El ‘Protocolo de actuación sanitaria y de coordinación interinstitucional para el abordaje de las situaciones de violencia en la infancia y adolescencia en Canarias’ recoge las acciones que debe llevar a cabo cada uno de los ámbitos implicados en la detección, asistencia y judicialización de los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes

El documento busca, además, sensibilizar a los profesionales y a la ciudadanía en la prevención de la violencia desde la promoción del buen trato y la detección de factores de riesgo

El protocolo es el resultado del trabajo de más de cincuenta profesionales de los ámbitos sanitario, judicial, policial, Medicina forense, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2, y Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, entre otros

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, y la directora general de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonia María Pérez, presentaron hoy jueves, día 11 de abril, el Protocolo de actuación sanitaria y de coordinación interinstitucional para el abordaje de las situaciones de violencia en la infancia y adolescencia en Canarias. En la rueda de prensa también intervinieron las especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria del SCS, Ángeles Cansino y en Medicina Forense del Instituto de Medicina Legal, Eva Bao, como representantes del grupo coordinador del Protocolo.

En la rueda de prensa también participaron la pediatra del SCS Ángeles Cansino y la médica forense, subdirectora del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas y coordinadora de la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, Eva Bajo, como representantes del grupo coordinador del Protocolo.

El principal objetivo de este protocolo es establecer pautas de actuación ante la sospecha de violencia en una persona menor de edad desde los servicios sanitarios, así como las vías de comunicación y actuación coordinada con el resto de instituciones que intervienen: servicios sociales municipales, Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, cabildos insulares, instancias judiciales, Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Fiscalía y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Además, se busca mejorar la detección y la actuación sanitaria ante la violencia en la infancia y la adolescencia en el archipiélago, evitando la victimización secundaria y garantizando la protección de las personas menores víctimas de violencia con un mismo protocolo regional de actuación.

Equipo multidisciplinar

Durante su intervención, la consejera puso en valor el trabajo realizado por un equipo multidisciplinar de profesionales de distintos ámbitos. Según explicó, este documento es el resultado del trabajo de más de cincuenta profesionales de los ámbitos sanitario, judicial, policial, Medicina forense, Dirección General de Protección a la Infancia y a las Familias del Gobierno de Canarias y de los equipos municipales e insulares, así como del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 1-1-2.

Antonia Pérez recordó que “los profesionales de la salud, como asesores de confianza para progenitores, cuidadores y familias, juegan un papel importante en la prevención de la violencia por su conocimiento del ámbito familiar y como promotores de educación para la salud, de habilidades parentales y promoviendo prácticas adecuadas basadas en la evidencia, que sean enriquecedoras y positivas”.

También incidió en la importancia de un abordaje de la violencia eficiente para evitar la menor afectación a la salud de la víctima. En este sentido, agregó que la violencia sufrida durante la infancia y la adolescencia afecta a la salud y al bienestar y sus consecuencias pueden perdurar durante toda la vida. “El estrés al que son sometidos los niños, niñas y adolescentes afecta a su desarrollo cerebral pudiendo perjudicar su rendimiento académico y profesional y producir déficits cognitivos, trastornos del lenguaje y del desarrollo psicomotor. También puede afectar a otros órganos o sistemas como consecuencia directa de la violencia ejercida. Además, puede haber una disfunción o ausencia del vínculo de apego que afectará a sus relaciones sociales, baja autoestima e impulsividad”, matizó.

Asistencia integral a todo tipo de violencia

La directora general de Programas Asistenciales informó de que el protocolo recoge todos los tipos de violencia que puede sufrir la población infantil y adolescente: física, emocional o psicológica, de género, sexual, prenatal y perinatal, neglicencias, trata y explotación infantil, trastorno facticio inducido por la persona cuidadora o la ejercida desde las instituciones, entre otras. Para todos estos casos, el documento recoge tanto sus indicadores que ayuden a los diferentes profesionales a identificar un caso, como las pautas a seguir para dar una asistencia y cobertura integral, tanto desde el punto de vista sanitario como judicial y de protección.

“Además de los anteriores tipos de violencia se dan otras prácticas que afectan a la salud, integridad o derechos de las personas menores de edad, tales como la sumisión o vulnerabilidad química, la agresión a adolescentes con objeto punzante o violencia de odio”, matizó Pérez.

Por su parte, la pediatra Ángeles Cansino explicó que este protocolo supone una herramienta para estandarizar y coordinar las actuaciones a nivel regional y destacó la importancia de que la ciudadanía comunique cualquier caso de violencia del que tenga conocimiento.

La médica forense Eva Bajo destacó en su intervención el esfuerzo que el Gobierno de Canarias está realizando en relación con la violencia hacia la infancia y la adolescencia. Además, afirmó que este protocolo aporta indicadores novedosos y pioneros “por encima de los estándares que marca el protocolo nacional como, por ejemplo, la realización de la entrevista conjunta inicial”.

Coordinación

La consejera afirmó que las principales novedades de este protocolo radican en que el 1-1-2 se encarga de poner en contacto a todos los actores involucrados y que, una vez activados, “se trabaja desde una perspectiva de no victimización secundaria, es decir, que no se hagan múltiples exploraciones y entrevistas, sino que de una sola vez estén todos los profesionales implicados en la misma sala y mismo momento, tanto desde justicia como fuerzas y cuerpos de seguridad y sanitarios”, explicó.

Coordinación interinstitucional

Este protocolo incluye nuevas líneas de coordinación interinstitucional que contribuirán a optimizar y reducir el número de intervenciones con la persona menor de edad víctima de violencia y proteger a este colectivo con la adopción, en su caso, de las medidas que precise, procurando la intervención inmediata y eficiente de todos los ámbitos implicados.

“El gran avance que supone la puesta en marcha de este protocolo interinstitucional es el hecho de que los niños, niñas y adolescentes que requieren una solución inmediata y no deben volver a su domicilio, no tienen que ser derivados al hospital, sino que será la fiscalía la que actúe de manera urgente para solucionar esta situación, a excepción de los siguientes casos que serían los únicos a derivar al hospital: cuando haya indicios o evidencias de violencia que precisen atención hospitalaria y los casos de agresión sexual, con o sin violación, reciente”, concluyó Antonia María Pérez.