Hacienda promueve una enmienda por 1,2 millones de euros a los Presupuestos canarios que será aprobada por los grupos que apoyan al Gobierno

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha promovido una enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023 por la que los productos para la alimentación de las granjas ganaderas tributarán al tipo 0 en el impuesto general indirecto canario (IGIC).

La medida se produce después de las reuniones y contactos mantenidos por el vicepresidente consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, y el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, con las asociaciones ganaderas, al objeto de aliviar la delicada situación que atraviesa el sector, debido al incremento de los precios de los cereales y otros vegetales importados.

Delgado explicó hoy que la alimentación de los animales constituye en torno al 60% del coste de producción de las explotaciones ganaderas y que la guerra de Ucrania ha incrementado aún más los precios de etas materias primas, mientas que los ganaderos no tienen capacidad para trasladar esos costes al precio de venta, frente al poder de las grandes superficies comerciales.

De acuerdo con los cálculos del viceconsejero, el coste fiscal de la medida es de 1,2 millones de euros. Hasta este momento, el tipo del IGIC es del 3%.

La iniciativa adoptará la forma de enmienda parcial al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que se tramita ahora en el Parlamento canario. Los grupos que respaldan al Gobierno apoyarán la modificación.

Román Rodríguez ha destacado que “somos conscientes del momento tan difícil que está sufriendo la ganadería y, por eso, continuamos habilitando fórmulas excepcionales en forma de ayudas directas. Lo hemos hecho en los últimos meses, lo hacemos ahora en el Presupuesto de 2023 y seguiremos buscando recursos”.

La Consejería de Hacienda, con la enmienda al proyecto de Ley de Presupuestos de 2023, por tanto, da continuidad a la política de adopción de medidas de alivio fiscal selectivas para los sectores más afectados por la inflación. En el caso de la ganadería, durante el año en curso promovió la disponibilidad de 16 millones con este fin de fondos propios del Gobierno de Canarias.

Además, y en esa línea de apoyo a sectores productivos y sociales perjudicados por diversas circunstancias sobrevenidas, esta consejería ha impulsado la bonificación del 99,99 % del impuesto de combustibles para agricultores y transportistas profesionales o la reducción de los módulos para el cálculo de las cuotas a ingresar del IGIG y del AIEM por parte de empresarios o profesionales acogidos al régimen simplificado. Del mismo modo, Hacienda ha bonificado el 100% de la tasa de dirección de inspección de obras y ha reducido la imposición a las personas y empresas afectadas por erupción volcánica para La Palma.

Hacienda tramita una ampliación de crédito de 70 millones de euros para dar cobertura al incremento aprobado por el Gobierno de España en el marco de los acuerdos con los sindicatos y recogido en el Real Decreto-ley 18/2022

La nómina del próximo mes también incluirá los atrasos desde enero a octubre de este año por el mismo concepto

Román Rodríguez dice que es el momento de que la iniciativa privada dé un paso al frente y aplique también subidas salariales

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos tramitirá esta semana una ampliación de crédito de 70 millones de euros para actualizar las nóminas de los más de 70.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma con el incremento del 1,5% aprobado el pasado mes de octubre por el Gobierno de España en el marco del acuerdo con las organizaciones sindicales y sustanciado en el Real Decreto Ley Real Decreto-ley 18/2022.

El incremento se aplicará a partir de la próxima nómina de noviembre y, dado que tiene efectos retroactivos a 1 de enero de 2022, la misma nómina también incluirá los atrasos de enero a octubre de este año. Recibirán la actualización el personal de Administración General, Educación, Sanidad, Universidades y concertada.

El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, explicó hoy que el aumento salarial es independiente y adicional de la subida del 2% que ya se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado para este mismo año.

“Aunque es posible que muchos departamentos del Gobierno puedan hacer frente a este incremento con sus propios créditos, desde Hacienda hemos preferido calcular el impacto total y tramitar esa ampliación de crédito por circunstancias sobrevenidas de extraordinaria y urgente necesidad, en este caso la inflación”, subraya el vicepresidente.

