El Ejecutivo adjudica provisionalmente la redacción de los proyectos para la rehabilitación energética y de accesibilidad de 17 grupos de viviendas protegidas

La ejecución de esta contratación está sujeta al cumplimiento, ejecución y realización de los hitos y objetivos fijados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Estas actuaciones se llevarán a cabo en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Puerto del Rosario, Betancuria, La Oliva, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Gáldar, Santa Brígida, Valleseco, Valsequillo, Artenara, Tías, Candelaria, Adeje y El Rosario

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, que dirige Antonio Ortega, ha anunciado la aceptación de la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación para la ejecución del servicio consistente en la redacción de proyectos y dirección facultativa de las obras de rehabilitación energética y accesibilidad de diecisiete grupos de viviendas protegidas de promoción pública.

“Estamos comprometidos con mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Con una inversión total de más de 2 millones de euros, vamos a dar respuesta a las necesidades de diferentes municipios de Canarias, garantizando así el acceso a viviendas de calidad y sostenibles”, ha asegurado Ortega.

La ejecución de esta contratación se realiza conforme a los hitos y objetivos establecidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, reflejando el compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo integral de Canarias.

El primer acuerdo aprobado comprende cinco grupos de viviendas ubicadas en Ciudad del Campo, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria; Jinámar VI, en el municipio de Telde; Los Menceyes, en el municipio de Candelaria; Los Olivos, en el municipio de Adeje y La Esperanza, en el municipio de El Rosario, con un presupuesto asignado de 1.214.640,09 euros.

Por su parte, el segundo conjunto consta de doce grupos de inmuebles distribuidos en Puerto del Rosario, Betancuria, La Oliva, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Gáldar, Santa Brígida, Valleseco, Valsequillo, Artenara y Tías, de la provincia de Las Palmas, con un presupuesto de 892.124,40 euros.

El Plan de Viviendas de Canarias 2020-2025, aprobado mediante resolución de 21 de diciembre de 2020, tiene como objetivo garantizar el acceso a las viviendas protegidas. Dentro de esta iniciativa, se incluyen subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección de obra del proyecto y de los subproyectos de instalaciones.

El espacio ha sido otorgada a la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias como parte del proyecto ‘Inserta juventud’

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, que dirige Antonio Ortega, ha cedido un local en Santa Cruz de Tenerife al proyecto ‘Inserta juventud’ de la Asociación de Empresas de Inserción de Canarias (ADEICAN).

Esta cesión, concedida mediante Resolución de la Dirección del Instituto Canario de la Vivienda, tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga. El objetivo principal es que el espacio pueda ser utilizado para fines de utilidad o interés social, sin ánimo de lucro, en consonancia con el propósito de promover la inclusión y el desarrollo comunitario en la región.

El local, que está situado en el Grupo 89 Viviendas Alisios II, en Santa María del Mar, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, será la sede de esta iniciativa que está orientada a la inserción sociolaboral de personas jóvenes, de 16 a 30 años, en la comunidad autónoma de Canarias.

El espacio tiene una superficie construida de 86,81 metros cuadrados y una superficie útil de 69,45. Se compone de un salón con un office equipado, separado por una puerta corredera, un cuarto pequeño, dos aseos y un despacho con espacio adicional.

La Consejería establece en más de un millón de euros el presupuesto base de licitación de las obras

Esta actuación pretende dar respuesta a la población que no puede afrontar los precios de una vivienda en el mercado libre

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha publicado la resolución por la que se aprueba técnicamente el proyecto de ejecución de ocho viviendas protegidas de promoción pública en Puntallana, en la isla de La Palma.

Esta actuación, para la que se ha establecido un presupuesto base de licitación de 1.543.168,36 euros y un plazo de ejecución de 18 meses, se desarrolla en el marco del Plan canario de Vivienda para fomentar la construcción de inmuebles protegidos dirigidos, principalmente, al sector de la población que, aún teniendo una situación económica normalizada, no puede afrontar los precios de una vivienda en el mercado libre.

La nueva promoción contará con cinco viviendas situadas en la planta baja, de las cuales cuatro dispondrán de tres dormitorios y la restante tendrá uno; y, en la planta alta, tres inmuebles de uno, tres y cuatro habitaciones.

Asimismo, se proyecta una planta de garaje con un total de ocho plazas de aparcamiento, con sus correspondientes trasteros, zonas de circulación y diversos cuartos técnicos comunitarios. En esta estancia se reserva un espacio para la ubicación de vehículos de movilidad personal, como bicicletas y patinetes, mientras que en la planta baja se proyecta una zona destinado a un local social para fomentar las relaciones y los encuentros entre los usuarios del edificio.

