La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha expuesto esta mañana en el Pleno del Parlamento las líneas generales del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2024. Este debate de primera lectura de las cuentas públicas, en el que se discuten las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios, es el primer trámite para su aprobación por la Cámara regional a finales de diciembre.

Matilde Asián ha resaltado el reto que ha supuesto la elaboración de estos presupuestos en un momento de especial incertidumbre económica, institucional y política. El desconocimiento de las principales magnitudes necesarias para diseñar un presupuesto con total garantías, principalmente la liquidación de 2022 y las entregas a cuenta que suponen la principal partida de los ingresos corrientes con los que cuenta la Comunidad, unido a las insuficiencias de crédito encontradas en algunas consejerías, llevó al equipo de Hacienda a tomar la decisión de elaborar unos presupuestos prudentes y ajustados a los gastos reales de cada una de las consejerías y centros directivos, que permiten el mantenimiento de los servicios esenciales y que, en ningún momento, ponen en riesgo las coberturas básicas de los canarios.

De esta manera, los PGCAC establecen un límite de gasto no financiero de 11.301 millones de euros que, aunque supone un crecimiento porcentual del 11% si comparamos las cifras iniciales de 2023, este porcentaje baja de forma drástica hasta el 3,3% respecto al gasto real de 2023 y 2024. Del crecimiento total del presupuesto, casi dos terceras partes, unos 700 millones, se destinan a reforzar el escudo social, principalmente en Sanidad, Educación y Bienestar Social.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea insistió en que a estos presupuestos, que han sido avalados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), se les ha dotado de los créditos suficientes para priorizar el gasto público social de una manera realista para evitar hacer correcciones no deseadas en el futuro. Bajo el mismo principio de cautela, las reducciones fiscales sustanciales tendrán que diferirse temporalmente hasta que se vayan despejando las incertidumbres actuales y se conozcan los recursos disponibles del Sistema de Financiación Autonómica y otros datos aplicables a la gestión presupuestaria.

Una vez terminado el debate y tras el rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas, los PGCAC continúan su tramitación parlamentaria.

Las becas están convocadas para el año 2024.

Tres de las becas son para cursar estudios de postgrado y dos para realizar prácticas en la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas.

La cuantía total de las ayudas asciende a 106.000 euros y el plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 17 de noviembre

La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea convoca tres becas para cursar estudios de postgrado sobre la UE y dos becas para realizar prácticas en la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas.

Las personas solicitantes deberán ser nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y tener fijada su residencia en Canarias, al menos durante los cuatro años inmediatamente anteriores. También deberán estar en posesión de un título universitario correspondiente a un título de grado o equivalente, oficial u homologado por el Ministerio, obtenido en los cinco años inmediatamente anteriores.

El plazo para la presentación de las solicitudes permanecerá abierto hasta el 17 de noviembre de 2023.

La inscripción se realizará exclusivamente a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, debiendo acceder concretamente a través del siguiente enlace:

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_servicios/tramites/7046

Becas de estudio de posgrado

Una de las becas de formación académica está dotada con 28.000 euros para financiar estudios de posgrado en el College of Europe, en cualquiera de sus sedes, Brujas o Natolin; mientras que las otras dos becas tienen una asignación de 17.000 euros cada una, para estudios de posgrado en cualquier otro centro europeo fuera de España, cursados en inglés y/o francés. En el caso de que ninguna persona propuesta como candidata sea admitida en el College of Europe se concederán tres becas de 20.666 euros cada una.

Los estudios de posgrado deberán versar sobre asuntos europeos, en los ámbitos jurídico, económico o institucional y tendrán que cursarse de forma presencial en universidades e instituciones académicas oficiales u homologadas ubicadas fuera del territorio nacional y dentro de la Unión Europea, debiendo ser impartidos mayoritariamente en inglés o francés, o en ambos idiomas.

