Ejecutivo y organizaciones reclaman al Estado soluciones “urgentes” ante la saturación de los centros para atender a los más de 5.200 niños y niñas acogidos en la actualidad y a “los que van a llegar”

El presidente Fernando Clavijo abordará este problema “urgente” con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una reunión el próximo viernes en La Palma

Gobierno de Canarias y entidades encargadas de gestionar los centros de menores migrantes no acompañados constataron este martes la situación “límite” que sufre el sistema de atención a menores migrantes no acompañados debido a las dificultades para encontrar más inmuebles y personal. Ante esta “saturación”, tanto el presidente Fernando Clavijo como las organizaciones no gubernamentales han vuelto a reclamar al Estado una respuesta urgente que permita la distribución de estos niños y niñas en todo el territorio español.

En este sentido, Clavijo ha asegurado que seguirá trabajando para lograr la aprobación en Consejo de Ministros de un decreto ley que cuente con los apoyos parlamentarios necesarios y el respaldo de las comunidades autónomas. A su juicio, pese a la tensión política nacional, son muy pocas las diferencias que existen para superar esa negociación porque “todos estamos de acuerdo en que hay que garantizar la atención” de los menores migrantes.

También el representante de las entidades encargadas de gestionar los centros de menores, Miguel Ángel Díaz de la organización Nuevo Futuro, lanzó un “alto y fuerte basta ya de toda Canarias”, para solicitar a la Estado y a la UE que den una respuesta efectiva a “estos niños y niños a los que estamos obligados a garantizar sus derechos”.

Díaz explicó que debido a la saturación actual de un sistema de acogida, “que hace tiempo está al borde de lo imposible”, los menores no están recibiendo el cuidado que necesitan para tener “un proyecto de vida”, algo que será aún más difícil si cabe si en los próximos meses se incrementa la llegada de embarcaciones desde África como se espera.

Esta situación “límite” y la reclamación de respuesta urgente por parte del Estado será trasladada en primera persona por el presidente Fernando Clavijo al titular del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una reunión prevista para el próximo viernes en La Palma.

Protocolo de trabajo

Clavijo, acompañado por la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, mantuvo este martes una reunión con representantes de diez de las entidades que gestionan centros de menores extranjeros no acompañados del archipiélago para analizar la situación y coordinar respuestas. El presidente agradeció a estas organizaciones el “enorme esfuerzo” que están realizando para atender a estos niños y niñas lo mejor posible.

El archipiélago cuenta, con la actualidad, con unos 5.200 menores migrantes no acompañados bajo tutela del Gobierno que están siendo acogidos en una red de 81 recursos. Para su primera atención, el Ejecutivo ha habilitado ya una carpa de primera acogida de estas chicas y chicos en el puerto de Lanzarote y ha solicitado a las autoridades competentes en puertos la instalación de otras dos carpas, una en Tenerife y otra en El Hierro.

A pesar de las dificultades a las que se enfrenta el Ejecutivo autonómico para atender a este volumen de menores, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias está ultimando un protocolo de trabajo con todas las entidades que gestionan este tipo de centros.

En este documento se unificarán todos los pasos que deben dar las entidades y se incluirán aspectos como la recepción de los menores, la comunicación con el Servicio Canario de la Salud o los traslados entre centros. “Buscamos garantizar una comunicación más ágil y eficiente con las entidades, velando siempre por los derechos de los menores”, resumió Delgado.

En la reunión celebrada este martes en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria han participado representantes de las entidades Cruz Blanca, Mundo Nuevo, Quorum, Coliseo, Asproinfa, Fepas, Cepsocial, Nuevo Futuro, Samu y Siglo XXI. También el viceconsejero de Asuntos Sociales, Francis Candil, y la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Juana de la Rosa González.

El acuerdo del Consejo, amparado en la emergencia migratoria declarada hace un año, permite la incorporación inmediata de 39 trabajadores a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias

El Ejecutivo autónomo adopta esta medida extraordinaria para acelerar la tramitación de los expedientes administrativos de los más de 5.500 niños y niñas que en la actualidad acoge en solitario

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este miércoles un plan de choque para reforzar la atención inmediata a los menores migrantes no acompañados. El acuerdo, adoptado al amparo de la declaración de emergencia migratoria decretada el 1 de agosto de 2023, supone la incorporación urgente de 39 trabajadores a la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias.

Esta medida tiene como objetivo acelerar la tramitación de los expedientes correspondientes a los más de 5.500 niños y niñas migrantes que Canarias acoge en la actualidad, además de preparar el sistema de atención para la llegada de nuevos menores prevista en los próximos meses. Para ello, el departamento dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias contará con 19 trabajadores sociales y 20 administrativos más.

El acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno declara “el carácter excepcional de la situación de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que llegan a Canarias” lo que determina la “necesidad de incorporar profesionales de trabajo social y administrativos para dar respuesta, entre otros, a la tramitación de documentación, comunicaciones a la fiscalía, reunificaciones familiares y seguimiento social, traslado a la península u otros territorios de la Unión Europea o protección internacional”.