“A las actualizaciones salariales pactadas con los sindicatos a nivel estatal, se suma la subida de las pensiones”, dijo el vicepresidente, quien aseguró que “ahora es el momento de que las empresas den un paso al frente y se apliquen también subidas salariales en el ámbito privado, tal y como se ha acordado en el sector de la hostelería en la provincia de Las Palmas con un incremento del 10,2% hasta el año 2025.

La normativa de retribuciones de los empleados del sector público corresponde exclusivamente al Estado y es de obligada aplicación para todas las administraciones.

En este sentido, Rodríguez recordó que los Presupuestos canarios para 2023 también incorporan el incremento aprobado por el Gobierno en sus propias cuentas para los empleados del sector público, en un 2,5%, revisable en función del IPC, y el incremento adicional del 1,5%, con lo que la subida prevista en las cuentas canarias por este concepto alcanza el 4%.

El vicepresidente Román Rodríguez valora la progresividad de las medidas aprobadas por Canarias y el impacto de la deducción por el alza de precios en las rentas medias y bajas

“En todo caso, lo más importante de los Presupuestos son los 10.180 millones para atender los servicios públicos e incentivar la economía y el empleo”, señala

El ajuste fiscal incluido por el Gobierno de Canarias en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el año 2023 beneficia en mayor medida a quien más lo necesita, según explicó hoy en el Parlamento el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

El responsable de la Hacienda canaria reprodujo un ejemplo generado con los simuladores del departamento: un matrimonio con salarios conjuntos de 36.600 euros; dos hijos de 10 y 12 años, que tiene gastos de estudios de 400 euros, gastos de enfermedad de 600 y pago de hipoteca por la vivienda habitual de 7.200 euros al año podría ahorrarse 700 euros en su próxima declaración del IRPF referida al ejercicio fiscal de este año.

La progresividad del sistema se refuerza con las medidas adoptadas por el Ejecutivo canario, en contraposición con los resultados de rebajas realizadas por comunidades autónomas como Madrid o Andalucía, que termina beneficiando a las rentas altas, aseguró el vicepresidente.

A este respecto, el vicepresidente indicó que el ahorro medio por contribuyente en Canarias dobla al de estas comunidades (105 euros en las Islas por 57 y 56 en Madrid y Andalucía, respectivamente). Además, éstas benefician a las rentas altas; en el caso de Madrid, y de acuerdo con sus propios ejemplos, para rentas de 20.000 euros se generaría un ahorro de 80 euros, mientras que para rentas de 90.000 euros (manteniendo idéntica casuística familiar) el ahorro sería de 577 euros.

Rodríguez insistió en que las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias van en la dirección opuesta y protegen a las rentas bajas y medias para que se beneficien ya en la próxima campaña de la declaración de la renta.

El vicepresidente indicó que lo sustancial de los Presupuestos autonómicos para el próximo año no es la rebaja fiscal, sino los más de 10.000 millones de euros que “dedicaremos a la sanidad, la educación, los derechos sociales, la vivienda, las carreteras o la sostenibilidad”.

En todo caso, recordó que el Gobierno de Canarias ya ha aplicado ajustes fiscales “selectivos y quirúrgicos” durante los últimos tres años “cuando ha sido necesario y a los sectores más perjudicados en casa situación”.

La aplicación del tipo 0 para las entregas de material sanitario, el paquete de rebajas fiscales para la ciudadanía y empresas afectadas por la erupción de La Palma o la devolución del impuesto especial del combustible a los profesionales del sector son algunas de las decisiones adoptadas por el Gobierno “en función de las necesidades sobrevenidas”.

El vicepresidente señaló que los Presupuestos aprobados ayer por el Gobierno de Canaria son, como los tres anteriores, un instrumento al servicio de la mayoría social del Archipiélago, “que blinda los servicios públicos esenciales, incentiva la economía y el empleo y acude al rescate de la ciudadanía más vulnerable”.

“Las cuentas del próximo año tienen mucho que ver con las anteriores, porque experimentan un importante crecimiento y lo hacen sin subir impuestos ni acudir a la vía del endeudamiento”, dijo Rodríguez.

Las cuentas del Estado

En una comparecencia acumulada sobre los Presupuestos, esta vez estatales, el vicepresidente aseguró que se trata de unas cuentas con una orientación especialmente adecuada y destacó el aumento de los recursos para Canarias del sistema de financiación autonómica en 1.000 millones.

