Román Rodríguez destaca el “rigor y responsabilidad” de la gestión económico-financiera del actual Gobierno

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, aseguró hoy en el Parlamento que el nivel de deuda pública de la Comunidad Autónoma -el más bajo del Estado- permitirá a las Islas afrontar los próximos años en mejores condiciones que otros territorios.

Rodríguez defendió el “rigor y la responsabilidad” que ha caracterizado la gestión económico-financiera del Gobierno de Canarias y recordó que el año 2024 volverán a activarse las reglas fiscales y, con ellas, los exhaustivos controles a las cuentas de las administraciones públicas.

El vicepresidente detalló que la Comunidad Autónoma tiene una deuda de 6.455 millones de euros, la menor de todo el Estado en relación al PIB (14,2%) y en relación a la población, con 2.813 euros por habitante, seguida de Galicia, con 4.174euros o Andalucía, con 4.284, con País Vasco, con 4.881 euros y muy lejos de Baleares, con 7.690 euros. Todo lo cual, dijo, aporta un colchón de seguridad para el medio plazo.

Rodríguez insistió en que la gestión prudente del Gobierno ha permitido a Canarias evitar la vía del endeudamiento, sin afectar por ello a los diferentes Presupuestos de la Comunidad Autónoma que, incluso, han experimentado crecimientos históricos en los últimos años.

“Eso ha sido posible -añadió- gracias a nuestra capacidad para captar recursos a nivel europeo y estatal”.

El vicepresidente también refutó con datos algunas opiniones repetidas de manera recurrente por los grupos de la oposición en el sentido de que la recaudación tributaria de la Comunidad Autónoma es mayor que nunca o que el Gobierno “se está llenando los bolsillos”.

Rodríguez, además de desacreditar tales calificativos referidos a la política fiscal, dio a conocer que la recaudación tributaria hasta octubre en los años 16, 17 y 18 ascendió en las Islas a 6.429 millones de euros (incluyendo impuestos propios, cedidos y Bloque Canario de Financiación) mientras que hasta el pasado octubre y desde el año 2020 la recaudación se sitúa en 6.284 millones de euros.

Es decir, el actual Gobierno ha recaudado un -2,3% con respecto al anterior “y encima -dijo el vicepresidente- los que estaban entonces nos recriminan a los que estamos ahora”.

Rodríguez explicó, además, que la minoración alcanza el 14,3% si la comparación se efectúa en términos reales (teniendo en cuenta la inflación) y no nominales.

En cualquier caso, el vicepresidente relativizó el peso de la recaudación fiscal en el total de ingresos de la Comunidad Autónoma, puesto que representa solo el 14%, mientras que el resto proviene de transferencias corriente y de capital del Estado y de la Unió

“Con menos ingresos hemos conseguido incrementar las partidas presupuestarias y, en consecuencia, destinar más dinero a los servicios públicos, a las inversiones o al impulso de los sectores económicos”, señaló.

Román Rodríguez firma la orden que mantiene inalterados por tercer año consecutivo los módulos del impuesto

Del mismo modo, se prorroga la reducción de las cuotas devengadas de este año y los ingresos a cuenta de los tres primeros trimestres de 2023 a los contribuyentes palmeros

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha firmado una orden por la que se mantienen inalterados los módulos del régimen simplificado del IGIC para todos los contribuyentes canarios y se prorrogan las medidas de alivio fiscal a los palmeros, sobre todo a aquellos con domicilio fiscal en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte y Fuencaliente.

La orden prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 los actuales índices y módulos del régimen simplificado del IGIC para las actividades económicas acogidas en toda Canarias al mismo, en el que la tributación no se vincula con el volumen real de operaciones sino al encaje de tal actividad en su correspondiente módulo. Es decir, el contribuyente tributa por una misma cantidad cada trimestre y al finalizar el año se realiza el ajuste de acuerdo a la actividad real, de manera que se ajuste lo que se ha pagado y lo que se debería haber pagado.

