Vivienda adjudica la redacción de nueve proyectos para la construcción de 487 inmuebles protegidos de promoción pública

Con una inversión de 2.033.013,21 euros, se llevarán a cabo promociones de viviendas en Yaiza, Santa María de Guía, La Oliva, Puerto del Rosario, Gáldar, Santa Lucía de Tirajana, Tazacorte y Guía de Isora

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, ha adjudicado por un presupuesto base de licitación de 2.684.784,84 euros los contratos para la redacción de nueve proyectos que permitirán construir 487 inmuebles protegidos en el Archipiélago.

Estas actuaciones, financiadas con fondos Next Generation, a través del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por la Comunidad Autónoma de Canarias, permitirán la ejecución de inmuebles en los términos municipales de Yaiza, Santa María de Guía, La Oliva, Puerto del Rosario, Gáldar y Santa Lucía de Tirajana, en la provincia de Las Palmas, y Tazacorte y Guía de Isora, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En este sentido, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aportará 1.900.012,35 euros y la Comunidad Autónoma de Canarias 133.000,86 euros.

La isla en la que mayor número de viviendas se construirán será en Lanzarote, donde se ejecutarán 126 inmuebles protegidos en el municipio de Yaiza, que han sido adjudicados a la empresa UTE Santana & Díaz-Llanos, SD2 Arquitectos, con un presupuesto total de 439.453,92 euros.

La empresa José Miguel Fuentes Marante se encargará del proyecto de otro lote de 100 viviendas protegidas en La Palma, en el término municipal de Tazacorte. Se trata de una promoción que se espera poder levantar en cuatro plantas con un presupuesto de 419.416,46 euros.

Asimismo, en la isla de Tenerife, se prevé edificar un grupo de 24 viviendas en el municipio de Guía de Isora, con un presupuesto de 102.268,05 euros, adjudicado a la empresa licitadora Santiago Trujillo – Arquitecto STAGarquitectos, y en Fuerteventura, se concretan dos lotes en Puerto del Rosario y La Oliva de 33 y 81 inmuebles, respectivamente, para los que se destinarán 138.513,78 y 384.023,00 euros para la redacción de ambos proyectos.

Por último, en la isla de Gran Canaria se llevará a cabo la redacción de cuatro lotes de viviendas, uno en Santa María de Guía de 45 casas protegidas con un presupuesto de 179.760 euros; otro de 26 hogares en Santa Lucía de Tirajana por 131.610,00 euros, y otros dos lotes en el término municipal de Gáldar de 26 viviendas cada uno, con 96.300 y 141.668 euros, respectivamente.

El Plan de Viviendas de Canarias 2020-2025, aprobado mediante resolución de 21 de diciembre de 2020, tiene como objetivo garantizar el acceso a las viviendas protegidas. Dentro de esta iniciativa, se incluyen subproyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión, fontanería, instalaciones térmicas, estudios de seguridad y salud, así como la dirección de obra del proyecto y de los subproyectos de instalaciones.

Los inmuebles se entregarán en régimen especial a personas cuya renta es inferior en 1,5 veces el IPREM

Los adjudicatarios pagarán un alquiler social que no supere el 12% de los ingresos de la unidad familiar

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ha adjudicado 16 viviendas de promoción pública ubicadas en el barrio de El Cristo, en el municipio de Ingenio.

Estos inmuebles han sido asignados en régimen especial para personas cuya renta sea inferior en 1,5 veces al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), y por el que pagarán un alquiler que no supere el 12% de los ingresos de la unidad familiar.

La promoción se distribuye en un edificio de dos plantas y un sótano, con un total de 16 viviendas de diferentes tipologías, de uno a cinco dormitorios, contemplando una casa tutelada que será entregada al Ayuntamiento para su gestión. Además, las viviendas están adaptadas a personas con movilidad reducida y cuentan con todas las comodidades y servicios necesarios.

Proyectos en marcha en la isla de Gran Canaria

Dentro del Plan de Vivienda de Canarias, el ICAVI cuenta, actualmente, con nueve actuaciones en marcha: dos de ellas en ejecución en Ingenio y Gáldar; un proyecto adjudicado en el municipio de Teror, que permitirá desarrollar 18 inmuebles; tres iniciativas aprobadas y pendientes de licitar las obras en Telde, y dos pendientes de aprobación de proyecto en La Capellanía, en el término municipal de Ingenio, y en Santa Lucía de Tirajana.

