Las medidas están diseñadas para facilitar el proceso de alquiler de viviendas vacías y ofrecer mayores garantías tanto a los propietarios como a los inquilinos

La Consejería formalizará un acuerdo de colaboración con la asociación Provivienda para agilizar la gestión de esta iniciativa

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha anunciado en comisión parlamentaria una batería de incentivos y mejoras del actual programa de ‘Vivienda vacía’, que se enmarca en el Plan Canario de la Vivienda (2020-2025), que permitirán, a corto y medio plazo, mejorar la estrategia de gestión actual para hacerla más eficiente e incentivar la puesta en el mercado de más inmuebles.

El consejero del área ha lamentado el escaso éxito del programa hasta ahora, que se puso en marcha en la legislatura anterior a través de un encargo a Visocan, y ha señalado que, dada esta situación, y considerando que queda poco más de un año para finalizar el plan, “creemos necesario realizar modificaciones importantes hasta su finalización, para ofrecer seguridad jurídica y garantías tanto a propietarios como a inquilinos, de manera que se incentive la oferta de viviendas en alquiler”, ha afirmado.

Entre las mejoras que se incorporarán al programa, el consejero ha detallado las garantías del abono puntual de la renta mensual desde el primer mes de alquiler hasta la finalización del contrato, que puede extenderse hasta siete años; de la recuperación de la vivienda una vez expirado el plazo de cesión; de la devolución de la misma en el estado de conservación en el que fue cedida; de la gestión integral del alquiler, o de la reparación de las averías de los bienes inventariados, así como la creación de un departamento de apoyo que estará a disposición de propietarios e inquilinos.

Colaboración con Provivienda

Otra de las nuevas medidas anunciadas por el consejero para consolidar el programa es la colaboración con la asociación Provivienda, que se encargará de la captación de inmuebles; la selección de inquilinos; la tramitación de la documentación necesaria para la firma de los contratos de alquiler, o la simplificación administrativa y de trámites.

Provivienda también realizará labores de apoyo en la gestión de incidencias durante la vigencia del contrato de alquiler y de la revisión de las viviendas para su reincorporación al programa o para su devolución a los propietarios.

“El programa actual se complementará con acciones como la creación de una red de oficinas de cercanía para informar y asesorar tanto a arrendadores como a arrendatarios”, ha afirmado el consejero. “Con todas estas medidas”, ha concluido, “confiamos en alcanzar el éxito que no se logró con la redacción original de esta iniciativa, promoviendo una mayor participación de los propietarios y un acceso más amplio a la vivienda en alquiler para la población”.

Durante su intervención, Pablo Rodríguez ha anunciado también que, con el plan de vivienda para el próximo periodo de 2025-2030, se preparará un programa de vivienda vacía mucho más ambicioso para mejorar aún más el acceso a la vivienda en alquiler y reducir el número de inmuebles desocupados en nuestra región.

La Consejería firma el contrato con la empresa Obras, Desarrollos y Asfaltos SLU, por valor de 2,8 millones de euros en el marco del Plan de Vivienda de Canarias

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, ha adjudicado la ejecución de las obras de 18 inmuebles de promoción pública en la zona de El Secuestro, en el término municipal de Teror, en la isla de Gran Canaria.

El ICAVI ha firmado el contrato con la empresa Obras, Desarrollos y Asfaltos SLU, por un importe total de 2.884.082,00 euros.

Esta nueva promoción se suma a otro lote de 67 viviendas en Arrecife, que se construirán a través del proyecto de ejecución de las obras de un total de 85 inmuebles de protección oficial de promoción pública en el archipiélago.

Proyectos en marcha en la isla de Gran Canaria

Dentro del Plan de Vivienda de Canarias, el ICAVI cuenta, actualmente, con nueve actuaciones en marcha: tres de ellas en ejecución en Ingenio y Gáldar; un proyecto adjudicado en el municipio de Teror, que permitirá desarrollar 18 inmuebles; tres iniciativas aprobadas y pendientes de licitar las obras en Telde, y dos pendientes de aprobación de proyecto en La Capellanía, en el término municipal de Ingenio, y en Santa Lucía de Tirajana.