En relación con las asignaciones nominadas específicamente para Canarias señaló que “hay muchas cosas de las que se han logrado en los últimos años” y, sobre las inversiones, aseguró que hay que sumar los capítulos VI y VII, no solo uno de ellos, para realizar un análisis certero de las partidas.

El vicepresidente indicó, en cualquier caso, que el proyecto de Ley puede ser mejorado en las Cortes y animó a los diputados y senadores canarios a negociar y conseguir, por ejemplo, 50 millones para los migrantes, 10 millones más para las universidades, otros 10 millones para el transporte del plátano el aumento de las partidas para riego agrícola y para combatir la pobreza.

Se desarrolla de manera ‘online’ y presencial a través de las fundaciones de las dos universidades canarias

La Consejería de Hacienda financia el 95% de la matrícula de esta iniciativa, que consta de ocho módulos formativos basados en el temario requerido para acceder a la escala de administradores financieros y tributarios de Canarias

El Curso Superior Universitario en Administración Financiera y Tributaria del Sector Público se imparte desde hace varios días, a través de las fundaciones de las dos universidades canarias, con un total de 240 personas matriculadas. La Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias financia, en un 95%, la matrícula para esta iniciativa que consta de ocho módulos formativos. Todos ellos están basados en los requerimientos para el acceso a la escala de administradores financieros y tributarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El director general de Asuntos Europeos de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, Julián Zafra, fue el encargado de impartir las dos primeras clases del módulo de Derecho Europeo, que sirvió de apertura a todo el proyecto. El objetivo concreto de este es profundizar en el conocimiento de las instituciones de la Unión Europea, el ordenamiento jurídico y la política de cohesión, con especial referencia a los fondos estructurales de la propia UE. También se analizará el presupuesto europeo y sus connotaciones. Contiene, de igual manera, un apartado específico sobre la integración diferenciada de Canarias en el marco de la Unión Europea, desde la perspectiva de región RUP, POSEICAN o REF, entre otras figuras.

La especialización necesaria para el acceso a la escala de administradores financieros y tributarios de Canarias está generando notables dificultades entre las personas que quieren formar parte de ella a través de los correspondientes procesos selectivos, por lo que se ha decidido incrementar la formación específica dirigida a aquellos aspirantes que pretenden profesionalizarse en estas áreas.

De hecho, el nivel universitario superior de este curso es solo un primer paso para que esta iniciativa pueda incorporarse a otros proyectos de expertos universitarios o másteres que permitan que esta especialización, en el ámbito de la formación universitaria, tenga continuidad en el futuro.

Temario

El primer módulo del curso está relacionado con la Hacienda Pública y el segundo versa sobre los instrumentos jurídicos para la gestión del gasto (contratación pública, convenios, subvenciones, encargos a medios propios y encomiendas). La contabilidad pública y su aplicación práctica será el epígrafe del tercero de los módulos, mientras el cuarto estudia la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera.

El resto de los módulos están basados en las funciones de control interno, la economía de empresa, la economía financiera y el sistema financiero español. El Derecho Tributario es el último de los asuntos que conforman el temario. Este bloque, además, contiene un estudio general del sistema tributario español y el procedimiento de gestión tributaria, con especial referencia al IGIC, al bloque de financiación canario y al REF desde una perspectiva teórica y práctica.

El Gobierno ha pagado en dos años y medio algo más de 2,5 millones de euros por tener sus fondos depositados en las entidades financieras

La situación, en todo caso, fue menos traumática para el Ejecutivo que para las corporaciones locales, pues renegoció y consiguió mejorar las condiciones

El fin de los tipos negativos a los depósitos bancarios permitirá a Canarias un ahorro aproximado de un millón de euros al año en intereses, teniendo en cuenta que ha abonado 2.570.947,76 euros por este concepto desde el año 2020, de acuerdo con los datos que maneja la Dirección General del Tesoro de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos.

El pago de estos intereses arrancó con la decisión del Banco Central Europeo de cobrar a las entidades financieras un -0,5% por los depósitos que estás tenían depositados en la institución, con el objetivo de desincentivar la acumulación de fondos y promover el crédito.

