La normativa establece un máximo de capturas de cinco kilos por persona y día

El Servicio de Inspección Pesquera de la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias en la Isla de El Hierro se incautó el pasado martes 8 de febrero de 29 kilos de pescado ilegal, entre los que se encontraban especies cuya captura no está autorizada para aguas exteriores, como gallos azules, oceánicos, pejeperros y abaes.

Los agentes observaron a las 12.00 horas a dos pescadores realizando pesca submarina fuera de las zonas habilitadas para la práctica de dicha modalidad, así como sin boya de señalización. Cada una de las infracciones observadas están tipificadas como graves en la Ley 17/2003 de 10 de abril de Pesca de Canarias y pueden conllevar multas de entre 301 a 60.000 euros. Asimismo, los infractores se pueden enfrentar a sanciones accesorias como la retirada de la licencia de pesca o el decomiso de las artes empleadas, entre otras.

La normativa establece un máximo de capturas de cinco kilos por persona y día de acuerdo con el artículo 38.3 del Reglamento 182 del 2004 de 21 de diciembre por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Pesca de Canarias.

Por otro lado, la Dirección General de Pesca ha recordado que se han de respetar las tallas mínimas establecidas para determinadas especies, ya que de este modo se asegura su reproducción al menos una vez a lo largo de su vida.

El visor de Grafcan ha publicado las zonas autorizadas para la práctica de la pesca submarina con el objetivo de un mayor conocimiento de los usuarios que realizan esta actividad.

La Justicia desestima y condena a las costas a un consejero del PP que denunció al Patronato de Turismo por una autorización de proyecto hostelero

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº3 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado el recurso que presentó el consejero insular del Partido Popular, Daniel Reyes Santana, para solicitar que se anulara la autorización que concedió el Patronato de Turismo de Gran Canaria a la entidad Centro Heliterápico de Canarias SA, para desarrollar una actividad turística en Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana. El fallo señala que Reyes carece de legitimación para interponer este recurso

El consejero del PP sustentó su petición en un supuesto incumplimiento de varios preceptos legales, entre ellos, el artículo 4.4 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, en el que se supedita la implantación de nueva oferta turística a la culminación de las obras de urbanización de las parcelas previstas para ello, con base en el artículo 24.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias, en sede sistemática de licitación para el ejercicio de actividades turísticas.

Por su parte, el Patronato de Turismo de Gran Canaria, además de asegurar que esa autorización previa se ajusta a Derecho, argumentó que, por una parte, el planteamiento de Reyes incurre en un vicio de desviación procesal, debido a que presenta un error al identificar la resolución contra la que recurre con dos números diferentes. Y, por otro lado, el órgano insular recalcó que el proyecto que ha recibido la citada autorización previa sí cuenta con los informes favorables elaborados tanto por el Servicio de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria como del correspondiente servicio técnico del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Dos argumentos en los que coincidió el Centro Helioterápico de Canarias SA.

Asimismo, ambos apuntaron que el recurso incurría en causa de inadmisibilidad, de acuerdo con el artículo 69.b de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA), al considerar que el consejero del PP no está legitimado para entablar esta acción judicial.

Una estimación que el juez ha estimado que debe prosperar, con base en distintas doctrinas legales y jurisprudencia existente al respecto, por lo que, en su fallo, declara la inadmisión del recurso presentado por Daniel Reyes y, asimismo, le impone el pago a cada una de las partes demandadas de las costas que ha causado el procedimiento judicial, que se limitan a una cantidad máxima de 3.000 euros, tal y como fija el artículo 139.4 de la LJCA.

Gabriela Blanco, componente de CONTIGO Jóvenes Fuerteventura nos comenta que tras las lluvias acontecidas hoy en Fuerteventura, varias clases y zonas comunes del centro tienen goteras, estropeándose así los ordenadores y mojando por completo algunas clases, impidiendo que se desarrollen con normalidad el total de las horas lectivas.