Asimismo, el Plan también ofrece subvenciones directas destinadas a la construcción, como la que se ha otorgado a la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (GEURSA) para el desarrollo de más de 90 inmuebles, 25 en León y Castillo y 74 en Tamaraceite Sur.

Además de la construcción, el ICAVI está desarrollando el programa seis, destinado a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, junto con ayuntamientos y cabildos, y el programa uno, destinado solo a rehabilitación, en el marco del Plan Estatal de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por último, la empresa pública Visocan promueve actualmente la construcción de varias promociones en los municipios de Agaete, Santa Lucía de Tirajana e Ingenio.

Esta partida está financiada por los fondos europeos Next Generation, en el marco del programa de ‘Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada’

La actuación permitirá modernizar y acondicionar las viviendas a las nuevas exigencias de eficiencia energética que demanda la Unión Europea para limitar las emisiones de CO2

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha publicado la resolución por la que se aprueba técnicamente el proyecto de rehabilitación energética y mejora de la accesibilidad de 40 viviendas protegidas de promoción pública en Firgas, en la isla de Gran Canaria.

Esta actuación, para la que se ha destinado una partida de 1.283.256,24 euros, está financiada por los fondos europeos Next Generation, concretamente en el marco del programa de ‘Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada’ (ERRP) para modernizar y acondicionar las viviendas a las nuevas exigencias de eficiencia energética que demanda la Unión Europea para limitar las emisiones de CO2.

La Consejería impulsa esta actuación para continuar con el compromiso del Gobierno de Canarias con la rehabilitación de viviendas, una medida clave para mejorar las condiciones de habitabilidad del parque público de viviendas del archipiélago y la calidad de vida de las personas.

Esta iniciativa pretende facilitar el acceso de los residentes a los espacios interiores de los inmuebles

La presentación de documentación estará habilitada hasta el 30 de junio de 2024 a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, que dirige Antonio Ortega, ha ampliado el plazo de presentación de solicitudes del programa de subvenciones destinado a la adecuación funcional básica y mejora de la accesibilidad en viviendas, edificios residenciales y comunidades de propietarios del archipiélago, por valor de 2.530.004,15 euros.

Esta iniciativa, cuyo plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 30 de junio, va dirigido a viviendas unifamiliares aisladas; edificios de viviendas de tipo residencial colectivo, ya sea en zonas comunes como en el interior de las viviendas; y a inmuebles ubicados dentro de edificios.

El Instituto Canario de la Vivienda impulsa el desarrollo de estas subvenciones con el objetivo de mejorar la accesibilidad de las viviendas, por un lado, a través de la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas o automatismos para la apertura de puertas incorporando mecanismos motorizados u otros dispositivos de accesibilidad.

Además, también se contempla cualquier medida de accesibilidad que facilite la autonomía y la vida independiente de personas con movilidad reducida; la instalación de elementos de información, de comunicación o de aviso como señales luminosas y visuales, vibrotáctiles o sonoras, que permitan la orientación en el uso de escaleras, ascensores y del interior de las viviendas, o la inclusión de productos de apoyo a la audición para la accesibilidad en el entorno.

Asimismo, esta ayuda también favorece la instauración de elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior, como videoporteros o la instalación domótica y de otros avances tecnológicos para favorecer la autonomía personal de personas mayores o con discapacidad. También se contempla cualquier intervención que facilite la accesibilidad universal en los espacios del interior de las viviendas o en los propios edificios de tipología residencial colectiva.

Podrán beneficiarse de esta ayuda las personas físicas o jurídicas que sean propietarias o usufructuarias de viviendas o edificios, así como las comunidades de propietarios, las sociedades cooperativas, según el caso, las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como cooperativas que acrediten dicha condición, así como otras administraciones públicas propietarias de las viviendas.

