La organización alza la voz sobre una situación que preocupa cada vez a más canarios y canarias, con un enfoque riguroso basado en cifras y estadísticas

El Secretariado Nacional de Drago Canarias, máximo órgano de dirección política del partido, se reunió el pasado sábado 20 de julio en la isla de Tenerife para abordar, entre otras cuestiones, la expansión territorial del espacio en todos los rincones de las ocho islas, la aprobación de nuevos documentos organizativos y la situación política del Archipiélago canario.

Desde nuestra constitución en 2022, en Drago Canarias hemos abordado todos los debates que se han venido sustanciando tanto a pie de calle como en las instituciones y, con especial hincapié, la crisis del modelo de turismo masivo, la depredación del territorio y de las personas que lo habitamos, la incapacidad de la población canaria de acceder a una vivienda digna, la pérdida de nuestra identidad cultural frente a modelos pretendidamente importados, la degradación de los servicios públicos, la ausencia de obediencia canaria frente a los intereses de actores con sede en el continente europeo o la mal llamada ―y gestionada― crisis migratoria.

Es por ello que nuestro espacio no permanece ajeno al debate que se está dando en las Islas Canarias sobre la problemática de la inseguridad, y que como hemos venido defendiendo, está ligada de forma intrínseca a nuestro precario modelo productivo y a la ausencia de políticas públicas efectivas para dar respuesta a los desafíos sociales, económicos, culturales y políticos que está enfrentando el Archipiélago.

Flaco favor haría a la sociedad canaria quien desde postulados soberanistas y progresistas no de batalla en este campo, mediante el planteamiento de un marco alternativo al racista, xenófobo y discriminatorio, basado en la rigurosidad, la propuesta y la calma, y se limite a realizar condenas generalistas, a defender que se trata de episodios puntuales o a ausentarse del debate público por el miedo a que les tachen de racistas o de entrar en el juego al que quiere llevarnos la ultraderecha.

La realidad es que la partida discursiva, que luego se traslada a las instituciones, ya la están imponiendo por la vía de la fuerza mediática. Además, no podemos obviar que estos mismos mensajes están calando en los centros de trabajo, en los patios de colegios e institutos, en las barras de los bares, en las orillas de las playas, en las pintadas callejeras, en redes sociales y en barrios obreros y progresistas.

¿Es la sociedad canaria una sociedad racista y xenófoba? A tenor de su proceso de colonización, mestizaje, migraciones de ida y vuelta, así como su histórica solidaridad con numerosos pueblos del sur global, ya sean latinos, africanos o asiáticos, podemos afirmar que no, que todo lo contrario. Quizá, una de las señas identitarias de Canarias como nación es precisamente haberse convertido en un territorio de paz, encuentro y acogida.

Sin embargo, en nuestro Archipiélago nos despertamos casi todos los días con noticias que revuelven las tripas y que son hábilmente utilizadas por los grupos de extrema derecha para generar odio hacia las personas migrantes y crispar a la población canaria. Basta con mirar el incremento progresivo de los delitos de odio relacionados con el racismo y la xenofobia.

¿Es lógico que el barrio de la Isleta se asuste, cabree y exija depurar responsabilidades debido a que un migrante marroquí, de veinte años, sobre el que pesaba una orden de expulsión del territorio español, haya presuntamente quemado viva a una niña de diecisiete años que estaba tutelada por los servicios sociales? Sí, especialmente porque fallaron los tres niveles de administración: estatal, autonómica y municipal.

¿Es lógico que el pueblo de Corralejo se asuste, cabree y exija depurar responsabilidades porque cuatro migrantes marroquíes, en situación irregular, asesinaron a un turista danés para robarle el móvil, atravesándole con una viga de hierro? Sí, especialmente por la brutalidad del hecho delictivo.

¿Es lógico que muchas personas, especialmente de barrios obreros y populares, demanden mayor seguridad por los robos y atracos que se están sucediendo a lo largo y ancho de nuestro país, que en numerosas ocasiones son cometidos por personas migrantes en situación irregular? Sí.

Negar que existe una problemática relacionada con la inseguridad y la gestión de la migración es caer en la trampa de esa izquierda que infantiliza y romantiza, como una extensión del mito del ‘buen salvaje’. Las personas que no sean “hombres blancos cis heterosexuales” también pueden ser malas, con independencia de las interseccionalidades que las atraviesen.

