El texto regula por primera vez la prestación económica de asistente personal, las prestaciones para el Grado III+, y autoriza la compatibilidad entre algunas ayudas como el SAD y la promoción de la autonomía personal

El Parlamento ha convalidado hoy, por unanimidad, el Decreto-ley 2/2026, de 9 de marzo, una norma clave que culmina la transformación del sistema de atención a la dependencia en las Islas, introduciendo mejoras sustanciales en la agilidad, la personalización de los apoyos y la compatibilidad de prestaciones. La nueva regulación modifica el marco vigente para adaptarlo a las necesidades reales de las personas dependientes y sus familias, incorporando medidas que permiten combinar distintos recursos asistenciales y reforzar la atención en el entorno domiciliario.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien defendió la pertinencia del decreto, destacó durante su comparecencia que esta reforma “no responde a un planteamiento teórico, sino que tiene un impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias canarias. El objetivo es avanzar hacia un sistema más flexible, ágil y centrado en las personas”.

“Esta norma consolida un sistema de dependencia más coherente, con mayor seguridad jurídica y orientado a garantizar derechos. La combinación de prestaciones, el refuerzo de la atención domiciliaria y la regulación de la asistencia personal suponen un avance hacia un modelo más humano y eficaz. La convalidación del Decreto-ley permitirá aplicar de forma inmediata estas mejoras, asegurando que ninguna persona quede desatendida ante los nuevos escenarios de mayor complejidad”, aseguró Delgado.

La consejera de Bienestar Social indicó que la reforma “responde a una necesidad urgente: ofrecer respuestas ágiles y adaptadas a situaciones de alta dependencia, apoyar a las familias cuidadoras y facilitar que las personas puedan permanecer en su entorno con los apoyos necesarios. La norma representa un paso decisivo para consolidar un sistema de cuidados más flexible, garantista y alineado con la realidad social de Canarias”.

La norma da continuidad a la reforma iniciada en 2025, que ya ha permitido reducir significativamente los tiempos de tramitación. Actualmente, el plazo medio de resolución ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 391 días, situándose en torno a 152 días en expedientes nuevos, por debajo de los límites establecidos por la ley.

Atención a la dependencia extrema y adaptación normativa

Uno de los principales avances del Decreto-ley es la incorporación del nuevo Grado III+ de dependencia extrema, derivado de cambios en la normativa estatal. Esta adaptación permite garantizar de forma inmediata la atención intensiva en el domicilio, evitando vacíos legales y asegurando la cobertura desde el primer momento.

En estos casos, se contemplan prestaciones económicas que pueden alcanzar hasta 9.859 euros mensuales, destinadas a financiar apoyos de alta intensidad en el hogar.

Impulso a la asistencia personal

Por primera vez, Canarias regula de forma completa la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), estableciendo condiciones de acceso, cuantías y mecanismos de control. Esta prestación busca fomentar la autonomía personal, facilitar la permanencia en el entorno habitual y promover modelos de vida independiente.

Las cuantías máximas fijadas, por encima de lo estipulado en la norma estatal son: 900 euros mensuales para Grado III, 577,25 euros para Grado II y 436 euros para Grado I

Un sistema más flexible y adaptado a la realidad

La reforma introduce un cambio estructural al permitir la compatibilidad entre prestaciones que hasta ahora eran excluyentes. De este modo, las personas podrán combinar servicios como ayuda a domicilio, centros de día o asistencia personal en función de sus necesidades reales. Este enfoque permite diseñar planes de atención más completos y personalizados, evitando que los usuarios tengan que elegir entre apoyos esenciales.