Rodríguez explicó que la situación de los empresarios, especialmente de aquellos que tributan sobre el régimen simplificado, que no superan los 150.000 euros de ingresos anuales, está siendo extremadamente difícil a consecuencia, primero, de la crisis del Covid, de la erupción en La Palma y, ahora, a causa de la inflación, “por lo que tenemos que seguir adoptando todas las medidas posibles para ponerles las cosas más fáciles y que puedan mantener la actividad y el empleo”.

Precisamente, la escalada de precios aconseja la prórroga de la orden en la que se establecieron los últimos índices y parámetros, en diciembre de 2019, sin modificar sus cuantías.

Del mismo modo, se mantiene una reducción general del 10% de la cuota anual devengada por operaciones corrientes del año 2022 a aquellos contribuyentes del régimen simplificado con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma. Esa reducción ascenderá al 30 % para aquellos radicados en los municipios de Los Llanos, El Paso, Fuencaliente y Tazacorte.

Además, los ingresos a cuenta para los tres primeros trimestres del año 2023 también tendrán idéntico porcentaje de descuento.

Rodríguez recordó que la Consejería de Hacienda ha adoptado durante los últimos año numerosas medidas tendentes a la flexibilización de las obligaciones tributarias, al objeto de facilitar por esta vía la liquidez en las empresas y autónomos canarios y contribuir al mantenimiento de puestos de trabajo y de la propia actividad económica.

“Muchas de estas medidas seguirán vigentes en 2023, para lo que se irán adoptando en los próximos días las resoluciones pertinentes”, indicó.

El departamento dirigido por el vicepresidente, Román Rodríguez, ha liderado las iniciativas para la distribución de ayudas a los ganaderos afectados por el incremento de precios

La Consejería de Hacienda también ha impulsado la modificación del POSEI adicional para 2023, al objeto de incrementar las subvenciones para el sector

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, dirigida por el vicepresidente canario, Román Rodríguez, ha liderado las iniciativas políticas que habrán permitido este año la distribución de ayudas por 25 millones de euros entre los ganaderos canarios afectados por el incremento de los precios de la alimentación de los animales.

Además del último decreto-ley aprobado ayer el Consejo de Gobierno, -por 7,7 millones de euros- el departamento de Hacienda también ha promovido el establecimiento del tipo 0 en el impuesto general indirecto canario (IGIC) para los productos de alimentación animal para las granjas; una medida que se sustanciará como enmienda a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2023 y cuyo coste fiscal alcanza los 1,2 millones de euros.

Del mismo modo, la Consejería ha gestionado las modificaciones de crédito pertinentes para la concesión de ayudas extraordinarias por importe de 16 millones de euros al sector ganadero este mismo año, que se suman a las ya distribuidas en ejercicios precedentes.

Rodríguez, junto al viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, han mantenido diferentes reuniones y contactos con representantes de los ganaderos, a petición de éstos, en las que se comprometieron a intensificar las medidas de apoyo a uno de los sectores más expuestos a la actual espiran inflacionista.

Producto de esa interlocución, la Consejería de Hacienda ha impulsado la tramitación de los diferentes expedientes con la participación instrumental del departamento de Agricultura.

Rodríguez recordó, a este respecto, que el apoyo a sectores productivos y sociales perjudicados por diversas circunstancias sobrevenidas se complementa también con el acuerdo de Hacienda de establecer la bonificación del 99,99 % del impuesto de combustibles para agricultores, ganaderos y transportistas profesionales o la reducción de los módulos para el cálculo de las cuotas a ingresar del IGIG y del AIEM por parte de empresarios o profesionales acogidos al régimen simplificado.

El vicepresidente insistió en que “somos conscientes del momento tan difícil que está sufriendo la ganadería y, por eso, continuamos habilitando fórmulas excepcionales en forma de ayudas directas. Lo hemos hecho en los últimos meses, lo hacemos ahora en el Presupuesto de 2023, con otros ocho millones de euros en ayudas, y seguiremos buscando recursos”.