Con el fin de agilizar la tramitación de todos estos expedientes administrativos y reforzar la atención a los menores migrantes, la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias contará con carácter temporal con 39 funcionarios interinos destinados a la ejecución del programa de choque que se desarrollará en lo que resta de año y durante todo 2025. El acuerdo adoptado este miércoles por el Consejo de Gobierno cuantifica en 2,2 millones de euros el coste de este plan extraordinario: 582.000 euros desde agosto a diciembre de 2024 y 1,2 millones para el próximo ejercicio presupuestario.

El artículo 57.1 de la Ley 7/2023, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024, establece que no se podrán realizar nombramientos de funcionarios interinos y de personal estatutario temporal y sustituto, “salvo en casos excepcionales y para atender necesidades urgentes e inaplazables debidamente justificadas, siempre que se acredite la adecuada cobertura presupuestaria, con objeto de garantizar la prestación de los servicios a la ciudadanía y el funcionamiento de la Administración”.

Además, el Consejo de Gobierno adopta este acuerdo amparado por el apartado 2.c) del citado artículo que especifica que “el nombramiento de personal funcionario interino podrá tener lugar para la ejecución de programas de carácter temporal que tengan por finalidad hacer frente a siniestros o catástrofes, o a situaciones críticas de carácter social o sanitario, así como a otras situaciones que no puedan ser atendidas con los recursos ordinarios y que el Gobierno, mediante acuerdo, declare de carácter excepcional”.

En la actualidad, la comunidad autónoma acoge en solitario más de 5.500 menores migrantes no acompañados distribuidos en 80 dispositivos, la mayoría de ellos abiertos con urgencia gracias a la declaración de emergencia migratoria decretada por el Gobierno de Canarias el 1 de agosto del año pasado.

La moción de Nueva Canarias-Bloque Canarista y el Partido Socialista Canario-PSOE aprobada por mayoría en el Pleno insta al PP a ser coherente con el acuerdo que firmó con todos los partidos del Parlamento canario, salvo VOX, los cabildos, los ayuntamientos y las principales organizaciones de acogida

El Cabildo de Gran Canaria condenó por mayoría, en su sesión plenaria del viernes 26 de julio, la posición adoptada por las y los diputados del Partido Popular y de VOX en el Congreso, al votar en contra de la admisión a trámite de la Proposición de Ley de Modificación de la Ley de Extranjería, que habilitaba la posibilidad de una acogida de niños, niñas y adolescentes extranjeros no acompañados más equilibrada entre las comunidades autónomas fronterizas y las que no lo son.

Una actitud que, tal y como se argumenta en la moción defendida por Nueva Canarias-Bloque Canarista y el Partido Socialista Canario-PSOE y aprobada por la mayoría de la Cámara insular, con el rechazo del PP, CC y VOX, ha dejado muy clara la oposición de esas diputadas y diputados al principio básico de ‘interés superior del menor’ y ha demostrado “su traición a Canarias”, ya que “han incumplido su deber de defender la circunscripción por la que fueron elegidos”.

Tal y como aseguró el presidente del Gobierno insular, Antonio Morales, “el PP, con su voto en contra, quería una derrota del Gobierno de España y no separarse de las posiciones de VOX, porque, al final, está siguiendo su estela, para no perder a esa parte de su electorado. Pero cuando un partido político basa su acción legítima de ser la oposición al Gobierno español en ‘tienes que perder para yo ganar’, está traicionando a los hombres y a las mujeres que nos delegan su voto para defender sus intereses”, afirmó. “Si las y los diputados canarios hubieran votado a favor, hoy se hubiese tomado en consideración esa propuesta y estaríamos negociando. Pero, desgraciadamente, se ha producido un enorme fraude a las expectativas y a las demandas de esta tierra, y es algo que tenemos que lamentar, dado que lo están padeciendo todos esos niños y niñas”, declaró.

Porque, como también se destaca en la moción, esas y esos representantes de las Islas “se han posicionado a favor de un bloqueo a la acogida, condenando a la saturación de los centros de menores, en un momento de emergencia humanitaria, lo que afecta en primera línea a los niños, niñas y adolescentes no acompañados, pero también de forma especial a Gran Canaria, que es la Isla con mayor número de recursos y menores acogidos”.

Por todo ello, el Pleno decidió instar al Partido Popular a encontrar una posición de coherencia, que alinee lo que sus representantes en Canarias han firmado con lo que sus diputados y diputadas en el Congreso han votado, después de haber rubricado un acuerdo con todos los partidos con presencia en el Parlamento de Canarias, salvo VOX, los cabildos, los ayuntamientos y las principales organizaciones sociales de acogida, a favor de esta reforma necesaria paras la y los menores, que vela por su interés superior y en defensa de una acogida digna en los territorios fronterizos.

En el argumentario de la moción de NC-BC y PSC-PSOE se hace hincapié en cómo, desde que arribó la primera patera a Canarias, en 1994, han entrado por las costas canarias 225.498 personas migrantes, de los que el 53% lo ha hecho en los últimos cuatro años. Además, se recalca que, en los primeros seis meses de este 2024, se ha registrado la mayor intensidad migratoria de llegadas desde que hay registros y se ha duplicado el número de supervivientes arribados a las Islas en la primera mitad de cualquier otro año. “Estos datos muestran la emergencia migratoria sin igual que vivimos y cómo debemos acomodar la legislación a una gestión posible”, subraya el documento firmado por los dos grupos que conforman el Gobierno insular.