Con dicha aprobación técnica se inicia el expediente de contratación para las obras y su posterior envío a la Intervención General del Gobierno de Canarias, previo a la licitación de las mismas.

En esta línea, la Consejería suma 6 iniciativas más en la isla de La Palma. Por un lado, la licitación de las obras para edificar 11 inmuebles en el barrio de El Zumacal, en Breña Baja; las obras de reparación y rehabilitación de 108 y 59 inmuebles en Santa Cruz de La Palma; así como la adjudicación de la redacción de proyecto para la construcción de 37 inmuebles para los afectados por el volcán.

Por otro lado, el ICAVI ha cedido un local a la Fundación Canaria de Juventud IDEO para desarrollar un proyecto de atención a menores y jóvenes, y continúa abonando las ayudas al alquiler pendientes a los afectados por la erupción de La Palma.

El Ejecutivo impulsa esta actuación con la finalidad de agilizar los procesos y dar respuesta a los más de 25.000 demandantes

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha iniciado el expediente de contratación administrativa de servicio para dar apoyo al Instituto Canario de la Vivienda, ICAVI, en la gestión del Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, por un presupuesto base de licitación de 739.451,14 euros, IGIC incluido.

El plazo de ejecución de dicho servicio será de un año, a contar desde el día siguiente a la fecha de la firma del contrato. Asimismo, se prevé una eventual prórroga por un año.

El Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida es una herramienta desarrollada por el Gobierno de Canarias con la finalidad de facilitar la adjudicación de las viviendas protegidas, así como para informar a todas las administraciones locales sobre la demanda existente en las islas.

Actualmente, la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con más de 25.000 inscritos en este registro. La inscripción es obligatoria para todas las personas o unidades familiares que deseen ser adjudicatarias de una vivienda protegida de promoción pública o privada en el archipiélago.

El consejero ha inaugurado este foro que nace con vocación de ser un referente de debate en el sector

Rodríguez ha destacado que el decreto ley en materia de vivienda es una herramienta que pretende dar un vuelco importante a la política en esta materia en el corto y medio plazo

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha desgranado, en el marco de las I Jornadas Profesionales de VISOCAN, el decreto ley de medidas urgentes, convalidado en el día de ayer por el Parlamento de Canarias, y ha analizado la situación de la vivienda en las islas.

El foro, que nace con vocación de ser un referente en el sector, ha contado con la participación del consejero delegado de VISOCAN, Agustín Fernández, y la vicepresidenta de su Consejo de Administración, María de la Salud Gil.

Durante su intervención en las jornadas celebradas bajo el lema ‘Proyectando Canarias’, el consejero ha destacado que “el Ejecutivo está velando, desde el primer momento, por el derecho de acceso a la vivienda de todos los canarios y canarias, para que todos y todas tengan acceso a ella, en condiciones de igualdad”.

“Precisamente, este es uno de nuestros grandes retos para esta legislatura, una de nuestras principales prioridades, porque la vivienda es un derecho fundamental por el que debemos velar, y para el que asumimos toda la responsabilidad”, ha apuntado.

En este sentido, Pablo Rodríguez ha explicado que su departamento está trabajando para “dar un vuelco importante a la política de vivienda” en el corto y medio plazo. “Somos plenamente conscientes de la gravedad de esta situación y estamos tomando una serie de medidas para abordarla. El decreto es una de ellas, pero no será la única, ya que seguiremos evaluando y analizando la situación para poner en marcha cuantas iniciativas sean necesarias”.

Rodríguez ha resaltado que el decreto ley busca, además de agilizar la construcción de vivienda pública, incentivar al sector privado “para que también sume y contribuya a la construcción de inmuebles protegidos”. En este sentido, ha destacado que se está trabajando, junto a VISOCAN, en un plan que permita, en el corto plazo, comprar activos y adquirir obra inacabada para no consumir más recursos; y, en el medio plazo, completar estas acciones con el derecho de superficie, sacando suelo a licitación para que lo puedan desarrollar promotores privados.

Asimismo, el consejero ha hecho hincapié en el compromiso mostrado por todos los cabildos, los ayuntamientos, los funcionarios y los técnicos públicos para dar respuesta, de forma colectiva y aunando esfuerzos, a la emergencia habitacional.