Por su parte, Delgado explicó, en relación con las dificultades del sector, que la alimentación de los animales constituye en torno al 60% del coste de producción de las explotaciones ganaderas y que la guerra de Ucrania ha incrementado aún más los precios de etas materias primas, mientas que los ganaderos no tienen capacidad para trasladar esos costes al precio de venta, frente al poder de las grandes superficies comerciales.

Del mismo modo, Hacienda ha impulsado ante la Comisión Europea la modificación del PSOEI adicional para el próximo año, al objeto de incrementar de forma muy importante las ayudas para el sector ganadero.

Hacienda promueve una enmienda por 1,2 millones de euros a los Presupuestos canarios que será aprobada por los grupos que apoyan al Gobierno

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha promovido una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023 por la que los productos para la alimentación de las granjas ganaderas tributarán al tipo 0 en el impuesto general indirecto canario (IGIC).

La medida se produce después de las reuniones y contactos mantenidos por el vicepresidente consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, con las asociaciones ganaderas, al objeto de aliviar la delicada situación que atraviesa el sector, debido al incremento de los precios de los cereales y otros vegetales importados.

Delgado explicó hoy que la alimentación de los animales constituye en torno al 60% del coste de producción de las explotaciones ganaderas y que la guerra de Ucrania ha incrementado aún más los precios de etas materias primas, mientas que los ganaderos no tienen capacidad para trasladar esos costes al precio de venta, frente al poder de las grandes superficies comerciales.

De acuerdo con los cálculos del viceconsejero, el coste fiscal de la medida es de 1,2 millones de euros. Hasta este momento, el tipo del IGIC es del 3%.

La iniciativa adoptará la forma de enmienda parcial al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que se tramita ahora en el Parlamento canario. Los grupos que respaldan al Gobierno apoyarán la modificación.

Román Rodríguez ha destacado que “somos conscientes del momento tan difícil que está sufriendo la ganadería y, por eso, continuamos habilitando fórmulas excepcionales en forma de ayudas directas. Lo hemos hecho en los últimos meses, lo hacemos ahora en el Presupuesto de 2023 y seguiremos buscando recursos”.

La Consejería de Hacienda, con la enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos de 2023, por tanto, da continuidad a la política de adopción de medidas de alivio fiscal selectivas para los sectores más afectados por la inflación. En el caso de la ganadería, durante el año en curso promovió la disponibilidad de 16 millones con este fin de fondos propios del Gobierno de Canarias.

Además, y en esa línea de apoyo a sectores productivos y sociales perjudicados por diversas circunstancias sobrevenidas, esta consejería ha impulsado la bonificación del 99,99 % del impuesto de combustibles para agricultores y transportistas profesionales o la reducción de los módulos para el cálculo de las cuotas a ingresar del IGIG y del AIEM por parte de empresarios o profesionales acogidos al régimen simplificado. Del mismo modo, Hacienda ha bonificado el 100% de la tasa de dirección de inspección de obras y ha reducido la imposición a las personas y empresas afectadas por erupción volcánica para La Palma.

Hacienda tramita una ampliación de crédito de 70 millones de euros para dar cobertura al incremento aprobado por el Gobierno de España en el marco de los acuerdos con los sindicatos y recogido en el Real Decreto-ley 18/2022

La nómina del próximo mes también incluirá los atrasos desde enero a octubre de este año por el mismo concepto

Román Rodríguez dice que es el momento de que la iniciativa privada dé un paso al frente y aplique también subidas salariales

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos tramitirá esta semana una ampliación de crédito de 70 millones de euros para actualizar las nóminas de los más de 70.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma con el incremento del 1,5% aprobado el pasado mes de octubre por el Gobierno de España en el marco del acuerdo con las organizaciones sindicales y sustanciado en el Real Decreto Ley Real Decreto-ley 18/2022.