Incide en que, desde la declaración de la pandemia de la COVID-19, se ha incrementado de forma significativa el número de mujeres y menores no acompañados que transitan por el océano en busca de tierra firme, al pasar de un 5% a un 25% el volumen de personas llegadas a Canarias. Igualmente, también ha aumentado la cantidad de menores que arriban solos, tanto de aquellos que tienen menos de 10 años como de las niñas que son embarcadas sin referentes adultos, “en lo que, sin duda, representa un acto de desesperación”, se recalca en el documento.

Finalmente, refiere que, hasta ahora, la acogida por parte de otras comunidades autónomas de menores cobijados en territorios fronterizos como Canarias ha sido de carácter voluntario. Pero constata que, “desgraciadamente, los ínfimos traslados han demostrado que, en este caso, la llamada a la solidaridad y a la responsabilidad compartida no ha sido suficiente”, por lo que, ante la perspectiva de la situación venidera en el último tramo de este año y tomando como referencia los anteriores y las previsiones para el actual, la moción concluye que la reforma de la Ley de Extranjería es absolutamente imprescindible.

Salvar los juzgados de Violencia de Género de Arucas, Guía y Telde

En el mismo capítulo de mociones, todas y todos los miembros del Pleno, salvo las y los consejeros de VOX, dieron su ‘sí’ a la propuesta de los grupos de Gobierno, Nueva Canarias-Bloque Canarias y Partido Socialista Canario-PSOE, de corregir el Real Decreto 1170/2023, de 27 de diciembre, de creación de unidades judiciales correspondientes a la programación de 2023, y de adecuación de la planta judicial.

Por ello, se avaló comunicar a la Delegación del Gobierno sobre la Violencia hacia las Mujeres, órgano encargado de coordinar e impulsar la ejecución de las medidas del Pacto de Estado, para que reconsidere y deje sin efecto ese Real Decreto y que los juzgados que atienden a mujeres víctimas de Violencia de Género en los municipios de Arucas, Santa María de Guía y Telde puedan seguir actuando en los juicios de las habitantes de entornos rurales que así lo demanden, por cercanía y proximidad. E, igualmente, se solicitará que se forme en la materia y que se amplíe la especialización en las tres instituciones.

‘Sí’ a los 69 millones del Plan Adicional de Inversiones en los Municipios

El Pleno insular dio el visto bueno, con el voto favorable de todos los grupos y en contra de VOX, a la iniciativa de la Consejería de Hacienda y Emergencias, tutelada por Pedro Justo Brito, de modificar el Plan Estratégico de Subvenciones 2024, para destinar 69 millones de euros al denominado ‘Plan Adicional de Inversiones en los 21 Municipios de Gran Canaria’, que gestiona el Área de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, que dirige Carmelo Ramírez. Una operación que se deriva de una modificación de crédito previa del Presupuesto del Cabildo de Gran Canaria del presente ejercicio, que asciende a esa cantidad, procedente en su totalidad de Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales.

Este Plan se configura como una herramienta esencial para promover un desarrollo territorial equitativo, mediante la reducción de las brechas existentes y asegurando que todos los municipios, independientemente de su tamaño o recursos, puedan acceder a infraestructuras y servicios de calidad. Por eso, y teniendo en cuenta la población de cada uno de ellos, la distribución de estos fondos, de menos a más habitantes, es de dos millones de euros para Artenara, Tejeda, Valleseco, Agaete, La Aldea de San Nicolás, Firgas, San Mateo y Moya; tres millones para Valsequillo, Teror, Santa María de Guía y Santa Brígida; cuatro millones para Mogán, Gáldar, Ingenio, Agüimes, Arucas y San Bartolomé de Tirajana; cinco millones para Santa Lucía de Tirajana y Telde, y siete millones para Las Palmas de Gran Canaria.

Igualmente, la mayoría de la Cámara dijo ‘sí’ a una segunda modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2024, con objeto de incrementar sus fondos en 380.634 euros, para sufragar proyectos propuestos por dos ayuntamientos, el de Moya y el de Santa Lucía de Tirajana, y otras siete entidades. Este capital, a su vez, proviene de la aprobación inicial de una modificación de créditos del Presupuesto del Cabildo de Gran Canaria del presente ejercicio, que asciende a 5.580.036 euros, de los cuales corresponden 522.578 a créditos extraordinarios y 5.057.458 a suplementos de créditos.

Más proyectos para los planes de cooperación con ayuntamientos y mancomunidades

Todas y todos los consejeros apoyaron la proposición del responsable del Área de Cooperación Institucional de modificar el Plan de Cooperación con la Mancomunidad de Municipios de las Medianías de Gran Canaria, en la anualidad 2023, para incluir fondos para el suministro de vehículo tipo ‘pickup 4x4’, equipada con pluma y cesta para el Área de Servicios Básicos de Valsequillo, a financiar con 64.414 euros, con cargo al crédito disponible generado por remanentes obtenidos en las distintas fases de la tramitación de este Plan, y de los que el Cabildo aporta 64.200 y la entidad los 214 restantes. También se autorizó a la Mancomunidad la gestión de la contratación y la ejecución de esta iniciativa.