Prácticas en la Delegación del Gobierno de Canarias

En cuanto a la modalidad de prácticas en la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas, se desarrollarán durante un año y cada una de las dos becas estará dotada con 22.000 euros. Esta formación práctica implicará el desplazamiento efectivo de la persona beneficiaria al lugar de destino, debiendo incorporarse en el plazo que se le indique por la persona titular de la Delegación. Durante el periodo de prácticas la persona beneficiaria realizará las tareas que se le asignen, lo que comportará el desarrollo de actuaciones tanto en español como en francés e inglés.

Con esta orden se pretende aliviar los costes de producción derivados del precio del crudo hasta final de año

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, ha firmado la orden por la que se amplía temporalmente hasta final de año el período de la devolución del 99,9% del Impuesto Especial de la Comunidad Autónoma sobre combustibles derivados del petróleo a los agricultores y transportistas canarios.

La medida, que entra en vigor el 1 de octubre y se mantendrá hasta el 31 de diciembre de este año, se justifica por la vigencia de las razones que justificaron su última aplicación a través de la Orden de 25 de marzo de 2022, como el continuado encarecimiento de la gasolina y gasóleo profesionales o la actual coyuntura inflacionista que tiene repercusión directa en el Índice de Precios al Consumo.

Para Matilde Asián “conocemos las dificultades del sector primario en Canarias y, para este Gobierno, es prioritario incentivarlo”. Además, señaló que “en el caso del sector del transporte, el incremento de los costes tiene un efecto directo en el precio de las mercancías, alimentando así la espiral inflacionista por lo que su control resulta de suma importancia para los canarios”.

La devolución parcial del Impuesto Especial sobre Combustibles derivados del petróleo se viene haciendo en Canarias desde 1986 cuando la deducción era del 68% hasta el año 2022 cuando se elevó treinta puntos, hasta el actual 99,9%. El impuesto es en la actualidad de 26,5 céntimos por litro en la gasolina 95, de 28,8 céntimos por litro en la gasolina 98 y de 22,2 céntimos para el gasoil.

El nuevo recurso sistematiza toda la información sobre el Régimen Económico y Fiscal, que suele aparecer dispersa en internet

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos ha activado hoy un sitio específico sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) en su web corporativa, al que se puede acceder a través de la dirección www.gobiernodecanarias.org/hacienda/dgplani/ref/.

El vicepresidente del Gobierno y consejero del área en funciones, Román Rodríguez, explicó hoy que Canarias “a pesar de disponer de un sistema económico y fiscal muy potente y atractivo, no tenía instrumentos de difusión de las medidas que estén a la altura necesaria para poder informar las empresas canarias y foráneas de las ventajas propias” y señaló que el espacio habilitado hoy viene a cubrir esa carencia.

“En la actualidad hay pocas referencias en internet del Régimen Económico y Fiscal de Canarias que den un tratamiento completo del mismo, explicando las ventajas tanto económicas como fiscales y sus contenidos, reduciéndose la información a las web de unas pocas administraciones públicas y otras muy dispersas y de contenido parcial de empresas y consultoras.

La nueva web contiene varios apartados: el primero de ellos consiste en un contexto histórico, geográfico y político del REF. Luego, se pasa a describir los incentivos económicos: transporte, telecomunicaciones, energía, agua, gestión residuos, promoción comercial y turística, Incentivos regionales, Creación de empleo, Inversión, Universidades, Formación profesional para el empleo, Sector primario.

En tercer lugar, se expone las más conocidas ventajas fiscales: Zona Especial Canaria, Menor fiscalidad indirecta, Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM), Impuesto sobre combustibles derivados del Petróleo, Impuesto sobre labores del tabaco. Del mismo modo, se hace referencia a la también mejor fiscalidad directa con el Régimen especial de buques y empresas navieras, deducción por inversiones de Canarias, deducción por activos fijos nuevos, deducción por inversiones en África occidental, deducción en gastos de publicidad y propaganda, deducción actividades de innovación tecnológica e I+D, deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y exhibición de espectáculos, deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad, deducción por gastos de formación profesional, Zona franca, Régimen especial de las empresas productoras de bienes corporales, reserva de inversiones en Canarias.