El incremento se aplicará a partir de la próxima nómina de noviembre y, dado que tiene efectos retroactivos a 1 de enero de 2022, la misma nómina también incluirá los atrasos de enero a octubre de este año. Recibirán la actualización el personal de Administración General, Educación, Sanidad, Universidades y concertada.

El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, explicó hoy que el aumento salarial es independiente y adicional de la subida del 2% que ya se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para este mismo año.

“Aunque es posible que muchos departamentos del Gobierno puedan hacer frente a este incremento con sus propios créditos, desde Hacienda hemos preferido calcular el impacto total y tramitar esa ampliación de crédito por circunstancias sobrevenidas de extraordinaria y urgente necesidad, en este caso la inflación”, subraya el vicepresidente.

“A las actualizaciones salariales pactadas con los sindicatos a nivel estatal, se suma la subida de las pensiones”, dijo el vicepresidente, quien aseguró que “ahora es el momento de que las empresas den un paso al frente y se apliquen también subidas salariales en el ámbito privado, tal y como se ha acordado en el sector de la hostelería en la provincia de Las Palmas con un incremento del 10,2% hasta el año 2025.

La normativa de retribuciones de los empleados del sector público corresponde exclusivamente al Estado y es de obligada aplicación para todas las administraciones.

En este sentido, Rodríguez recordó que los Presupuestos canarios para 2023 también incorporan el incremento aprobado por el Gobierno en sus propias cuentas para los empleados del sector público, en un 2,5%, revisable en función del IPC, y el incremento adicional del 1,5%, con lo que la subida prevista en las cuentas canarias por este concepto alcanza el 4%.

El vicepresidente Román Rodríguez valora la progresividad de las medidas aprobadas por Canarias y el impacto de la deducción por el alza de precios en las rentas medias y bajas

“En todo caso, lo más importante de los Presupuestos son los 10.180 millones para atender los servicios públicos e incentivar la economía y el empleo”, señala

El ajuste fiscal incluido por el Gobierno de Canarias en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2023 beneficia en mayor medida a quien más lo necesita, según explicó hoy en el Parlamento el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

El responsable de la Hacienda canaria reprodujo un ejemplo generado con los simuladores del departamento: un matrimonio con salarios conjuntos de 36.600 euros; dos hijos de 10 y 12 años, que tiene gastos de estudios de 400 euros, gastos de enfermedad de 600 y pago de hipoteca por la vivienda habitual de 7.200 euros al año podría ahorrarse 700 euros en su próxima declaración del IRPF referida al ejercicio fiscal de este año.

La progresividad del sistema se refuerza con las medidas adoptadas por el Ejecutivo canario, en contraposición con los resultados de rebajas realizadas por comunidades autónomas como Madrid o Andalucía, que termina beneficiando a las rentas altas, aseguró el vicepresidente.

A este respecto, el vicepresidente indicó que el ahorro medio por contribuyente en Canarias dobla al de estas comunidades (105 euros en las Islas por 57 y 56 en Madrid y Andalucía, respectivamente). Además, éstas benefician a las rentas altas; en el caso de Madrid, y de acuerdo con sus propios ejemplos, para rentas de 20.000 euros se generaría un ahorro de 80 euros, mientras que para rentas de 90.000 euros (manteniendo idéntica casuística familiar) el ahorro sería de 577 euros.

Rodríguez insistió en que las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias van en la dirección opuesta y protegen a las rentas bajas y medias para que se beneficien ya en la próxima campaña de la declaración de la renta.

El vicepresidente indicó que lo sustancial de los Presupuestos autonómicos para el próximo año no es la rebaja fiscal, sino los más de 10.000 millones de euros que “dedicaremos a la sanidad, la educación, los derechos sociales, la vivienda, las carreteras o la sostenibilidad”.