De igual manera, y por mayoría, se dio luz verde a una segunda modificación de ese Plan de Cooperación con la Mancomunidad de Medianías, esta vez para la anualidad 2024, con el fin de incorporar seis acciones presupuestadas en 506.000 euros, que aporta íntegramente el Cabildo de los remanentes obtenidos durante la tramitación del Plan, para los proyectos de ahorro energético en las instalaciones de Santa Brígida (268.323 euros) y de Valsequillo (56.249 euros); la escalera de acceso a escalera y barandilla perimetral sede de la Mancomunidad (37.892 euros); la rehabilitación de lucernario en cubierta del edificio de la Mancomunidad (62.586 euros); la redacción de proyecto básico y de ejecución del Albergue Comarcal de Animales (75.000 euros), y la redacción de estudio geotécnico del Albergue Comarcal de Animales (6.000 euros).

Además, la mayoría de la Corporación sacó adelante una modificación del Plan de Cooperación con la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, en la anualidad 2024, en aras de destinar 985.000 euros, cedidos en su totalidad por el Cabildo, a suministros para la mejora de la movilidad sostenible del parque móvil de los municipios de la entidad (858.000 euros) y de vehículos eléctricos y puntos de recarga para servicios municipales del norte (127.000 euros).

En este mismo ámbito, y con carácter de urgencia, la mayor parte de las y los consejeros refrendó modificar los planes de cooperación con los ayuntamientos de Artenara, Las Palmas de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana, en las anualidades 2021-2023, con objeto de incluir tres acciones presupuestadas en 192.600 euros, 462.091 euros y 490.467 euros, respectivamente.

Y, acto seguido, también apoyaron la modificación de los planes de cooperación del ejercicio 2024, con los ayuntamientos de Artenara, para incorporar un proyecto al que se destinan 192.151 euros; de La Aldea de San Nicolás, con otra iniciativa que precisa 277.931 euros, y de Santa Brígida, con dos actuaciones que requieren una inversión de 307.937 euros más.

Más fondos para ordenar los recursos naturales del entorno Nublo-Tamadaba

Un proyecto del Área de Política Territorial y Paisaje, que coordina Inés Miranda, fue objeto del acuerdo adoptado por mayoría y a instancia de la Consejería de Hacienda y Emergencias, de modificar el gasto plurianual relacionado con el encargo a la empresa Tragsatec, derivado del contrato para redactar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) en el ámbito Nublo-Tamadaba, para el período 2020-2025, por el que se amplía una anualidad el plazo de ejecución previsto y se incrementa en 62.650 euros el importe total de ese gasto, que ahora asciende a un total de 358.039 euros.

También de la mano de Hacienda y Emergencias, la mayor parte del Pleno aceptó el gasto plurianual para el período 2024-2025 relacionado con el encargo a Tragsa de la ejecución del proyecto de ‘Acondicionamiento paisajístico de las pistas existentes como sendero peatonal y ciclista, conexión centro urbano- playa de La Aldea de San Nicolás. Corredor Verde’, por un importe de 1.043.688 euros, no sujetos a IGIC, y tramitado por la Consejería Presidencia y Movilidad Sostenible, que tutela Teodoro Sosa, a través del Instituto Insular para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria.

El Gobierno autonómico expone en la Conferencia Sectorial celebrada en Tenerife que la llegada de menores migrantes se ha incrementado exponencialmente en los últimos años, pasando de 587 en 2019 a 7.398 en 2023. El Ejecutivo pide a todas las autonomías que se sumen a la reforma de la Ley de Extranjería y recoge sus aportaciones a la propuesta consensuada entre las islas y el Estado

El Gobierno de Canarias alerta a las comunidades autónomas de la crisis humanitaria sin precedentes que está viviendo por la llegada de menores extranjeros no acompañados a sus costas. El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, explicó en su intervención en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada hoy en Tenerife y en la que han participado las comunidades autónomas, el incremento exponencial de llegadas que se ha producido desde 2019 y que ha saturado el sistema autonómico de acogida.

“En 2019 año llegaron a las islas 587 niños y niñas y en 2023 esa cifra ascendió hasta los 7.398. Es más que evidente que ni Canarias ni ninguna comunidad autónoma puede hacer frente a la atención de estos menores en solitario. Las competencias en materia de Infancia no se pensaron para gestionar una situación tan compleja como esta. Por ello, pedimos a las comunidades autónomas unidad para afrontar esta situación como país del primer mundo que es consciente de que el fenómeno migratorio es una realidad con la que tenemos que convivir”, precisó.

En la misma línea se manifestó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado: “Hoy es Canarias la puerta de entrada para miles de niños, niñas y adolescentes, pero mañana puede ser otra comunidad autónoma. Tenemos que trabajar unidas para darles la mejor atención a estos menores, siempre en colaboración con Europa. Si no lo hacemos, estaremos fallándoles a ellos, pero también a nosotros mismos y a los valores europeos. Por ello, es prioritario que el texto de reforma de la Ley de Extranjería que ha trabajado el Gobierno canario con el Estado se tramite como real decreto ley y que, una vez llegue a las Cortes, continúe su proceso, momento en el que podrían ser añadidos los matices o apreciaciones de los distintos grupos parlamentarios”.