Posteriormente se hace una referencia a la excelente posición de Canarias dentro de la Unión europea en las ayudas regionales a la inversión y al funcionamiento. Y por último se incluyen enlaces a contenidos audiovisuales explicativos del diversos aspectos del REF.

La agencia S&P destaca la “fuerte recuperación” económica tras la pandemia y los bajos niveles de endeudamiento de la Comunidad Autónoma

La agencia S&P Global ha comunicado al Gobierno de Canarias que mantiene la calificación crediticia A de la Comunidad Autónoma, dada la buena marcha de la economía y de sus positivos indicadores financieros, lo que, unido a la previsión de que se mantengan estas mismas condiciones a medio plazo, le confiere una perspectiva “estable”.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos en funciones, Román Rodríguez, aseguró hoy a este respecto que el buen desempeño del Gobierno de Canarias en materia financiera y la intensidad de la recuperación económica tras la pandemia permite a la Comunidad Autónoma estar en el grupo de las administraciones públicas con la máxima calificación crediticia.

Rodríguez recordó que Canarias ha mejorado durante la presente legislatura su calificación crediticia, de forma que en los años 22 y 23 ha obtenido el grado A con perspectiva estable, la máxima a la que puede aspirar una comunidad autónoma, puesto que su rating no puede ser en ningún caso mejor al del Estado al que se adscribe.

La agencia crediticia valora del mismo modo el bajo nivel de endeudamiento de la Comunidad Autónoma en relación con el PIB y en relación con la población. A este respecto, cabe mencionar que los últimos datos disponibles indican que Canarias cuenta con la deuda per cápita más baja de todo el Estado, con 2.948 euros, cuando la media del resto de comunidades autónomas se sitúa en los 6.682 euros. Del mismo modo, se encuentra entre aquellas de menor deuda en relación al PIB, con el 13,9%, diez puntos porcentuales menos que la media de las comunidades autónomas, que fue del 23,9%.

El informe de S&P señala que “la economía de Canarias se recupera con fuerza tras la pandemia, con fuerte afluencia de visitantes, datos que alimentan las bases imponibles y, en última instancia, la recaudación de impuestos” y que se espera “una marcada mejora en los saldos fiscales operativos en 2023-2025 después de un débil 2022, aunque los saldos después del gasto de capital parecerán más débiles a medida que la región gaste los fondos de la UE recibidos en años anteriores”.

“Esperamos que Canarias siga bajando sus ratios de endeudamiento y mantenga una situación muy fuerte de liquidez en los próximos años”, indica la agencia, que asegura que la perspectiva estable se justifica porque “se espera mejorar los saldos operativos y continuar la reducción de la deuda, a pesar de los déficits presupuestarios reportados a medida que la región gaste los fondos de la UE recibidos en anteriores años. Además, esperamos que la región continúe su recuperación económica, beneficiándose de los grandes fondos de la UE y la normalización de su sector turístico tras el levantamiento de las restricciones de la pandemia”.

Una calificación crediticia es una opinión técnica sobre la probabilidad de que un emisor cumpla con sus obligaciones financieras en tiempo y forma y suele ser de ayuda para los inversionistas en el proceso de toma de decisiones.

S&P cuenta con cuatro calificaciones (D, C ,B y A), dentro de las cuales hay subgrupos. La calificación A indica una capacidad fuerte del auditado para cumplir con sus obligaciones financieras, pero algo susceptible a condiciones económicas adversas y a cambios en las circunstancias. Por encima de ésta solo se encuentra la AA y la AAA.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, firma electrónicamente el nuevo convenio

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, firmó hoy electrónicamente el nuevo convenio del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) de Fuerteventura, por el que el Ejecutivo autónomo transferirá 99 millones de euros al Cabildo Insular hasta el año 2027. La inversión total ascenderá de 123 millones, incluyendo la aportación de esta última institución.