“Estas jornadas que hoy celebramos, junto al resto de encuentros que hemos organizado con administraciones y colectivos de todas las islas, nos están permitiendo dar a conocer la norma para asegurar su correcta aplicación y alcanzar los objetivos marcados. Confiamos en que el decreto ley, junto al resto de herramientas complementarias que desarrollaremos, nos permitan dar respuesta y asegurar el derecho a la vivienda en todo el archipiélago”, ha indicado Rodríguez.

Por su parte, el consejero delegado de VISOCAN, Agustín Fernández, ha afirmado, durante el debate sobre la situación de la vivienda en Canarias, que “desde nuestros respectivos ámbitos de actuación, tenemos la emocionante oportunidad y la increíble responsabilidad de mejorar la vida de muchas personas”.

Además, ha destacado que desde las administraciones públicas se debe trabajar para ofrecer la seguridad jurídica y la rentabilidad necesarias para que sea una realidad, así como la importancia la colaboración público-privada en todo este proceso pues estos objetivos solamente se podrán alcanzar “si todos los asumimos como propios y contribuimos juntos a su consecución”.

Esta nueva norma, compuesta por treinta artículos, agiliza los procedimientos para hacer frente, de forma extraordinaria, a la gran demanda existente

Pablo Rodríguez subraya el apoyo institucional y social que ha recibido el decreto para dar una respuesta real a la emergencia habitacional

La Consejería pondrá en marcha un Observatorio de la Vivienda en Canarias para recoger datos objetivos sobre el estado de la vivienda en el archipiélago y evaluar las medidas que se están desarrollando

El Parlamento de Canarias ha convalidado hoy el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda para agilizar los procedimientos y hacer frente, de forma extraordinaria, a la gran demanda de inmuebles que existe en el archipiélago.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha subrayado la amplia mayoría alcanzada en la Cámara, y ha explicado que esta norma “permitirá dar respuesta a la emergencia habitacional sin precedentes que vive Canarias, así como a los más de 25.000 demandantes de vivienda registrados que precisan de soluciones inmediatas y efectivas por parte de las administraciones”.

En esta línea, ha recordado que esta norma es complementaria al Plan de vivienda de Canarias 2020-2025, al Plan estatal y al Plan de choque, aprobado este último por el departamento en octubre de 2023.

“Somos conscientes de la necesidad de impulsar la disponibilidad de inmuebles. Por eso, estamos trabajando en la implementación de otras medidas, como un nuevo programa de vivienda vacía que fomente que los propietarios las incorporen a la bolsa pública; el impulso a la hipoteca joven, que permitirá que accedan a sus primeras viviendas en condiciones más favorables que las que ofrece el mercado actualmente; la adquisición de edificios inacabados para su entrega; el primer paquete de derecho de superficie, a través de un concurso público a celebrar próximamente, o, incluso, un nuevo paquete de medidas fiscales para incentivar la puesta en alquiler de las viviendas vacías, desarrollado junto a la Consejería de Hacienda”, ha explicado.

Asimismo, ha anunciado que la Consejería pondrá en marcha el Observatorio de la Vivienda en Canarias que, además de evaluar las medidas en marcha, recogerá datos objetivos sobre el estado de la vivienda en Canarias ya que en estos momentos no se dispone de cifras oficiales.

Acercar el decreto ley a instituciones y organismos

Durante su exposición, Pablo Rodríguez ha señalado que la iniciativa incluye una serie de medidas administrativas que priorizará el aprovechamiento de recursos sin consumir más suelo. Para alcanzar este objetivo y asegurar su correcta aplicación, el consejero ha mantenido una ronda de reuniones en las últimas semanas, y que se prolongarán durante los próximos meses, para despejar dudas y dar a conocer la norma a administraciones y a agentes del sector.

“Esta iniciativa pretende impulsar nuevas medidas que mejoren la realidad de la vivienda en las islas sin vulnerar la autonomía local, como ya ha confirmado el informe jurídico emitido por la propia Federación Canaria de Municipios, que destaca la plena legalidad de la medida, así como el informe del Consejo Consultivo, que no encuentra ningún viso de inconstitucionalidad”, ha recalcado.

En este sentido, el consejero ha apuntado que “se prevé la posibilidad de que los ayuntamientos destinen suelo dotacional público para la construcción de viviendas protegidas de promoción pública. No obstante, el Ejecutivo no construirá sobre parques o canchas deportivas, sino sobre aquella parcela dotacional que lleve años sin uso y sobre la que el consistorio no prevé ejecutar ninguna obra de interés público”, ha detallado.

Asimismo, el decreto ley contempla medidas para incentivar la rehabilitación de urbanizaciones y edificaciones no terminadas, así como la división de viviendas existentes para generar mayor espacio habitable o la posibilidad de recalificar locales y edificios de oficinas para su uso como inmuebles.