Desde CONTIGO Jóvenes Fuerteventura insta a la delegada insular de educación del Gobierno de Canarias que se pase con un perito por dichas instalaciones para valorar los desperfectos, porque es vergonzoso que las instalaciones no estén bien preparadas y que cada vez que llueva pase esto.

Los jóvenes tenemos derecho a ejercer nuestras clases en un centro con unas instalaciones dignas.

Tanto el Grupo Popular como el propio Interventor General del Cabildo advierten sobre el abuso de las subvenciones nominativas a empresas privadas sin la concurrencia competitiva que exige la ley

El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha denunciado hoy que el Instituto Insular de Deportes vuelve a esquivar la normativa de contratación del sector público para adjudicar a dedo a una empresa privada la organización del Gran Canaria Maspalomas Marathon, cuya segunda edición tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

El PP cuestiona que “por razones de exclusividad” se concediera el pasado año un patrocinio de 150.000 euros a través del Instituto Insular de Deportes a la empresa DG Eventos SL -que recibió 150.000 euros más de Turismo Gran Canaria- para organizar la primera edición de la citada prueba deportiva, un “uso torticero” de las subvenciones al que recurrirá de nuevo el Cabildo de Gran Canaria este año, como se informa en la web oficial de la carrera.

“El consejero de Deportes, Francisco Castellano (PSOE), está tardando en explicar a los grancanarios cómo es posible otorgar una subvención directa de 150.000 euros a una entidad privada, basándose únicamente en razones de exclusividad, cuando era la primera vez que se organizaba este evento”, señalan los populares.

Además, el PP censura que se conceda dinero público a un promotor privado cuando en la memoria presentada por el Instituto Insular de Deportes para justificar dicha subvención figura el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana como único organizador del evento.

Así lo reconoció el propio consejero insular de Deportes a preguntas del PP en el Pleno ordinario del Cabildo de Gran Canaria celebrado el pasado 26 de noviembre, donde se negó a facilitar datos sobre el retorno de la inversión y la participación registrada en el Gran Canaria Maspalomas Marathon alegando que “dicha prueba la organiza el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana”.

En este sentido, el Grupo Popular ha alertado en numerosas ocasiones sobre el abuso de las subvenciones nominativas directas, sin concurrencia pública y al margen de lo que establece la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, “para darle el dinero a una entidad privada que no es la encargada de organizar el evento”.

El PP subraya también que el propio Interventor General del Cabildo de Gran Canaria ha emitido varios informes en los que advierte al gobierno insular de que las subvenciones nominativas deben tener un carácter excepcional, pues la citada ley establece que el régimen de concurrencia competitiva debe ser el medio para financiar proyectos concretos, y no las concesiones directas.

Por todo ello, el Grupo Popular ha remitido un escrito de denuncia tanto al presidente del Cabildo como al consejero de Deportes en el que subraya que todos los contratos onerosos que celebren las administraciones públicas, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, deben estar sometidos a la Ley de Contratos del Sector Público.

No podemos permitir que sean los vecinos y vecinas quienes vigilen y defiendan sus propiedades a riesgo de lamentar situaciones irreparables

Nueva Canarias La Aldea vuelve a lamentar la incapacidad para gobernar del partido socialista en este municipio tras el incremento de la inseguridad en las últimas semanas en donde los delincuentes disfrutan de absoluta impunidad.

No se trata de actos puntuales de violencia sobre las propiedades y las personas como pretenden vender desde el Ayuntamiento de La Aldea sino de la visible falta de carácter de un Gobierno que ni sabe gestionar ni decir la verdad a la ciudadanía. Hace pocos meses se anunciaba a bombo y platillo que la plantilla del Puesto de la Guardia Civil de La Aldea estaba al completo, pero la realidad es que apenas está a la mitad de los efectivos necesarios.

La falta de recursos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en La Aldea ahoga a las familias que se acuestan cada noche temiendo convertirse en víctimas de robos o violencia. O peor aún, la gravedad que supone que sean los propios vecinos y vecinas quienes defiendan sus hogares y sus propiedades, con el miedo de lamentar situaciones irreparables.