De acuerdo con el convenio suscrito hoy, los fondos permitirán la ejecución, por parte del Cabildo y en coordinación con todos sus ayuntamientos, del denominado Programa FDCAN Fuerteventgura, que prevé actuaciones de trascendencia o interés municipal, que suponen un 60 por ciento de las inversiones del programa, así como el desarrollo de ejes y acciones de trascendencia insular que totalizan el 40 por ciento restante. Se atenderá a los servicios públicos de primer orden, como el abastecimiento hidráulico o las redes viarias, y las políticas de interés general insular, como el empleo, el sector primario, las energías renovables o la I+D+I, las rehabilitaciones de espacios turísticos, de zonas comerciales abiertas y la accesibilidad de las zonas rurales.

El acuerdo permitirá también la financiación de las obras que se recogerán en un convenio de regadío agrícola con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La firma con Fuerteventura se suma a las rubricadas recientemente con el Cabildo de Gran Canaria y las dos universidades públicas, instituciones que, junto al Cabildo de El Hierro, son la que adolecían de acuerdo del FDCAN en vigor, pues optaron en 2016 por no firmar por la totalidad del plan, previsto en diez años.

Precisamente, el Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el pasado 27 de abril un gasto de 416,7 millones de euros para estos cabildos y para los dos centros académicos, cantidad a la que hay que añadir el porcentaje de cofinanciación de las corporaciones insulares, que varía para cada caso, y que colocan la inversión final en los 683 millones de euros.

La orden, activada por primera vez en marzo del año pasado, persigue aliviar los costes de producción de estos sectores ante el encarecimiento de los carburantes

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, firmó hoy la orden para la prórroga de la devolución del 99,9% del impuesto de carburantes a los transportistas, agricultores y ganaderos del Archipiélago hasta el próximo 30 de septiembre.

Rodríguez precisó hoy que la medida se adopta para aliviar los costes de producción de estos sectores, ante la persistencia del incremento de precios de los carburantes.

La orden original, firmada en marzo de 2022, eliminó, de facto, el Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo para los transportistas profesionales, que hasta entonces suponía la mitad del aplicado en el resto del Estado y, de esa mitad, solo tenían que pagar el 32% del mismo, puesto que el otro 68% le era devuelto por el Gobierno canario. Dado que el IGIC del combustible tributa al tipo 0, esto significa que a los transportistas no se les aplica fiscalidad alguna, mientras que en las demás comunidades autónomas se aplica un IVA del 21%.

De acuerdo con la parte dispositiva de la orden, las presiones inflacionistas que se vienen registrando en los últimos meses, agravadas ahora por la invasión rusa a Ucrania, han provocado un incremento de los precios de los combustibles, que tienen su correspondiente traslación al Índice de Precios al Consumo.

La devolución “constituye un elemento que técnicamente debe tener una repercusión positiva en los precios al consumo y debería venir acompañada de una contención de los mismos en los sectores beneficiados”, señala la norma.

Una devolución histórica

La devolución parcial del Impuesto Especial sobre Combustibles Derivados del Petróleo viene recogida en su propia ley reguladora, que data de julio de 1986. En ella se especifica que los agricultores y transportistas tendrán derecho a la devolución parcial del impuesto que grava la gasolina y el gasóleo profesional utilizados por vehículos que se hallen afectos al desarrollo de actividades de agricultura, ganadería y transporte (discrecional y regular de viajeros, de mercancías y taxistas) y cuyos datos estén debidamente inscritos en el Censo de Agricultores y Transportistas.

El impuesto en la actualidad es de 26,5 céntimos por litro en el caso de la gasolina y de 22,2 céntimos en el caso del gasóleo.

De estas cantidades, el Gobierno devolvía desde el año 1986 el 68% a los transportistas, agricultores y ganaderos, una devolución que ahora y hasta el 30 de septiembre será prácticamente íntegra.