La cuantía vendrá determinada por el coste de la actuación, subvencionando hasta un máximo del 60%, pudiendo incrementarse hasta el 80% si una de las personas que habite en la vivienda o edificio tenga diversidad funcional o más de 75 años, con ciertos límites específicos en función del tipo de actuación.

El plazo máximo para la ejecución de las obras es de 12 meses, en el caso de viviendas aisladas o agrupadas en fila y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva y, de 24 meses, en el supuesto de edificios de viviendas de tipología residencial colectiva. Estos plazos comenzarán a contar desde la fecha de concesión de la ayuda.

Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, dirigidas al Instituto Canario de Vivienda, o bien presencialmente en el caso de personas físicas.

El Ejecutivo adjudica provisionalmente la redacción de los proyectos para la rehabilitación energética y de accesibilidad de 17 grupos de viviendas protegidas

La ejecución de esta contratación está sujeta al cumplimiento, ejecución y realización de los hitos y objetivos fijados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Estas actuaciones se llevarán a cabo en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Puerto del Rosario, Betancuria, La Oliva, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Gáldar, Santa Brígida, Valleseco, Valsequillo, Artenara, Tías, Candelaria, Adeje y El Rosario

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, que dirige Antonio Ortega, ha anunciado la aceptación de la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación para la ejecución del servicio consistente en la redacción de proyectos y dirección facultativa de las obras de rehabilitación energética y accesibilidad de diecisiete grupos de viviendas protegidas de promoción pública.

“Estamos comprometidos con mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Con una inversión total de más de 2 millones de euros, vamos a dar respuesta a las necesidades de diferentes municipios de Canarias, garantizando así el acceso a viviendas de calidad y sostenibles”, ha asegurado Ortega.

La ejecución de esta contratación se realiza conforme a los hitos y objetivos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, reflejando el compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo integral de Canarias.

El primer acuerdo aprobado comprende cinco grupos de viviendas ubicadas en Ciudad del Campo, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria; Jinámar VI, en el municipio de Telde; Los Menceyes, en el municipio de Candelaria; Los Olivos, en el municipio de Adeje y La Esperanza, en el municipio de El Rosario, con un presupuesto asignado de 1.214.640,09 euros.

Por su parte, el segundo conjunto consta de doce grupos de inmuebles distribuidos en Puerto del Rosario, Betancuria, La Oliva, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Gáldar, Santa Brígida, Valleseco, Valsequillo, Artenara y Tías, de la provincia de Las Palmas, con un presupuesto de 892.124,40 euros.

El Plan de Viviendas de Canarias 2020-2025, aprobado mediante resolución de 21 de diciembre de 2020, tiene como objetivo garantizar el acceso a las viviendas protegidas. Dentro de esta iniciativa, se incluyen subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección de obra del proyecto y de los subproyectos de instalaciones.

El espacio ha sido otorgada a la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias como parte del proyecto ‘Inserta juventud’

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, que dirige Antonio Ortega, ha cedido un local en Santa Cruz de Tenerife al proyecto ‘Inserta juventud’ de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (ADEICAN).

Esta cesión, concedida mediante Resolución de la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda, tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga. El objetivo principal es que el espacio pueda ser utilizado para fines de utilidad o interés social, sin ánimo de lucro, en consonancia con el propósito de promover la inclusión y el desarrollo comunitario en la región.

El local, que está situado en el Grupo 89 Viviendas Alisios II, en Santa María del Mar, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, será la sede de esta iniciativa que está orientada a la inserción sociolaboral de personas jóvenes, de 16 a 30 años, en la comunidad autónoma de Canarias.

El espacio tiene una superficie construida de 86,81 metros cuadrados y una superficie útil de 69,45. Se compone de un salón con un office equipado, separado por una puerta corredera, un cuarto pequeño, dos aseos y un despacho con espacio adicional.