Por último, la empresa pública Visocan promueve actualmente la construcción de varias promociones en los municipios de Agaete, Santa Lucía de Tirajana e Ingenio.

La medida pretende moderar la subida de precios, que en el último año escaló un 13%, para que pagar la mensualidad no requiera casi la mitad de los salarios

La reactivación de la Reserva de Inversiones de Canarias permitiría que pymes y autónomos locales contribuyan a paliar la actual crisis habitacional

La Comunidad Autónoma es la segunda, por detrás de Baleares, donde el arrendamiento tiene mayor peso en el mercado inmobiliario, con 28,5% del total

El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha anunciado este viernes que va a promover que “uno de los incentivos fiscales más potentes del Régimen Económico y Fiscal (REF) del archipiélago se active para contribuir a paliar la crisis habitacional de las islas, impulsando que el sector privado invierta en viviendas destinadas al alquiler”.

En una comparecencia ante los medios de comunicación acompañado por el comisionado del REF de Canarias, José Ramón Barrera, Domínguez señaló que el proyecto abre una alternativa a través de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) para canalizar inversiones de empresas y autónomos locales hacia el mercado inmobiliario por alrededor de 2.000 millones de euros, que están pendientes de materializar, según la Agencia Tributaria.

“Es una medida más, no la solución al problema”, subrayó el vicepresidente del Gobierno canario, convencido de que “este incentivo del REF podría tener un impacto inmediato para ampliar la oferta de inmuebles en alquiler, que hoy es insignificante, y mejorar la vida de las familias y jóvenes que viven en Canarias y ven limitada su movilidad laboral y su desarrollo personal ante el alto coste de los pisos, que asfixia sus economías domésticas”.

Canarias es la segunda comunidad autónoma, por detrás de Baleares, donde el arrendamiento tiene mayor peso en el mercado inmobiliario, con un 28,5% del total, según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este contexto, el Banco de España ha alertado acerca del sobresfuerzo que exige hoy para los inquilinos de las islas pagar la mensualidad, un gasto que representa casi la mitad de los salarios familiares, cuando lo deseable es que no exceda del 30%.

Lejos de moderarse, la tendencia sigue al alza con precios inasumibles para la mayoría. El estancamiento de la oferta ha provocado una escalada de los alquileres durante el último año del 13%, según los portales especializados. Esto sitúa a las islas entre las cuatro comunidades autónomas con los alquileres más caros, junto a Baleares, Madrid y Cataluña. Una situación que preocupa especialmente al Ejecutivo ya que el archipiélago es también una de las regiones con los salarios más bajos.

El vicepresidente espera que “este estímulo a la inversión privada en el sector inmobiliario impulse un cambio de tendencia, moderando los precios de los alquileres y haciendo que se incorporen al mercado viviendas que están vacías, que hay que rehabilitar porque han quedado obsoletas o están en estado ruinoso y se finalizarse la construcción de las que están inacabadas”.

El comisionado del REF, por su parte, explicó que estuvo permitido aplicar la RIC al alquiler residenciales hasta que en 2006 se canceló “sobre la falsa creencia de que estaba ejerciendo un efecto negativo sobre los precios, obviando que el incremento se estaba produciendo de forma generalizada, en todo el territorio nacional, también donde no se aplicaba ningún incentivo fiscal”.

José Ramón Barrera detalló que, según la normativa que reglamenta la aplicación de la RIC, la inversión en vivienda deberá mantenerse al menos cinco años. Además, para dar mayor seguridad jurídica a la medida, recomendará en su propuesta de reforma que se introduzca el requisito de que la vivienda se ponga en alquiler de manera efectiva en un plazo corto de tiempo y que sea residencia habitual del inquilino.

La Reserva para Inversiones en Canarias facilita que las pymes, que constituyen un 97% del tejido empresarial local, y los más de 140.000 trabajadores por cuenta propia de las islas obtengan una reducción fiscal de hasta el 90% en el impuesto de sociedades y del 80% en el IRPF para que dediquen sus beneficios principalmente a ampliar o modernizar su equipamiento e instalaciones y crear puestos de trabajo.

Ampliar la RIC a la vivienda para alquiler requerirá modificar la ley estatal del REF. La Constitución establece que este proceso se inicie con un informe favorable de la Comunidad Autónoma, que será elevado al Gobierno central. Asimismo, el proyecto de reforma será remitido al Parlamento de Canarias para su debate y votación. Seguirá su trámite siempre que consiga el respaldo de dos terceras partes de los diputados de la Cámara regional.

