La Consejería de Hacienda activa desde hoy una web para el seguimiento de estos fondos europeos extraordinarios a ejecutar desde el año 2021 al 2026

La ejecución, a falta de cuatro años, se sitúa en el 61%, dado que los ingresos recibidos ascienden a 1.145 millones de euros

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha activado un sitio web para el seguimiento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en el que se pone de manifiesto que la Comunidad Autónoma ejecuta en estos momentos 697 millones de euros en subvenciones y contratos con cargo a estos fondos europeos extraordinarios en los dos primeros años de los seis establecido como plazo de ejecución.

El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, ha señalado a este respecto que el Ejecutivo “ha querido centralizar toda la información contable, presupuestaria y temática del MRR y ponerla a disposición de la ciudadanía en aras de la mayor transparencia posible en la gestión de los fondos públicos”.

Rodríguez subrayó que, a pesar de que estos recursos se pueden ejecutar hasta el año 2026, el grado de ejecución es alto y se acompasa con el ritmo al que van llegando los recursos a las arcas de la Comunidad Autónoma; de hecho, Canarias recibió las primeras transferencias en septiembre de 2021, es decir, prácticamente con el primer año de plazo en su recta final. “También hay que tener en cuenta que los primeros años de este tipo de fondos son los más complicados por el trabajo previo de definición de proyectos y convocatorias, mientras que en los siguientes el ritmo se acelera”, puntualizó.

De acuerdo con los datos volcados a la web, de los 697 millones de euros en ejecución, 639 se corresponden con subvenciones y otros 57, con contratos.

Para mayor concreción, 211 millones figuran contablemente en obligaciones reconocidas, 254 millones en expedientes tramitación anticipada; 46 millones en expedientes plurianuales y otros 141 millones en retenciones de crédito para la tramitación de los expedientes. El resto, hasta los 697 millones, ya se han publicado en la Plataforma de Contratación del Estado y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

Dado que los ingresos recibidos por la Comunidad Autónoma ascienden a 1.145 millones de euros, los proyectos en ejecución se sitúan en el 61%. De esos 1.145 millones de euros, 455 se recibieron el año 2021 y los otros 690 millones, el año 2022.

La web activada por la Dirección General de Planificación y Presupuesto se estructura en tres grandes apartados, entre los que se ha distribuido la información del MRR; ejecución contable, ejecución presupuestaria y áreas temáticas.

Dentro de cada uno de estos bloques se añade información específica. Así en el bloque correspondiente a ejecución contable se puede consultar las subvenciones y los contratos en ejecución; en el apartado de ejecución presupuestaria se ofrecen datos sobre ingresos y gastos por componentes y gastos por capítulos, mientras que “áreas temáticas” se vuelca información con un top 20 de las principales inversiones con un porcentaje que indica las asignaciones de acuerdo con las conferencias sectoriales correspondientes.

La dirección de la web es: https://www3.gobiernodecanarias.org/aplicaciones/unifica/mrrejecucion.html

El vicepresidente pide a la ministra de Hacienda que defienda la posición de Canarias ante la transposición de la Directiva europea que fija el tipo mínimo

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha vuelto a pedir por escrito a la ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero, que defienda las especificidades fiscales de Canarias en la transposición de la Directiva europea que establece un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades a las empresas que facturen más de 750 millones de euros. Los incentivos del REF -aprobados y autorizados por la UE- permiten, en el caso del Archipiélago, una tributación de únicamente el 4% a las empresas inscritas en la ZEC.

Precisamente, Rodríguez ha recordado que el estatus de Canarias como Región Ultraperiférica de la Unión ha permitido preservar las excepciones y modulaciones de las normas europeas consagradas en el Tratado de la Unión, también en la política fiscal. “Por ello, los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) se encuentran autorizados como ayudas de Estado con finalidad regional, se aplican exclusivamente sobre los beneficios obtenidos por la actividad económica desarrollada en Canarias, y están sometidos a límites y controles permanentes por parte del Ministerio de Hacienda de España y la Comisión Europea”, señala la misiva.