En todo caso, recordó que el Gobierno de Canarias ya ha aplicado ajustes fiscales “selectivos y quirúrgicos” durante los últimos tres años “cuando ha sido necesario y a los sectores más perjudicados en casa situación”.

La aplicación del tipo 0 para las entregas de material sanitario, el paquete de rebajas fiscales para la ciudadanía y empresas afectadas por la erupción de La Palma o la devolución del impuesto especial del combustible a los profesionales del sector son algunas de las decisiones adoptadas por el Gobierno “en función de las necesidades sobrevenidas”.

El vicepresidente señaló que los Presupuestos aprobados ayer por el Gobierno de Canaria son, como los tres anteriores, un instrumento al servicio de la mayoría social del Archipiélago, “que blinda los servicios públicos esenciales, incentiva la economía y el empleo y acude al rescate de la ciudadanía más vulnerable”.

“Las cuentas del próximo año tienen mucho que ver con las anteriores, porque experimentan un importante crecimiento y lo hacen sin subir impuestos ni acudir a la vía del endeudamiento”, dijo Rodríguez.

Las cuentas del Estado

En una comparecencia acumulada sobre los Presupuestos, esta vez estatales, el vicepresidente aseguró que se trata de unas cuentas con una orientación especialmente adecuada y destacó el aumento de los recursos para Canarias del sistema de financiación autonómica en 1.000 millones.

En relación con las asignaciones nominadas específicamente para Canarias señaló que “hay muchas cosas de las que se han logrado en los últimos años” y, sobre las inversiones, aseguró que hay que sumar los capítulos VI y VII, no solo uno de ellos, para realizar un análisis certero de las partidas.

El vicepresidente indicó, en cualquier caso, que el proyecto de Ley puede ser mejorado en las Cortes y animó a los diputados y senadores canarios a negociar y conseguir, por ejemplo, 50 millones para los migrantes, 10 millones más para las universidades, otros 10 millones para el transporte del plátano el aumento de las partidas para riego agrícola y para combatir la pobreza.

Se desarrolla de manera ‘online’ y presencial a través de las fundaciones de las dos universidades canarias

La Consejería de Hacienda financia el 95% de la matrícula de esta iniciativa, que consta de ocho módulos formativos basados en el temario requerido para acceder a la escala de administradores financieros y tributarios de Canarias

El Curso Superior Universitario en Administración Financiera y Tributaria del Sector Público se imparte desde hace varios días, a través de las fundaciones de las dos universidades canarias, con un total de 240 personas matriculadas. La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias financia, en un 95%, la matrícula para esta iniciativa que consta de ocho módulos formativos. Todos ellos están basados en los requerimientos para el acceso a la escala de administradores financieros y tributarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El director general de Asuntos Europeos de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, Julián Zafra, fue el encargado de impartir las dos primeras clases del módulo de Derecho Europeo, que sirvió de apertura a todo el proyecto. El objetivo concreto de este es profundizar en el conocimiento de las instituciones de la Unión Europea, el ordenamiento jurídico y la política de cohesión, con especial referencia a los fondos estructurales de la propia UE. También se analizará el presupuesto europeo y sus connotaciones. Contiene, de igual manera, un apartado específico sobre la integración diferenciada de Canarias en el marco de la Unión Europea, desde la perspectiva de región RUP, POSEICAN o REF, entre otras figuras.

La especialización necesaria para el acceso a la escala de administradores financieros y tributarios de Canarias está generando notables dificultades entre las personas que quieren formar parte de ella a través de los correspondientes procesos selectivos, por lo que se ha decidido incrementar la formación específica dirigida a aquellos aspirantes que pretenden profesionalizarse en estas áreas.

De hecho, el nivel universitario superior de este curso es solo un primer paso para que esta iniciativa pueda incorporarse a otros proyectos de expertos universitarios o másteres que permitan que esta especialización, en el ámbito de la formación universitaria, tenga continuidad en el futuro.

