La Consejería de Bienestar Social ha descentralizado este servicio con la apertura de equipos en los municipios de Santa Úrsula, Garachico y San Miguel, en Tenerife, y en Agüimes y Gáldar en Gran Canaria. El nuevo espacio dará servicio a unas 4.000 personas en espera de su certificación de Arico, Arona, Granadilla, Vilaflor y el propio municipio donde se ubica, San Miguel

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Discapacidad, ha puesto en marcha este miércoles un equipo descentralizado del servicio de valoración de la discapacidad en el municipio de San Miguel de Abona que desde este momento podrá atender a las 3.768 personas residentes en la zona que están tramitando su certificado de discapacidad. Está previsto que este nuevo equipo atienda a solicitantes residentes en los municipios de Arico, Arona, Granadilla, San Miguel y Vilaflor.

El objetivo del equipo es agilizar la realización de los trámites necesarios para conseguir la valoración de la discapacidad y que las personas solicitantes de este reconocimiento no tengan que ir a los municipios capitalinos. La iniciativa, que se enmarca en el proyecto ITINERA y está financiada a través del Fondo Social Europeo con una inversión anual de un millón de euros.

El acto contó con la presencia de la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado; la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, y el alcalde de San Miguel, Arturo González.

El nuevo equipo de valoración ubicado en San Miguel pero que si fuera necesario podría itinerar a otro municipio, está integrado por dos trabajadoras sociales, una psicóloga, un fisioterapeuta y un administrativo.

Candelaria Delgado agradeció a los responsables de San Miguel el trabajo que han realizado para facilitar la apertura de la oficina y señaló que se suma a las que ya se han abierto en resto de municipios. “Cumplen dos objetivos, primero el de acercar la administración a la ciudadanía y segundo, que las personas con discapacidad que estaban esperando obtengan su grado y puedan acceder a los derechos que le corresponden”. La consejera destacó también que en la oficina habrá “una trabajadora social más que orientará a las personas que lo precisen en todos los derechos, actividades o acciones que se impulsarán en la zona para mejorar la atención a las personas con discapacidad”.

El alcalde de San Miguel, Arturo González, consideró que “hemos dado un paso importante poniendo a disposición del Gobierno de Canarias este espacio municipal. Somos conscientes de la importancia del servicio que se prestará, porque el certificado de discapacidad es un documento imprescindible para muchas familias y personas, y es fundamental que se reduzcan los tiempos de espera y se apoye a quienes más lo necesitan”

La directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez enfatizó en que con este nuevo servicio “se favorece la agilidad y flexibilidad para que la ciudadanía con cierta vulnerabilidad, no se vean abocados a acudir a los municipios capitalinos para tramitar la valoración de la discapacidad, lo que en definitiva queremos es facilitar la vida de las personas”.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales del municipio, Nuria Marrero, manifestó que “el certificado de discapacidad no es solo un trámite administrativo, es la puerta de acceso a derechos, prestaciones y apoyos fundamentales. La apertura de este equipo descentralizado de valoración es un avance en todos los sentidos”

Equipos

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto ITINERA que permite la realización por parte de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS), órgano dependiente de la Consejería de Bienestar Social, de entrevistas a las personas atendidas proporcionando información, asesoramiento y asistencia, con el fin de valorar el grado de discapacidad y emitir los dictámenes correspondientes. Además, el personal realizará toda la gestión documental que lleva aparejada el reconocimiento del grado de discapacidad. Cada equipo de valoración de la discapacidad está integrado por dos profesionales en materia de trabajo social, un psicólogo y un profesional sanitario que han realizado una formación específica para poder realizar su labor.