 y 2015 la sociedad canaria llevó a cabo una lucha ejemplar contra las prospecciones petrolíferas en nuestras aguas anunciadas por Repsol y el Gobierno de España. Fue una de las mayores movilizaciones que se recuerdan y expresó un amplísimo consenso social y político. Incluso se intentó realizar una consulta ciudadana sobre las perforaciones que fue anulada en noviembre de 2014 por el Tribunal Constitucional. El temor a la destrucción de la biodiversidad de nuestros mares y nuestro litoral, el riesgo de daños a las desaladoras que suministran el agua que necesitamos para subsistir o el miedo a que un vertido dañara seriamente nuestras playas con la consiguiente afección a la industria turística consiguieron movilizar a las instituciones y a la sociedad civil de este archipiélago. Finalmente, Repsol se retiró de las aguas canarias en lo que supuso una gran victoria para esta tierra.

El pasado mes de abril Marruecos anunciaba que había hallado petróleo en las costas de Tarfaya e Ifni, a unos 100 kilómetros al noroeste de La Graciosa, en una zona muy cercana a las de las prospecciones contra las que nos movilizamos en 2015. También recientemente, Marruecos concedió una licencia exclusiva a la empresa israelí Ratio Petroleum para realizar exploraciones al sureste de Canarias, en aguas que no son de soberanía marroquí ya que pertenecen al Sáhara Occidental.

Por ambos movimientos parece evidente que el país alauí tiene la intención de comenzar, cuando sea posible, la explotación de estos yacimientos en zonas muy cercanas a nuestras costas. Organizaciones ecologistas, instituciones y ciudadanía en general han alertado de que esta actividad pone en serio riesgo a Canarias. Marruecos no es un régimen democrático con todas las garantías sino un sistema autoritario con elevadas dosis de corrupción, lo que supone un riesgo añadido para la seguridad de este tipo de explotaciones ya que cualquier vertido podría ser catastrófico para nuestras islas.

El momento para que esto ocurra no es casual. El pasado 18 de marzo nos enteramos, a través de un comunicado del gabinete de la Casa Real marroquí, de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a través de una carta remitida a Mohamed VI, había llevado a cabo un cambio en la posición histórica de España respecto al Sáhara Occidental y que reconocía la iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara como una solución al conflicto.

Esto supone, de facto, saltarse la legalidad internacional y reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Además en las justificaciones del Ministerio de Exteriores sobre el cambio de postura, se sembraron dudas sobre Canarias y sobre la posibilidad de que nuestro archipiélago estuviese en la agenda de la demanda del país alauita sobre la soberanía de nuestra tierra, al mismo nivel que Ceuta y Melilla.

En un intento de acallar la preocupación de la sociedad canaria, el Gobierno de España negó siempre esta posibilidad y anunció que en las reuniones que se mantuvieran con Marruecos, tanto para la migración como para las prospecciones y la delimitación de las aguas marroquíes, siempre estarían presentes representantes del Gobierno de Canarias.

En este contexto, el viernes 6 de mayo España y Marruecos mantuvieron en Rabat un encuentro para abordar la cooperación en materia migratoria. Canarias no formó parte de la delegación española que participó en las negociaciones, lo que supone una flagrante vulneración del Estatuto de Autonomía de Canarias, que en su artículo 144.3 reconoce a la Comunidad el derecho a “participar en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Canarias, dada su situación geográfica.” En esta misma semana se ha reunido también el grupo designado por los dos países para la delimitación de los espacios marítimos, por supuesto que también sin representación canaria alguna.

Es muy preocupante que el Gobierno de España no respete el Estatuto de Autonomía de Canarias y que no considere fundamental incluir a Canarias en las negociaciones con Marruecos en materia migratoria y de delimitación de las aguas marinas, cuando somos, con mucha diferencia, el territorio más afectado por las decisiones que se tomen en esas mesas de trabajo. De hecho llevamos ya dos años viviendo una crisis migratoria. También nos hace desconfiar y albergar profundas dudas sobre lo debatido en la cumbre y sobre el papel otorgado a Canarias.

Y nuestra preocupación es legítima porque la inmigración lleva mucho tiempo siendo un elemento de presión y chantaje por parte de Marruecos sobre España. Cuando desde España no se cedía a sus pretensiones imperialistas tomaban represalias relajando la vigilancia de los flujos migratorios o incluso alentando el paso de miles de ciudadanos marroquíes, como hemos visto recientemente. Es muy grave que el Ministro de Exteriores, José Manuel Albares, reconozca que las negociaciones con Marruecos hayan hecho disminuir la llegada de pateras a Canarias y lo es más aún que obvie que han aumentado notablemente las muertes en el mar.

Los intereses de Canarias y los de Marruecos son contrapuestos en muchos aspectos. Las aguas territoriales, el riesgo que suponen las prospecciones petrolíferas a apenas unos kilómetros de nuestras costas, la llegada de personas migrantes por vía marítima, la agricultura (con especial énfasis en el tomate), el posible conflicto bélico en el Sáhara Occidental… Podemos afirmar que las políticas del Gobierno alauí representan una amenaza para Canarias que, como dije anteriormente, se ve acrecentada por tratarse de un régimen sin suficientes garantías democráticas y con limitaciones muy laxas para con la corrupción.

El Gobierno de España justificó su decisión de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental bajo la premisa de que era necesario normalizar las relaciones hispano-marroquíes e iniciar un nuevo periodo de diálogo, pero nunca ha hecho valer adecuadamente los intereses de Canarias frente a las pretensiones marroquíes. No reaccionó con contundencia cuando Marruecos delimitó de manera unilateral su espacio marítimo e “invadió” aguas canarias. No ha protegido adecuadamente los intereses de nuestros productores de tomates ni de nuestros pescadores y no ha atendido ninguna de nuestras demandas en materia migratoria, solo por citar algunos de los ejemplos más graves.

Por cierto, España ahora agacha de nuevo la cabeza y mira para otro lado cuando todo apunta a que los servicios secretos marroquíes vigilaban con Pegasus al Presidente del Gobierno español y a algunos de sus ministros. Y se abre la sospecha de si la decisión adoptada sobre el Sáhara tiene algo que ver con los datos robados. O si las decisiones que se tomen a partir de ahora estarán condicionadas por el espionaje realizado a los miembros del Gobierno.

Aunque el Ministro Albares garantizó que velaría por que las prospecciones petrolíferas de Marruecos no afectaran a Canarias, esta afirmación tiene que acompañarse necesariamente de hechos. Y es un hecho fundamental el respetar nuestro Estatuto e incluirnos en las negociaciones en materia migratoria, oponerse a prospecciones sin garantías, mantener una postura más tajante y contundente frente a las pretensiones imperialistas con nuestras aguas o el establecimiento de una mesa bilateral Canarias-Estado en la que se pudiera hacer un seguimiento de todas estas cuestiones.

Estaremos vigilantes, pero lo cierto es que a día de hoy, Canarias está siendo víctima de actitudes coloniales. Las del Gobierno de España de tomar decisiones que conciernen y competen a las instituciones de las islas sin contar con nosotros y las históricas pretensiones imperialistas de Marruecos, que incluyen no solo Ceuta y Melilla y el Sáhara Occidental, sino también las aguas de las islas y los recursos que en ellas se encuentran.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria.

El norte de Gran Canaria ha atravesado, a lo largo de su historia, momentos distintos de desarrollo social y económico. En las últimas décadas su progresión se ha visto frenado por distintas vicisitudes y eso ha hecho que se haya ido asentando entre su población y sus instituciones, y con razón en muchos casos, un sentimiento de abandono, de que los proyectos importantes y/o estratégicos de la isla se concentraban en la capital y en las zonas de mayor afluencia turística

Nadie puede poner en duda que se trata de una comarca fundamental para el desarrollo sostenible y equilibrado del conjunto de la isla y que, afortunadamente, hoy está recuperando el dinamismo que necesita para garantizar el bienestar de su gente. Lo hace de la mano de sus instituciones, de su sociedad civil y, no les quepa la menor duda, del Cabildo de Gran Canaria.

Efectivamente, el Cabildo está comprometido en seguir impulsando esta recuperación junto a los ayuntamientos y las organizaciones empresariales y sociales de la comarca. Un buen ejemplo, que escenifica este momento de dinamismo, fue ENORTE, la Feria Empresarial del Norte, celebrada en Gáldar, y que cumple 20 años jugando un papel fundamental pues contribuye a fomentar el contacto, los intercambios y la formación para aprovechar las oportunidades que la zona ofrece.

La propuesta que desde el Cabildo de Gran Canaria estamos promoviendo para esta zona de la isla es integral y contempla tanto el desarrollo del sector primario, el fomento de la actividad comercial, industrial y turística, la atención sociosanitaria y la promoción de nuevos sectores económicos innovadores vinculados a la transición ecológica, como las energías renovables o la economía azul. La reciente propuesta de los alcaldes de Gáldar y Guía coincide y profundiza en estos objetivos de reactivación y recuperación sostenibles. Paralelamente se consolida una sociedad de cuidados, de respuesta a las necesidades sociales, culturales, deportivas…

Desde la consejería de Sector Primario se lleva a cabo un amplio programa de actuaciones en los municipios del norte que comprende unas 25 obras de infraestructuras hidráulicas en 10 municipios entre redes de riego, depósitos de almacenamiento, acondicionamiento de estanques y mejoras en las interconexiones hidráulicas de comunidades de regantes o heredades de aguas. La construcción de mercados agrícolas como el de Guía o el apoyo continuo al sector ganadero y al sector primario en general, con ferias, foros internacionales, encuentros gastronómicos o ayudas directas revitalizan el sector. Además, se invierte en infraestructuras como la nueva Agencia de Extensión Agraria de Gáldar, cuya primera piedra pusimos hace unos días.