Pero, como señala el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, “lo que hicieron los bancos fue repercutir a sus propios clientes esa medida, de modo que empezaron a cobrar el 0,5% a sus clientes por los fondos acumulados”.

Esta situación provocó no pocos quebraderos de cabeza al conjunto de administraciones públicas, porque, debido a los efectos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se había acumulado un relevante excedente de tesorería; hasta tal punto que las corporaciones locales de Canarias, por ejemplo, tenían en los bancos 4.000 millones de euros, entre remanentes y superávit, que no podían invertir, pero del que sí debían pagar intereses.

A pesar de los intentos de diferentes federaciones de municipios para que el Ministerio de Hacienda obligara a cancelar esta cuota o que, al menos, el BCE abriera cuentas a coste cero a las administraciones públicas, no se pudo dar respuesta a esta demanda.

La directora general del Tesoro, Dunia González, recuerda a este respecto que el Gobierno de Canarias comenzó entonces un proceso de negociación con las diferentes entidades bancarias, antes de lo que hicieran otras administraciones, para firmar convenios que establecían las comisiones a aplicar sobre los saldos medios en cuenta corriente inferior al 0,40 %.

Con estas condiciones, se llegó a acuerdos con Banco Santander, Caixa, Cajamar, BBVA, Abanca, Bankinter, Banca March, Cajasiete y Sabadell. Junto a las nuevas comisiones, se acordó también una franquicia a coste cero.

González subraya a este respecto que, “a pesar de obtener muy buenas condiciones económicas, mejor que otras comunidades autónomas por ser de las primeras en establecer estos convenios, llegando a tener unos depósitos de hasta 900 millones a coste cero repartidos entre todas las entidades bancarias, es cierto que en estos dos años y medio hemos desembolsado obligatoriamente una importante cantidad de dinero en intereses”.

“Desde el punto de vista de las cuentas autonómicas, puede parecer una cifra pequeña, pero no lo es en el pago de intereses”, dijo la directora general, quien aseguró que, desde este 1 de agosto, la mayoría de las entidades ha comunicado que se anula el presente contrato y pasan a dejar de cobrar por los fondos que la Comunidad tiene en ellos, que suelen estar en torno a una media mensual de 850 millones de euros”, con los que se va haciendo frente a las previsiones presupuestarias.

Las actuaciones se enmarcan en el Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), integrado en el Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia con directrices europeas

Los cuatro inmuebles elegidos son el anexo al TSJC y los Múltiples III y IV en Las Palmas de Gran Canaria, así como el de la antigua Consejería de Hacienda en Santa Cruz

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias destinará 22.012.800 euros a la rehabilitación de edificios públicos. Estas actuaciones irán dirigidas a inmuebles como el edificio anexo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y los Múltiples III y IV, en Las Palmas de Gran Canaria, así como el de la antigua Consejería de Hacienda, en Santa Cruz de Tenerife.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, indica que esta iniciativa será posible “a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), recogido en el Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia y destinado a la rehabilitación sostenible del parque público institucional en las comunidades autónomas”, cuya planificación y gestión depende de la Dirección General de Patrimonio y Contratación.

Este programa persigue la rehabilitación de inmuebles de uso y titularidad pública desde una visión integral de la rehabilitación y es extensiva a todo tipo de edificios institucionales. “El único requisito indispensable fijado por la Comisión Europea es que en cada una de esas actuaciones se asegure una reducción de, al menos, el 30 por ciento del consumo de energía primaria no renovable”, explica Rodríguez.

Del mismo modo, el vicepresidente precisa que el PIREP “brinda la oportunidad de abordar las rehabilitaciones de los inmuebles desde una óptica integral, abarcando también otras necesidades relativas a cuestiones como la habitabilidad, la mejora del confort acústico o la calidad del aire en el interior de los edificios. Eso nos permitirá volver a poner en uso dos de los inmuebles elegidos y optimizar el rendimiento de los otros dos, a través de la modernización de sus instalaciones. También será posible solventar problemas de accesibilidad o incluso mejorar aquellas distribuciones que, con las nuevas formas de trabajo, se han quedado ya obsoletas o desactualizadas”.