Temario

El primer módulo del curso está relacionado con la Hacienda Pública y el segundo versa sobre los instrumentos jurídicos para la gestión del gasto (contratación pública, convenios, subvenciones, encargos a medios propios y encomiendas). La contabilidad pública y su aplicación práctica será el epígrafe del tercero de los módulos, mientras el cuarto estudia la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

El resto de los módulos están basados en las funciones de control interno, la economía de empresa, la economía financiera y el sistema financiero español. El Derecho Tributario es el último de los asuntos que conforman el temario. Este bloque, además, contiene un estudio general del sistema tributario español y el procedimiento de gestión tributaria, con especial referencia al IGIC, al bloque de financiación canario y al REF desde una perspectiva teórica y práctica.

El Gobierno ha pagado en dos años y medio algo más de 2,5 millones de euros por tener sus fondos depositados en las entidades financieras

La situación, en todo caso, fue menos traumática para el Ejecutivo que para las corporaciones locales, pues renegoció y consiguió mejorar las condiciones

El fin de los tipos negativos a los depósitos bancarios permitirá a Canarias un ahorro aproximado de un millón de euros al año en intereses, teniendo en cuenta que ha abonado 2.570.947,76 euros por este concepto desde el año 2020, de acuerdo con los datos que maneja la Dirección General del Tesoro de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

El pago de estos intereses arrancó con la decisión del Banco Central Europeo de cobrar a las entidades financieras un -0,5% por los depósitos que estás tenían depositados en la institución, con el objetivo de desincentivar la acumulación de fondos y promover el crédito.

Pero, como señala el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, “lo que hicieron los bancos fue repercutir a sus propios clientes esa medida, de modo que empezaron a cobrar el 0,5% a sus clientes por los fondos acumulados”.

Esta situación provocó no pocos quebraderos de cabeza al conjunto de administraciones públicas, porque, debido a los efectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se había acumulado un relevante excedente de tesorería; hasta tal punto que las corporaciones locales de Canarias, por ejemplo, tenían en los bancos 4.000 millones de euros, entre remanentes y superávit, que no podían invertir, pero del que sí debían pagar intereses.

A pesar de los intentos de diferentes federaciones de municipios para que el Ministerio de Hacienda obligara a cancelar esta cuota o que, al menos, el BCE abriera cuentas a coste cero a las administraciones públicas, no se pudo dar respuesta a esta demanda.

La directora general del Tesoro, Dunia González, recuerda a este respecto que el Gobierno de Canarias comenzó entonces un proceso de negociación con las diferentes entidades bancarias, antes de lo que hicieran otras administraciones, para firmar convenios que establecían las comisiones a aplicar sobre los saldos medios en cuenta corriente inferior al 0,40 %.

Con estas condiciones, se llegó a acuerdos con Banco Santander, Caixa, Cajamar, BBVA, Abanca, Bankinter, Banca March, Cajasiete y Sabadell. Junto a las nuevas comisiones, se acordó también una franquicia a coste cero.

González subraya a este respecto que, “a pesar de obtener muy buenas condiciones económicas, mejor que otras comunidades autónomas por ser de las primeras en establecer estos convenios, llegando a tener unos depósitos de hasta 900 millones a coste cero repartidos entre todas las entidades bancarias, es cierto que en estos dos años y medio hemos desembolsado obligatoriamente una importante cantidad de dinero en intereses”.

“Desde el punto de vista de las cuentas autonómicas, puede parecer una cifra pequeña, pero no lo es en el pago de intereses”, dijo la directora general, quien aseguró que, desde este 1 de agosto, la mayoría de las entidades ha comunicado que se anula el presente contrato y pasan a dejar de cobrar por los fondos que la Comunidad tiene en ellos, que suelen estar en torno a una media mensual de 850 millones de euros”, con los que se va haciendo frente a las previsiones presupuestarias.