José Ramón Barrera apeló a la necesidad de “modernizar y hacer que el REF sea más flexible” para adaptarse a las necesidades sociales y económicas. En este sentido, recordó que el fuero incluyó en su día la opción de aplicar la RIC a la vivienda turística, pero ante el crecimiento exponencial del sector se buscó desincentivar su expansión prohibiendo en 2018 esa finalidad.

Barrera destacó también que, en esa reforma, hace ahora cinco años, se abrió la posibilidad a las empresas de invertir sus beneficios en sectores de alto impacto social, como la promoción de viviendas de VPO destinadas a arrendamiento, en centros sociosanitarios, residencias de mayores y geriátricos.

La demanda aumenta un 50%

Las condiciones del mercado inmobiliario, junto con las del trabajo y el endurecimiento del crédito, hacen que sea cada vez más difícil acceder a una vivienda. Además, la inflación, el freno a la construcción que supuso la crisis de 2008, la complejidad de la planificación urbanística, la escasez de suelo y el crecimiento demográfico de las Islas han empujado con fuerza la demanda frente con una oferta incapaz de dar respuesta.

Canarias cuenta con un parque inmobiliario de 1.088.700 viviendas, según el Censo de Población y Vivienda del INE. El informe destaca el avance que ha tenido en la última década la demanda del alquiler y pone el foco en Santa Cruz de Tenerife, una de las capitales de provincia donde más aumentó, un 50%, pasando de representar el 16% al 24% de los inmuebles. Algo similar sucede en Las Palmas de Gran Canaria, donde avanza del 16% al 22%.

Aumentar la oferta de vivienda pasa por reforzar el stock de un mercado del alquiler bajo mínimos, en el que también hay 211.331 viviendas vacías, un 18% del total. Ese es el dato que deja el último censo del INE. El estudio se basa en los registros de consumo eléctrico de los hogares y estima no solo las viviendas que están cerradas sino también las que tienen un uso esporádico. En las islas hay 25.829 los inmuebles que son utilizados solo un mes al año y 83.722 se ocupan entre uno y tres meses.

La Consejería destina más de un millón de euros para dar respuesta a las necesidades de vivienda existentes en el municipio de Granadilla de Abona

Las empresas interesadas en concurrir podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el próximo 24 de junio

El decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda ha declarado la urgencia de esta actuación, reduciendo a la mitad los plazos legalmente establecidos

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha sacado a licitación, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), la construcción de once viviendas protegidas de promoción pública en La Jurada, en el término municipal de Granadilla de Abona, en Tenerife.

Esta actuación, ha sido declarada de urgencia a través del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, permitiendo reducir a la mitad los plazos legalmente establecidos. Asimismo, este proyecto contará con un presupuesto base de licitación de 1.641.781,49 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

De acuerdo a lo establecido en el expediente de contratación, el presupuesto de licitación se dividirá en tres anualidades, siendo la primera anualidad correspondiente a la de este año, por un importe de 471.661,77 euros; la de 2025, por 1.051.747,27 euros; y la de 2026, por un importe de 118.372,45 euros.

Las empresas interesadas en concurrir podrán presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el próximo 24 de junio de 2024.

Este proyecto tiene como fin cubrir las necesidades de vivienda existentes en el municipio de Granadilla de Abona, tal y como se establece en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, para fomentar la construcción de inmuebles de protección oficial.

Estas actuaciones serán financiadas a través de los Next Generation de la Unión Europea con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Los inmuebles se llevarán a cabo en los municipios de Yaiza, Santa María de Guía, La Oliva, Puerto del Rosario, Gáldar, Arrecife, Santa Lucía de Tirajana, Tazacorte, Guía de Isora, Arona y Adeje

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, que dirige Antonio Ortega, ha anunciado la aceptación de la propuesta de adjudicación de la mesa de contratación para la ejecución de los servicios consistente en la redacción de los proyectos de ejecución de 646 viviendas protegidas de promoción pública.

Estas actuaciones serán financiadas a través de los Next Generation de la Unión Europea con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El primer acuerdo aprobado comprende 487 viviendas ubicadas en los términos municipales de Yaiza, Santa María de Guía, La Oliva, Puerto del Rosario, Gáldar y Santa Lucía de Tirajana, de la provincia de Las Palmas, y Tazacorte y Guía de Isora, de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con un presupuesto de licitación asignado de 2.684.784,84 euros.

