El texto simplifica los procedimientos y refuerza la organización de la oferta académica en el sistema universitario canario

Una norma demandada por las universidades que mejora su capacidad de anticipación y respuesta a las necesidades sociales

El Consejo de Gobierno, celebrado el lunes 4 de mayo, ha aprobado el nuevo decreto que regula la implantación de titulaciones universitarias oficiales en Canarias, una norma que sustituirá al Decreto 168/2008 y que actualiza el marco autonómico conforme a la legislación estatal vigente.

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias, que dirige Migdalia Machín, impulsa este texto con el objetivo de clarificar y agilizar los procedimientos vinculados a la creación, modificación y extinción de titulaciones, al tiempo que se refuerza la calidad del sistema universitario.

La consejera ha señalado que “ordenar cómo se implantan las titulaciones es también ordenar el futuro de Canarias, porque estamos hablando de qué oportunidades generamos y de cómo conectamos la formación académica con la realidad de nuestras islas”.

El decreto introduce cambios orientados a reducir los tiempos de tramitación y eliminar pasos innecesarios. Entre ellos, se simplifica el procedimiento para evaluar la necesidad y viabilidad de nuevas titulaciones y se establecen plazos más definidos para su resolución, lo que facilita una mejor organización por parte de las universidades.

Además, reorganiza el proceso de implantación de los títulos, que pasa a realizarse una vez verificado el plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), evitando duplicidades y ajustando el sistema al marco estatal vigente.

La consejera ha subrayado que “esta actualización permite a las universidades anticipar el desarrollo de nuevos títulos y responder con mayor agilidad a las demandas de la sociedad, reforzando la conexión entre la formación académica y la realidad de Canarias”.

El texto incorpora también medidas para garantizar la sostenibilidad de las titulaciones, de forma que, cuando se detecten determinadas circunstancias tras su implantación, las universidades deberán analizar su evolución y, en su caso, plantear actuaciones para asegurar su continuidad.

Asimismo, refuerza el seguimiento de las enseñanzas universitarias, especialmente en aquellos centros que no cuentan con acreditación institucional, con el fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos académicos y proteger los intereses formativos de los estudiantes.

Las universidades, en el ejercicio de su autonomía, impulsarán actuaciones de internacionalización adaptadas a la naturaleza y objetivos de cada titulación, tanto en su dimensión profesional como investigadora, en el marco de sus propias estrategias lingüísticas orientadas a reforzar la competencia comunicativa del estudiantado en segundas lenguas. Entre estas medidas podrán contemplarse la impartición de asignaturas, módulos o itinerarios en otros idiomas, así como programas de movilidad o dobles titulaciones internacionales, garantizando en todo caso que no supongan un coste económico ni una carga adicional para el estudiantado.

La norma contempla igualmente medidas para mejorar la conexión de las titulaciones con el entorno profesional, incorporando formación orientada a la inserción laboral, que podrá incluir prácticas académicas externas en función de la naturaleza de cada estudio.

En palabras de la consejera, “con este decreto damos estabilidad al sistema universitario y mejoramos su capacidad para anticiparse, ordenar su oferta y adaptarse a lo que Canarias necesita”.

El nuevo decreto responde a una demanda expresa de las universidades canarias, que han participado activamente en su elaboración. El texto recoge sus aportaciones y da respuesta a la necesidad de contar con un marco más claro, ágil y útil para el desarrollo de nuevas titulaciones.