Pero la actividad industrial y comercial también es imprescindible. A través del área de Industria y Comercio llevamos a cabo distintos programas dirigidos a la dinamización de la economía insular, donde los municipios del norte han tomado especial protagonismo dentro de los planes y programas dirigidos a la activación comercial y al desarrollo de obras de modernización de sus zonas comerciales y parques empresariales. Los planes de modernización de zonas comerciales abiertas y el Plan Estratégico de Áreas Industriales buscan optimizar estos espacios para hacerlos más atractivos para la nueva ubicación de empresas y para incentivar el consumo ciudadano así como para apoyar indirectamente al sector de la construcción. En este concepto, desde el año 2019 se han invertido en el norte de la isla 12,7 millones de euros, en peatonalizaciones, rehabilitaciones como las del antiguo cine de Firgas y reformas y adecuaciones, tanto de zonas comerciales como industriales. Nunca se había trabajado en ello como hasta ahora.

La Cumbre Vive es un programa de apoyo a acciones de promoción económica de municipios de cumbre y afectados por el incendio del año 2019. Se trata de un proyecto pensado para favorecer el desarrollo del mundo rural y afianzar a la población a su territorio. Depuradoras naturales, reciclado del material silvícola para fabricar pellets, recuperación de espacios como el Parque de Otoño o la finca de Los Lavaderos son algunos de los ejemplos de las actuaciones que se realizan.

No obstante, la diversificación económica que necesitamos para hacer nuestro modelo más sostenible, más justo y menos dependiente, pasa necesariamente por los sectores vinculados a la transición ecológica y a la lucha contra el cambio climático, como la economía circular, azul o verde.

El próximo mes de julio se cumple un año desde que pusimos la primera piedra de la ampliación y modernización de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Gáldar y Guía, una demanda histórica de la comarca que permitirá que la capacidad de atención a la ciudadanía se incremente y pase de las 30.000 personas que actualmente están recibiendo este servicio a las 50.000 que se estima que poblarán ambos municipios en el año 2046. El proyecto contempla la implementación de nuevas tecnologías que mejorarán la calidad del agua, al reducir su grado de salinidad, lo que repercutirá en las zonas de riego que reciben el 25% del caudal depurado. Minimizarán igualmente los olores que genera la actividad. El diseño incluye la construcción del primer tanque de tormentas de la Isla, que tendrá una capacidad de 6.000 metros cúbicos. Además permitirá reabrir al baño la Playa de Bocabarranco. Al mismo tiempo se actúa ampliando la capacidad e instalando renovables para mejorar su producción en numerosas desaladoras y depuradoras de toda la comarca, como en Arucas-Moya.

El Cabildo también aporta financiación para el Parque Tecnológico de Gran Canaria – Área Experimental de Economía Circular, en Gáldar, que se afianza en convertirse en un polo de investigación y fomento de este tipo de economía así como de atracción de inversiones y de generación de empleo vinculado a la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones.

Las políticas sociales son imprescindibles para garantizar la igualdad social y proteger a los más vulnerables. El Cabildo financia en estos momentos múltiples actuaciones en materia de igualdad, menores, mayores, enfermos mentales o emergencias y ha puesto en marcha una amplia cobertura de plazas sociosanitarias que incluye residencias como, entre otras, las de Teror, La Aldea o Tarazona y los Salesianos en Guía.

El Patrimonio Histórico- Cultural está llamado a ser uno de los grandes atractivos turísticos de la zona. Es también una manera de mantener viva su memoria y su identidad. En este mandato se consiguió que la Unesco declarara a Risco Caído y los Espacios Sagrados de Montaña de Gran Canaria como Patrimonio de la Humanidad y se trabaja en la creación, la restauración y la potenciación de la amplia red de centros de interpretación y yacimientos prehistóricos, de su patrimonio religioso y civil. Los Caserones, el centro de Interpretación de Risco Caído o el de La Guancha son ejemplos de esta nueva mirada a nuestra historia.

Además de la Reserva de la Biosfera, el norte grancanario acogerá, en el extremo más alejado de esta comarca, el primer Parque Nacional de nuestra isla en Guguy y su entorno marino. La reforestación y la prevención de incendios son elementos también de revitalización y de generación de empleo y ocupan una parte importante de nuestra acción de gobierno. Y el Medio Ambiente, su protección y desarrollo como un elemento importante y catalizador de una economía verde pujante. En esa línea colaboramos con Moya para la ejecución de su gran parque urbano o con Firgas en la rehabilitación del Balneario de Azuaje.

Un turismo de las estrellas, arqueológico, histórico, gastronómico, rural, de la naturaleza, marino-marítimo, activo, tiene cada vez más relevancia en la zona y se trabaja para hacerlo posible y de manera intensa y transversal desde Turismo de Gran Canaria y distintas áreas insulares.

La firma del convenio para poner en marcha la ejecución de la circunvalación de Agaete es también una muestra del impulso inversor que realiza en estos momentos el Cabildo de Gran Canaria en el Norte de la isla en materia viaria. Las nuevas carreteras de Teror, Agaete o Moya y el PTP15 que permitirá el desarrollo integral de la GC2, son algunos de los ejemplos sustanciales.

También los Planes de Cooperación, el FDCAN y los Planes de Inversión Financieramente Sostenibles dejan cada año –equilibradamente- una importante cantidad de recursos económicos en el Norte para la mejora de sus equipamientos e infraestructuras. Hoteles rurales, espacios sociales y culturales, centros de formación para el acceso al mundo laboral y planes de empleo, instalaciones deportivas diversas, asfaltados y saneamiento, rehabilitación de parques de viviendas, etc…

Los hechos y las cifras son contundentes. Más de doscientos millones de euros de inversión del Gobierno de la isla en el norte. El Cabildo, de la mano de los ayuntamientos, de la mancomunidad, de la sociedad civil y de las organizaciones empresariales, está haciendo un importante esfuerzo para promover el desarrollo sostenible y la diversificación económica de la comarca norte de Gran Canaria, que se puede convertir en un ejemplo de bienestar. Sopla viento del norte.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria

En menos de un año el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPPC) ha emitido tres informes extraordinariamente preocupantes sobre el cambio climático y sus consecuencias para el planeta. En el informe hecho público en los primeros días del mes de abril de este año –el primero se publicó en agosto del año pasado- los expertos de Naciones Unidas nos trasladan con firmeza que las emisiones deben tocar techo antes de 2025 y luego caer drásticamente para evitar la catástrofe climática. Según el documento presentado por el Panel, las estrategias climáticas actuales de los gobiernos del mundo no indican que esto se vaya a producir, sino todo lo contrario: las emisiones seguirán creciendo durante esta década

El IPPC señala que son imperiosas las “reducciones profundas y, en la mayoría de los casos, inmediatas, de las emisiones de los gases de efecto invernadero en todos los sectores”. António Guterres, Secretario General de la ONU es tajante a la hora de sintetizar el documento presentado: “Es hora de que dejemos de quemar nuestro planeta y empecemos a invertir en las abundantes energías renovables que nos rodean”. Todas las fórmulas posibles pasan por eliminar gran parte de los combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón de la generación de energía: afirman que “todos los modelos incluyen pasar de esos combustibles a fuentes renovables” y hacen especial hincapié en que el coste por megavatio de la energía solar ha caído un 85% y el de la eólica un 55%, desde 2010. Según Hoesung Lee, responsable del IPPC, nos encontramos en una encrucijada: “De las decisiones que tomemos ahora depende conseguir un futuro vivible”. Para Jim Skea, codirector de la investigación, “es ahora o nunca” cuando se deben precipitar las decisiones.

El pasado 30 de marzo decenas de científicos del mundo, agrupados en la plataforma Scientist Rebellion, han vuelto a la carga publicando un manifiesto (Los científicos que nos rebelamos contra la inacción climática) en el que afirman que “nadie viene a salvarnos: solo una revolución climática podrá hacerlo”. Y echan mano del filósofo ecologista Jorge Riechmann para hacernos llegar que “estamos viviendo una situación histórica absolutamente excepcional, en términos no ya de historias de nuestras universidades, nuestras ciudades o nuestros países; sino de historia de la especie humana y del planeta Tierra. Las perspectivas son de ecocidio, más genocidio, y nos hace falta una fuerte reacción social”. António Guterres los apoya mostrando en un vídeo, de manera gráfica que, de no actuar pronto, veremos ciudades costeras desaparecidas bajo las aguas, olas de calor sin precedentes, tormentas monstruosas, escasez global de agua o la extinción de un millón de especies animales y vegetales. Y dejan meridianamente claro que la ley española sobre el Cambio Climático no es suficientemente ambiciosa y llega demasiado tarde.

Mientras los científicos del IPPC y los agrupados en torno a Scientist Rebellion nos trasladaban este enorme caudal de datos, certezas y llamadas a cambiar el modelo desarrollista y energético sobre el que se apoyan los países del mundo en estos momentos, Europa y España insisten en mantener los combustibles fósiles, y sobre todo el gas, como elemento clave para la generación de energía. Insisten en seguir dependiendo de un combustible que ya antes de la guerra había elevado enormemente los precios de la electricidad y que tras la invasión de Rusia a Ucrania ha provocado un desabastecimiento en todo el continente.

Pero no solo eso. La invasión de Rusia a Ucrania está suponiendo un paso atrás preocupante y en contra de las políticas diseñadas para frenar el calentamiento global. Las subvenciones a los combustibles fósiles y las ayudas a su consumo no dejan de aumentar y se incrementa también notablemente su extracción. Por otra parte, la necesidad de invertir una cantidad ingente de dinero en la guerra hace que se destinen muchos menos recursos a las energías limpias y a la lucha contra el cambio climático y que se ponga en riesgo el Estado de Bienestar.

Resulta absolutamente inexplicable (o sí, no nos podemos olvidar del enorme poder de los lobbies energéticos europeos y su influencia sobre los conservadores que gobiernan el continente, con un seguidismo preocupante de la socialdemocracia) que primero plantearan considerar como verdes al gas y a las nucleares y que el Gobierno de España, sin contar con nuestra Comunidad intentara colar las regasificadoras en las islas, en un RDL para paliar las consecuencias de la guerra.