En este sentido, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aportará 2.509.144,71 euros y la Comunidad Autónoma de Canarias 175.640,13 euros.

Por otra parte, el segundo acuerdo consta de 159 inmuebles situados en los municipios de Arona y Adeje, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y en Arrecife y Santa Lucía de Tirajana, en la provincia de Las Palmas, con un presupuesto de licitación asignado de 927.853,61 euros.

Para esta actuación, el Ministerio aportará 867.152,91 euros y la Comunidad Autónoma de Canarias 60.700,70 euros.

Ambos proyectos incluyen los subproyectos de instalaciones eléctricas, contra incendios, térmicas e instalaciones de fontanería, saneamiento y telecomunicaciones, dirección facultativa del proyecto, y direcciones de obras de los subproyectos, así como la coordinación de seguridad y salud.

Los residentes del edificio ubicado en la calle Obispo Pildain 1 (junto a la gasolinera) enfrentan una situación crítica y de extrema urgencia debido a actos de coacción y violencia cometidos por el empresario Jonatan Godoy Suárez y la empresa Gran Can Desokupa

Contexto del Conflicto:

El edificio en cuestión ha estado inmerso en una disputa judicial no resuelta desde que la empresa constructora original quebró, dejando a varias familias que habían adquirido sus pisos con título de compraventa en una situación precaria. Sin embargo, una serie de compradores decidió quedarse en sus viviendas, habitándolas desde 2010.

Posteriormente, la empresa entró en concurso de acreedores y el edificio fue vendido, o más bien revendido, en una doble venta fraudulenta. Este edificio ha pasado de fondo buitre a fondo buitre, hasta que Jonathan Godoy Suárez lo compró el 29 de diciembre de 2023, aprovechando los beneficios de la RIC.

Actos de Coacción y Violencia:

Desde la adquisición del edificio, los residentes han enfrentado numerosos intentos de coacción y actos ilegales por parte de Jonathan Godoy Suárez, incluyendo:

Pegar carteles en la entrada del edificio, afirmando falsamente que es un edificio ocupado, a pesar de que los residentes pagan alquiler y están esperando resolución judicial con sus títulos de compraventa legales.

Cambiar la cerradura de la puerta del portal sin orden judicial.

Colocar a personas en la entrada del edificio para interceptar y molestar a los residentes.

Acceder ilegalmente al edificio por la azotea, allanando morada.

El pasado 29 de mayo, la situación escaló aún más. Jonathan Godoy Suárez, junto con la empresa GranCan Desokupa, quitó las puertas del edificio y bloqueó las puertas de las viviendas de tres propietarios, dejando todas sus pertenencias dentro. Hasta ahora, dos familias han tenido que abandonar el edificio. Entre los afectados hay una propietaria con dificultad para caminar y problemas de salud a la que están obligando a marcharse sin orden judicial.

Además, se han cortado los suministros de agua y luz (ya lo hicieron anteriormente, pero los residentes los repusieron), y se ha vandalizado y sustraído el sistema fotovoltaico de los propietarios, dejándolos sin servicios básicos. Algunos empresarios locales, con conexiones directas con Jonathan Godoy Suárez, han negado el agua a los residentes.

El Ayuntamiento de Agaete se niega a reunirse con los vecinos para abordar esta situación, mostrando una alarmante falta de apoyo y empatía hacia los afectados.

Llamado a la Acción:

Hacemos un llamado urgente a todos los ciudadanos de Agaete y a quienes quieran colaborar, para que vengan el lunes a montar campamento delante de la casa afectada. Esta persona está sola y no puede defenderse, y la realidad es que es su casa de alquiler con contrato.

La policía canaria no sólo no ha colaborado para detenerlos, sino que les ha permitido la entrada sin orden judicial, negando la ayuda a los residentes del edificio.

Es urgente que paremos esta locura. No podemos permitir que los derechos de vivienda sean violados de esta manera.

¿Debemos los canarios permitir que un empresario se tome la ley por su mano y eche a la calle a personas de manera violenta sin intervención de la justicia? ¿Puede un ayuntamiento apoyar dichos actos, sin tener ninguna disposición judicial y no hacer absolutamente nada para defender a vecinos que residen en su municipio? ¿Hay gente que vale más que otra? La ley es para todos, Señor Godoy.