Es lamentable que la mayoría de las noches y festivos, solo haya una patrulla policial de servicio para todo el norte de la Isla, desde Santa María de Guía hasta Mogán, y que la respuesta a las llamadas de emergencias se demoren varios días para ser atendidos o presentar una denuncia.

Y no se trata solo de la ola de robos y saqueos que están sufriendo las familias del municipio, sino que ahora, los trabajadores del Centro de Salud de La Aldea también están siendo víctimas de capítulos de agresiones y situaciones de extrema violencia sin que la seguridad privada pueda hacerles frente sin el respaldo de la Policía Local ni la Guardia Civil.

Es muy triste que nuestro pueblo se haya convertido en el paraíso de los delincuentes y que nadie proteja a nuestras familias. Por ello, solicitamos enérgicamente que el alcalde del municipio de La Aldea reaccione con la contundencia que la situación requiere, exija a la Delegación del Gobierno que se complete la plantilla de la Guardia Civil y que ponga todos los recursos necesarios para frenar la ola de violencia y robos que vive el municipio.

Nueva Canarias en Teror se hace eco del informe de intervención que afirma que el consistorio gobernado por el PP-PSOE hace gastos y compromisos de gastos y contratos al margen de la legalidad vigente.

Los gobernantes del municipio de Teror PP-PSOE incumplen la legalidad vigente de la ley de Contratos con la Administración Pública y la Ley de Administración Pública, y gastan 251.148 euros sin ningún procedimiento legalmente establecido, infringiendo los principios de libertad de acceso a las licitaciones y publicidad, así como la inaplicación del deber de salvaguardar la libre competencia y selección de oferta económica más ventajosa para el consistorio, que va en contra de la prohibición de fraccionar el objeto de los contratos para eludir la aplicación de la normativa de contratación pública y de la necesidad de que el expediente de los contratos se refiera a la totalidad de su objeto y no desglosado como hacen, al margen que los contratos se puedan hacer en lotes, todo ello para sortear la Ley de Contratos Públicos.

Los gastos no cuentan con el correspondiente expediente de contratación relacionado, en el que figure el informe de necesidad del servicio, el informe de contratación sobre la justificación de que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación y la propuesta de gasto aceptada. Sin acreditar previamente que existe crédito adecuado y suficiente. En la documentación obrante en los expedientes de referencia se constata que los servicios se encargaron sin el correspondiente expediente de contratación, esto es al margen del procedimiento legalmente establecido al efecto.

Esto que relata la intervención municipal ya se convierte en la práctica habitual de los concejales, contraer gastos sin asignación presupuestaria y lo que es más grave hacer contratos menores desglosados para sortear la Ley de contratos de la administración pública.

Desde Nueva Canarias Teror, advertimos que esta no es una forma lícita de hacer contratos menores, que la propia intervención pone sobre la mesa y que el alcalde de turno se limita a levantar el reparo porque considera que son necesidades de urgente necesidad, eso que algunas ocasiones son de gastos en comidas en restaurantes de sus señorías.

El alcalde debe ser consciente que está en la alcaldía para también respetar la ley y no se la puede saltar a la torera, ni dejar que el resto de concejales se la salten.

Por todo ello, Nueva Canaria en Teror ha pedido que se responsabilice a los concejales que gastan lo que no tienen, o siguen un procedimiento al margen de la ley. La organización nacionalista se reserva el derecho de actuar en consecuencia en su tarea de fiscalización del gobierno municipal y advierte a los dirigentes políticos que pueden estar ejecutando unos actos que pudieran inhabilitarlos para la función pública.

El Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Teodoro Sosa, no trasladó al Gobierno de Canarias la documentación necesaria para recibir la ayuda

El secretario local de Coalición Canaria en Gáldar, Blas Díaz, señala que ha sucedido “porque el alcalde está más preocupado de su futuro en el Cabildo de Gran Canaria que de su municipio. Se trata de una manera de proceder, totalmente censurable, que muestra la dejadez y el abandono por parte del alcalde de su localidad”

Los nacionalistas acusaron al alcalde de Gáldar de mostrar una total dejación en la gestión del Ayuntamiento y mostraron su preocupación “por el abandono que sufre la institución ya que el alcalde ni está ni se le espera”, apuntó Blas Díaz

 El secretario local de Coalición Canaria en Gáldar, Blas Díaz, denuncia que el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, ha perdido una subvención de 250.000 euros, destinada a restaurar la Casona del Drago, ubicada en el municipio norteño, “a causa del abandono que sufre el Ayuntamiento, ya que está más preocupado por su futuro en el Cabildo de Gran Canaria que de su propio municipio”.

Blas Díaz explicó que se trataba de una subvención que iba a otorgar el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Infraestructura Turística, al Ayuntamiento de Gáldar y que la corporación local así fue informada inicialmente el 19 de enero de 2021 de la existencia de crédito para llevar a cabo la actuación. Asimismo, el nacionalista detalló: “El procedimiento se inició con normalidad pero con escasa profesionalidad por parte del Ayuntamiento que daba respuesta a los requerimientos del Gobierno autonómico sin incluir la documentación e información solicitada”.

El secretario local concretó que el 17 de junio de 2021 el Gobierno de Canaria requirió al Ayuntamiento la documentación necesaria para continuar con el trámite de la subvención sin recibir respuesta, y que el 29 de octubre del 2021 el Gobierno regional reiteró la solicitud formulada el 17 de junio sin recibir nuevamente respuesta. “Lo más vergonzoso es que a día de hoy, la Dirección General de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias aún no tiene constancia de la entrada de la documentación solicitada. Desde el principio este procedimiento ha sido desastroso, dirigido con total desidia e irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento de Gáldar. De esta forma, Teodoro Sosa muestra el nulo interés que tiene por la mejora del municipio, dan muestras de una forma de proceder lamentable e irrespetuosa con los vecinos de Gáldar”, comentó Blas Díaz.

El nacionalista acusó a Teodoro Sosa de mostrar una total dejación en la gestión del Ayuntamiento y puntualizó: “No ha estado a la altura de lo que necesitan los vecinos y vecinos que viven en Gáldar, que no es más que contar con dirigentes capaces y responsables. Resolver este tipo de trámites burocráticos no debería ser un problema. Me preocupa enormemente que esté más preocupado por su carrera política que por sus vecinos y vecinas”.

La Guardia Civil colaboró en la localización de los pescadores furtivos

Agentes del Servicio de Inspección Pesquera de la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias denunciaron el pasado viernes a dos pescadores furtivos en la isla de El Hierro con 148 kilos de pescado, de los cuales fueron decomisados 138 kilos y dos fusiles de pesca submarina

Meros, corvina negra, pejeperros, jureles y gallos azules fueron las principales capturas, especies de frágil equilibrio ecológico que se ven afectadas por una pesca furtiva que ha provocado graves daños en las islas.

Así, el pasado viernes 19 de noviembre, un grupo de agentes del Servicio de Inspección Pesquera observaron a primera hora de la mañana una embarcación neumática, la cual daba apoyo a dos pescadores submarinos que ejercían la actividad ilegal, tanto dentro de los espacios autorizados para la práctica de la pesca submarina como fuera de dichas zonas. En el marco del convenio de colaboración existente entre el Servicio de Inspección Pesquera y la Guardia Civil, se solicitó la participación de este cuerpo de seguridad dadas las dificultades para ubicar a estos pescadores furtivos, siendo localizados sobre las 20.00 horas en el muelle de Los Gigantes, en Santa Cruz de Tenerife.

Los agentes comprobaron que las capturas superaban los 5 kilos autorizados por persona, por lo que se procedió a la identificación de la embarcación.

Cada una de las infracciones observadas están tipificadas como graves en la Ley 17/2003 de 10 de abril de Pesca de Canarias y pueden conllevar multas de entre 301 a 60.000 euros.

Asimismo, los infractores se pueden enfrentar a sanciones accesorias como la retirada de la licencia de pesca o el decomiso de las artes empleadas, entre otras.