Hoy Europa está viviendo una crisis energética de efectos incalculables precisamente porque no se ha trabajado con el interés suficiente en los últimos años en la implantación de las energías limpias y ha seguido confiando desatinadamente, obstinadamente, en los combustibles fósiles y sobre todo en el gas, en complicidad con los lobbies del sector. Sin tener en cuenta que dependemos de países inestables y poco respetuosos con los derechos humanos y que este combustible se ha ido encareciendo año tras año, frente a la disminución de los costes de las energías limpias. Para el Gobierno de España y de la UE el gas era la panacea y dejamos que Rusia condicionara nuestra estabilidad energética. Por eso sigue matando en Ucrania, porque sabe que países como Alemania (que depende energéticamente del gas ruso en un 64% y que tiene al excanciller Schröeder como selecto intermediario) le van a seguir financiando la invasión a Ucrania con la compra de un gas que no pueden sustituir. Desde el inicio de la guerra, Rusia ya ha cobrado casi 40.000 millones de euros de países europeos a cuenta del gas que les suministra. Qué curioso, los sabiondos de Alemania dando lecciones siempre de cómo gobernar y ahora están energéticamente en manos de un personaje peligroso como Putin.

También Argelia, tras su encontronazo con España a causa de la traición del gobierno español al pueblo saharaui, ha anunciado que va a incrementar notablemente el precio del gas a este país. Y para intentar remediar la situación, Europa se pone en manos de EEUU y del gas proveniente de ese país, mucho más caro, extraído a través del fracking, una técnica altamente contaminante, que genera seísmos graves, que está prohibida en España y en otros lugares de Europa y que multiplica más de cinco veces las emisiones de gases de efecto invernadero.

El último informe de Greenpeace ha calculado los 'beneficios inmorales' que han amasado las petroleras desde que comenzó la guerra. Habla de más de 3.000 millones de euros 'extraordinarios' que se están embolsando gracias, principalmente, al sobrecoste del diésel y la gasolina. Solo en España, la industria del petróleo está registrando unos ingresos adicionales de 7,6 millones de euros diarios, mientras la población sufre los precios récord en las gasolineras.

España depende un 75% del exterior para abastecerse energéticamente y en vez de poner toda la carne en el asador para romper esa dependencia, insiste en el gas y nos lo intenta endilgar a Canarias. De modo colonial. Sin consultarnos. Sin escuchar a nuestro Gobierno Autónomo, a nuestro Parlamento, a los cabildos…

Somos vulnerables, pero si no actuamos seremos aún mucho más vulnerables. Tenemos que acelerar la transición energética. Como plantea la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA): “ Necesitamos aumentar rápidamente la producción de energía renovable; promover una verdadera contabilidad y conciencia de los costos de la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles y los impactos ambientales de su uso y reducir la demanda de gas “.

François Gemenne, investigador del IPPC, declaraba hace unos días en El País que “con más renovables, los Putin tendrían menos poder”. No hay ningún experto, ningún científico, que no coincida en afirmar que la solución en estos momentos solo pasa por las renovables. Que es una locura insistir en la dependencia del gas. Hay que avanzar en las energías eólica y solar, venciendo los neonegacionismos instalados en las administraciones y en sectores conservacionistas cegados por visiones absolutamente sesgadas y parciales: como decía El País en un editorial reciente, “algunos tics de la sociedad de la opulencia están ahora claramente fuera de lugar”. Hay que desburocratizar los procedimientos para facilitar la penetración de las renovables, hay que incentivar y financiar el autoconsumo, las comunidades energéticas, la eficiencia y el ahorro, hay que planificar y ordenar la eólica marina. Hay que, como plantea Macron en Francia, tomar el control sobre determinadas empresas energéticas.

Termino insistiendo en algo que me parece clave: en Gran Canaria tenemos una parte importantísima del camino andado, el Salto de Chira nos va a permitir ir mucho más rápido en todo este proceso ya que tenemos solucionado una gran parte del almacenamiento necesario para facilitar un cambio de modelo sustentado en las renovables. Jamás en el gas, no les quepa la menor duda. El gas de Canarias no puede ser sino el viento y el sol.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria.

El IPPC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio Climático) se muestra contundente al afirmar que se quedó corto cuando el pasado verano lanzó al mundo su último informe sobre el cambio climático. La ampliación del informe presentado en agosto del año pasado, que hemos conocido hace un par de semanas, nos habla de una situación de no retorno muy grave para el planeta. Y también, desde luego, para Canarias.

El documento del IPPC cita de manera específica a las “islas pequeñas” como los espacios más susceptibles de verse afectados por el calentamiento global. Son muchos y muy graves, por tanto, los efectos del cambio climático para Gran Canaria – algunos ya los estamos padeciendo- y desde el Cabildo se ha elaborado una estrategia –la primera que se pone en marcha en esta Comunidad Autónoma- para la adaptación y la mitigación de sus consecuencias ( tropicalización del clima, aumento del nivel del mar, desvío de los alisios, aparición de enfermedades tropicales, periodos extremos de sequía y/o precipitaciones intensas, incendios forestales, etc.).

En este texto que comparto con ustedes quiero centrarme –aprovecho para ello la reciente celebración del Día Internacional del Agua- en un aspecto que adquiere una dimensión realmente preocupante y que requiere de acciones contundentes: me refiero a la sequía contumaz que padecemos, la escasez de agua y el avance claro hacia la desertización que presenta nuestro territorio. Estamos ante una situación alarmante que se hace cada vez más visible, más real, y que requiere de actuaciones plurales para adaptarnos y para mitigar los daños sobre las personas que habitan la isla, su economía y su valiosa biodiversidad.

Garantizar la seguridad hídrica de la isla es una de las acciones clave para atenuar las consecuencias de la ausencia de lluvias y la consiguiente aridez de nuestro suelo, la desaparición de la tierra fértil y el sector primario, la desforestación, el aumento de los incendios…y nuestra propia supervivencia.

Para Naciones Unidas la seguridad hídrica forma parte esencial del desarrollo sostenible y sus objetivos estratégicos. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, sobre agua y saneamiento, tiene la finalidad de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para toda la población. El índice GWP, que mide el potencial del calentamiento global, sostiene que el desarrollo sostenible no será alcanzado sin un mundo sin seguridad hídrica y afirma que “lograr la seguridad hídrica significa satisfacer las necesidades humanas así como las de los ecosistemas. Para ello es necesario que ocurran cambios fundamentales en los valores, creencias, percepciones y posiciones políticas, no solo en las instituciones de gestión del agua, sino también en cada una de las partes interesadas. El progreso puede llegar a ser lento y las situaciones complejas, pero no hay realmente otra alternativa para el futuro de la humanidad que un mundo con seguridad hídrica. Debemos afrontar este desafío”.

Desde el Cabildo de Gran Canaria y el Consejo Insular de Aguas se está afrontando este desafío. Está singularmente presente en el modelo de ecoísla que defendemos. Realmente lleva siglos presente en un reconocimiento de nuestra fragilidad que ha ido desarrollando a lo largo de los siglos un modelo de seguridad hídrica basado en la construcción de pozos, galerías, acequias, cantoneras, canales, trasvases, presas, desaladoras, depuradoras, renovables, central hidroeléctrica Salto de Chira… para garantizar nuestra subsistencia, nuestra agricultura tradicional y de exportación, el crecimiento turístico, el aumento constante de nuestra población.

El Salto de Chira, efectivamente, es el último hito. Además de ser fundamental para la transición energética y la penetración de las renovables, el proyecto cuenta con otra importante ventaja: aportar agua desalada a las presas mediante la planta desaladora de agua de mar ubicada en Arguineguín, con una aportación prevista al embalse de Soria de 2,7 millones de metros cúbicos. Esto se hace para poder garantizar la operación de la central hidroeléctrica y compensar las pérdidas y la sequía. Además de garantizar el funcionamiento, generaría un excedente de agua que se destinaría a cubrir las necesidades en la cumbre de Gran Canaria, mediante la elevación desde la Presa de Chira. Tener las presas llenas, en estos momentos en que por falta de lluvias están casi vacías, nos va a permitir poder elevar el agua para regar toda la cuenca de Tunte, Mogán, Tejeda y Artenara, reforestar la isla y combatir los incendios. Es más, si por cualquier razón hubiese algún día un problema grave de desabastecimiento en la isla y no pudiéramos producir agua, las presas de Chira y Soria llenas nos permitirían subsistir y abastecernos durante seis meses.

La visión de futuro de los técnicos y responsables políticos de hace 50 años para detectar el problema de la escasez de agua en la isla y construir un entramado de presas, como en ningún lugar del mundo, tuvo su continuidad en la apuesta decidida por la desalación y por la depuración de las aguas provenientes del saneamiento de los municipios para “fabricar” agua potable.

En Gran Canaria, el agua desalinizada supone el 50% de la oferta total insular de agua. La isla cuenta con una capacidad total de desalación de agua de mar de 104 hectómetros cúbicos al año procedente de un total de 20 complejos de desalación públicos y privados. De los 78,3 hm3/año que se producen, 69 son para el suministro a la población y 9 hm3/año para la agricultura. Específicamente, el Consejo Insular de Aguas explota en la actualidad cuatro desalinizadoras de ósmosis inversa que producen entre 5.000 y 15.000 metros cúbicos al día. En estos momentos, junto con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Ciencia e Innovación, se trabaja en una ambiciosa iniciativa, por valor de 20 millones de euros, que permitirá desarrollar y testar tecnología innovadora aplicada a la desalación de aguas en Gran Canaria.

Dedicamos asimismo un enorme esfuerzo a la reutilización de aguas negras –las depuramos casi en su totalidad- haciendo una aportación de 12,7 hm3 anuales al sector agrícola de la isla, esto es, en torno al 30% de las aguas depuradas. Tenemos que conseguir que sea el 100% y en ello estamos trabajando. Esto supone más de 100 hm3 de agua desalinizada o regenerada. En estos momentos se están ejecutando obras tan importantes como la EDAR de Bocabarranco en Gáldar y se está a punto de licitar su emisario submarino.