La Conferencia Sectorial, celebrada en la sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, fue convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia y contó con la participación del Gobierno de Canarias y representantes del área de Infancia y Juventud de las distintas comunidades autónomas. El Ejecutivo canario había solicitado al Ministerio que se celebrara en el archipiélago para que los responsables autonómicos de Infancia pudieran conocer en detalle la propuesta de reforma legislativa y, al mismo tiempo, la realidad de estos menores. Para ello, de manera previa a la celebración de la Conferencia Sectorial se llevó a cabo una visita a uno de los centros que se encuentran abiertos en las islas para atender a estos niños, niñas y adolescentes.

El primer punto del orden del día de la Conferencia Sectorial consistió en la exposición de la propuesta consensuada entre el Gobierno de Canarias y el Estado para la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. En ese punto, las comunidades hicieron sus apreciaciones de cara a que sean tenidas en cuenta cuando se tramite en el Congreso de los Diputados. Canarias cuenta en estos momentos con unos 5.500 menores migrantes tutelados, una cifra inferior a la de llegadas por las mayorías de edad cumplidas o decretadas a migrantes que inicialmente se declararon como menores y eran adultos. La propuesta que se ha acordado con el Ministerio es que el archipiélago acoja a un máximo de 3.000 y el resto sean derivados a otras comunidades autónomas.

Desde que empezó la legislatura, Canarias ha abierto 50 centros nuevos para atender a menores migrantes, lo que ha supuesto que se haya pasado de 30 a 80 dispositivos.

En segundo lugar, se acordó el reparto de menores migrantes no acompañados por el territorio español correspondiente a 2024, así como la distribución del crédito destinado a las comunidades autónomas y a la Ciudad de Ceuta, a excepción del País Vasco y Navarra, para la atención de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, por importe de 20 millones de euros. Desde 2021 las comunidades autónomas han acordado en diferentes conferencias sectoriales la derivación de menores migrantes que están bajo tutela del Gobierno canario a otras comunidades autónomas.

El acuerdo alcanzado contempla el traslado de un total de 400 personas migrantes menores (300 menores tutelados por el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, y 100 menores tutelados por la ciudad autónoma de Ceuta).

“Valoramos el acuerdo alcanzado, pero hay que recordar que la presión para Canarias, con más de 5.500 menores acogidos en una red de 80 dispositivos de emergencia, sigue siendo insostenible”, afirmó Delgado. “Seguimos sin encontrar recursos ni inmuebles en los que poder ubicar a estos chicos con las garantías de seguridad y salubridad que se merecen. Estamos hablando de menores y, por tanto, son sujetos de protección, y nosotros, como administración, estamos obligados a velar por su bien superior por encima de otras consideraciones. Por ello, seguimos reivindicando la reforma de la Ley de Extranjería, que es la forma de que la corresponsabilidad se instaure por ley. De esta manera, en Canarias quedarían siempre un máximo de 3.000 menores migrantes no acompañados y el resto serían derivados a otros territorios”.

Delgado insistió en que las dificultades para encontrar instalaciones en las que brindar una acogida digna a estos chicos y chicas es muy preocupante ya, pero más aún si se tienen en cuenta las previsiones futuras. “Se estima que la llegada de niños y niñas hasta las costas canarias en pateras y cayucos en los próximos meses pueda ser de 11.000 menores más. Estamos en una situación absolutamente crítica”.

El traslado y distribución de menores migrantes no acompañados desde Canarias a las distintas comunidades autónomas españolas cuenta con el apoyo de los grupos políticos del Parlamento canario -excepto de Vox-, de la Federación Canaria de Islas, de la Federación Canaria de Municipios y de las entidades dedicadas a la atención de la infancia.

La Consejería de Turismo y Empleo, en colaboración con la de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y las confederaciones canarias de empresarios, pone en marcha esta novedosa iniciativa de la que se beneficiarán cincuenta personas migrantes

El proyecto piloto, que cuenta con un plazo de ejecución de siete meses, está financiado por el Servicio Canario de Empleo (SCE) por importe de 150.000 euros

Las consejerías de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias y de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias han presentado este martes el acuerdo de colaboración con la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas (CCE) y la Confederación de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife) para el desarrollo de un programa piloto, que dará comienzo en la isla de El Hierro, para la formación e integración sociolaboral de las personas migrantes.

Las acciones, financiadas por el Servicio Canario de Empleo (SCE) con fondos del Plan Integral de Empleo de Canarias 2024 (PIEC) por importe de 150.000 euros, tienen por objeto favorecer la inserción laboral de estas personas y ofrecer profesionales cualificados a las empresas ante las dificultades que existen actualmente en las islas para cubrir distintas vacantes de trabajo.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, hizo hincapié en “la importancia de trabajar desde la colaboración para impulsar proyectos con los que ofrecemos a los jóvenes migrantes, a través de la formación específica, el acceso al mercado laboral, al tiempo que ayudamos a las empresas a hacer frente a la escasez de mano de obra en sectores como la hostelería, la agricultura o la construcción”.

En su intervención, De León destacó también que “el empleo es esencial para la integración de los migrantes en nuestro entorno”, por lo que agradeció la implicación de la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas (CCE) y la Confederación Provincial de Empresarios de Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife), que han querido colaborar en esta iniciativa “que se pone en marcha en El Hierro pero que llevaremos también a cabo en las islas de Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria”.

“La acogida e integración social de los menores migrantes exige de programas de formación y de capacitación que les permitan adquirir las habilidades y conocimientos necesarios que potencien su proceso de inserción en la sociedad canaria”, afirmó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, quien recordó que “los menores que se suben a un cayuco arriesgan sus vidas para intentar acceder a un proyecto de vida mejor, no solo para ellos, sino para sus familias”.