El vicepresidente subraya que a pesar de la insistencia del Gobierno de Canarias ante los representantes de España que participaron en las negociaciones previas a la elaboración de la Directiva, su redacción definitiva no incluyó de modo expreso excepción alguna que refleje los derechos reconocidos por las normas europeas a Canarias, entre ellos el artículo 349 y 107.3a) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Excepciones como la solicitada ahora por Canarias sí han sido atendidas por Europa en ocasiones anteriores, de tal modo que el Archipiélago no fue incluido en el régimen general de los impuestos especiales o en el sistema común del IVA.

Rodríguez pide a la ministra “la misma sensibilidad” que ha demostrado con la reciente modificación a nivel estatal del Impuesto de Sociedades, en la que los incentivos del REF quedaron al margen del requerimiento de tributación mínima.

En estos momentos, ha finalizado el proceso consulta pública previa a la transposición al derecho español de la Directiva europea relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión.

El vicepresidente presenta la memoria de la Consejería y de la Vicepresidencia “en cuatro años en los que se han captado más recursos que nunca y se ha ejecutado mejor que en etapas anteriores”, señala

Destaca el papel de lo público durante la legislatura para proteger a los sectores vulnerables y a la economía frente a las sucesivas crisis

El viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, desgrana un “positivo” balance tanto en las relaciones con el Estado como en la política tributaria

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, aseguró hoy que la gestión de la Vicepresidencia y la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos durante los últimos cuatro años ha ayudado a los sectores más vulnerables de la sociedad y a los agentes económicos a superar las sucesivas crisis sobrevenidas y ha contribuido a construir país “con medidas que han venido para quedarse”

Rodríguez, junto al viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos, Fermín Delgado, presentó hoy la memoria de gestión de la legislatura, que bajo el título “2019-2023: Defensa de Canarias y gestión frente a las crisis” detalla en 100 páginas la labor desarrollada por este departamento y por la Vicepresidencia del Gobierno, “una forma de rendir cuentas ante la ciudananía”.

El vicepresidente destacó, a este respecto, el papel desempeñado por las administraciones públicas para responder a desafíos inéditos en la historia reciente de la humanidad y, en concreto, del Gobierno de Canarias para el refuerzo de los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y las políticas sociales; para ayudar a las familias y a las empresas (pequeñas, medianas y grandes) y para combatir los efectos de la escalada de precios tanto con ajustes fiscales selectivos y temporales como con ayudas directas.

Rodríguez explicó que para alcanzar los citados objetivos y atender las cosas ordinarias y extraordinarias ha sido preciso disponer de recursos, “que han llegado en tiempo y forma” porque el Ejecutivo ha defendido bien los intereses de Canarias en Madrid y en Bruselas.

A este respecto, recordó que el Ejecutivo habrá movilizado durante toda la legislatura unos 40.000 millones de euros, “más recursos que nunca” y “mejor ejecutados que nunca” y precisó que hasta el 31 de diciembre de 2022 el Gobierno ha ejecutado 3.000 millones más de los consignados inicialmente en las leyes de Presupuesto.

El vicepresidente agradeció también el trabajo de desarrollado por los equipos de Vicepresidencia y de la Consejería, “que han sido claves” para el cumplimiento de objetivos.

Delgado se refirió durante su intervención a los dos grandes bloques de gestión de la Viceconsejería durante la legislatura: las relaciones Canarias-Estado, por un lado, y la normativa tributaria, por otro.

En relación con el primero de ellos, destacó el positivo balance de la participación de Canarias en los Presupuestos Generales del Estado, en los que la inversión regionalizada (capítulos VI y VII) ha sido siempre superior a la media del Estado; la resolución de los conflictos abiertos con los beneficios fiscales a las producciones cinematográficas; la ampliación de la ZEC o la exceptuación de Canarias de la imposición mínima del 15% a las grandes empresas aprobada a nivel estatal. También comentó la resolución del convenio de carreteras, “en el que hemos contribuido tanto a nivel político en las Cortes como en el Gobierno de Canarias”.