La Consejería establece en más de un millón de euros el presupuesto base de licitación de las obras

Esta actuación pretende dar respuesta a la población que no puede afrontar los precios de una vivienda en el mercado libre

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha publicado la resolución por la que se aprueba técnicamente el proyecto de ejecución de ocho viviendas protegidas de promoción pública en Puntallana, en la isla de La Palma.

Esta actuación, para la que se ha establecido un presupuesto base de licitación de 1.543.168,36 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, se desarrolla en el marco del Plan canario de Vivienda para fomentar la construcción de inmuebles protegidos dirigidos, principalmente, al sector de la población que, aún teniendo una situación económica normalizada, no puede afrontar los precios de una vivienda en el mercado libre.

La nueva promoción contará con cinco viviendas situadas en la planta baja, de las cuales cuatro dispondrán de tres dormitorios y la restante tendrá uno; y, en la planta alta, tres inmuebles de uno, tres y cuatro habitaciones.

Asimismo, se proyecta una planta de garaje con un total de ocho plazas de aparcamiento, con sus correspondientes trasteros, zonas de circulación y diversos cuartos técnicos comunitarios. En esta estancia se reserva un espacio para la ubicación de vehículos de movilidad personal, como bicicletas y patinetes, mientras que en la planta baja se proyecta una zona destinado a un local social para fomentar las relaciones y los encuentros entre los usuarios del edificio.

Con dicha aprobación técnica se inicia el expediente de contratación para las obras y su posterior envío a la Intervención General del Gobierno de Canarias, previo a la licitación de las mismas.

En esta línea, la Consejería suma 6 iniciativas más en la isla de La Palma. Por un lado, la licitación de las obras para edificar 11 inmuebles en el barrio de El Zumacal, en Breña Baja; las obras de reparación y rehabilitación de 108 y 59 inmuebles en Santa Cruz de La Palma; así como la adjudicación de la redacción de proyecto para la construcción de 37 inmuebles para los afectados por el volcán.

Por otro lado, el ICAVI ha cedido un local a la Fundación Canaria de Juventud IDEO para desarrollar un proyecto de atención a menores y jóvenes, y continúa abonando las ayudas al alquiler pendientes a los afectados por la erupción de La Palma.

El Ejecutivo impulsa esta actuación con la finalidad de agilizar los procesos y dar respuesta a los más de 25.000 demandantes

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha iniciado el expediente de contratación administrativa de servicio para dar apoyo al Instituto Canario de la Vivienda, ICAVI, en la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, por un presupuesto base de licitación de 739.451,14 euros, IGIC incluido.

El plazo de ejecución de dicho servicio será de un año, a contar desde el día siguiente a la fecha de la firma del contrato. Asimismo, se prevé una eventual prórroga por un año.

El Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida es una herramienta desarrollada por el Gobierno de Canarias con la finalidad de facilitar la adjudicación de las viviendas protegidas, así como para informar a todas las administraciones locales sobre la demanda existente en las islas.

Actualmente, la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con más de 25.000 inscritos en este registro. La inscripción es obligatoria para todas las personas o unidades familiares que deseen ser adjudicatarias de una vivienda protegida de promoción pública o privada en el archipiélago.

El consejero ha inaugurado este foro que nace con vocación de ser un referente de debate en el sector

Rodríguez ha destacado que el decreto ley en materia de vivienda es una herramienta que pretende dar un vuelco importante a la política en esta materia en el corto y medio plazo

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha desgranado, en el marco de las I Jornadas Profesionales de VISOCAN, el decreto ley de medidas urgentes, convalidado en el día de ayer por el Parlamento de Canarias, y ha analizado la situación de la vivienda en las islas.

El foro, que nace con vocación de ser un referente en el sector, ha contado con la participación del consejero delegado de VISOCAN, Agustín Fernández, y la vicepresidenta de su Consejo de Administración, María de la Salud Gil.