Las bases de este programa europeo plantean, del mismo modo, otros requisitos para los trabajos. Entre los más importantes, figuran la necesidad primordial de que las obras concluyan en el plazo máximo previsto del primer semestre de 2026, el ahorro energético comprometido y el cumplimiento de las políticas de gestión de residuos y reutilización.

Los cuatro inmuebles elegidos para esta rehabilitación en Canarias son edificios de titularidad de la comunidad autónoma cuya fecha de construcción es anterior al actual Código Técnico de la Edificación (CTE). En este sentido, tanto el anexo al TSJC de Las Palmas de Gran Canaria como el de la antigua Consejería de Hacienda en Santa Cruz de Tenerife se rehabilitarán de manera integral para volver a ponerlos en uso. En el caso de los inmuebles que ocupan los Servicios Múltiples III y IV en la capital grancanaria, se realizarán obras de mejora y acondicionamiento, aunque, en el caso del Múltiples IV de la calle Primero de Mayo, posibilitará que se pongan en uso dos plantas que se encuentran vacías en la actualidad.

Las actuaciones de eficiencia energética que se contemplan dentro de los trabajos a realizar incluyen mejoras de la envolvente térmica para reducir la demanda energética. Esto se consigue acometiendo obras en el trasdosado interior, inyección de aislante en las cámaras de aire, instalación de revestimiento térmico exterior, sustitución de carpinterías y acristalamientos, modificación de huecos en la fachada e instalación de dispositivos bioclimáticos y de sombreamiento.

Los ingresos alcanzaron los 931 millones de euros, un 11,7% más que durante el primer semestre de 2019, el último año de normalidad económica

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, advierte que el crecimiento del gasto público supera el incremento de la recaudación en más del doble

La recaudación acumulada del IGIC durante el primer semestre del año se situó en los 931 millones de euros, de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria Canaria. Esta cantidad supone un 11,7 por ciento de incremento sobre 2019 -el último ejercicio desarrollado bajo circunstancias económicas normales- y una importante moderación frente a los datos del primer trimestre de 2022, cuando aumentó un 19%, también en relación con idéntico período de 2919.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ya venía anticipando la ralentización del ritmo de recaudación del IGIC, el impuesto más importante del Bloque de Financiación Canario (BFC) y, en paralelo, el incremento del gasto público al que deben hacer frente administraciones como la canaria, además, con la consideración de que el 58% de la recaudación por ese concepto se destina a cabildos y ayuntamientos, frente al 42% que se queda en las arcas autonómicas.

En relación con este último aspecto, Rodríguez ha insistido en que las obligaciones del Ejecutivo se han multiplicado en los últimos años con motivo de la pandemia -que obligó al refuerzo de los servicios públicos esenciales y al libramiento de fondos extraordinarios para ayudar a los sectores productivos- y, ahora, con la escalada de precios.

“Esto significa -explicó el vicepresidente- que necesitaremos todos los recursos disponibles para mantener la intensidad de los servicios que prestamos a los ciudadanos y también para activar ayudas a los sectores de la sociedad y la economía más expuestos a la inflación”.

En este sentido, mientras la recaudación del IGIC ha crecido un 11,7 por ciento en el primer semestre de este año con respecto a 2019, el Gobierno de Canarias ha consolidado un gasto público que ha crecido en más del doble en el mismo período, de acuerdo con los cálculos de Hacienda. A la hora de evaluar el crecimiento recaudatorio, también ha de tenerse en cuenta, respecto a los datos del 2019, que entonces el tipo general del IGIC era del 6,5% y ahora es del 7%, lo que explica parte del aumento.

De acuerdo con el informe mensual elaborado por la Agencia Tributaria Canaria, el aumento pone de manifiesto la recuperación económica y un mayor consumo debido a la normalización de la llegada de turistas y al mayor ahorro generado durante la crisis originada por el COvid-19. Además de estas circunstancias, influye también el alza generalizada de los precios, que aumentan las bases imponibles de este tributo.

Bloque de Financiación Canario

La recaudación acumulada del denominado Bloque de Financiación Canario -que incluye, además del IGIC, el AIEM y el Impuesto de Matriculaciones- alcanzó los 1.054 millones de euros, lo que supone un incremento del 14% con respecto al año 2019. De esa cantidad total, cabildos y ayuntamientos son los principales beneficiarios al percibir el 58%.