Progresividad fiscal

En materia tributaria, recordó la defensa de la progresividad fiscal que define a las formaciones que integran el Gobierno de Canarias y que permitió -al inicio de la legislatura y antes de la llegada de las crisis- la subida de medio punto en el IGIC y el incremento del 23 al 24% de los tipos en el tramo autonómico del IRPF para las rentas mayores de 90.000 euros. Del mismo modo, se ajustó por niveles de renta el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Durante el presente mandato también se aprobó el nuevo AIEM, con nuevos artículos protegidos y la eliminación de otros que ya no se producen en las Islas.

A partir de la pandemia, la labor tributaria de la Consejería se centró en la articulación de medidas de alivio fiscal para familias y empresas, ayudas a las que se dio continuidad para los afectados por la erupción en La Palma y para combatir la inflación.

A falta de poco más de diez días para el inicio de la campaña de la declaración de la renta, Delgado citó la ampliación de las deducciones del tramo autonómico y el establecimiento de una deducción extraordinaria por el alza de precios aprobada por el Gobierno e incorporada en los Presupuestos autonómicos de este mismo ejercicio.

El vicepresidente y consejero del área, Román Rodríguez, firma con el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, el documento de inicio de la transmisión de este espacio valorado en 2 millones de euros

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, ha suscrito este miércoles en La Laguna un acuerdo con el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, para la cesión gratuita de la antigua estación de guaguas de San Benito.

La parcela sobre la que se asentaba el antiguo intercambiador de transportes, de 7.000 metros cuadrados y valorada en 2 millones de euros, albergará la comisaría de la Policía Local lagunera.

Rodríguez manifestó que el acto celebrado hoy “sirve para concretar un compromiso verbal que se produjo hace un año y medio para ceder este suelo estratégico en desuso al Ayuntamiento de La Laguna y que no se había podido realizar porque la Consejería de Sanidad también pretendía este espacio, aunque hemos buscado una alternativa en la misma ciudad”, explicó.

“La unidad de acción entre las administraciones –prosiguió el vicepresidente– ha sido la mejor respuesta a todo lo malo que ha ocurrido durante estos cuatro años. Este acto expresa ese valor de la cooperación institucional y el entendimiento político en aras siempre del beneficio de la ciudadanía”.

Luis Yeray Gutiérrez, por su parte, recordó que la antigua estación de guaguas de San Benito “lleva en desuso desde hace más de una década y se ha utilizado como aparcamiento provisional. Se encuentra en mal estado y, desde 2019, ya dijimos que queríamos proyectar aquí una comisaría a la altura de lo que necesita La Laguna. Con este acuerdo que acabamos de suscribir con el Gobierno de Canarias, gracias a la implicación personal del vicepresidente Román Rodríguez, se hace realidad una demanda histórica de nuestro municipio”.

Gutiérrez confirmó también que el Ayuntamiento de La Laguna “ya tiene 1,1 millones consignados en el Presupuesto de 2023 para este espacio y, de manera inmediata a través de Gestur, destinaremos 40.000 euros para acometer los trabajos necesarios de esta actuación. Luego se ha establecido un cronograma con el área de Seguridad Ciudadana para que la nueva comisaría de la Policía Local sea una realidad en los próximos tres años”.

El alcalde precisó que, a escasos 100 metros de la antigua estación de guaguas de San Benito, “se ha puesto en uso un espacio con similar capacidad de aparcamientos en el Camino de la Villa con el fin de adelantarnos al problema que causaría la supresión de esta zona”.

El vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, visita el solar de La Gallega donde se ubicará el edificio de Tenerife, junto al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez

El Gobierno ofrece al Ayuntamiento de Santa Cruz el inmueble de La Gallega para alojar el Cecopal

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias sacará a licitación en un plazo de dos semanas la construcción de los dos edificios gemelos de servicios esenciales en Telde y Santa Cruz de Tenerife, según adelantó hoy el vicepresidente y consejero del área, Román Rodríguez, durante una visita al solar de la capital tinerfeña donde se levantará uno de ellos.