¿Permitirá el Ayuntamiento de Agaete, la policía canaria y la guardia civil que esto continúe? No lo sabemos, pero lo vamos a grabar todo.

Trae tu móvil. ¡Juntos vamos a parar esto!

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha asistido, esta mañana, a un encuentro junto con el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, liderado por su decana, María Nieves Febles, para abordar el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda

A esta jornada, que se enmarca en la ronda de reuniones que la Consejería está desarrollando por todas las islas junto con diferentes colectivos, también ha asistido el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, y el coordinador del equipo redactor del decreto ley, Fran Villar.

Durante el encuentro, el consejero ha explicado que “el decreto ley busca dar respuesta al manifiesto desequilibrio entre la oferta y la demanda de vivienda existente en el archipiélago, facilitando la construcción de inmuebles públicos y privados”.

“Esta norma no es la política del punto y final, no es la única solución a los problemas que existen en esta área, sino todo lo contrario. La Consejería está en permanente revisión de todos los asuntos que tienen que ver con las políticas de vivienda para impulsar herramientas complementarias que agilicen la edificación, manteniendo el diálogo constante con el resto de administraciones e incentivando la colaboración público-privada”, ha añadido Rodríguez.

Canarias recuerda que el Gobierno de España no es competente para regular los pisos turísticos, pero sí para modificar la Ley Estatal de Vivienda que ha sacado del mercado el 40% de la oferta residencial

El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, y el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, asistieron este viernes a la conferencia sectorial convocada en Madrid para abordar el auge de los pisos turísticos en el territorio nacional, una materia en la que el Gobierno de España no tiene ninguna competencia.

La Consejería de Turismo y Empleo, que dirige Jéssica de León, ha pedido al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que ejerza sus propias competencias y busque soluciones efectivas a la crisis habitacional que sufren numerosos destinos de España. En esa línea han coincidido la mayoría de las comunidades autónomas presentes en la reunión.

Ya Canarias, junto a otras regiones como Madrid o Andalucía, se ha puesto manos a la obra para regular el uso turístico de viviendas en sus territorios, al tratarse de una competencia exclusivamente autonómica. Para el Ejecutivo regional, el Estado debe ahora remar en la misma dirección y hacer uso de las suyas propias con el fin de favorecer a los residentes.

Una de esas competencias clave que sí está en manos del Gobierno central es la modificación de la Ley de Vivienda Estatal, que desde que se aprobó en abril de 2023 ha sacado del mercado el 40% de la oferta residencial, debido a la inseguridad que ha generado a los propietarios.

Además, el Estado debe acometer la reforma de la Ley del Suelo que, precisamente este jueves, 23 de mayo, fue retirada en el Congreso de los Diputados por carecer de apoyos parlamentarios suficientes, un hecho que impide avanzar al país en asuntos trascendentales como el derecho a la vivienda.

Según detalló Rodríguez, desde el área de Ordenación Turística, se han presentado propuestas en positivo al Ministerio de Vivienda para mejorar la Ley Estatal del Suelo. Estas hacen referencia, especialmente, a la propia naturaleza habitacional del suelo residencial y de la vivienda, a la necesidad de recuperar el orden natural de las cosas y el equilibrio entre el uso residencial y el eventual uso turístico.

“Lo que queremos es que se defina mejor cuál es la función social del derecho a la propiedad de la vivienda, y que en el planeamiento urbanístico esta se reserve fundamentalmente a un fin habitacional”, explicó Rodríguez, agregando que así lo establece la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El director general señaló que más allá de las fotos y los titulares que surjan tras la reunión de hoy, espera que el Gobierno de España trabaje dentro de su marco competencial en beneficio de la ciudadanía, especialmente en aquellos lugares donde el mercado se encuentra tensionado y los precios son inasumibles.

“Las comunidades autónomas ya estamos trabajando para regular la vivienda vacacional”, afirmó Rodríguez, apuntando que “Canarias ya está inmersa en el trámite de la futura ley que regulará esta modalidad alojativa”. Además, desde la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que dirige Pablo Rodríguez, se han implementado medidas para incorporar viviendas residenciales al mercado, como la declaración de la emergencia habitacional, o la aprobación del decreto ley de medidas urgentes de vivienda.