Para abaratar los costes de producción y reducir las emisiones de CO2, una de las líneas de trabajo prioritarias es la transformación de las actuales instalaciones, combinando la desalación, depuración y reutilización con el empleo de energías sostenibles y sistemas de ahorro energético.

Por ese motivo pusimos en marcha el proyecto RENOVAGUA, un ambicioso plan para que 26 plantas de desalación y depuración, distribuidas por todo el territorio insular, se abastezcan de energías limpias. El Cabildo destina a esta propuesta un total de 18 millones de euros. El objetivo es reducir en un 40% el uso de energías convencionales en la producción y distribución de agua, dejar de emitir 17.000 toneladas de CO2 a la atmósfera y dejar de importar y consumir 4.670 toneladas de petróleo, además de ahorrar dos millones de euros de la cantidad total destinada a desalar agua.

En estos momentos se trabaja también para garantizar el agua en nuestras cumbres y medianías a través de convenios con heredades y particulares, nuevas redes de riego, adquisición de bienes hidráulicos, etc. El Área de Agricultura ha tramitado, desde 2018, unas 25 obras de infraestructuras hidráulicas en 10 municipios por un importe total de 2.375.000 €, entre redes de riego, depósitos de almacenamiento, acondicionamiento de estanques y mejoras en las interconexiones hidráulicas de comunidades de regantes o heredades de aguas. Por su parte, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria ha ejecutado igualmente, desde la misma fecha, 7 obras en infraestructuras hidráulicas por importe total de 1.700.000 €.

Además, el Consejo Insular de Aguas ya dispone de 1.000.000 € para el mismo propósito, aumentando así la red de redes, sistemas de almacenamiento y recursos hídricos en medianías, para asegurar la disponibilidad de agua durante las épocas de menos lluvias. Por su parte, el Ayuntamiento de Tejeda aporta con fondos propios una partida económica de 2.000.000 € para tal fin, lo que sumará más infraestructuras hidráulicas de propiedad pública.

También dentro de la propuesta “La Cumbre Vive”, se encuentran en redacción 6 proyectos de plantas de depuración natural por parte de los Ayuntamientos de Artenara, Tejeda y Gáldar, financiadas por el Cabildo de Gran Canaria. De esta forma se conseguirá un recurso hidráulico complementario más para la zona, dando además así una solución a un problema ambiental de núcleos urbanos aislados. Se trata de una inversión de 1 millón de euros. También se destinan casi 400.000 euros a la recuperación de la Finca de Los Lavaderos y su estanque cueva. Estamos hablando en total de casi 10 millones de euros de inversión, a lo que se sumarán los 700.000 metros cúbicos anuales de agua del Salto de Chira.

He querido a vuela pluma resumir todas aquellas acciones que se realizan desde el Cabildo y el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria para avanzar en la seguridad hídrica de la isla. Es un camino absolutamente necesario para adaptarnos a las afecciones del cambio climático, luchar contra la desertización y seguir impulsando las soberanías energética y alimentaria en Gran Canaria.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria.

El pasado 7 de marzo el precio de la luz pulverizaba todos los récords históricos y alcanzaba un pico de 700 euros el megavatio hora (MWh) a media tarde. Era la consecuencia de la subida del precio del gas por el aumento de la demanda tras las peores fases de la pandemia y por su escasez tras la guerra que ha iniciado Rusia en Ucrania, así como por una nefasta regulación del mercado energético que implica que toda la generación de electricidad se pague al precio de la fuente más cara, en este caso el gas

Es la parte más visible de una crisis energética que también afecta a los combustibles. La gasolina se ha encarecido cerca de un 30% respecto al mismo periodo de 2021, el gasóleo casi un 35% y el gas un 60% (en algunos periodos hasta un 300%), lo que está poniendo en serio riesgo la viabilidad de muchas empresas, en especial agrícolas, ganaderas y de transportes. Estos sectores han iniciado protestas en casi todas las ciudades españolas, generando riesgos de desabastecimiento en muchos lugares.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado subsidios para estas actividades económicas, y ha conseguido que la Unión Europea le dé un tratamiento específico a España y Portugal que permita fijar un precio tope en el mercado energético, aunque todavía falta tiempo para comprobar el efecto de estas medidas sobre los precios.

A pesar de que la inestabilidad económica producida por la inflación y la Guerra de Ucrania no podían preverse, lo cierto es que la crisis energética sí se podía presentir. Llevamos al menos dos décadas avisando: tenemos una gran dependencia energética de lugares inseguros y de sistemas políticos carentes de democracia, el sistema de fijación de precios es una entrega a los lobbies energéticos y las privatizaciones de compañías energéticas un robo a los estados y a la ciudadanía que nos despoja de poder intervenir de manera democrática en un bien tan esencial como es la energía.

Pero, además, en medio de una crisis climática, seguimos dependiendo de los combustibles responsables del cambio climático, destruyendo nuestro entorno y afectando a la salud de la población. Pese a ello, no han dejado en ningún momento de querer imponer el gas en Canarias, con regasificadoras, gasoductos, la introducción del gas ciudad… Desde el Sureste hace muchos años y desde el Cabildo de Gran Canaria más recientemente nos opusimos frontalmente al gas, lo que nos costó no pocas descalificaciones y ataques. A la vista está que teníamos razón.

Aún así, el Gobierno de España, a pesar de los problemas gravísimos que tenemos con el gas, y aprovechando el Decreto-Ley 6/2022 de 29 de marzo por el que se adoptan medidas para paliar el impacto en la economía de la guerra provocada por Rusia al invadir Ucrania, vuelve a insistir en abrir paso a la instalación de regasificadoras en Canarias, sin las preceptivas autorizaciones administrativas. Un intento de meternos un gol por toda la escuadra. Arbitrariamente, por la puerta de atrás, a través de un decreto que no tiene nada que ver con lo que se pretende imponer. Se nos intenta introducir regasificadoras, gasoductos y gas ciudad y que utilicemos el combustible más caro y el más inseguro en su suministro. Obviamente, no lo vamos a permitir. Nos opondremos radicalmente. Una cosa es un mínimo de combustibles fósiles como respaldo y otra el que se nos imponga una super infraestructura gasista.

Más allá de las medidas transitorias que el Gobierno adopte y que en algunos casos ya estamos implementando desde el Cabildo de Gran Canaria ( potenciando el autoconsumo y propiciando el almacenamiento y la garantía de suministro con el Salto de Chira), no cabe otra opción en estos momentos, para combatir el alza de los precios, que gravar los “beneficios caídos del cielo” que están obteniendo las grandes eléctricas, crear organismos públicos de gestión -como ha hecho el Cabildo de Gran Canaria con el Consejo Insular de la Energía, o el Ayuntamiento de Barcelona con la creación de una empresa municipal de energía- para ayudar a la penetración de las renovables y crear parques públicos, y combatir el mercado marginalista que asigna a todas las formas de generación el precio de la más cara.

Pero a corto y medio plazo hay que acelerar las renovables: vencer los neonegacionismos absurdos, combatir el obstruccionismo que a veces nos encontramos dentro de la propia administración, acabar con la burocracia que obliga a retrasar la instalación de un parque al menos seis años, planificar la eólica marina, eliminar las trabas y facilitar el autoconsumo y subvencionar decididamente su implantación en los hogares, las pymes, las zonas comerciales e industriales… También potenciar el autoconsumo compartido y las comunidades energéticas y, desde luego, la eficiencia y el ahorro. Es la mejor manera de incrementar las energías limpias, abaratar los costes y romper nuestra dependencia del exterior y de los combustibles fósiles. Y Gran Canaria parte con una enorme ventaja para hacer posible todo esto: tenemos en el Salto de Chira la gran pila de almacenamiento para la penetración masiva de las renovables.

Desde las administraciones públicas tenemos que hacer autocrítica y escuchar también lo que vienen reclamando, desde hace tiempo, los pequeños y medianos empresarios del sector renovable. No podemos estar seis años para poner en marcha una planta eólica o fotovoltaica, no en estos momentos, y no se puede dar una línea de conexión a la red a un promotor público o privado a 10 o 20 kilómetros. Porque esta decisión carece de ningún tipo de control y lo decide una parte interesada. Eso es hacer inviable cualquier planta eólica o fotovoltaica.

Las crisis económica, energética y bélica no solo han producido un encarecimiento de la generación de electricidad y de los combustibles, sino también un incremento de los precios de los productos y del transporte. La huelga de los transportistas está provocando desabastecimiento de alimentos para las personas y el ganado, aumentando aún más los precios de los insumos, lo que hace inviable la ganadería local.

De la mano de la soberanía energética también hay que avanzar en la soberanía alimentaria. No podemos importar prácticamente la totalidad de lo que comemos. Debemos producir de manera local y sostenible una parte importante de nuestra alimentación, lo que además genera empleo en las zonas rurales y nos ayuda a conservar el medio ambiente y luchar contra los incendios y la desertización.

Para ello hay que incentivar el consumo de productos locales, valorizándolo y dándolo a conocer con iniciativas integrales como “Gran Canaria Me Gusta”, sensibilizar a la población y ayudar al sector (como con la línea de subvenciones de 2.000.000 de euros al sector ganadero que impulsa el Cabildo en estos días). En estos momentos es importante reconvertir el sector del tomate de exportación, que ha dejado de ser rentable pero cuya experiencia puede ser fundamental para cultivar otros productos más centrados en el mercado local y con mayor demanda para exportar. Es evidente que también hay que revisar las ayudas a lo que viene de fuera (el Régimen Especial de Abastecimiento) y compite directamente con lo nuestro y fomentar que las multinacionales y grandes cadenas de supermercados comercialicen el producto local.

Por último hay que avanzar igualmente en la seguridad hídrica apoyada en las renovables y en la gestión eficiente e integral del binomio agua-energía, aumentando la reutilización del agua para llegar a todos los rincones de la isla y abaratar el precio del agua. Es el requisito fundamental para que se pueda desarrollar el sector primario con garantías así como el resto de iniciativas económicas en el interior de Gran Canaria.