Rodríguez, junto al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez; el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el director general de Patrimonio y Contratación del Ejecutivo autónomo, José Julián Isturitz, presentaron in situ el proyecto a representantes de organismos y colectivos que se alojarán en el edificio que se construirá en La Gallega, frente al IES Las Veredillas.

El vicepresidente destacó, precisamente, la excelente ubicación elegida, que permitirá una mayor eficacia en la prestación de los servicios de emergencia y de seguridad, pero también de aquellos otros de información pública a la ciudadanía.

Rodríguez subrayó, además, que la financiación de los edificios, que alcanzará los 80 millones de euros, se endosará a los fondos europeos habilitados para este fin específico.

Bermúdez, por su parte, se congratuló de la decisión del Gobierno de ubicar el edificio en el distrito Suroeste, el de mayor expansión de la ciudad, y señaló que el inmueble contribuirá al impulso de toda esa zona.

Del mismo modo, el alcalde recibió de buen grado la oferta realizada por el Gobierno para que el Cecopal de Santa Cruz pueda también instalarse en el edificio, junto a los servicios de carácter autonómico previstos: entre ellos, el 1-1-2; los centros de control de los servicios de seguridad y emergencias (emergencias sanitarias, Protección Civil, Bomberos, Salvamento Marítimo o Policía Canaria, entre otros); el teléfono de información 012; el cibercentro o los teléfonos de teleasistencia social.

Julio Pérez destacó durante su intervención que la concentración de los servicios esenciales en los dos edificios -uno en Tenerife y otro en Gran Canaria- y la ubicación de ambos -con conexiones viarias rápidas hacia el norte y el sur de cada isla- permitirán a los servicios de emergencia y de seguridad trabajar más eficientemente. “La proximidad mejora ,además, el trabajo en equipo”, dijo el consejero, quien recordó que la seguridad es la primera obligación del Gobierno para con la ciudadanía.

Los edificios, de 23.000 metros cuadrados cada uno, se ubicarán en Jinámar, en Telde, y en La Gallega, en Santa Cruz de Tenerife. Su funcionamiento será como una sola estructura con dos ubicaciones de forma que uno es espejo de otro, lo que permitirá su operatividad en caso de fallo en uno de ellos.

Ambos edificios tienen una localización acorde al principio estratégico de procurar una óptima accesibilidad e interconexión con las principales infraestructuras viarias de carácter urbano-territorial. Así mismo, dichas localizaciones deberán propiciar una fácil interrelación con otros servicios esenciales, especialmente aquellos vinculados a áreas críticas relacionadas con el cuidado y protección al ciudadano. Su diseño también ha previsto su capacidad de hacer frente a situaciones excepcionales de índole sísmica y vulcanológica, o las derivadas de fenomenologías meteorológicas adversas.

El vicepresidente del Gobierno presentó hoy la publicación, promovida por la Dirección General de Asuntos Europeos y editada por Lefebvre

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodriguez, presentó hoy un “Compendio de legislación europea aplicable a Canarias como región ultraperiférica de la UE”, promovido por este departamento y publicado por Lefebvre.

Rodríguez destacó durante el acto de presentación el “dificultoso y trabajado proceso de integración del Archipiélago en la Unión Europea” y señaló que “aún hoy en día la ciudadanía canaria no percibe en toda su dimensión aquel acuerdo”.

La adaptación o exención de las políticas comunes en Canarias o el establecimiento de un diferencial fiscal son producto de ese particular proceso de integración, que se compendia en un libro que no solo sintetiza la legislación sino que también la sitúa en el contexto histórico en el que fue promovida.

Rodríguez explicó que la publicación acercará a la ciudadanía la información sobre la legislación europea aplicable a Canarias como RUP, “facilitando la comprensión de nuestro estatus especial en la UE”, al mismo tiempo que se convertirá en una herramienta de trabajo “muy útil para los centros directivos de la Comunidad Autónoma y otras administraciones públicas canarias, los operadores económicos, el mundo académico y los medios de comunicación”.