Las actuaciones se enmarcan en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), integrado en el Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia con directrices europeas

Los cuatro inmuebles elegidos son el anexo al TSJC y los Múltiples III y IV en Las Palmas de Gran Canaria, así como el de la antigua Consejería de Hacienda en Santa Cruz

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias destinará 22.012.800 euros a la rehabilitación de edificios públicos. Estas actuaciones irán dirigidas a inmuebles como el edificio anexo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y los Múltiples III y IV, en Las Palmas de Gran Canaria, así como el de la antigua Consejería de Hacienda, en Santa Cruz de Tenerife.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, indica que esta iniciativa será posible “a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), recogido en el Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia y destinado a la rehabilitación sostenible del parque público institucional en las comunidades autónomas”, cuya planificación y gestión depende de la Dirección General de Patrimonio y Contratación.

Este programa persigue la rehabilitación de inmuebles de uso y titularidad pública desde una visión integral de la rehabilitación y es extensiva a todo tipo de edificios institucionales. “El único requisito indispensable fijado por la Comisión Europea es que en cada una de esas actuaciones se asegure una reducción de, al menos, el 30 por ciento del consumo de energía primaria no renovable”, explica Rodríguez.

Del mismo modo, el vicepresidente precisa que el PIREP “brinda la oportunidad de abordar las rehabilitaciones de los inmuebles desde una óptica integral, abarcando también otras necesidades relativas a cuestiones como la habitabilidad, la mejora del confort acústico o la calidad del aire en el interior de los edificios. Eso nos permitirá volver a poner en uso dos de los inmuebles elegidos y optimizar el rendimiento de los otros dos, a través de la modernización de sus instalaciones. También será posible solventar problemas de accesibilidad o incluso mejorar aquellas distribuciones que, con las nuevas formas de trabajo, se han quedado ya obsoletas o desactualizadas”.

Las bases de este programa europeo plantean, del mismo modo, otros requisitos para los trabajos. Entre los más importantes, figuran la necesidad primordial de que las obras concluyan en el plazo máximo previsto del primer semestre de 2026, el ahorro energético comprometido y el cumplimiento de las políticas de gestión de residuos y reutilización.

Los cuatro inmuebles elegidos para esta rehabilitación en Canarias son edificios de titularidad de la comunidad autónoma cuya fecha de construcción es anterior al actual Código Técnico de la Edificación (CTE). En este sentido, tanto el anexo al TSJC de Las Palmas de Gran Canaria como el de la antigua Consejería de Hacienda en Santa Cruz de Tenerife se rehabilitarán de manera integral para volver a ponerlos en uso. En el caso de los inmuebles que ocupan los Servicios Múltiples III y IV en la capital grancanaria, se realizarán obras de mejora y acondicionamiento, aunque, en el caso del Múltiples IV de la calle Primero de Mayo, posibilitará que se pongan en uso dos plantas que se encuentran vacías en la actualidad.

Las actuaciones de eficiencia energética que se contemplan dentro de los trabajos a realizar incluyen mejoras de la envolvente térmica para reducir la demanda energética. Esto se consigue acometiendo obras en el trasdosado interior, inyección de aislante en las cámaras de aire, instalación de revestimiento térmico exterior, sustitución de carpinterías y acristalamientos, modificación de huecos en la fachada e instalación de dispositivos bioclimáticos y de sombreamiento.

Los ingresos alcanzaron los 931 millones de euros, un 11,7% más que durante el primer semestre de 2019, el último año de normalidad económica

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, advierte que el crecimiento del gasto público supera el incremento de la recaudación en más del doble

La recaudación acumulada del IGIC durante el primer semestre del año se situó en los 931 millones de euros, de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria Canaria. Esta cantidad supone un 11,7 por ciento de incremento sobre 2019 -el último ejercicio desarrollado bajo circunstancias económicas normales- y una importante moderación frente a los datos del primer trimestre de 2022, cuando aumentó un 19%, también en relación con idéntico período de 2919.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ya venía anticipando la ralentización del ritmo de recaudación del IGIC, el impuesto más importante del Bloque de Financiación Canario (BFC) y, en paralelo, el incremento del gasto público al que deben hacer frente administraciones como la canaria, además, con la consideración de que el 58% de la recaudación por ese concepto se destina a cabildos y ayuntamientos, frente al 42% que se queda en las arcas autonómicas.