Esto no es ni más ni menos que lo que estamos haciendo con el proyecto que hemos denominado “ecoísla” y por el que hemos recibido ataques y por el que en ocasiones hasta nos han intentado ridiculizar. Se trata de transformar nuestro modelo de desarrollo dependiente del exterior por otro autocentrado, basado en la triple soberanía de la que ya he hablado y que diversifique nuestra economía apoyándose en sectores innovadores como el cine, la animación, la digitalización, la innovación, la investigación, las economías verde, azul y circular…

Dice el refrán que “solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena”… espero que lo tengan en cuenta los organismos competentes, porque está tronando demasiado. Es imprescindible intensificar las soberanías energética y alimentaria, destinar inversión pública, desburocratizar nuestras administraciones y recuperar el papel de las instituciones públicas en los sectores estratégicos. Si no lo hacemos las consecuencias para nuestro bienestar, para el planeta y para la propia democracia pueden ser catastróficas.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria.

La tarde del pasado viernes 18 de marzo nos enterábamos, a través de un comunicado del gabinete de la Casa Real marroquí, de que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, había enviado una carta al Rey Mohamed VI en la que le aseguraba que “España considera la iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara como la base más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo”. Es decir, que de facto el Gobierno de España reconocía la soberanía marroquí sobre el Sáhara, algo que no hace ni la ONU, ni la Unión Europea, ni la Unión Africana ni ninguna otra organización internacional ya que, según Naciones Unidas, el Sáhara es un territorio pendiente de descolonización.

Además, nos enteramos de este cambio histórico en la postura de España, que sigue siendo “de iure” la potencia administradora del Sáhara Occidental, a través de una filtración parcial, interesada y humillante del Rey de Marruecos, sin que haya habido debate en el Congreso, sin que el PSOE se lo hubiese comunicado a sus socios de gobierno o a sus socios parlamentarios. Sin ni tan siquiera una comunicación o comparecencia oficial por parte del presidente del Gobierno o de su ministro de Exteriores. Es algo completamente inaceptable el que nos enteremos por una filtración de un acuerdo clandestino y opaco que no plantea de manera diáfana cuáles son las contrapartidas.

La decisión del Gobierno de España de aceptar el plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, frente a la determinación de la ONU y el Tribunal Internacional de La Haya de que se ejerciera el derecho a la autodeterminación en el territorio invadido y anexionado por Marruecos, ha supuesto la segunda gran traición de un Gobierno español al pueblo saharaui. La primera realizada por una dictadura y la segunda por un gobierno democrático, pero en los dos casos con las mismas formas y el mismo fondo. La coincidencia en la denuncia de esta felonía es prácticamente unánime en el conjunto de las fuerzas políticas del arco parlamentario español y de organizaciones sindicales, sociales, etc.

En medio de una crisis bélica y energética que pone en riesgo nuestra economía y nuestra convivencia, el Gobierno español da un giro a sus políticas de respeto al Derecho Internacional y a su papel de potencia administradora, cede al chantaje y se entrega a Marruecos poniendo en riesgo sus relaciones con Argelia, de la que depende el 34% del gas que consume España. Es curioso que España se esté volcando en estos momentos en denunciar y combatir la invasión de Rusia a Ucrania y, al tiempo, justifique la invasión del Sáhara por parte de Marruecos.

A la par, siembran una duda enorme sobre Canarias y sobre la posibilidad de que nuestro archipiélago estuviese en la agenda de la demanda del país alauita sobre la soberanía de nuestra tierra, al mismo nivel que Ceuta y Melilla. Nos tendrán que aclarar si se trata de una burda maniobra política para utilizarnos políticamente y así justificar una actuación aviesa o si realmente estaba en discusión por parte de Marruecos su soberanía sobre este archipiélago. Resulta vergonzoso que la UE y España tengan que ponerse de rodillas ante un país claramente autoritario como Marruecos. Que la Unión Europea y España acepten de manera expresa el cuestionamiento por un sátrapa de la integridad territorial de España. Es una muestra de debilidad, una claudicación vergonzosa de España ante este país autocrático.

En cualquier caso estaríamos ante burdas maniobras coloniales. La realidad es que la Unión Europea, Marruecos y España nos la han jugado siempre en esta partida de intereses. Nos la han jugado y nos la están jugando. Y nos la pueden jugar gravemente en el futuro.

Nos la jugaron primero con la pesca. El primer convenio pesquero entre España y Marruecos a principios de los años ochenta y luego entre la UE y Marruecos, ratificado por el Parlamento Europeo el 12 de febrero de 2019, en el que se incluyen las aguas del Sáhara Occidental, en contra de las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU, supuso un mazazo para nuestros puertos y para nuestros pescadores. La entrega del Banco Canario-Sahariano a Marruecos por parte de España y la UE supuso la caída en picado de nuestra flota artesanal, de la flota pesquera con base en Canarias y el declive del negocio portuario derivado de las pesquerías. No estuvimos nunca presente en las negociaciones ni se tuvo en cuenta nuestra realidad social y económica.

Nos la jugaron igualmente con el Puerto de Agadir, que se ha convertido en una competencia seria para el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Este puerto, que hoy rivaliza directamente con el nuestro y que, al obligarlo así Europa, ha asumido la mayor parte de las descargas de la pesca del Banco Canario-Sahariano, fue financiado por España a través de un crédito de Gobierno a Gobierno suscrito junto a la firma del acuerdo de pesca de 1 de agosto de 1983. Y por supuesto que para hacerlo jamás pensaron en Canarias.

Nos la jugaron también con el tomate. Desde el año 2000 Marruecos y la Unión Europea ponen en marcha un acuerdo de asociación que incluye la pesca como elemento fundamental y que se amplía a la agricultura, libre de aranceles, en el 2012. Y aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligó a excluir al Sáhara de los acuerdos, la realidad es que, con distintos subterfugios, el convenio y los cultivos en el Sáhara Occidental se mantienen en detrimento de los derechos de los saharauis y de la agricultura canaria. El precio por kilo pactado por Europa con Marruecos supuso un atentado brutal contra la agricultura del sur de España y de Canarias. Una competencia desleal –que incumple las normativas europeas en materia laboral y medioambiental- que ha provocado la casi desaparición del cultivo del tomate en nuestra isla y la destrucción de miles de empleos.

Y nos la siguen jugando con la migración. El incremento de la inmigración desde las costas africanas hacia el Archipiélago canario no es ajeno a la ausencia de controles de las fuerzas que Marruecos tiene desplegadas en los territorios de origen de las pateras. Una buena parte de las personas que se juegan la vida cruzando el mar sin garantías de supervivencia son de procedencia marroquí, a pesar de las enormes ayudas que desde la Unión Europea se aportan cada año al Gobierno de Marruecos para mitigar este fenómeno. Las vidas de muchos migrantes se han convertido en moneda de cambio de esta dinámica de tensiones, como ha quedado en evidencia en los acontecimientos sufridos en Ceuta y como, desde mucho antes, viene sucediendo en las costas de Canarias cada vez que surge alguna dificultad en otros escenarios. Ni Europa ni España han obligado al cumplimiento de los objetivos de la cooperación entre Europa y Marruecos no sólo en la aplicación de medidas de seguridad fronteriza sino en el desarrollo de políticas activas de protección de los migrantes, que acaben con la aportación de recursos a fondo perdido.

No hay que olvidar tampoco que hace unos meses Marruecos concedió una licencia exclusiva a una empresa israelí para explorar yacimientos de gas y petróleo al sureste de Canarias, en las costas del Sáhara Occidental, con el silencio de España y la UE. Ese contrato prevé prospecciones petrolíferas y de gas en las aguas del Sáhara Occidental que lindan o invaden las aguas canarias. Pese a ello, la postura del Gobierno de España fue extraordinariamente tímida. La inmensa mayoría del pueblo canario ya mostró con contundencia su rechazo a la pretensión de la industria petrolera de explorar los yacimientos marinos en las aguas canarias cuando el gobierno del Partido Popular, animado por el ministro José Manuel Soria, consintió las perforaciones al noreste del Archipiélago. El nuevo planteamiento no es distinto: la misma industria, con actores diferentes, tratando de forzar la voluntad de los hombres y mujeres de Canarias en un escenario internacional de agotamiento de los combustibles fósiles. Y el Gobierno de España ha tragado y jamás ha definido una estrategia contundente ante las actuaciones que violentan la voluntad de los canarios, que debe incluir el tratamiento sobre las tierras raras situadas en aguas de jurisdicción española.

Esto ocurrió poco después de otra decisión marroquí que no ha sido contestada por parte del Gobierno de España: la aprobación por su Cámara Alta de la ampliación a 200 millas de su zona económica exclusiva y la extensión de la plataforma continental a 350 millas, lo que supone asignarse, además, las aguas del Sáhara Occidental. Esta ampliación afecta directamente a aguas canarias y se hace para la explotación del subsuelo rico en telurio, cobalto y tierras raras y como medio de presión, de nuevo, al gobierno español y canario.

En definitiva, vemos como Canarias es utilizada por parte del Gobierno de Marruecos como elemento de presión y chantaje sobre el Gobierno de España lo que ha llevado a la aceptación por parte de Pedro Sánchez de la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Canarias debe ser contundente en el rechazo a las continuas cesiones por parte de España a un gobierno dictatorial y exigir la defensa de la legalidad internacional y que España haga valer su postura frente a las pretensiones imperialistas del reino alauí. Además ¿quién nos asegura que el monarca absolutista se conformará con lo ya conseguido?

El conflicto sobre la soberanía del Sáhara Occidental y la construcción del Gran Marruecos está en la raíz de esta dinámica de pulsos que el régimen político de Marruecos aplica a sus vecinos. Canarias no sólo es testigo directo de la tensión acumulada en la región desde que España abandonó el Sáhara en 1975, es también víctima directa de los distintos fracasos de la comunidad internacional en la búsqueda de una solución pacífica y duradera para este conflicto.