De manera desagregada, se ingresaron 110 millones de euros por el AIEM y 8,5 millones por el Impuesto de Matriculaciones.

Por lo que respecta a los tributos propios y cedidos, la recaudación llegó a los 482,6 millones de euros, un 9,3% más que durante el primer semestre del ejercicio de 2019.

Combustibles: un caso especial

Dentro de este apartado de tributos propios y cedidos, destaca el Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo, cuya recaudación acumulada ha caído un 8,45 con respecto al primer semestre del año 2019, al pasar de los 164,4 millones de euros a los 150 millones recaudados en lo que va de 2022.

La recaudación de este tributo no se ha visto afectada por la inflación, debido a que no se trata de un tributo “ad valorem” -según el valor de transacción-, sino de un impuesto especial que recae sobre los litros de combustible que son objeto de entrega mayorista.

En ese sentido, los niveles de recaudación bruta prácticamente han alcanzado los importes recaudados antes del inicio de la crisis originada por la COVID-19, lo cual muestra la recuperación económica en los sectores afectados por el consumo de combustible.

El importe neto de recaudación de este impuesto se sitúa por debajo de los importes mensuales de ejercicios anteriores debido al incremento del porcentaje en la Devolución del gasóleo y gasolina profesional en el Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo acordado por el Gobierno de Canarias al objeto de paliar la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania.

Se da la circunstancia de que el Gobierno aprobó en marzo un incremento de la devolución que practicaba a los transportistas, agricultores y ganaderos, que pasó de un 68% a un 99,9%. En cuatro meses, el coste fiscal de esta medida ha sido de casi 6 millones de euros. En total, el Gobierno ha devuelto este año 23,2 millones de euros.

El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, ha firmado la orden que da inicio a la confección de las últimas cuentas de este mandato, también orientadas a la protección social y la recuperación económica

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, firmó el pasado viernes la orden departamental que da inicio al proceso de confección de los Presupuestos autonómicos de 2023, los cuartos y últimos del actual mandato, “sin apartarse un milímetro de la defensa de los servicios públicos, la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad y la contribución a la recuperación económica”, según dijo hoy.

La elaboración de las cuentas autonómicas del próximo año seguirá el procedimiento previsto en la citada orden -que se estructura en dos capítulos, trece artículos y tres disposiciones adicionales- y en las Directrices aprobadas por el Consejo de Gobierno en su última reunión, también a iniciativa de la Consejería de Hacienda.

Los Presupuestos no solo mantienen el compromiso social que ha caracterizado la gestión del actual Ejecutivo, en función del pacto de Gobierno firmado en 2019, sino que se ha reforzado significativamente al hilo de las dificultades que se han venido produciendo desde febrero de 2020: primero, con la irrupción de la pandemia y sus devastadoras consecuencias económicas; luego, con la erupción en La Palma y, ahora, con los efectos de la guerra en Ucrania y la escalada de precios.

“Desgraciadamente, los canarios nos hemos tenido que enfrentar a situaciones muy duras -señala Rodríguez-, pero por fortuna lo hemos hecho con un Gobierno que no ha escatimado ni un solo euro para defender los servicios públicos esenciales, para fortalecer la protección social, para ofrecer ayudas directas a aquellas personas, colectivos y empresas más castigados por las sucesivas crisis y para contribuir a la recuperación de los sectores productivos dañados”.

El vicepresidente recordó, a este respecto, la evolución de algunas partidas presupuestarias en estos años y señaló que constituyen la prueba fehaciente de que el compromiso social del Gobierno no es un reclamo propagandístico, sino una “realidad”.

Por ejemplo, el gasto financiero en el Servicio Canario de la Salud se ha incrementado desde el año 2019 en un 15,15%; el de Educación, en un 21,9%; o el de Derechos Sociales, en un 25,4%. Estos porcentajes son más elevados aún en el caso del Servicio Canario de Empleo, cuyo presupuesto se ha incrementado en un 41,7 por ciento; Vivienda, en un 65,4 por ciento, o Transición Ecológica, en un 77,7 por ciento.