A este respecto, el vicepresidente consideró que la divulgación de la normativa europea sobre las RUP resulta clave en el esfuerzo constante por que nuestras singularidades sean entendidas tanto por las autoridades comunitarias como españolas.

“Cuanto más amplio, accesible y sistematizado sea nuestro acervo como región ultraperiférica, menos difícil será conservarlo y profundizar en los ámbitos político y jurídico de la UE para evitar tentaciones de uniformidad que lo devalúen”, señaló.

Rodríguez subrayó que las relaciones con la UE se enmarcan en un régimen dinámico, con una sucesión constante de nuevos objetivos que requiere de una actualización permanente, y un esfuerzo de síntesis y ordenación. De hecho, este libro incluye las últimas modificaciones de la normativa europea para el periodo 2021-2027.

Plataformas de paz y democracia

En otro momento, el vicepresidente instó a las instituciones de la Unión Europea a aprovechar la situación geoestratégica de las regiones ultraperiféricas para convertirlas en plataformas que extiendan el progreso, la paz y la democracia en sus respectivos entornos regionales.

Señaló que las RUP constituyen una oportunidad para Europa a la hora de extender su influencia en zonas caracterizadas por la inestabilidad social y política, cuando no directamente por la guerra.

Rodríguez defendió, en este sentido, el carácter estratégico de Canarias como frontera sur de la Unión y animó a las instituciones europea a aplicar una política más ambiciosa en materia de inmigración y de cooperación.

El vicepresidente agradeció el trabajo del personal de la Dirección General de Asuntos Europeos “que se ha esforzado no solo en hacer una recopilación normativa, sino en ordenarla y explicarla”, y a la Editorial Lefebvre, por su empeño en hacer posible la publicación tanto en papel como en soporte digital.

Julián Zafra, director general de Asuntos Europeos, explicó que el libro se articula en ocho capítulos que versan sobre las condiciones generales de integración de Canarias en la UE, la unión aduanera y la fiscalidad, la agricultura y el Posei, la pesca, las ayudas de Estado, los fondos estructurales, la cooperación territorial y otras políticas en materias como transportes, inmigración, empleo, educación, juventud, telecomunicaciones, I+D+i o medio ambiente y energía.

Son todos ellos capítulos que se derivan del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que consagra, por un lado, el reconocimiento de la ultraperiferia y la necesidad de un tratamiento específico con medidas singulares para la aplicación de los Tratados, incluidas las políticas comunes. Y por otro lado, las ayudas públicas o las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales de la UE.

Por su parte, Juan Pujol, presidente de la editorial Lefebvre, aseguró que la publicación permite una aproximación certera a las RUP y mejorará el conocimiento sobre las particularidades de las Islas, partiendo de premisas como la sistematización o la actualización, que son precisamente señas de identidad de la propia firma.

Del mismo modo, expresó la disponibilidad de la editorial para abrir un espacio en su web para colocar la información técnico-jurídica que se pueda generar desde Canarias.

El compendio está accesible en el siguiente enlace:

https://www.gobiernodecanarias.org/asuntoseuropeos/publicaciones_interes/index.html

La medida corregirá la omisión producida en la enmienda incorporada a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias incluirá el pienso en los productos de alimentación animal gravados con el tipo 0 del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), mediante un próximo decreto ley en el que se incluirán otras materias y que aprobará en breve el Ejecutivo, según adelantó hoy el vicepresidente canario y responsable del área, Román Rodríguez.

Esta medida corregirá la omisión producida en la enmienda presentada al proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma por el que se aplicó ese tipo a los productos de alimentación ganadera destinados a las explotaciones ganaderas inscritas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGA)

Tras detectar la omisión, el departamento de Hacienda ha activado el procedimiento para añadir el pienso al listado de productos -como los cereales o el forraje- que cuentan desde el 1 de enero de este año con el tipo 0 del IGIC.

