La medida fue aprobada por el Gobierno de Canarias el 23 de junio, a iniciativa de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos

El Parlamento de Canarias convalidó hoy por unanimidad un decreto-ley aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado 23 de junio que, en otros aspectos, autoriza a las universidades públicas canarias a usar sus remanentes de tesorería para hacer frente al incremento de los gastos provocado la inflación. La norma fue aprobada a iniciativa de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

La Cámara autonómica dio su visto bueno, por tanto, al procedimiento de urgente y extraordinaria necesidad seguido por el Ejecutivo, que se justifica por del incremento de tales gastos debido a la guerra en Ucrania y los cuellos de botella en las cadenas de suministros tras la crisis sanitaria originada por el Covid-19.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, recordó hoy que estos centros académicos superiores “podrán financiar en 2022 el incremento de gasto en energía eléctrica, así como de los servicios y suministros cuando aumente el coste por la subida de precios”.

El Ejecutivo atendió así la petición trasladada al propio Rodríguez por los equipos rectorales de las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria. En sendas reuniones, se comprometió a estudiar una solución económica extraordinaria para cubrir necesidades perentorias por desajustes de su estructura presupuestaria, que podrían alcanzar los 8 millones de euros.

El decreto-ley también prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 el tipo 0 del IGIC a la importación o entrega de determinados bienes para combatir los efectos del Covid-19, una medida que estaba autorizada hasta el 30 de junio.