“Hemos decidido impulsar iniciativas concretas y valientes ante la necesidad de incrementar la disponibilidad de inmuebles. En esta línea, la recalificación y transformación de los locales y las oficinas solo se podrán efectuar si cumplen con los requisitos señalados en el artículo 17 del decreto ley y las condiciones de habitabilidad”, ha aclarado Rodríguez.

Ante la exigencia de promover el desarrollo de viviendas públicas y privadas en el mercado, se ha declarado la urgencia de los procedimientos para así reducir los plazos para el cumplimiento de los trámites, así como el carácter de silencio administrativo favorable en determinados casos, con el fin de garantizar una respuesta rápida y efectiva por parte de las autoridades competentes.

El impulso a la colaboración público-privada “brinda la oportunidad de abordar el gran desafío que supone la vivienda”. La actualización del Módulo Básico Canario facilita la actualización y adecuación de los precios, fomentando que los constructores asuman el riesgo de construir inmuebles protegidos de manera rentable y se reduzcan el número de licitaciones desiertas.

“Es importante señalar que este decreto ley ha sido recibido con aceptación y apoyo por parte de numerosos alcaldes y alcaldesas de nuestros municipios, quienes reconocen la importancia de estas medidas para abordar la crisis habitacional en Canarias”, ha concluido.

Nieves Lady Barreto presidió el Consejo Municipal de Canarias, que contó con la asistencia de los consejeros de Obras Públicas y de Hacienda del Gobierno

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, reunió hoy al Consejo Municipal de Canarias, donde están representados los municipios de Canarias y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, para la toma en consideración de los tres decretos leyes aprobados recientemente por el Gobierno, uno general en materia de vivienda y otros dos para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.

En concreto, el Decreto ley 1/2024, de 19 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda lo expuso el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, mientras que el Decreto ley 3/2024, de 11 de marzo, de medidas en materia agraria para la recuperación económica y social de la isla de La Palma tras la erupción volcánica de Cumbre Vieja lo defendió el viceconsejero de Agricultura, Eduardo García Cabello. El viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, fue el responsable de presentar el Decreto ley 2/2024, de 11 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de vivienda protegida en la isla de La Palma. Por parte del Gobierno también participó la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián.

En el Consejo están representados los municipios de Canarias con un alcalde por cada isla, además de los alcaldes de las capitales de provincia. Entre ellos asistió la alcaldesa de Candelaria y presidenta de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), María Concepción Brito.

La consejera Nieves Lady Barrero manifestó su voluntad de mantener este órgano activo para que sea un foro donde no solo plantear las normas que se ponen en marcha, sino también actuaciones y acciones dirigidas a los propios municipios de Canarias.

El encuentro se enmarca en la ronda de reuniones que el Ejecutivo está manteniendo con colectivos en todo el archipiélago para dar a conocer la norma

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha mantenido un encuentro con la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), liderada por Óscar Izquierdo, con el objetivo de analizar el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, así como las iniciativas necesarias que se deben seguir desarrollando para impulsar la construcción de inmuebles en las islas.

A esta cita, que se enmarca en la ronda de reuniones que la Consejería está organizando con diferentes colectivos de todo el archipiélago, también han asistido el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, y el coordinador del equipo redactor del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, Fran Villar.

El consejero ha asegurado que el Gobierno de Canarias está trabajando para «dar un vuelco importante a la política de vivienda» en el corto y medio plazo. “Somos plenamente conscientes de la gravedad de esta situación y estamos tomando una serie de medidas para abordarla. El decreto es una de ellas, pero no será la única, ya que seguiremos evaluando y analizando la situación para poner en marcha cuantas iniciativas sean necesarias”.

Rodríguez ha explicado que el decreto ley busca, además de agilizar la construcción de vivienda pública, incentivar al sector privado “para que también sume y contribuya a la construcción de inmuebles protegidos”.

Por su parte, Óscar Izquierdo ha destacado que este decreto ley supone “una oportunidad para sacar adelante medidas reales, necesarias, urgentes y prioritarias» ante “la demanda social tan fuerte» de casas que existe en todas las islas.

El presidente de Fepeco ha destacado la importancia de la colaboración entre todos los agentes implicados en el proceso constructivo, para «poner en el mercado el mayor número de viviendas en el menor tiempo posible». En este sentido, ha hecho un llamamiento a todos los agentes sociales, económicos y políticos para asegurar el derecho a la vivienda de todos y todas.