Durante su intervención en las jornadas celebradas bajo el lema ‘Proyectando Canarias’, el consejero ha destacado que “el Ejecutivo está velando, desde el primer momento, por el derecho de acceso a la vivienda de todos los canarios y canarias, para que todos y todas tengan acceso a ella, en condiciones de igualdad”.

“Precisamente, este es uno de nuestros grandes retos para esta legislatura, una de nuestras principales prioridades, porque la vivienda es un derecho fundamental por el que debemos velar, y para el que asumimos toda la responsabilidad”, ha apuntado.

En este sentido, Pablo Rodríguez ha explicado que su departamento está trabajando para “dar un vuelco importante a la política de vivienda” en el corto y medio plazo. “Somos plenamente conscientes de la gravedad de esta situación y estamos tomando una serie de medidas para abordarla. El decreto es una de ellas, pero no será la única, ya que seguiremos evaluando y analizando la situación para poner en marcha cuantas iniciativas sean necesarias”.

Rodríguez ha resaltado que el decreto ley busca, además de agilizar la construcción de vivienda pública, incentivar al sector privado “para que también sume y contribuya a la construcción de inmuebles protegidos”. En este sentido, ha destacado que se está trabajando, junto a VISOCAN, en un plan que permita, en el corto plazo, comprar activos y adquirir obra inacabada para no consumir más recursos; y, en el medio plazo, completar estas acciones con el derecho de superficie, sacando suelo a licitación para que lo puedan desarrollar promotores privados.

Asimismo, el consejero ha hecho hincapié en el compromiso mostrado por todos los cabildos, los ayuntamientos, los funcionarios y los técnicos públicos para dar respuesta, de forma colectiva y aunando esfuerzos, a la emergencia habitacional.

“Estas jornadas que hoy celebramos, junto al resto de encuentros que hemos organizado con administraciones y colectivos de todas las islas, nos están permitiendo dar a conocer la norma para asegurar su correcta aplicación y alcanzar los objetivos marcados. Confiamos en que el decreto ley, junto al resto de herramientas complementarias que desarrollaremos, nos permitan dar respuesta y asegurar el derecho a la vivienda en todo el archipiélago”, ha indicado Rodríguez.

Por su parte, el consejero delegado de VISOCAN, Agustín Fernández, ha afirmado, durante el debate sobre la situación de la vivienda en Canarias, que “desde nuestros respectivos ámbitos de actuación, tenemos la emocionante oportunidad y la increíble responsabilidad de mejorar la vida de muchas personas”.

Además, ha destacado que desde las administraciones públicas se debe trabajar para ofrecer la seguridad jurídica y la rentabilidad necesarias para que sea una realidad, así como la importancia la colaboración público-privada en todo este proceso pues estos objetivos solamente se podrán alcanzar “si todos los asumimos como propios y contribuimos juntos a su consecución”.

Esta nueva norma, compuesta por treinta artículos, agiliza los procedimientos para hacer frente, de forma extraordinaria, a la gran demanda existente

Pablo Rodríguez subraya el apoyo institucional y social que ha recibido el decreto para dar una respuesta real a la emergencia habitacional

La Consejería pondrá en marcha un Observatorio de la Vivienda en Canarias para recoger datos objetivos sobre el estado de la vivienda en el archipiélago y evaluar las medidas que se están desarrollando

El Parlamento de Canarias ha convalidado hoy el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda para agilizar los procedimientos y hacer frente, de forma extraordinaria, a la gran demanda de inmuebles que existe en el archipiélago.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha subrayado la amplia mayoría alcanzada en la Cámara, y ha explicado que esta norma “permitirá dar respuesta a la emergencia habitacional sin precedentes que vive Canarias, así como a los más de 25.000 demandantes de vivienda registrados que precisan de soluciones inmediatas y efectivas por parte de las administraciones”.