El seminario cuenta con la participación de expertos de la Autoridad de Gestión del programa y se ha celebrado en coincidencia con el Día de Europa

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha organizado entre ayer y hoy un curso sobre “Seguimiento e indicadores, la elegibilidad de los gastos y la simplificación de la gestión” del Fondo Social Europeo, en el que se han inscrito cerca de un centenar de empleados públicos de diferentes departamentos de la Administración autonómica.

El seminario se inició ayer con una ponencia de Carlos Gutiérrez Bordejé, jefe de Servicio de la Autoridad de Gestión del FSE del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sobre tipos de indicadores, concepto de operación, participantes, entidades, registros, aclaraciones y particularidades de los indicadores de ejecución, coherencia de los datos e informes anuales.

En la sesión de hoy han participado Francisco José Hermosilla, jefe de Servicio de la Autoridad de Certificación y Ana Belén Sanz Trigo, jefa de Servicio de la Autoridad de Gestión del mismo Ministerio de Trabajo y Economía Social. El primero ha hablado sobre la elegibilidad de los gastos y la segunda, sobre la simplificación de la gestión.

Todas las intervenciones se han enfocado fundamentalmente al período 2014-2021 si bien también se abordaron las novedades del período de programación 2021-2027.

Precisamente, Canarias gestionará 446,6 millones de euros en ayudas del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para empleo, formación e inclusión social en el citado período presupuestario 21-27, una cantidad que que se eleva a los 525 millones si se incluye la cofinanciación de los gobiernos canario y español. En el anterior período la ayuda europea ascendió a 279,6 millones de euros.

La principal diferencia estriba en que la actual aportación incluye por primera vez una asignación por la condición de Región Ultraperiférica (RUP) de Canarias, que asciende a 157 millones de euros.
Con independencia de esta asignación, la partida más importante va dirigida a inclusión social y lucha contra la pobreza, dotada con 80 millones de euros, seguida de empleo juvenil, con 62,3 millones.

El FSE+ es un fondo que invierte en las personas y aplica el pilar europeo de derechos sociales, contribuyendo a una Europa más Social; a una cohesión económica, social y territorial, haciendo especial hincapié en el empleo y la formación.

En este nuevo período, el programa fusiona el anterior Fondo Social Europeo (FSE) con la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y una parte del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD).

Se trata del número 59 de una publicación dedicada al estudio del sistema económico y tributario canario que vio la luz por primera vez el año 2001

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos ha publicado un nuevo número de la revista “Hacienda Canaria”, dedicada al estudios y reflexión del sistema económico y tributario canario y, en particular, de las singularidades del Archipiélago en materia económico-fiscal.

En el número recién publicado y en el apartado “Estudios” se incluyen diversas colaboraciones. Por un lado, la subdirectora general de Valoración e Inspección de la Dirección General del Catastro, María Isabel García-Vaquero Soriano, analiza, tras su primer año de vigencia, el “valor de referencia” que determina ahora, en muchas transmisiones inmobiliarias, la tributación en concepto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con especial referencia a la implantación de dicho sistema en nuestro archipiélago.

Por otro lado, Arturo Melián González, profesor de la ULPGC y las funcionarias de la Viceconsejería de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos Lucrecia Apolinario Hidalgo y María Teresa Gil Doreste exponen una evolución de la posición fiscal o presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Canarias a lo largo de los últimos diez años cerrados (2012-2021) y, en especial, tras la crisis sanitaria. Además, Salvador Miranda Calderín, director de la Cátedra del REF publica su Crónica de la RIC-2022, tratando determinados aspectos de sumo interés para los estudiosos en la materia y los profesionales. Finalmente, los profesores de la ULPGC Sergio Solbes Ferri, Daniel Castillo Hidalgo y Francisco Quintana Navarro llevan a cabo un recorrido histórico por las especialidades fiscales canarias, señaladas o marcadas a través de diez hitos fundamentales.

