Candelaria Delgado ha informado de que se ha celebrado una reunión técnica en que se acordó que el Estado no planteará recurso de inconstitucionalidad

Canarias ha mantenido una reunión con el Estado para abordar la posibilidad anunciada de que el complemento a las pensiones no contributivas reflejado en el presupuesto del Gobierno del Archipiélago para este 2026 sea considerado inconstitucional. Para analizar la situación, el Estado propuso reuniones periódicas que llevaran al buen fin de la ayuda, que iban a disfrutar más de 40.000 familias. El argumento de Canarias es que se ha buscado la “única fórmula para conseguir ayudar a estas familias, sin que el complemento, que procede de nuestros presupuestos, suponga que pierdan su derecho a la PNC por superar el límite máximo de percepciones”, informó la consejera.

En la primera reunión, técnica, el Estado se ha mostrado interesado en desbloquear la ayuda y, a falta de la concreción en un documento que plasme los acuerdos, y su ratificación legal, ha mostrado su intención de no presentar recurso de inconstitucionalidad sobre el suplemento canario.

Bienestar Social, por su parte, continúa con la tramitación del primer complemento, de doscientos euros, para pagar al final del mes de mayo, de forma separada a la nómina mensual, que es competencia estatal.

El complemento de 400 euros anuales a la PNC se pensó como respuesta a una necesidad de complementar las rentas más bajas, a través de la Renta Canaria de Ciudadanía, debido a la lentitud del Estado en cumplir el mandato del Congreso de modificar la Ley de la Seguridad Social.

“Desde hace dos años”, explicó la consejera en comisión parlamentaria el pasado mes de noviembre, “el Gobierno de Canarias ha trabajado con mucha cautela. Sabemos que el límite de ingresos para acceder y mantener una PNC es muy estricto y que, si se supera, la persona puede perder la prestación. Para evitar ese efecto perverso impulsamos un debate en el Congreso de los Diputados para que el Estado reconociera de forma expresa la compatibilidad entre los complementos autonómicos y las pensiones no contributivas del sistema nacional. Esa iniciativa salió adelante y mandató a la Seguridad Social a articular una regulación que impida que una ayuda autonómica descuente o bloquee la pensión”, recordó. Delgado continuó explicando que “en paralelo, hemos trasladado al Estado una propuesta muy concreta: modificar el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social para que se pueda contemplar el desarrollo de un complemento a las PNC en Canarias, como región ultraperiférica, sin que compute como ingreso; e incluir entre las rentas exentas de cómputo los complementos que puedan establecer las comunidades autónomas”.

“En nuestra comunidad, según los datos del Imserso, en Canarias hay 25.621 pensiones no contributivas de jubilación y 16.197 de incapacidad, lo que hace un total de 41.818 personas que viven con ingresos muy ajustados en un territorio insular, con costes de vida más altos y más dificultades de acceso a servicios”.

Canarias es la quinta comunidad autónoma de España en número absoluto de PNC, pese a ser una comunidad de tamaño demográfico medio, lo que da una idea del peso que estas prestaciones tienen en nuestra estructura social y del impacto que tiene cualquier mejora que podamos impulsar.

“Nuestra sorpresa fue la carta del Gobierno de España en la que se nos anunciaba la posible inconstitucionalidad de esta medida y su intención de bloquear este complemento para las personas más vulnerables de Canarias”, explicó.