En esta línea, ha recordado que esta norma es complementaria al Plan de vivienda de Canarias 2020-2025, al Plan estatal y al Plan de choque, aprobado este último por el departamento en octubre de 2023.

“Somos conscientes de la necesidad de impulsar la disponibilidad de inmuebles. Por eso, estamos trabajando en la implementación de otras medidas, como un nuevo programa de vivienda vacía que fomente que los propietarios las incorporen a la bolsa pública; el impulso a la hipoteca joven, que permitirá que accedan a sus primeras viviendas en condiciones más favorables que las que ofrece el mercado actualmente; la adquisición de edificios inacabados para su entrega; el primer paquete de derecho de superficie, a través de un concurso público a celebrar próximamente, o, incluso, un nuevo paquete de medidas fiscales para incentivar la puesta en alquiler de las viviendas vacías, desarrollado junto a la Consejería de Hacienda”, ha explicado.

Asimismo, ha anunciado que la Consejería pondrá en marcha el Observatorio de la Vivienda en Canarias que, además de evaluar las medidas en marcha, recogerá datos objetivos sobre el estado de la vivienda en Canarias ya que en estos momentos no se dispone de cifras oficiales.

Acercar el decreto ley a instituciones y organismos

Durante su exposición, Pablo Rodríguez ha señalado que la iniciativa incluye una serie de medidas administrativas que priorizará el aprovechamiento de recursos sin consumir más suelo. Para alcanzar este objetivo y asegurar su correcta aplicación, el consejero ha mantenido una ronda de reuniones en las últimas semanas, y que se prolongarán durante los próximos meses, para despejar dudas y dar a conocer la norma a administraciones y a agentes del sector.

“Esta iniciativa pretende impulsar nuevas medidas que mejoren la realidad de la vivienda en las islas sin vulnerar la autonomía local, como ya ha confirmado el informe jurídico emitido por la propia Federación Canaria de Municipios, que destaca la plena legalidad de la medida, así como el informe del Consejo Consultivo, que no encuentra ningún viso de inconstitucionalidad”, ha recalcado.

En este sentido, el consejero ha apuntado que “se prevé la posibilidad de que los ayuntamientos destinen suelo dotacional público para la construcción de viviendas protegidas de promoción pública. No obstante, el Ejecutivo no construirá sobre parques o canchas deportivas, sino sobre aquella parcela dotacional que lleve años sin uso y sobre la que el consistorio no prevé ejecutar ninguna obra de interés público”, ha detallado.

Asimismo, el decreto ley contempla medidas para incentivar la rehabilitación de urbanizaciones y edificaciones no terminadas, así como la división de viviendas existentes para generar mayor espacio habitable o la posibilidad de recalificar locales y edificios de oficinas para su uso como inmuebles.

“Hemos decidido impulsar iniciativas concretas y valientes ante la necesidad de incrementar la disponibilidad de inmuebles. En esta línea, la recalificación y transformación de los locales y las oficinas solo se podrán efectuar si cumplen con los requisitos señalados en el artículo 17 del decreto ley y las condiciones de habitabilidad”, ha aclarado Rodríguez.

Ante la exigencia de promover el desarrollo de viviendas públicas y privadas en el mercado, se ha declarado la urgencia de los procedimientos para así reducir los plazos para el cumplimiento de los trámites, así como el carácter de silencio administrativo favorable en determinados casos, con el fin de garantizar una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades competentes.

El impulso a la colaboración público-privada “brinda la oportunidad de abordar el gran desafío que supone la vivienda”. La actualización del Módulo Básico Canario facilita la actualización y adecuación de los precios, fomentando que los constructores asuman el riesgo de construir inmuebles protegidos de manera rentable y se reduzcan el número de licitaciones desiertas.

“Es importante señalar que este decreto ley ha sido recibido con aceptación y apoyo por parte de numerosos alcaldes y alcaldesas de nuestros municipios, quienes reconocen la importancia de estas medidas para abordar la crisis habitacional en Canarias”, ha concluido.