En la sección dedicada a “La empresa en Canarias”, Jacques Bulchand Gidumal, catedrático de Organización de Empresas de la ULPGC, y Pablo Juan Nuez Déniz, grado en ADE por dicha institución, analizan y evalúan el impacto de la inteligencia artificial y la robótica en la automatización de los puestos de trabajo en el sector hotelero en Canarias.

Además, la publicación contiene las secciones fijas, coordinadas por funcionarios de la AEAT y la ATC, dedicadas a reseñar y comentar la doctrina administrativa emanada de las Administraciones estatal y autonómica y de los órganos económico-administrativos, así como las resoluciones dictadas por los tribunales de justicia. En el presente número, Marcelino Fernández Solórzano González comenta la reciente contestación a una consulta tributaria vinculante en la que se analiza la sujeción al IGIC de determinados servicios prestados por una agencia de viajes mayorista con establecimiento permanente en Canarias.

Por último, en el apartado de Documentación, se incluye el Plan de Acción Anual para 2023 de la Agencia Tributaria Canaria.

El recién editado número 59 (Marzo 2023), así como todos los números anteriores de esta publicación, pueden ser consultados en la página web: 

https://www3.gobiernodecanarias.org/tributos/atc/jsf/publico/revista/inicio.jsp

Desde la que se puede acceder de forma gratuita a los contenidos de este proyecto editorial.

El departamento dirigido por el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, saca a concurso la obra por 79,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 32 meses

El período para la presentación de ofertas finaliza el 26 de mayo y las mesas de contratación se celebrarán en junio

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha sacado a licitación las obras de construcción de los dos edificios que concentrarán los servicios esenciales de la Comunidad Autónoma, por un importe de 79,7 millones de euros y un plazo de ejecución de 32 meses. El valor estimado del contrato a suscribir alcanzará los 89,4 millones de euros.

El departamento que dirige el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, retoma así una hoja de ruta que hubo de modificarse debido a la pandemia, puesto que el proyecto ya estaba contemplado en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma del año 2020. En cualquier caso, el año 2021 se aprobó un Plan funcional, base para el proyecto de ejecución, con la participación de las consejerías responsables en la prestación de los servicios que se alojarán en el edificio,

De acuerdo con los documentos de la licitación, impulsada por la Dirección General de Patrimonio y Contratación, el plazo para la presentación de ofertas finalizará el 26 de mayo, mientras que las mesas de contratación tendrán lugar durante el mes de junio. El objetivo del Gobierno es que la obra esté completamente ejecutada en 2026.

La mayor parte de los fondos que se destinarán a la construcción de los edificios serán europeos, no en vano la UE ha habilitado específicamente recursos financieros para la ejecución de infraestructuras de este tipo, que, además, se habrían perdido de no utilizarse para estos fines.

Los edificios se levantarán en Telde, en Gran Canaria, y La Gallega, en Santa Cruz de Tenerife, dispondrán de 23.000 metros cuadrados cada uno y son idénticos. Su funcionamiento será como una sola estructura con dos ubicaciones, de forma que uno es espejo de otro, lo que permitirá su operatividad en caso de fallo en uno de ellos.

Ambos edificios tienen una localización acorde al principio estratégico de procurar una óptima accesibilidad e interconexión con las principales infraestructuras viarias de carácter urbano-territorial. Así mismo, dichas localizaciones permiten una fácil interrelación con otros servicios esenciales, especialmente aquellos vinculados a áreas críticas relacionadas con el cuidado y protección al ciudadano. Su diseño también ha previsto su capacidad de hacer frente a situaciones excepcionales de índole sísmica y vulcanológica, o las derivadas de fenomenologías meteorológicas adversas.

Entre los servicios que albergarán los edificios se encuentran el 1-1-2; los centros de control de seguridad y emergencias (emergencias sanitarias, Protección Civil, Bomberos, Salvamento Marítimo o Policía Canaria, entre otros); el teléfono de información 012; el cibercentro o los teléfonos de teleasistencia social.