Por supuesto, no nos olvidamos de la legítima lucha del pueblo saharaui por su libertad y autodeterminación. Marruecos debe poner fin a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental y se debe avanzar en la resolución pacífica, y con respeto a la legalidad internacional, en la descolonización y la celebración de un referéndum que permita la instauración de la República Árabe-Saharaui Democrática con plena soberanía sobre su territorio.

El pasado jueves celebramos en el Auditorio Alfredo Kraus la entrega de Honores y Distinciones del Cabildo de Gran Canaria. Fue una nueva edición de un acto solemne con el que la institución insular conmemora anualmente su fundación. En esta ocasión, su 109 aniversario tiene contenido especial porque las circunstancias que vivimos nos exigen proyectar a toda la sociedad nuestra determinación por salir juntos de estos momentos de incertidumbre que nos amenazan

Nos obligan también a señalar referencias concretas y personales que nos orienten en la dirección por la que debemos transitar. Reconocimos a 19 personas e instituciones que ejemplifican las acciones individuales o colectivas que han ido construyendo el modelo de sociedad que tenemos que defender, sumando esfuerzos públicos y privados, esfuerzos institucionales y de ciudadanía comprometida. Un homenaje a un grupo de personas, entidades y organizaciones que representan lo mejor de nuestros valores cívicos. Y es que son los Honores y Distinciones otorgados por esta institución lo que convierte esta cita en una celebración de lo que somos, en una muestra de una isla que, desde la humildad, no renuncia a tener su propia voz en el mundo. Una voz que se alza, con más razón en este tiempo, como grito en demanda de paz.

Nuevamente vuelve a producirse una guerra en Europa. La invasión de Ucrania por parte de Rusia está provocando la pérdida de miles de vidas, el exilio de millones de personas y una enorme destrucción que costará décadas reparar. Se trata de una agresión injustificable que ha merecido la condena unánime por parte de todos los grupos políticos con representación en el pleno del Cabildo y también nuestra inequívoca solidaridad con el pueblo de Ucrania, que nos recuerda nuestra vulnerabilidad y el sufrimiento de muchos pueblos de nuestro vecino continente africano, donde siguen latentes numerosos conflictos y hostilidades. Una de las razones de la migración dolorosa y forzosa a la que se ven abocados.

Como no puede ser de otra manera, desde Gran Canaria siempre defenderemos la resolución pacífica de los conflictos y la solidaridad y la cooperación entre los pueblos. Esta isla de paz se opondrá siempre a que se sustituyan las políticas del bienestar, de convivencia pacífica y democrática y de descarbonización por una economía de guerra, por una carrera armamentística que genera destrucción, muerte, sufrimiento pero también una huella ecológica insoportable.

Esta guerra, que amenaza con extenderse, estalló en un momento en el que los datos apuntaban a que estábamos dejando atrás la sexta ola de contagios del COVID. Una ola que pese a su virulencia ha generado menos afecciones graves, y que, con toda la prudencia, podría dar lugar a una situación de control de la pandemia. Es necesario seguir expresando nuestro homenaje a todas las familias que han perdido a seres queridos en esta crisis sanitaria y entendemos que el mejor homenaje es ayudar a quienes siguen sufriendo esta realidad a nivel sanitario, social, económico o laboral.

Poco a poco estamos recuperando nuestras vidas, reiniciando nuestros proyectos, reabriendo nuestros negocios, recobrando la esperanza y la confianza en el futuro, con la puesta en marcha de nuestra estrategia de adaptación a la crisis climática que comenzó hace décadas y que se agrava día a día. Nos recuperábamos de una crisis económica, la del 2010, que supuso un ataque brutal también a los servicios públicos y una excusa para abrir abismos de desigualdad en el mundo. Por cierto, unos servicios públicos que después, diezmados, han sido la vanguardia para combatir la crisis y sus consecuencias.

Hay que resaltar el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras que defienden sus puestos de trabajo, a veces sin el reconocimiento y la seguridad que merecen. La voluntad de permanencia y renovación de empresarios que han incrementado sus inversiones renovando sus instalaciones turísticas, industriales o comerciales para facilitar la vuelta a la normalidad. El sacrificio de los pequeños y medianos empresarios y de los autónomos para resistir las dificultades de la coyuntura económica. Nos solidarizamos ante las injusticias y desigualdades que las mujeres han visto incrementarse como resultado de esta pandemia. Aplaudimos la innovación y la inventiva de la juventud canaria que a pesar de las dificultades para acceder al mundo del trabajo se esfuerza por alcanzar una preparación que les permita aumentar sus oportunidades. La cantera es admirable.

Y para estar con la mayoría de nuestra gente, especialmente con quienes peor lo están pasando, el Cabildo de Gran Canaria ha priorizado recursos, programas, inversiones, acciones para materializar esa cercanía y reducir el sufrimiento de miles de grancanarias y grancanarios. Somos el instrumento de una sociedad que quiere seguir avanzando unida.

Es necesario compartir alegrías e ilusiones para la década que está germinando en nuestra isla. Estamos liderando el proceso de transición a la soberanía energética que nos permitirá avanzar hacia la soberanía alimentaria y la seguridad hídrica, además de progresar en las exigencias que nos demanda el cambio climático y la dependencia de los combustibles fósiles en tiempos de incertidumbre en los suministros.

Queremos aprovechar los recursos europeos y estatales para modernizar la movilidad, avanzando en la materialización del tren como respuesta sostenible. Hemos solicitado al Gobierno de Canarias que se aceleren todos los trámites porque Gran Canaria tiene los deberes hechos. Hace apenas unas semanas que celebramos el acto de inicio de las obras de Salto de Chira, un proyecto que va a situar a Gran Canaria a la vanguardia de la innovación para la transición ecológica y energética y para seguir impulsando el sector primario en las cumbres y medianías

Me alegra enormemente que en estas y en otras actuaciones estratégicas citadas todos los grupos políticos presentes en esta institución rememos en el mismo sentido. Y avanzamos juntos también en la modernización de las infraestructuras públicas que mejora la diversificación económica azul, verde, circular y la oferta turística, comercial, industrial y sociosanitaria en los 21 municipios de Gran Canaria.

Es momento de un reconocimiento general por la respuesta social a este tiempo imprevisto y cruel. Y en esta respuesta quiero tener una mención especial al papel de los 21 ayuntamientos de la isla. Hemos y estamos trabajando codo con codo con ellos y además me consta que están realizando un trabajo excepcional que el Cabildo reconoce públicamente. Juntos hemos contribuido también a mostrar nuestra solidaridad con La Palma, de la que tenemos que seguir acordándonos para hacer más fácil su recuperación.

En este contexto de incertidumbre e inestabilidad cobra más importancia si cabe la contribución de los 19 galardonados de esta edición. Mujeres, hombres, empresas, entidades y organizaciones sociales nacidos aquí o venidos de otros lugares para unir su vida, su creatividad y su vocación a esta isla, que desde las más diversas áreas contribuyen día a día a construir una sociedad próspera, una comunidad más fuerte y libre. Un pequeño gran grupo que, este año, refleja la riqueza de nuestra música, desde sus orígenes a sus éxitos más internacionales; nuestra literatura, creada o inspirada en la isla; nuestra diversidad y compromiso social, personal o colectivo; la ciencia y la investigación, el deporte, las iniciativas de emprendedores y emprendedoras, la solidaridad internacional, el ejercicio de la política entendida como servicio público… son todas herramientas poderosas frente a la mayoría de los riesgos que afronta la sociedad actual.

Cada año es extremadamente difícil conceder los galardones ya que dejamos fuera a muchísimas personas y entidades que tienen merecimientos para obtenerlos. Esto nos habla de la increíble vitalidad social de una pequeña isla de poco menos de un millón de habitantes que, sin embargo, tiene figuras destacadísimas en casi todos los campos económico, artístico, social, científico o deportivo.

Creo firmemente en los valores de la isla y de sus gentes. Es esta confianza lo que me guía en la tarea diaria. Me anima cada mañana la seguridad de que pertenecemos a una sociedad excepcional y que tenemos que seguir avanzando, seguros de nuestras capacidades y de nuestro potencial. Como presidente del Cabildo de Gran Canaria creo que también podemos y debemos estar orgullosos de esta institución que día a día, década tras década, demuestra el liderazgo necesario para garantizar un futuro mejor, como sello de identidad de esta Corporación desde que fue creada.

Hoy Gran Canaria sería otra si no contara con una institución como el Cabildo, que responde a una realidad geográfica, social, medioambiental y económica indiscutible: la isla. Nuestras carreteras empiezan y finalizan todas en la isla, somos un sistema energético aislado, nuestros ecosistemas son singulares, y nuestras economías y dinámicas sociales están configuradas desde la insularidad. Por ello, desde la defensa de una Canarias unida y solidaria, reivindicamos una vez más, el papel de las instituciones locales e insulares, y su capacidad para encontrar soluciones a los problemas cotidianos de las personas. Soluciones construidas de manera participativa, aprovechando la enorme inteligencia colectiva que atesoramos como pueblo y que está representada por las personas y entidades galardonadas. Mi más sincera enhorabuena y agradecimiento en nombre de todo el Cabildo de Gran Canaria, de los hombres y mujeres de Gran Canaria.

Los acontecimientos tan dramáticos que estamos viviendo ocupan toda nuestra atención. La guerra se extiende por las ciudades de un país que es un 20% más grande que España y que tiene 44 millones de habitantes, una cantidad similar a la de España. La magnitud de esta agresión nos preocupa por la enorme crisis humanitaria que ha desatado y por la gravedad que supone para la paz y la seguridad mundial. Pero no es una situación realmente nueva. La estamos viviendo aquí al lado con el Sáhara. La hemos vivido en Irak, en Siria, en Afganistán. Quizás por ello somos más conscientes del sufrimiento que padecen millones de personas y expresamos nuestra solidaridad con Ucrania y con los pueblos de Europa central que padecen las consecuencias de la invasión del Gobierno de Vladímir Putin

En medio de este escenario dantesco, imprevisible, hay noticias e imágenes en nuestro día a día que tienen una enorme trascendencia y que, unidas, nos muestran una mejora importante en el mercado laboral, un repunte económico que apuntala la recuperación y que señala que estamos avanzando en una buena dirección, si el conflicto bélico no se extiende o se alarga. Hemos visto hace tan sólo una semana el nuevo paseo de Meloneras con numerosos turistas paseando, visitando los comercios y los restaurantes de la zona y curioseando el yacimiento arqueológico que, como el Faro de Maspalomas, conforma un paisaje para el recuerdo de los miles de viajeros europeos que disfrutan de nuestra tranquilidad y de nuestro clima a orillas del Atlántico. Esta ocupación turística es uno de los principales motivos del crecimiento continuado de la contratación de personal en el último año y de la reducción del paro en nuestra isla. Indica que se ha superado lo peor de las distintas oleadas de la pandemia y que volvemos a los indicadores de antes de la crisis.