En relación con este último aspecto, Rodríguez ha insistido en que las obligaciones del Ejecutivo se han multiplicado en los últimos años con motivo de la pandemia -que obligó al refuerzo de los servicios públicos esenciales y al libramiento de fondos extraordinarios para ayudar a los sectores productivos- y, ahora, con la escalada de precios.

“Esto significa -explicó el vicepresidente- que necesitaremos todos los recursos disponibles para mantener la intensidad de los servicios que prestamos a los ciudadanos y también para activar ayudas a los sectores de la sociedad y la economía más expuestos a la inflación”.

En este sentido, mientras la recaudación del IGIC ha crecido un 11,7 por ciento en el primer semestre de este año con respecto a 2019, el Gobierno de Canarias ha consolidado un gasto público que ha crecido en más del doble en el mismo período, de acuerdo con los cálculos de Hacienda. A la hora de evaluar el crecimiento recaudatorio, también ha de tenerse en cuenta, respecto a los datos del 2019, que entonces el tipo general del IGIC era del 6,5% y ahora es del 7%, lo que explica parte del aumento.

De acuerdo con el informe mensual elaborado por la Agencia Tributaria Canaria, el aumento pone de manifiesto la recuperación económica y un mayor consumo debido a la normalización de la llegada de turistas y al mayor ahorro generado durante la crisis originada por el COvid-19. Además de estas circunstancias, influye también el alza generalizada de los precios, que aumentan las bases imponibles de este tributo.

Bloque de Financiación Canario

La recaudación acumulada del denominado Bloque de Financiación Canario -que incluye, además del IGIC, el AIEM y el Impuesto de Matriculaciones- alcanzó los 1.054 millones de euros, lo que supone un incremento del 14% con respecto al año 2019. De esa cantidad total, cabildos y ayuntamientos son los principales beneficiarios al percibir el 58%.

De manera desagregada, se ingresaron 110 millones de euros por el AIEM y 8,5 millones por el Impuesto de Matriculaciones.

Por lo que respecta a los tributos propios y cedidos, la recaudación llegó a los 482,6 millones de euros, un 9,3% más que durante el primer semestre del ejercicio de 2019.

Combustibles: un caso especial

Dentro de este apartado de tributos propios y cedidos, destaca el Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo, cuya recaudación acumulada ha caído un 8,45 con respecto al primer semestre del año 2019, al pasar de los 164,4 millones de euros a los 150 millones recaudados en lo que va de 2022.

La recaudación de este tributo no se ha visto afectada por la inflación, debido a que no se trata de un tributo “ad valorem” -según el valor de transacción-, sino de un impuesto especial que recae sobre los litros de combustible que son objeto de entrega mayorista.

En ese sentido, los niveles de recaudación bruta prácticamente han alcanzado los importes recaudados antes del inicio de la crisis originada por la COVID-19, lo cual muestra la recuperación económica en los sectores afectados por el consumo de combustible.

El importe neto de recaudación de este impuesto se sitúa por debajo de los importes mensuales de ejercicios anteriores debido al incremento del porcentaje en la Devolución del gasóleo y gasolina profesional en el Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo acordado por el Gobierno de Canarias al objeto de paliar la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania.

Se da la circunstancia de que el Gobierno aprobó en marzo un incremento de la devolución que practicaba a los transportistas, agricultores y ganaderos, que pasó de un 68% a un 99,9%. En cuatro meses, el coste fiscal de esta medida ha sido de casi 6 millones de euros. En total, el Gobierno ha devuelto este año 23,2 millones de euros.