A este respecto, el viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos, Fermín Delgado, ha explicado que, efectivamente, el pienso animal es uno de los productos más utilizados por los ganaderos y que, dado que la intención del Ejecutivo ha sido siempre la de apoyar al sector que ahora mismo se encuentra en mayores dificultades, “vamos a reparar esa omisión a la mayor brevedad posible”.

Delgado aseguró, de igual modo, que también se aprovechará el decreto ley para aclarar determinados aspectos técnicos que están dificultando la aplicación de la medida en vigor; entre ellos, las entregas de estas mercancías a los importadores, dado que en ese preciso instante éstos no están en disposición de acreditar que los portes serán entregados a explotaciones ganaderas, como está establecido.

El viceconsejero precisó que se ha optado por la interpretación más flexible y se han cursado instrucciones a los funcionarios de la Agencia Tributaria Canaria para que autoricen el despacho de la mercancía con tipo cero y que, con posterioridad, el propio importador pueda acreditar mediante las liquidaciones periódicas del IGIC su venta al ganadero.

Rodríguez, por su parte, ha reiterado el apoyo inequívoco del Gobierno al sector ganadero, “que se encuentra en una situación de extrema urgencia, en la que se están reduciendo las producciones y desapareciendo numerosas explotaciones y se corre el peligro, incluso, de que se extinga la producción local de determinados alimentos de origen animal”.

Ayudas directas

El vicepresidente recordó que el Ejecutivo concedió el año 22 ayudas directas al ganadero por importe de 23,7 millones de euros y que durante el primer trimestre de este año la Consejería de Agricultura tramitará otros 8,5 millones de euros.

Del mismo modo, destacó la autorización de la Comisión Europea para modificar en el año 2023 las ayudas a la producción local del denominado POSEI adicional (ayudas que autoriza la Unión Europea pero que conceden los gobiernos estatal y autonómico), que se ha incrementado en 8,7 millones de euros.

De este modo, crecen en un 50% las ayudas a la producción de leche de vaca, que pasan de los 82 euros por tonelada a los 123 euros en el caso de las islas capitalinas y a 133 euros en el caso de las no capitalinas. Igual ocurre con la leche de cabra y oveja, cuyas ayudas aumentan un 33% y pasan de los 213 euros por tonelada a los 283 euros en las islas capitalinas y a los 293 euros en las no capitalinas.

Además, aumentan las ayudas a las quesería e industria lácteas por adquirir leche de producción local. Así mismo se acrecienta un 20% las ayudas para favorecer el consumo de las carnes locales (de vacuno; de cochino; de cabra y oveja; y de pollo y gallina) y un 16,6% la ayuda la producción de huevos.

El año ha empezado con la prórroga de cinco medidas ya vigentes y la entrada en vigor de otras cinco, nueve de ellas en la imposición indirecta y la restante en el impuesto del combustible profesional

Los Presupuestos autonómicos también prevén reducciones de hasta 700 euros en la próxima declaración de la renta

El vicepresidente y consejero del área, Román Rodríguez, destaca que el conjunto de beneficios fiscales para 2023 asciende a 2.321 millones de euros

La política de ajustes fiscales selectivos y temporales para ayudar a los sectores más perjudicados por las últimas crisis tendrá continuidad este año, al menos hasta junio de 2023, gracias a la prórroga de las medidas ya vigentes y otras nuevas contenidas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, que entraron hoy en vigor.

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, explicó hoy que el Gobierno de Canarias es plenamente consciente de las dificultades que están atravesando las familias y empresas de las Islas, especialmente aquellas con menos recursos, y aseguró que la incertidumbre a medio plazo aconseja prorrogar todas las medidas que ya se han dispuesto en los últimos años, desde la irrupción de la pandemia.

“Seguiremos realizando este tipo de ajustes fiscales el tiempo que sea preciso para atenuar el impacto de la inflación en las rentas medias y bajas, como antes lo hemos hecho con ocasión del Covid-19 o con la erupción del volcán en La Palma”, subrayó el vicepresidente.