En el marco del convenio, ambas confederaciones se comprometen a desarrollar todas las acciones y a poner a disposición los recursos humanos y materiales para su ejecución.

Los presidentes de las patronales de ambas provincias canarias, Pedro Ortega y Pedro Alfonso, coincidieron en la necesidad de formar profesionalmente a los menores migrantes que llegan a las islas y así poder integrarlos en nuestra sociedad, con el fin de reducir el lastre de las empresas de no encontrar mano de obra cualificada.

Iniciativa piloto

El proyecto tiene una duración de siete meses y consta de un programa formativo completo, desde español para extranjeros, normativa laboral y para la integración social; talleres de habilidades personales; de normas y costumbres culturales; itinerarios en hostelería, agricultura y construcción, hasta el seguimiento individualizado y acompañamiento de cara a su entrada efectiva en el mercado laboral.

La consejera participó hoy en la reunión del Consejo Interterritorial del SNS en la que se abordaron las recomendaciones de atención a personas extranjeras irregulares, entre otros temas

El Servicio Canario de la Salud ha destinado 6,4 millones de euros a la atención sanitaria de la población migrante sólo durante los cinco primeros meses de este año

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, exigió hoy al Ministerio de Sanidad mayor implicación del Estado en la atención sanitaria a la población migrante que llega a nuestras costas. Monzón, que participó en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, informó que sólo en los cinco primeros meses de este año, el Servicio Canario de la Salud ha destinado 6,4 millones de euros para la atención sanitaria a la población migrante en Canarias.

En este sentido, recordó que desde el verano pasado, las islas están afrontando el fenómeno migratorio de forma intensa y constante y está suponiendo un esfuerzo para el sistema sanitario, que destina profesionales, infraestructuras y recursos materiales a la ayuda humanitaria y asistencial que precisan estas personas sin la implicación del Gobierno estatal.

La consejera abundó en esta cuestión en el apartado en el que se discutió las recomendaciones para el acceso al SNS de las personas extranjeras en situación administrativa irregular, una cuestión que en Canarias está ya protocolizada y con los medios organizados para afrontar la crisis migratoria que estamos viviendo especialmente en este último año.

Esther Monzón explicó que islas como El Hierro, que no eran hasta el verano pasado destino de llegada de migrantes, han tenido que adaptar sus recursos sanitarios para ofrecer la ayuda asistencial y humanitaria que requieren las personas que llegan a la isla y que el Estado debe compensar estos desequilibrios presupuestarios que se generan en la atención sanitaria a personas extranjeras en situación irregular.

Monzón, ya había trasladado esta circunstancia en enero al Ministerio en el que reclamó que el Estado refuerce su convenio con Cruz Roja para la asistencia sanitaria, dado que no se puede obviar la situación migratoria que vive Canarias y la demanda asistencial que requieren las personas que llegan a nuestras costas.

El Servicio Canario de la Salud tiene protocolizada la atención sanitaria ante la llegada de personas migrantes para ser asistidas tanto en su llegada a la costa como en los centros de acogida y, en su caso si fuera necesaria, la derivación a los centros hospitalarios cuando requieren un abordaje especializado de su salud.

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, mantuvo un encuentro con el comisario de la Dirección de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Senegal, Abdoulaye Toure

“Es fundamental para Canarias que los chicos y chicas que nos están llegando desde Senegal de manera indocumentada puedan acceder a la formación reglada cuanto antes”, afirma el viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno canario, Francisco Candil, de visita institucional esta semana en Senegal. Candil explica que, al completar el proceso de documentación, estos jóvenes tendrán la posibilidad de desplazarse a otras comunidades.

Francisco Candil mantuvo un encuentro con el comisario de la Dirección de Seguridad Pública del Ministerio del Interior de Senegal, Abdoulaye Toure, en el que acordaron que Senegal colaborará en el proceso de documentación de las y los menores que aseguren llegar a Canarias desde el país y carezcan de identificación. “Con esta documentación en regla podrán acceder a los procesos formativos e incorporarse al sistema español con normalidad para conseguir lo que vienen buscando, un proyecto de vida con plena regularidad y normalidad”.

El viceconsejero forma parte de una comitiva canaria que visita el país estos días con el objetivo de conocer in situ el programa piloto Tierra Firme. Este programa, que cuenta con una inversión inicial de 500.000 euros y permitirá la formación profesional de más de 500 jóvenes senegaleses en distintas especialidades, es una iniciativa de formación laboral impulsada por el Gobierno canario en colaboración con la Cámara de Comercio de España en Senegal y diversas instituciones públicas y privadas tanto españolas como senegalesas.

El calendario de reuniones y visitas a diversos centros de formación de Senegal se ha desarrollado durante toda la semana y ha contado con la asistencia y participación de una amplia delegación de responsables de las áreas de Relaciones con África, con su director general Luis Padilla al frente, así como de responsables de la Viceconsejería de Formación y Cualificaciones Profesionales, del Instituto Tecnológico de Canarias, de diversos centros de formación profesional, de la Cámara de Comercio, de la Federación de Empresas de Metal y Nuevas Tecnologías de Santa Cruz de Tenerife, de la Federación Provincial de la Pyme del Metal y Nuevas Tecnologías de Las Palmas, de la Fundación Laboral de Construcción, de la Fundación ECCA Social, de la Empresa Agroislas, de la Oficina en Dakar de Proexca y de la Cámara Oficial de Comercio de España en Senegal.