También han aumentado considerablemente las secciones vinculadas con los sectores productivos. Así, Turismo, Industria y Comercio ha crecido un 52,1%, mientras que Agricultura, Ganadería y Pesca lo ha hecho en un 45,1%.

Una gestión atinada y progresista

Al hilo de estos datos, el vicepresidente aseguró que la defensa de lo público y la protección de los sectores sociales vulnerables, junto a los estímulos a la actividad económica, certifican la política progresista desarrollada por el actual Gobierno, al tiempo que se preguntó “qué hubiera ocurrido” si otros partidos que defienden el desmantelamiento de los servicios públicos hubieran estado al frente de Canarias en estos tiempos “tan exigentes”.

“En los momentos más duros hemos encontrado al Gobierno canario más firme, sensible y riguroso”, dijo el vicepresidente, quien en todo caso valoró la respuesta valiente que ha dado Europa a las sucesivas crisis, “muy diferente a la que ofreció en 2008, basada en los recortes de lo público y la austeridad”.

El vicepresidente asegura en el Parlamento que el bajo nivel de endeudamiento de Canarias “es una buena noticia” para sostener los servicios públicos

La prudencia y el rigor financiero con los que se ha manejado la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias en los últimos tres años es una “buena noticia” ante las dificultades económicas que se avecinan derivadas de la inflación y de las medidas de choque que se adoptarán a todos los niveles para combatirla

El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, explicó hoy en el Parlamento que la escalada global de precios obliga a una revisión continua de las previsiones económicas que maneja el Gobierno de Canarias y alertó de que las principales instituciones y expertos en la materia apuestan por medidas drásticas para combatir la inflación, “a costa, incluso, del crecimiento”.

Rodríguez señaló que “vienen curvas” y que, en ese escenario, es fundamental contar con unas cuentas saneadas que permitan la sostenibilidad financiera de la propia Comunidad Autónoma y de los servicios públicos fundamentales. “No olvidemos -dijo- que la inflación afecta a las familias, trabajadores y empresas, pero también a las administraciones, que tienen que hacer frente a obras y servicios como ningún otro actor de la economía canaria”.

El vicepresidente recordó que, a pesar de las dificultades derivadas de la crisis del Covid-19 y del esfuerzo público para combatir sus efectos sanitarios y económicos, el Gobierno de Canarias ha gestionado las cuentas públicas desde la responsabilidad y la sensatez, lo que ha permitido que las Islas, incluidos cabildos y ayuntamientos, registren el nivel de endeudamiento más bajo del Estado, “lo cual nos da margen de maniobra para el futuro”.

“Si las primas de riesgo vuelven a subir, especialmente en los países del Sur, no les quepa duda de que Europa podrá exigir recortes”, dijo el vicepresidente, quien indicó, no obstante, que la situación económica de Canarias a día de hoy es buena.

En este sentido, recordó que los datos de afiliados a la Seguridad Social y de empleo se encuentran en las cifras más altas de la historia y que la facturación turística ha crecido con respecto a los años previos a la pandemia. “Todos los analistas indican que la economía canaria crecerá el doble de la española, pero tenemos que estar pendientes de la situación, que es muy cambiante”, subrayó.

En cualquier caso, el vicepresidente indicó que Canarias es la única comunidad autónoma que ha aprobado un conjunto de iniciativas propias para combatir la inflación y que se sustentan en el principio de auxiliar a los sectores más perjudicados con medidas, puntuales y temporales, como se ha hecho, entre otros, con los transportistas y sector primario -con la devolución de impuesto del combustible- o con los ganaderos, mediante ayudas directas.

Rodríguez expresó su “alegría” de que los partidos de la oposición hayan dejado el discurso de la bajada generalizada de impuestos “una medida demagógica e irrealizable en los tiempos que corren”.

Contundentes con el comercio triangular

En respuesta a varias preguntas de los grupos parlamentarios, el vicepresidente también se pronunció sobre la exclusión del comercio triangular de la tributación del 4% del Impuesto de Sociedades al amparo de la ZEC y aseguró que la solución definitiva “pasa por modificar la Ley para aclarar la pertinencia de esta modalidad de comercio como actividad de la Zona Especial con la citada tributación y que se haga, además, con efectos retroactivos”. Desde el Gobierno autónomo y los partidos canarios en el Congreso de los Diputados se viene instando desde el año pasado al Ejecutivo estatal a que realice ese cambio.

