El documento establece un marco común basado en cinco principios e incluye ejemplos prácticos para la organización de eventos, la adquisición de equipos electrónicos y mobiliario y la ejecución de obras

Zapata: “La compra pública debe convertirse en una palanca para transformar el mercado y extender el uso de productos y servicios más duraderos, eficientes y con un menor impacto ambiental”

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental y en colaboración con la Universidad de La Laguna y Gesplan, ha presentado el documento «Orientaciones para la contratación pública circular en Canarias», una herramienta destinada a facilitar la incorporación progresiva de criterios de economía circular en los procedimientos de compra y contratación de las administraciones públicas del archipiélago.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia Canaria de Economía Circular 2021-2030 y en el Plan de Acción de Economía Circular 2024-2026 y consolida el compromiso indiscutible de las islas con las metas del Pacto Verde Europeo. En concreto, desarrolla la medida dedicada a introducir criterios de economía circular en la contratación pública y en las subvenciones, con el objetivo de establecer un marco compartido que ayude a las administraciones a tomar decisiones de compra más sostenibles.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, destacó que “la contratación pública debe convertirse en una palanca para transformar el mercado y extender el uso de productos y servicios más duraderos, eficientes y con un menor impacto ambiental, destacando que representa entre el 15% y el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) regional”.

“Las administraciones públicas no solo prestan servicios y ejecutan políticas, sino que también tienen una importante capacidad de compra. Cada contrato representa una oportunidad para reducir el consumo de materias primas, prevenir la generación de residuos, fomentar la innovación y apoyar un modelo económico más sostenible para Canarias”, señaló Zapata, de manera que “queremos poner a disposición de los órganos de contratación una herramienta útil, rigurosa y adaptada a la realidad de las administraciones canarias”.

Por su parte, el director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, indicó que el este meticuloso trabajo supone dar un paso más en cumplir con el sector productivo canario, que durante el proceso participativo del Plan de Acción de Economía Circular solicitó que la Comunidad Autónoma apostara por la contratación circular como fórmula para poner en valor el producto hecho en Canarias de forma sostenible. El Director añadió que con el mismo estamos dando herramientas sólidas a los técnicos que se enfrentan a procedimientos de contratación para que puedan hacerlo sin miedo a que los mismos sean “tumbados” por la judicialización de los mismos. Concluye que “no se trata de incorporar requisitos ambientales de forma indiscriminada, sino de seleccionar criterios vinculados al objeto de cada contrato, proporcionados a sus características, compatibles con la libre competencia y cuyo cumplimiento pueda comprobarse durante la ejecución”.

Cinco principios para facilitar su aplicación

Las orientaciones establecen un marco común para incorporar criterios de economía circular en todas las fases del procedimiento de contratación. Entre otros aspectos, promueven la consideración del ciclo de vida de los productos y servicios, la utilización de criterios objetivos y verificables y la incorporación de requisitos adaptados a las características de cada contrato, garantizando siempre los principios de igualdad, libre competencia y proporcionalidad.

El equipo redactor del documento explicó que “las orientaciones no plantean una fórmula única para todos los contratos, sino un método de trabajo que permite seleccionar los criterios más adecuados en función de las características de cada prestación. El objetivo es que los órganos de contratación puedan analizar el ciclo de vida de los productos y servicios, identificar los principales impactos ambientales y determinar en qué fase del procedimiento resulta más eficaz introducir cada criterio”.

Aplicación en cuatro ámbitos prioritarios

Además del marco metodológico, el documento incorpora ejemplos prácticos para facilitar su aplicación en cuatro ámbitos prioritarios: la organización de eventos, la adquisición de equipos electrónicos, la compra de mobiliario y la ejecución de obras. En todos ellos se proponen medidas orientadas a favorecer la durabilidad y reparabilidad de los productos, la reutilización de materiales, la reducción de residuos y un uso más eficiente de los recursos.

Montañés afirmó que “estos ejemplos permitirán pasar de los principios generales a su aplicación práctica y servirán como punto de partida para que cada órgano de contratación adapte los criterios a sus necesidades, competencias y capacidades técnicas”.

Una segunda fase participativa

El documento inicia ahora una segunda fase de trabajo, que se desarrollará durante el segundo semestre de 2026 mediante un proceso participativo con administraciones públicas, órganos de contratación, servicios jurídicos y otros agentes implicados. El objetivo es validar las orientaciones y facilitar su implantación progresiva en Canarias, un proceso que continuará reforzándose en el próximo Plan de Acción de Economía Circular 2027-2029 con acciones de formación y herramientas de apoyo para las administraciones públicas.

Zapata concluyó que “la economía circular debe incorporarse de manera transversal al funcionamiento de las administraciones. Con este documento damos un primer paso para que la sostenibilidad deje de ser únicamente un objetivo general y se convierta en un criterio concreto y verificable dentro de la contratación pública de Canarias”.