La iniciativa tiene como objeto ofrecer una respuesta a la actual situación migratoria en Senegal, apostando por una nueva dinámica de formación profesional e inserción laboral en favor de la población joven senegalesa. Para ello, se busca facilitar la creación de empleo de calidad y generar nuevo talento del que podrán beneficiarse las empresas españolas y, particularmente, las empresas canarias, así como establecer un nuevo marco de formación profesional cuya finalidad es la inserción laboral efectiva, al tiempo que desincentivar la migración irregular al ofrecer alternativas concretas desde y en el país de origen.

El corto es una iniciativa del proyecto Meraki de Fundación Adsis, con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria

El estreno estuvo acompañado de una mesa redonda que abordó las dimensiones del drama humanitario de las rutas migratorias ilegales

¿Es posible otra forma de migrar? La pregunta es el punto de partida del documental #NoEsUtopía, que recoge las reflexiones de personas migrantes y profesionales del sector, sobre un modelo migratorio que empuja a miles de personas a traspasar fronteras usando rutas ilegales, un viaje que llegan a pagar con la vida.

Solo en 2023, 6.618 personas fallecieron en las rutas de acceso a España, De ellas, 6.007 lo hicieron en la ruta canaria, un dato que la posiciona como la más letal del mundo, según cifras de la ONG Caminando Fronteras. Un drama humanitario que enfrentan las administraciones locales y que llama a debatir un nuevo enfoque.

El dato explica que sea en Canarias donde haya visto la luz #NoEsUtopía. Las personas protagonistas, reunidas en Gran Canaria, conocen de primera mano los efectos devastadores de las actuales políticas migratorias, bien como personas migradas, bien como profesionales, pero siempre desde dentro de una realidad que acaba topando con la indiferencia institucional.

Adama Ndao, geógrafa especializada en género y desarrollo, destaca la responsabilidad de las administraciones: “no se puede estar alegando que (la llegada de inmigrantes) es una situación de emergencia. Los Estados deberían tener estructuras ya preparadas y dignas para este tipo de situaciones de llegada”. Por su parte, Loueila Mint El Mammy, abogada experta en migraciones, incide en las condiciones de permanencia: “¿qué es mejor para un Estado, que las personas trabajen y contribuyan o que estén en una situación de dependencia?”.

También cuentan su experiencia personas que migraron en condiciones muy duras. Sekou Kante dejó atrás su Mali natal. El trayecto significó, entre otras cosas, resistir más de 20 días a bordo de una patera. Si hubiera tenido acceso a un visado, habría sido diferente: “venir en avión es más barato que venir en patera; en patera pagas con dinero y pagas también con la vida”.

Pero la llegada solo indica que empieza otra odisea. Naby Zana Gamara conoce bien las trabas burocráticas de la regularización. Aunque han pasado más tres años de su llegada desde Guinea-Conakri, aún hay cosas que no consigue entender: “si no tienes papeles no puedes trabajar y ¿cómo puedes trabajar si no tienes papeles?, ¿tengo que vivir en la calle porque no puedo trabajar?”.

El corto se estrenó este 23 de mayo, en el Patio del Cabildo de Gran Canaria. El acto contó con la participación de Inés Miranda, consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, Abrah Suárez, responsable del Proyecto Meraki de Fundación Adsis, Loueila Mint El Mammy y Adama Ndao, expertas en migraciones y protagonistas del documental; Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial en CEAR e Irene García, psicóloga y técnica de Cooperación Internacional en Fundación Canaria Farrah.

#NoEsUtopía es una iniciativa del Proyecto Meraki, de Fundación Adsis. El corto responde a la necesidad de considerar otra forma de migrar: digna, libre y segura. Un mundo donde nadie vea vulnerados sus derechos humanos por sus orígenes o el color de su piel. Su visionado está disponible en las plataformas digitales de Fundación Adsis.

El documental ha contado con la financiación del Cabildo de Gran Canaria y con la colaboración de la Agencia de Marketing Digital Alegando.

Fundación Adsis, siempre al lado de las personas

Fundación Adsis acompaña a personas en riesgo de exclusión para que logren hacer realidad sus proyectos de vida. Con más de 58 años de historia, sus programas de acción social buscan construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva. Cada año, acompaña a más de 40.000 personas en España y en América Latina.

La consejería de Sanidad exige mayor implicación del Gobierno de España para cubrir el gasto sanitario que requiere la atención a las personas que llegan a nuestras costas

Esta inversión corresponde sólo al primer cuatrimestre de este año

El director del SCS mantiene una reunión de coordinación sobre la asistencia sanitaria a migrantes en El Hierro

La consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias exige al Gobierno estatal mayor implicación en la atención sanitaria a la población migrante que llega a nuestras costas. En el primer cuatrimestre de este año, el Servicio Canario de la Salud ha destinado 4,6 millones de euros para la atención sanitaria a la población migrante en Canarias.