El vicepresidente, en todo caso, se mostró confiado en que el Gobierno del Estado intentará arreglar este asunto “a última hora” y advirtió que el Parlamento de Canarias debe estar preparado por si se impone una modificación del Régimen Económico y Fiscal sin contar con su preceptivo informe”.

También en materia fiscal, Rodríguez volvió a insistir hoy en la necesidad de que Canarias mantenga su diferencial con respecto al resto del territorio español y europeo y, en consecuencia, defendió la exclusión de las Islas de la imposición mínima del 15 por ciento en el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas. “Si esto no se consigue a través de la Directiva europea, lucharemos para que se consiga a nivel estatal durante la transposición de la norma a la legislación española”, dijo el vicepresidente.

El vicepresidente y consejero de Hacienda convoca a instituciones y agentes económicos y sociales para analizar los borradores de ambos programas

El archipiélago recibirá 7.455 millones de euros en fondos europeos hasta 2027, de los cuales 5.075 millones son recursos ordinarios y el resto, Next Generation

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias presentó hoy a instituciones y los agentes económicos y sociales de las islas los borradores de los programas europeos FEDER y FSE Plus, al objeto de recabar sus aportaciones e incorporarlas, en su caso, al documento que se remitirá a las autoridades europeas para su aprobación definitiva.

Canarias recibirá 2.784 millones de euros con cargo a estos dos fondos, integrados en el denominado Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el período 2021-2027, que prevé una inversión global en el archipiélago de 5.075 millones de euros.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, destacó hoy que Canarias ha sabido defender su particular fuero económico y su condición de región ultraperiférica “hasta tal punto que, en unas circunstancias negociadoras muy complicadas, con la salida de un contribuyente neto como el Reino Unido, hemos aumentado nuestra participación de la tarta presupuestaria europea en un 14 por ciento con respecto al período 2014-2020”.

Rodríguez precisó, además, que estos recursos se suman a los 2.380 millones de euros que, aproximadamente, percibirá el archipiélago con cargo al instrumento europeo Next Generation EU para la reconstrucción económica tras la pandemia.

“La suma de recursos ordinarios y extraordinarios que tenemos que gestionar en los próximos años alcanza los 7.445 millones de euros, lo que supone un enorme desafío desde el punto de vista administrativo”, dijo el vicepresidente, quien añadió que “tenemos la obligación de realizar todo el esfuerzo de organización y gestión para ejecutar eficazmente esos fondos y contribuir a los objetivos para los que han sido diseñados”.

Rodríguez recordó que ya el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha la maquinaria administrativa y ha promovido diferentes normas para la gestión de los fondos europeos, entre ellas las de contratación de personal, “puesto que no debemos olvidar que, a raíz de la anterior crisis económica, se descapitalizó de medios humanos a la administración pública”.

El vicepresidente explicó que con la gestión de los fondos -tanto ordinarios como de reconstrucción- se pretende avanzar en la transición ecológica, la mejora de la productividad y competitividad económica a través de la digitalización y la integración social.

Precisamente, dada su condición RUP, Canarias debe destinar, al menos, el 30 por ciento de los recursos del FEDER al objetivo “Una Europa más verde”, que incluye las prioridades “Transición verde” y “Movilidad urbana. Otro 25 por ciento tendrá que dedicarse a proyectos relacionados con la transición y la conectividad digitales.

Por lo que respecta al FSE Plus -que en esta ocasión incluye fondos adicionales para las RUP por su condición de tales- Canarias deberá dedicar, al menos, el 25 por ciento de los recursos a inclusión social y el 12,5 por ciento a empleo juvenil. Otro 5 por ciento deberá reservarse para proyectos de lucha contra la pobreza infantil.

Por parte del Gobierno, además de Rodríguez, participaron en el encuentro el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado; el director general de Presupuestos, Luis Márquez; la subdirectora de Gestión de Fondos Europeos, Pilar Almeida, y la jefa de servicio de Planificación Económica, Montserrat Cabrera.