Son buenas noticias. Pero hay que resaltar varios aspectos en esta tendencia con la que ha comenzado 2022: en los dos primeros meses del año no solo ha habido un aumento extraordinario de contratos sino que el porcentaje de contratos indefinidos se ha duplicado. Gracias a esta evolución el desempleo ha caído en un año un 22,7%, lo que supone 25.442 desempleados menos. La estadística se dispara respecto a la contratación indefinida, con un incremento de este tipo de contratos de un 235%, a lo que se suma el aumento de un 151% en la conversión de contratos temporales a indefinidos. No parece que la subida del Salario Mínimo Interprofesional haya producido la destrucción masiva de empleos como auguraban las posiciones catastrofistas de algunos sectores económicos y partidos políticos. Al contrario, el 14,7% de los asalariados canarios han visto mejorada su retribución, aunque ello no significa que dejen de ser trabajadores pobres, con ingresos muy bajos, personas vulnerables en una situación de crisis y de alza de precios como la que padecemos.

Otra de las imágenes que se convierten en habituales en nuestro día a día es el enorme volumen de obras en ejecución con las que se mejoran las infraestructuras y los espacios públicos en todos los municipios, gracias fundamentalmente a los planes del Cabildo y de las corporaciones locales. Así lo señala la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que confirma el aumento en un 4, 6% de la inversión pública del Cabildo y los ayuntamientos en el año 2021, frente a la reducción de la del Estado en Canarias en un 32% y la de la Comunidad Autónoma en un 24%. Tendríamos que remontarnos a 2008, antes de la crisis inmobiliaria, para encontrar cifras de inversión cercanas a las alcanzadas el año pasado.

Gran Canaria, además, es la única isla que cuenta con un Plan de Cooperación anual de su Cabildo con los 21 municipios y mancomunidades. Este año asciende a 18 millones de euros, para la realización de 75 actuaciones que supondrán la creación de 350 puestos de trabajo. Esta cifra es importante, pero lo más notable es que la continuidad de este programa ha permitido que entre 2016 y 2021 se hayan invertido más de 131 millones de euros y acometido 827 obras, lo que ha permitido la contratación de más de 2.500 personas. El Cabildo es, además, una de las principales entidades contratadoras de la isla, con un constante trasiego de personas o empresas que prestan servicios a la Corporación.

El Cabildo de Gran Canaria ejecuta en estos momentos obras en la isla por un importe superior a los 1.200 millones de euros en carreteras, platós audiovisuales, Museo de Bellas Artes, Plan Sociosanitario, obras hidráulicas, de depuración y desalación, infraestructuras turísticas, patrimonio histórico, zonas comerciales e industriales, mercados, instalaciones deportivas, impulso a las renovables, etc. El modelo de desarrollo ecosocial que proponemos avanza también hacia la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible verde y azul que garantice nichos de empleos innovadores ligados a la transición energética, la movilidad sostenible, la acuicultura, la investigación, la economía circular, la digitalización... Gran Canaria es la primera isla en disponer de una Estrategia Insular de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, con un presupuesto de 147 millones destinados a infraestructuras (88,6 millones), naturaleza (39,5 millones) gobernanza (15,7 millones) y tecnología (4 millones). Tenemos que avanzar urgentemente en romper nuestra dependencia del exterior de los combustibles fósiles, de los alimentos importados, en la seguridad hídrica…

Además de los fondos europeos destinados a la recuperación tras la pandemia que vamos a pelear por captar, el Cabildo promueve proyectos como Salto de Chira, que movilizará unos 3.000 empleos directos para la construcción, mantenimiento y gestión de la central hidroeléctrica reversible, a lo que habrá que sumar el personal que instalará los parques fotovoltaicos, eólicos, comunidades y almacenamientos energéticos que se pondrán en marcha cuando se garantice la sostenibilidad del sistema con renovables.

Conocedora y sensible con los problemas de un mercado laboral que ha saltado de crisis en crisis durante la última década, de la precariedad en las contrataciones, de la dificultad de las personas más jóvenes para acceder a un empleo, de los problemas para incorporarse al mundo laboral de las mujeres y los mayores de 45 años, así como de las personas con discapacidad, las políticas de empleo del Cabildo se han acentuado en los últimos años y han propiciado la contratación de más de 6.000 personas en este mandato. Tienen una orientación centrada en dar respuestas a las disfunciones del mercado laboral, tal como explicó el consejero de Empleo, Juan Díaz, en el Pleno del pasado mes de febrero al detallar las acciones de su área.

En el mercado laboral actual de la isla las ocupaciones más demandadas son las de vendedores, personal de limpieza, administrativos, camareros, peones de construcción, de la industria, de la actividad agrícola, transportistas, cocineros y albañiles, pero no siempre se encuentran personas con la formación suficiente para su incorporación a una empresa. Por eso se realizan actuaciones desde el Cabildo centradas en el ámbito de la formación, los planes de empleo conjuntos con el Gobierno de Canarias, la garantía juvenil, los incentivos a la contratación, los programas de desarrollo local con los ayuntamientos, las inversiones en centros de formación de municipios y mancomunidades, las lanzaderas de empleo, la construcción de siete centros de formación propios, las labores de asesoramiento y promoción de nuevas empresas y la creación de la Fundación para las Personas con Discapacidad. Por citar solo un ejemplo, el programa de Nuevas Oportunidades de Empleo (NOE) ha incorporado a 102 personas en su reciente convocatoria. Son jóvenes que podrán adquirir experiencia durante un año para así poder superar uno de los requerimientos que se establecen por parte de las empresas para la contratación.

En los últimos diez años la economía de nuestra isla ha sufrido duros embates. Primero el de la crisis económica de 2010 y luego el de la crisis sanitaria provocada por la pandemia. El cero turístico se amortiguó con la aplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), aunque el paro creció en todos los sectores y la inactividad afectó de forma drástica a los autónomos y a muchas pequeñas empresas, a quienes apoyamos con líneas de ayuda desde el Cabildo.

El turismo siempre ha sido, de forma incontestable, el motor mayoritario de la recuperación económica. Nuestro esfuerzo se centra ahora en la búsqueda de una mayor diversificación de nuestra economía. Nos refuerza en esta convicción el conflicto bélico en el Mar Negro, por el que se vuelven a poner en riesgo los datos de recuperación económica, del aumento del número de contratos y de la caída del desempleo en las islas. Se trata de un escenario que afecta de lleno a la Unión Europea de la que formamos parte, con la que compartimos los principios y valores democráticos. De ahí procede casi la totalidad de los turistas que nos visitan. Aunque esta crisis afecta al turismo, también impacta en sectores estratégicos como la energía, el agua, la alimentación, el transporte y las comunicaciones.

Nuestra apuesta tiene que ir necesariamente de la mano de las distintas administraciones, de las empresas, de la Universidad, de los sindicatos, de las onegés. Es la única manera de dar el impulso necesario hacia un modelo sostenible que figura entre las prioridades de nuestra institución. La crisis climática, sanitaria y bélica no hacen más que confirmar la necesidad de que estemos preparados para el futuro, un futuro sostenible en el que el empleo verde crecerá por necesidad, pero también por la firme voluntad del Cabildo en lograr una ecoísla autosuficiente.

En el pleno del Cabildo de Gran Canaria celebrado el pasado 25 de febrero aprobamos una moción con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra el 8 de marzo. El texto ha sido consensuado con los ayuntamientos y se aprobará igualmente en los 21 consistorios de la isla. Y es que, aunque en los últimas décadas y años hayamos vivido una progresión positiva en la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la llegada de la pandemia y la inestabilidad provocada por los problemas de suministros internacionales, la inflación y la guerra de Ucrania así como el ascenso electoral y el reforzamiento de un movimiento de extrema derecha internacional ponen en riesgo muchas de estas conquistas sociales

En este escenario cobra especial importancia el 8 marzo para poner de manifiesto la situación en la que nos encontramos y seguir reivindicando medidas que tengan como objetivo avanzar hacia una igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Además del lacerante drama social de la violencia de género, la muestra más flagrante de la desigualdad de género se produce en el entorno laboral, con especial énfasis en la brecha salarial. La crisis sanitaria está poniendo en serio riesgo el ya de por sí lento proceso de equiparación salarial entre hombres y mujeres: si antes de la pandemia de la COVID 19 se estimaba que acabar con la brecha de género a nivel mundial costaría 99 años, ahora la cifra se coloca en 135 años, según los recientes informes de Intermón Oxfam.

Las mujeres sufren más las injusticias del mercado laboral: los salarios, la precariedad, la duración de los contratos, la tasa de paro… De hecho, según el informe 'Género y desigualdad laboral: La brecha salarial como indicador agregado' de la Fundación Alternativ@s, en 2018 los hombres en España ganaban, de media, un 27,3% más que las mujeres. A pesar de las mejoras que han tenido lugar en los últimos años la crisis produce que esa tendencia se agrave teniendo en cuenta que casi un 40% de las mujeres trabajan en aquellos sectores en los que la caída de la remuneración de las personas asalariadas ha sido mayor durante la pandemia.

A pesar de que las mujeres que trabajan tienen, en términos agregados, un mayor nivel de formación que los hombres, esto no garantiza la ocupación de puestos mejor dotados o la asunción de cargos de responsabilidad sino que las discriminaciones que en el mundo laboral sufren son múltiples y frecuentes.