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Carlos Díaz, mantuvo hoy una reunión de coordinación con la Dirección del Área de Salud y la Gerencia de Servicios Sanitarios de El Hierro en la que se abordó la presión asistencial por la crisis migratoria que viene asumiendo la isla desde el verano pasado. Durante la reunión se hizo una evaluación y revisión de los protocolos de actuación y asistencia sanitaria ante la llegada de población migrante a las costas de El Hierro, reforzada con una inversión de 687.000 euros, en el caso de esta área de salud.

En la reunión además de la directora del Área de Salud de El Hierro, Pilar Mora, y la gerente de los Servicios Sanitarios de la Isla, Jéssica Acosta, participaron los directores generales de Recursos Humanos, de Recursos Económicos y de la Secretaría General del SCS.

En este sentido, se acordó continuar impulsando las acciones necesarias para responder de manera más efectiva a los distintos escenarios en la atención a la población migrante, conjugando este servicio con la necesaria continuidad de la actividad asistencial habitual que se presta al resto de la población.

También se analizó la situación de la plantilla orgánica de las instituciones sanitarias adscritas a la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de El Hierro, se estudiaron las necesidades en materia de personal, así como medidas que permitan asumir las competencias atribuidas, garantizando la calidad de la atención, la sostenibilidad y buen gobierno del sistema de salud.

Obras previstas

En cuanto a las obras previstas, se avanzó en la revisión del estado de los proyectos previstos como la licitación de la obra la Resonancia Magnética, la adjudicación de redacción del proyecto del Centro de Salud de El Pinar, así como las obras del Centro de Salud de Valverde y la ampliación del Centro de Salud de Frontera. Igualmente, se analizó el proyecto para el aumento de potencia eléctrica para la Unidad de Atención Temprana.

Durante el encuentro también se trataron otros asuntos primordiales en el ámbito sanitario herreño centrados en la actividad hospitalaria y en los centros de salud de la isla.

La consejera de Bienestar Social pide al Estado que mantenga este año las partidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para atención a personas migrantes y reclama recursos extras al Gobierno central para reforzar los servicios sociales del archipiélago y del resto de territorios de acogida

Además, pide apoyo a los representantes políticos para que la reforma de la Ley de Extranjería se lleve a cabo lo antes posible y permita un reparto corresponsable de los menores no acompañados

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha instado al Estado a mantener este año las partidas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para atención a personas migrantes y ha reclamado, asimismo, un refuerzo de la financiación con el objetivo de fortalecer los servicios sociales de las comunidades autónomas en las que residen. La titular del área hizo estas consideraciones hoy, en el seno de la XI Conferencia Sectorial de Migración, celebrada en Madrid.

“Es necesario que la situación política actual y la prórroga de los presupuestos no afecte a la financiación que veníamos recibiendo, asunto al que, en principio, se ha comprometido la ministra Elma Saiz. Pero, además de mantener las partidas previstas, es imprescindible reforzar los servicios sociales de los territorios de acogida para poder dar una atención integral a estas personas, que en su mayoría se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y a las que tenemos que dar respuesta las comunidades autónomas”.

En la XI Conferencia Sectorial, además de representantes de todas las comunidades autónomas y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, participaron el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego; y los secretarios de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y de Migraciones, Pilar Cancela.

Aunque no estaba incluido en el orden del día, en el transcurso de este encuentro se abordó la situación de los menores extranjeros y la necesidad de modificar la normativa actual. En este sentido, Delgado solicitó apoyo a los representantes políticos para que la reforma legislativa de la Ley de Extranjería se lleve a cabo lo antes posible y permita un reparto corresponsable de los menores no acompañados por todo el territorio español, siempre con el apoyo económico del Gobierno central.

En estos momentos, Canarias tutela a 5.357 supuestos menores extranjeros no acompañados y cuenta con 74 dispositivos alojativos. “En lo que va de año han llegado más de 14.000 personas por vía marítima, lo que demuestra el incremento notable de las llegadas en comparación con el mismo periodo del año pasado”, precisó.

En este contexto, la mayoría de los representantes de las comunidades autónomas alertaron de que continúan recibiendo menores extranjeros no acompañados que llegan a sus territorios como si fueran mayores, pero que posteriormente declaran su minoría de edad, lo que obliga a las comunidades autónomas a asumir su cuidado. “Para que esta situación no siga repitiéndose y no nos arriesguemos a que convivan menores con mayores, es urgente que el Estado ponga en marcha un protocolo único de determinación de la edad en los centros temporales de atención a extranjeros (CATE)”, subrayó la consejera Candelaria Delgado.

En relación al grupo técnico creado con el fin de mejorar la comunicación entre el Estado y las comunidades autónomas tras la celebración de la última conferencia sectorial, el pasado 28 de diciembre, durante la Conferencia Sectorial se informó de que se facilitará información con carácter mensual.

Para finalizar, la consejera Candelaria Delgado explicó a las comunidades autónomas las acciones que ya está llevando a cabo el Gobierno de Canarias en los países emisores de emigrantes. En concreto, se refirió al proyecto ‘Tierra firma’, que permitirá formar a 500 jóvenes en Senegal en alguno de los sectores que demandan personal cualificado. “Esto no soluciona los problemas a los que se enfrentan los jóvenes en sus países, pero contribuirá a que los jóvenes tengan opciones de desarrollar sus proyectos de vida y a que no tengan que jugarse la vida en el mar”.