Huelga decir que la infinita mayoría de las personas migrantes que llegan a las Islas Canarias pretenden pasar por aquí como una etapa hasta llegar a Europa, o en todo caso quieren formarse y trabajar. Es la política europea y estatal de considerar a Canarias una cárcel a cielo abierto y un modelo de monocultivo turístico masivo lo que está generando enormes dificultades para que puedan continuar su ruta migratoria.

Si las potencias europeas, incluidas la española y con la connivencia de mucho empresariado canario, continúan con el colonialismo, expolio, depredación y saqueo de África, obligando a sus habitantes a migrar hacia Europa…

Si no existen rutas legales y seguras para que estas personas migren, viéndose abocadas a la ilegalidad, irregularidad y clandestinidad, encontrándose en una espiral de vulneraciones de derechos, redes de criminalidad, aceptación de trabajos no reglados, explotación por personas locales sin escrúpulos y un sinfín de problemáticas ligadas con el proceso migratorio que imposibilitan su integración…

Si la Unión Europea y el Estado español bloquean la salida de las personas migrantes de las Islas Canarias y a su vez no existen dispositivos suficientes para su acogida, alojamiento, integración y garantía de los derechos vitales más básicos...

Si las lógicas coloniales y racistas de buena parte de la política partidista española hacen imposible una distribución ordenada y progresiva de los niños y niñas migrantes en situación de vulnerabilidad que ahora mismo acoge en situaciones indignas el Gobierno de Canarias…

Si el Gobierno de Canarias, 20 años después de la primera llegada de un cayuco, todavía no dispone de una red de atención inmediata suficiente, y es incapaz de garantizar los derechos, libertades e intereses de los niños y niñas que están bajo su tutela y custodia…

Si los juzgados tienen que ordenar el cierre de centros que acogen a niños y niñas migrantes en situación de vulnerabilidad, como Fortaleza I, gestionado por la actual Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, en manos de Coalición Canaria, por presuntos delitos de odio, lesiones y amenazas…

Si la Fiscalía Europea tiene que hacerse cargo de la investigación que pesa sobre la Fundación Siglo XXI por los pagos realizados por la pasada Consejería de Bienestar Social, en manos de Podemos, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, administración desleal y falsedad en documento mercantil...

Si durante estos más de 40 años de Estatuto de Autonomía de las Islas Canarias los partidos políticos que han gobernado fueron y son incapaces, no ya solo de crear un sistema público de servicios sociales garantista, sino que se ha pretendido un adelgazamiento consciente de lo público en favor de las privatizaciones, externalizaciones y concesiones…

Si las trabajadoras sociales, educadoras sociales, psicólogas y demás personas trabajadoras que prestan servicios en los centros de menores y mayores vienen denunciando la escasez de personal, recursos y dispositivos de acogida…

…Resulta lógico que muchas personas migrantes, adultas o menores acaben deambulando y malviviendo en calles, plazas, puertos y playas, generando una lógica percepción de inseguridad, no ya solo por episodios puntuales de violencia, conflicto o robos, sino porque la población canaria asiste a una cronificación de la problemática sin visos de que pueda resolverse, dada la incapacidad de todos los niveles administrativos intervinientes.

Sin embargo, frente al uso racista y xenófobo que se está haciendo desde la institucionalidad de la inseguridad y los procesos migratorios, desde Drago Canarias queremos hacer pedagogía sobre cuáles son las verdaderas causas y fuentes de criminalidad, por aquello de que el dato mata el relato. No negamos la percepción y sensación que comparten amplias capas populares sobre un decaimiento real de su seguridad en los barrios, sino que estos se tienen que poner en contexto.

Según el balance de criminalidad de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior del Gobierno español, en Canarias, en 2019, se cometieron 95.986 delitos. Cinco años más tarde, después de que hayan llegado a Canarias decenas de miles de personas migrantes por mar, en 2024 se cometieron 90.357 delitos. ¿Qué correlación hay entonces sobre que a más migraciones más criminalidad? Ninguna, si se analizan los datos globalmente.

Es más, según este informe de balance de criminalidad, en el primer trimestre de 2025, en el acumulado de enero a marzo, la criminalidad en las Islas Canarias ha descendido en un 2,5 % con respecto a 2024.

Los delitos que descienden son los siguientes (sic):

Delitos contra la libertad sexual (sin agresiones con penetración): - 1,80 %.

Robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones: - 11,10 %.

Hurtos: - 5,00 %.

Sustracciones de vehículos: - 14,60 %.

Resto de criminalidad convencional: - 1,10 %.

Estafas informáticas: - 13,50 %.

Los delitos que aumentan son los siguientes (SIC):

Homicidios dolosos y asesinatos consumados: 400,00 %.

Homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa: 87,50 %.

Lesiones y riñas tumultuarias: 14,10 %.

Agresiones sexuales con penetración: 11,10 %.

Robos con violencia e intimidación: 7,60 %.

Tráfico de drogas: 21,40 %.

Ciberdelitos: 11,00 %.

Especialmente preocupantes son los incrementos de los homicidios y asesinatos, tanto de los consumados como los que se quedaron en su tentativa, pero también el tráfico de drogas y las agresiones sexuales con penetración.

Y si nos adentramos en la distribución territorial de la comisión de delitos en nuestro Archipiélago, nos encontramos con unas cuantas ¿sorpresas?.

En todas las islas cae la criminalidad, menos en Fuerteventura, que tiene un aumento general del 19,60 %, pero que se concreta en dos municipios muy particulares: La Oliva, con un 37,80 % y Pájara, con un 40,00 %. ¿Qué tienen en común? Que alojan en ellos los grandes núcleos turísticos de la isla.

Si ahondamos entre los municipios de todo el Estado español de más de 20.000 habitantes con mayor tasa de criminalidad convencional (es decir, sin cibercriminalidad), se encuentran:

Adeje: puesto segundo, con una tasa de 118 delitos por cada 1.000 habitantes.

Mogán: puesto once, con una tasa de 79 delitos por cada 1.000 habitantes.

Puerto de La Cruz: puesto quince, con una tasa de 75 delitos por cada 1.000 habitantes.

San Bartolomé de Tirajana: puesto diecisiete, con una tasa de 75 delitos por cada 1.000 habitantes.

Arona: puesto dieciocho, con una tasa de 74 delitos por cada 1.000 habitantes.

¿Qué tienen en común todos estos municipios? Efectivamente, son todos turísticos.

A nadie se le escapa que los núcleos netamente turísticos son una fuente interminable de criminalidad, provocados por el propio modelo: delitos de lesiones, delitos contra la seguridad vial, riñas tumultuarias, pequeños hurtos, falsificaciones de productos comerciales, intentos de estafa, trata de personas, prostitución infantil, tráfico de drogas, secuestros, blanqueo de capitales, fraude fiscal, organizaciones criminales, corrupción, etc.

Asimismo, es notorio que en las Islas Canarias se están asentando diversas mafias y organizaciones criminales que provienen de toda Europa, o que numerosos criminales prófugos de la justicia entienden que Canarias es hoy en día un refugio, o que el Archipiélago viene siendo un lugar estratégico para el tráfico de drogas hacia Europa.

Pero es que el propio modelo de turismo masivo está generando una espiral de pobreza, desigualdad y precariedad que lejos de combatir la criminalidad, indirectamente la cronifica o incrementa, puesto que cada vez son más las personas canarias y migrantes racializadas las que se ven expulsadas del mercado laboral, de la vivienda o de la capacidad de compra de productos básicos.

Si desahucian a una persona en Canarias, que acaba okupando la vivienda de un banco, se le imputará un delito de usurpación, que pasará a engrosar las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior.

Si una persona canaria, padre de familia, tiene que hacer un hurto famélico para llegar a fin de mes y dar de comer a sus hijos, se le imputará un delito de robo sin fuerza en las cosas, que pasará a engrosar las estadísticas de criminalidad del Ministerio del Interior.

Entonces, ¿qué porcentaje de toda esta criminalidad viene provocada por el propio modelo impuesto en las Islas Canarias o consecuencia de los nefastos índices socioeconómicos que tenemos? Si mejorasen sustancialmente las condiciones materiales de vida de las personas canarias y hubiera una regulación acorde a las necesidades de nuestro país, la criminalidad se vería reducida.

Llegados a este punto, cabe preguntarse también por qué lejos de combatir el discurso xenófobo y racista de la ultraderecha, muchos actores políticos, institucionales, sociales, económicos y culturales callan. Y probablemente sea porque, una vez más, no quieren hablar del elefante que habita el salón: el modelo colonial y de monocultivo económico, que tanto daño hace a nuestro país.