El protocolo permitirá establecer actuaciones para la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad y la lucha contra las discriminaciones que les afectan por razón de género y de discapacidad

El Instituto Canario de Igualdad (ICI), dependiente de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad en Canarias (CERMI-Canarias), han renovado por un período de cuatro años el protocolo general de actuación para el desarrollo de actuaciones dirigidas a promover la efectividad del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad y la lucha contra las discriminaciones que les afectan por razón de género y de discapacidad.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Familia e Infancias, Candelaria Delgado, explica que “nuestro objetivo es seguir desarrollando acciones conjuntas con el CERMI Canarias y en especial, hacer valer los derechos de las mujeres que tienen discapacidad y sufren discriminación”

Por su parte, la directora del ICI, Ana Brito, señala que “se trata de darle continuidad a las acciones que venimos realizando en los últimos años desde el ICI para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Para ello es necesario dar a conocer la realidad que viven las mujeres con discapacidad e implementar políticas que mejoren su situación”.

El protocolo del ICI y el CERMI-Canarias contempla un conjunto de actuaciones a desarrollar conjuntamente como dar a conocer la realidad de las mujeres con discapacidad, sensibilizando a la sociedad en general sobre la problemática específica que les afecta, desde una perspectiva interseccional, abordando las dimensiones de género y discapacidad, así como otras variables que confluyen con las anteriores, como son la vulnerabilidad social y económica, la edad, el hábitat urbano/rural, la migración, la orientación sexual, entre otras.

Asimismo, el documento permite desarrollar espacios de participación y aprendizaje que generen el empoderamiento de las mujeres con discapacidad y promuevan su capacidad de liderazgo y fomentar la aplicación del principio de accesibilidad universal en la prestación de los servicios y recursos destinados a promover la igualdad entre mujeres y hombres, a la prevención y erradicación de la violencia de género, así como a la atención y protección de sus víctimas.

Otros aspectos contemplados en el protocolo son promover la introducción de la variable discapacidad en todos los estudios y estadísticas en los que se deba tener en cuenta la dimensión sexo/género y diseñar formación para el personal que trabaje en los recursos y servicios especializados en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y en la atención y protección a las víctimas de violencia de género y promover la efectividad de su impartición.

Finalmente, a través de este documento se trata de promover el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la realidad de las mujeres y niñas con discapacidad, especialmente, los que den a conocer la situación de las mujeres con discapacidad ante la violencia de género, sus causas y consecuencias, así como los que permitan identificar las necesidades específicas de atención de las mismas y el análisis de los factores individuales, familiares, sociales y estructurales que favorecen su recuperación.