Se habilitan para este fin 15 parcelas de suelo público en 8 municipios

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el decreto ley en materia de vivienda protegida para la recuperación económica y social de La Palma, que facilitará y agilizará la construcción de este tipo de viviendas tanto en los tres municipios afectados por el volcán, para dar solución habitacional a quienes no pueden acogerse a las opciones de reconstrucción de su casa, como en el resto de la isla para dar respuesta a las personas demandantes de vivienda protegida. Se habilitan para este fin 15 parcelas de suelo público en 8 municipios.

Con respecto a las personas que perdieron su vivienda por la erupción, cabe señalar que este decreto viene a dar respuesta a las personas afectadas que no pueden acogerse a alguna de las opciones que se han articulado el Decreto-Ley 9/2023 de medidas en materia territorial y urbanística, que regula la reconstrucción de las edificaciones que existían antes de la erupción volcánica en el espacio hoy ocupado por la colada, ni tampoco pueden acogerse a lo dispuesto en el Decreto-Ley 1/2022 para permitir la construcción de lo destruido en parcelas fuera del ámbito de la colada.

A estos efectos, el decreto establece que las personas cuyas viviendas resultaron destruidas o afectadas estructuralmente por la lava tienen preferencia para acceder a las viviendas que se construyan en el ámbito de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, de acuerdo con los criterios de renta (IPREM) de general aplicación en la adjudicación de esta clase de viviendas.

En este caso, la adjudicación está condicionada a la entrega de la propiedad de la vivienda que tuvieran en el ámbito de la colada, teniendo la vivienda protegida otorgada en régimen de propiedad la condición de compensación en especie de su derecho como persona afectada.

En cuanto a las viviendas en el ámbito del Valle de Aridane que no se adjudiquen y las que se construyan en otros municipios de la isla de La Palma se adjudicarán a las personas demandantes inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda conforme a las reglas generales de la legislación de vivienda.

Interés general

El decreto declara todas las actuaciones como obras públicas de interés general, declaración que se extiende, si fuera necesario, a las obras de urbanización que sea preciso ejecutar.

Igualmente, teniendo en cuenta la diversidad de planeamiento urbanístico vigente en los municipios afectados, las parcelas cedidas por los ayuntamientos se clasifican, directamente, como suelo urbano consolidado.

Por otro lado, para garantizar la máxima celeridad en la tramitación de los diferentes procedimientos, se declara su urgencia, con la consiguiente reducción de plazos, y se establece la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra.

El departamento está desarrollando, en coordinación con la Fecam, una ronda de encuentros con diferentes colectivos para dar a conocer el decreto y su aplicación

Pablo Rodríguez explica que los servicios jurídicos de la Fecam han elaborado un informe en el que reflejan que el decreto no supone una injerencia en las competencias municipales

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto al director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, y el coordinador del equipo redactor del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, Fran Villar, han analizado esta mañana esta nueva norma y han resuelto dudas de los técnicos municipales de los diferentes ayuntamientos de Gran Canaria.

Esta reunión se enmarca en la ronda de encuentros que la Consejería está manteniendo con diferentes colectivos en todas las islas para dar a conocer el decreto y abordar su aplicación.

Pablo Rodríguez ha señalado que estas jornadas, que están siendo coordinadas con la Federación Canaria de Municipios, Fecam, “son de suma importancia, ya que las medidas que incorpora el decreto ley serán buenas para dar respuesta a la emergencia habitacional si se aplican de manera adecuada”.

En este sentido, el consejero ha destacado que los servicios jurídicos de la Fecam han realizado un informe en el que se despejan las dudas sobre la injerencia del decreto en competencias municipales. “Es importante destacar el apoyo de los municipios canarios e incidir en que, en ningún caso, el decreto ley invade las competencias municipales, sino todo lo contrario. La autonomía municipal es clave y determinante para el cumplimiento y la eficiencia de esta norma”.

Por otro lado, la Consejería ha trasladado a todos los ayuntamientos que valoren, de forma urgente, qué suelos pueden ceder a la administración regional para la construcción de vivienda, “excluyendo, en este caso, la cesión de dotaciones que estén destinadas a espacios libres y zonas verdes en el planeamiento”.

Para concluir, el consejero ha hecho hincapié en el compromiso mostrado por todos los ayuntamientos, los responsables públicos, los funcionarios y los técnicos municipales para dar respuesta, de forma colectiva y aunando esfuerzos, a la emergencia habitacional. “Hoy también ha estado presente el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, que también es consejero de Vivienda, por la importancia que adquieren las administraciones insulares en esta etapa, ya que obtienen más competencias en materia de vivienda”.