El director general indicó, por otro lado, que se ha “fijado el calendario para implementar el reglamento europeo respecto a los alquileres de corta duración” que, entre otros aspectos, introduce requisitos comunes para todos los propietarios de viviendas vacacionales de la Unión Europea y la necesidad de establecer un número de registro único para cada piso turístico que quiera anunciarse en plataformas de alquiler vacacional, evitando con ello la oferta irregular.

En este sentido, Miguel Ángel Rodríguez subrayó que “no se va a agotar el plazo máximo legal de dos años para aplicar el reglamento, sino que se va a intentar realizar en año y medio”. Desde Canarias, agregó, se ha insistido en la importancia de hacer un esfuerzo, incluso, para que entre en vigor en el plazo de doce meses.

“Se trata de un primer paso por parte del Gobierno de España y confiamos que la cogobernanza sea la senda para garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada, que conviva con la actividad turística, pulmón de nuestra economía, concluyó Rodríguez.

Por su parte, Antonio Ortega declaró que la mayoría de las comunidades autónomas han coincidido en la necesidad de legislar, ya que “no se puede tener vivienda vacía por el miedo y la inseguridad jurídica que en este momento existe por parte de los propietarios, por las ocupaciones de esas viviendas”

En este sentido, llamó al Ministerio competente a “regular y dar garantía jurídica a los propietarios y a la parte pública, para que las viviendas que han sido ocupadas sean desocupadas, lo que sacaría al mercado las propiedades que ahora mismo se encuentran vacías”.

El Instituto Canario de Vivienda publicó el pasado miércoles la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas al fomento de la adquisición de vivienda por parte de las personas jóvenes canarias y la serie de requisitos para su acceso

Dicha convocatoria está orientada para jóvenes canarios de hasta 35 años en la fecha de elevación a escritura pública de la adquisición de la vivienda y recibirían una bonificación del inmueble adquirido, siempre y cuando este no supere los 120.000 euros sin los gastos y tributos inherentes a la adquisición.

De esta forma, los jóvenes que soliciten esta subvención podrán optar hasta un límite de 11.000 euros. Para ello, los ingresos anuales de los jóvenes aspirantes a esta ayuda deben ser inferiores a tres veces el Iprem y la fecha de adquisición de la vivienda debe haberse producido desde el 1 de enero de 2022 y el último día de plazo para solicitar la subvención. El importe de dicho préstamo deberá cubrir al menos el 50% del coste de adquisición. También es requisito que las personas que componen la unidad de convivencia residan legalmente en España y estén empadronadas en la vivienda adquirida en el momento de la solicitud de la subvención.

El plazo de presentación es de veinte días a contar desde el miércoles 15 de mayo. Más información, en la página web del Instituto Canario de Vivienda.

El ICAVI firma el contrato con la empresa Fomento y Construcciones Roque Nublo, S.L., por valor de 2,1 millones de euros, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Antonio Ortega, ha adjudicado la ejecución de las obras de 11 viviendas protegidas de promoción pública en el término municipal de Breña Baja, en la isla de La Palma

El ICAVI ha firmado el contrato con la empresa Fomento y Construcciones Roque Nublo, S.L. , por un importe total de 2.112.211,20 euros.

La nueva promoción estará ubicada en el barrio de El Zumacal, en una parcela de 1.181,95 metros cuadrados en la que se desarrollará un edificio que contará con inmuebles de uno, dos y tres dormitorios, garajes, trasteros y un local comercial.

Esta actuación cumplirá las exigencias básicas en materia de eficiencia energética y todas las viviendas estarán dotadas de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía solar mediante placas solares.

Con esta intervención, el ICAVI pretende ampliar el parque público de vivienda en el municipio y atender a las familias de la isla registradas en la lista de demandantes cumpliendo con los objetivos del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025.

Actuaciones en marcha

La Consejería suma 6 iniciativas más en la isla de La Palma. Por un lado, la aprobación técnica del proyecto para la ejecución de 8 viviendas protegidas de promoción pública en Puntallana; las obras de reparación y rehabilitación de 108 y 59 inmuebles en Santa Cruz de La Palma; así como la adjudicación de la redacción de proyecto para la construcción de 37 inmuebles para los afectados por el volcán.

Por otro lado, el ICAVI ha cedido un local a la Fundación Canaria de Juventud IDEO para desarrollar un proyecto de atención a menores y jóvenes, y continúa abonando las ayudas al alquiler pendientes a los afectados por la erupción de La Palma.