Además, hay colectivos femeninos que lo sufren en mayor medida. Es el caso de las mujeres migrantes que son especialmente invisibilizadas y discriminadas, ocupando puestos de trabajo con peores condiciones laborales o directamente en la ilegalidad y prácticamente sin protección y sufriendo, en ocasiones, una estigmatización asociada a su cultura, religión o etnia. También las mujeres trans han sufrido tradicionalmente una discriminación laboral severa, tanto en lo referente a la inserción laboral como una vez incorporadas a un puesto de trabajo, donde son sometidas, en multitud de ocasiones, a situaciones vejatorias y a la intromisión sistemática en su vida personal por su identidad de género.

En lo que respecta al mundo rural, los estereotipos de género siguen muy presentes y se sigue viendo el trabajo de las mujeres como una “ayuda familiar”. Muchas mujeres comparten con los hombres las tareas agrícolas y aportan tanto bienes como trabajo. Aun así, en la mayoría de los casos únicamente figura el hombre como titular de la explotación, por lo que la participación de ellas en las obligaciones, y también en los derechos que se desprende de esa gestión, se ve entorpecida para ser desarrollada en condiciones de igualdad, lo que repercute en una menor autonomía económica de las mujeres que permanecen sujetas al ingreso masculino y no contribuyen en su beneficio respecto de prestaciones o subsidios de protección laboral.

¿Qué podemos hacer para revertir esta situación? En primer lugar y aunque parezca muy evidente hay que apostar por la unión para avanzar en igualdad, tal como reza la campaña institucional que el Cabildo de Gran Canaria ha lanzado con motivo del 8 de marzo. Una democracia no puede ser plena si discrimina a más de la mitad de la población. Es necesaria la unidad con firmeza de las personas demócratas y de todas las instituciones frente a los discursos de odio que cuestionan derechos elementales.

Pero esta unión también tiene que traducirse en políticas públicas que favorezcan la igualdad desde un enfoque interseccional, es decir, teniendo en cuenta las diversas formas de discriminación que operan de manera simultánea. En este sentido es fundamental incluir la cuestión de los cuidados como una tarea pública y compartida. El cuidado de nuestros niños y niñas o de nuestros mayores, por poner los dos ejemplos más evidentes, no puede seguir siendo asumido casi en exclusiva por mujeres y además sin remuneración.

Hay que fomentar acciones encaminadas al emprendimiento femenino desde el empoderamiento personal de las mujeres. Es también importante visibilizar a mujeres que pueden ser referentes por ocupar puestos de poder o espacios tradicionalmente masculinizados rompiendo los estereotipos de género: facilita que las niñas desde temprana edad sepan que pueden desempeñar el trabajo que deseen y que la sociedad en general vaya abandonando aquellas ideas preconcebidas que sean discriminatorias.

Hay que impulsar, como estamos haciendo, la titularidad compartida de las explotaciones agrarias para visibilizar y reconocer profesional, social y económicamente el trabajo de las mujeres en la actividad agraria. Esto es especialmente importante en Gran Canaria, ya que las mujeres rurales pueden y deben tener un papel central en el nuevo modelo de desarrollo sostenible que estamos promoviendo desde el gobierno insular.

Y por supuesto no podemos olvidarnos de colectivos con serias dificultades de inserción laboral como mujeres trans, mujeres migrantes, racializadas, de entornos rurales o con diversidad funcional. Hay que promover no solo su integración en el mercado laboral, sino también la generación de puestos de trabajo adaptados a las diversas circunstancias y libres de discriminación.

En definitiva, afrontamos un 8 de marzo con mucho que celebrar pero también con mucho que reivindicar. Porque no podemos permitir que sean las mujeres las que paguen las consecuencias económicas y sociales de la crisis sanitaria ni que demos ni un paso atrás en el largo camino de la igualdad de derechos. Por eso, por encima de todo tenemos que reivindicar la unión en esta tarea. Porque la unión hace la igualdad.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Con más de 300 explotaciones apícolas y casi 11.000 colmenas activas, Gran Canaria es una de las zonas de España con mayor densidad de explotaciones por kilómetro cuadrado. Tal y como ocurre en otros ámbitos de la ganadería, para hacer frente a los nuevos requisitos ambientales y de bienestar animal exigidos, las granjas apícolas deben contar con personas altamente cualificadas que posean básicamente tres características: conocimientos, capacidades y actitudes específicas frente al trabajo de la explotación

La importancia de la apicultura también viene determinada por el crucial papel medioambiental que cumplen las abejas y que está seriamente amenazado. Estos insectos utilizan el polen y el néctar de las flores para alimentarse y producir miel, en un proceso que las convierte en las principales responsables de la polinización. Pero es que además en algunos casos, como sucede en Canarias, hay abejas que recogen polen de solo algunas plantas específicas, siendo por tanto fundamentales para la supervivencia de muchas especies de flora autóctona, lo que las convierte en un elemento clave tanto para la conservación de la biodiversidad como para la agricultura. Son imprescindibles para la cadena alimentaria.

Estamos en un momento en el que se está produciendo un brusco descenso de la población mundial de este insecto. Los pesticidas, el cambio climático, las especies invasoras o la contaminación están afectando a su supervivencia. Este proceso es especialmente grave en Canarias y en Gran Canaria, que cuenta con especies endémicas que están siendo desplazadas por la llegada de otras variedades foráneas. En algunos casos, estas especies son depredadoras y muy agresivas, lo que está provocando cambios de comportamiento en nuestras abejas vernáculas, en general muy mansas pero que se están volviendo agresivas como mecanismo de defensa.

En el blog de divulgación ambiental “Abejas de Canarias” se afirma que Gran Canaria es la isla con mayor diversidad de especies de abejas, con 73 especies diferentes, de las que 52 son compartidas con Tenerife. Tenemos una enorme diversidad que proteger, conservar y divulgar. Además, la apicultura es también una fuente de desarrollo sostenible para medianías y cumbres en las que se concentran las colmenas.

Con la idea de potenciar el sector en la isla nació en el año 2018 el proyecto de Escuela de Apicultura de Gran Canaria. Tras tres ediciones y un total de 148 solicitudes de participación, se han capacitado hasta la fecha 34 personas (12 mujeres y 22 hombres). Cada vez más, estos estudios despiertan interés más allá de nuestras fronteras, con solicitudes de alumnos y alumnas que provienen no solo de otras islas o de la Península, sino de países como Polonia o Italia.

Hace unas semanas inauguramos las nuevas instalaciones de este centro de formación. Con una inversión cercana a los 300.000 euros hemos recuperado un edificio que se encontraba en ruinas en medio de un entorno catalogado como suelo de protección natural.

La ubicación de la Escuela de Apicultura es, seguramente, la ideal para este tipo de estudios: cercana a la Granja Agrícola del Cabildo y a la Facultad de Veterinaria y con una flora que permite la supervivencia de las colmenas que sirven de apoyo para las prácticas y, a la vez, está también suficientemente alejada como para no crear molestia alguna a los usuarios de las oficinas, estudiantes o ciudadanía en general. Esta escuela ha sido posible gracias a la inestimable colaboración de la ULPGC, especialmente de los catedráticos Anselmo Gracia y Antonio Fernández y el veterinario Pablo Pérez Acosta ya que sin su implicación este proyecto no hubiera dado los resultados esperados.

Esta acción es el emblema del Plan Insular de Fomento de la Apicultura, que incluye un amplio rango de actuaciones como el convenio firmado con la ULPGC para la mejora genética de la abeja Negra Canaria que empezará a dar sus frutos muy pronto, con la inminente campaña de cesión de abejas reinas que pretende reducir el nivel de hibridación de las abejas de Gran Canaria en pro de su supervivencia.

Asimismo hemos creado y potenciado la Marca de Garantía, Gran Canaria Calidad para la Miel de Gran Canaria, a la que desde el año 2013 se han adscrito un total de 13 apicultores. En esta línea, gracias al trabajo desarrollado por el Laboratorio Agroalimentario y Fitopatológico del Cabildo de Gran Canaria y con el fin de garantizar su calidad, también implantamos el servicio de análisis de la miel. Se trata de un servicio gratuito para el apicultor que le permite analizar un lote de miel tanto desde el punto de vista fisicoquímico como polínico.

Igualmente contamos con una línea de subvenciones anuales para el sector apícola destinadas a cubrir gastos de funcionamiento y gastos relativos a formación y a otras acciones. Este año hay presupuestados 60.000 € en 4 líneas de concurrencia competitiva. Por último, cada año se realiza el Concurso Oficial de Cata, un gran escaparate para dar a conocer las mieles producidas en la isla.

El incendio de 2019 afectó a muchas colmenas y desde entonces se articularon tres medidas de apoyo a la apicultura. Las dos primeras, la compra de alimento para las colmenas y la adquisición de cera, fueron ejecutadas en un breve periodo de tiempo. Pero la tercera medida, de mayor calado, fue la reposición de gran parte de las colmenas quemadas con la cesión de núcleos elaborados por el Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con la ULPGC. Desde esa fecha, se han entregado un total de 600 núcleos a los 21 apicultores afectados por el incendio. Se trata de una actuación de gran complejidad ya que estas pequeñas colmenas dependen en gran medida del ciclo natural de las abejas.

Junto con la inauguración de las nuevas instalaciones de la Escuela, ese día culminamos el proceso con la entrega del último núcleo a Antonio Eulogio Rodríguez Mendoza, una de las personas damnificadas que con más de 450 colmenas es uno de los apicultores con mayor producción de Canarias.

El plan de apoyo a la apicultura y su nueva Escuela son la vía para el fomento de una actividad referente para el nuevo modelo de desarrollo ecosocial que impulsamos para Gran Canaria. En ella confluyen desarrollo económico en medianías y cumbres, protección medioambiental, formación, innovación y desarrollo y fomento del producto local de calidad. Tenemos el convencimiento de que esta combinación es clave para garantizar un futuro de bienestar para la isla.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria.