La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales valora positivamente la aprobación de la Ley de Dependencia pero recuerda que el medio rural tiene particularidades que deben tenerse en cuenta y atenderse

La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) ha valorado la aprobación ayer en el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley de Dependencia y Discapacidad, y ha pedido que su despliegue tenga en cuenta las particularidades de los municipios rurales, donde la brecha digital, la escasez de recursos y la sobrecarga de las cuidadoras familiares condicionan el ejercicio real de estos derechos.

La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad blinda por primera vez la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50 % de la financiación del sistema de dependencia y reconoce la accesibilidad universal como “derecho subjetivo”. Desde la Federación han destacado que el refuerzo de la financiación permitirá a las comunidades autónomas recibir 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027 para ampliar servicios y reducir listas de espera, que siguen en muchos territorios en niveles “inasumibles”.

El reconocimiento y la cotización de las cuidadoras principales, en su inmensa mayoría mujeres, es una asignatura pendiente, especialmente en el medio rural. La conversión de la teleasistencia en “derecho subjetivo” para toda persona con dependencia reconocida es una herramienta con gran potencial en los territorios más dispersos y envejecidos.

FADEMUR ha advertido de que “una ley no garantiza por sí sola derechos reales si el territorio no cuenta con las condiciones para ejercerlos”. La Federación, que trabaja desde 2018 con mujeres, mayores y personas dependientes, entre otros grupos de población, en el medio rural, ha señalado algunas de las debilidades que todavía se afrontan en este aspecto.

El derecho a la teleasistencia choca con una realidad constatada por FADEMUR, la brecha digital. El 15% de la población rural aún no cuenta con una conexión de calidad, lo que afecta a casi 1,5 millones de personas, a lo que se suman las dificultades de manejo de la tecnología entre las personas mayores.

La ampliación de servicios de atención domiciliaria recaerá sobre un sector precarizado y feminizado, en el que más del 97% de las trabajadoras son mujeres y el 63,1% sufre parcialidad involuntaria. “Sin mejoras en las condiciones laborales, la reforma corre el riesgo de intensificar la sobrecarga de quienes sostienen el sistema”, explican.

La experiencia acumulada en el territorio muestra que, incluso cuando existen fondos dirigidos al medio rural, estos tienden a concentrarse en los municipios intermedios, dejando fuera a los núcleos de menor tamaño y mayor dispersión, donde el coste de mantener los servicios es más alto.

“Aplaudimos que la ley reconozca por fin derechos que las mujeres rurales llevan décadas sosteniendo de forma silenciosa. Ahora toca garantizar que esos derechos no dependan del código postal de quien los necesita”, ha señalado Teresa López, presidenta de FADEMUR, quien reitera su disposición a seguir colaborando con las administraciones públicas para que el despliegue de esta reforma incorpore la perspectiva rural y de género desde el diseño de sus instrumentos de aplicación.