De este modo, ayer entraron en vigor las prórrogas de hasta cinco medidas impulsadas en diferentes momentos de la actual legislatura y otras cinco nuevas, todas ellas relacionadas con el impuesto general indirecto canario (IGIC).

A estos retoques de la fiscalidad indirecta, se suma un ajuste en el tramo autonómico del IRPF para rentas medias y bajas que, aunque tiene efecto a 1 de enero de 2022, se instrumentará en la declaración de la renta a presentar este año.

En concreto, se habilita una deducción extraordinaria por el alza de precios; se incrementan quince deducciones actuales entre un 20 y un 40 por ciento y se amplía la base liquidable de los primeros cuatro tramos autonómicos. Estas medidas supondrán un ahorro fiscal de 100 millones de euros para los contribuyentes canarios.

La deducción extraordinaria por incremento de precios será de 225 euros para bases imponibles de hasta 20.000 euros (23.300 euros de salario bruto); 175 euros para bases de entre 20.000 y 25.00 euros (28.700 euros de salario bruto) y 125 euros para bases de entre 25.000 y 30.000 euros (34.000 euros de salario bruto).

Del mismo modo, se mejoran hasta quince deducciones actuales, de las cuales trece se incrementan un 20% y dos lo hacen un 40%; estas últimas son para el pago de cuotas hipotecarias y las obras en vivienda por discapacidad.

La deducción extraordinaria beneficiará al 85% de los contribuyentes; el ajuste de los tramos de la tarifa autonómica, al 95%; y el incremento de las deducciones, al 35%.

Así, según alguna de las simulaciones técnicas efectuadas por Hacienda, un matrimonio con salarios conjuntos de 36.600 euros; dos hijos de 10 y 12 años, que tiene gastos de estudios de 400 euros, gastos de enfermedad de 600 y pago de hipoteca por la vivienda habitual de 7.200 euros al año podría ahorrarse 700 euros en su próxima declaración del IRPF referida al ejercicio fiscal de este año.

Por lo que respecta al IGIC, el Gobierno ha decidido mantener inalterados este año los módulos del régimen simplificado del IGIC para todos los contribuyentes canarios, al tiempo que ha prorrogado las medidas de alivio fiscal a los palmeros, sobre todo a aquellos con domicilio fiscal en los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane, Tazacorte y Fuencaliente, con una reducción de las cuotas de hasta un 30% en este régimen.

También se extiende la aplicación del tipo 0 del IGIC a determinadas operaciones o entregas de bienes a los afectados por la erupción y a las entregas de material sanitario contra el Covid. A estas cuatro medidas se suma la ampliación hasta el 30 de junio de 2023 de la devolución del 9,9% del impuesto del combustible a los transportistas, agricultores y ganaderos.

Como principales novedades en la imposición indirecta, el departamento de Hacienda ha impulsado la tributación 0 en el IGIC de los libros electrónicos -que se equiparan a los libros de papel- y el aumento de productos de higiene femenina acogidos también a este tipo.

Del mismo modo, se reduce del 3% al 0% el tipo del IGIC a la entrega o importación de productos para la alimentación animal y se baja del tipo general del 7% al 3% determinados servicios de transporte de bienes, como el reparto a domicilio, mensajería y mudanza.

A todo ello, se añade la bonificación al 100% durante todo 2023 de la tasa de dirección e inspección de obras.

El vicepresidente canario recordó que “este paquete de medidas, junto a las bonificaciones fiscales ya consolidadas de años anteriores, suponen un coste fiscal total de 2.321 millones de euros, tal y como se recoge en la preceptiva memoria de beneficios fiscales incluida en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma”.

Rodríguez aseguró que las medidas anti-inflación puestas en marcha por el Gobierno de Canarias son más intensas que las de otras comunidades autónomas, especialmente en su impacto per cápita, y señaló que se han aprobado “aun cuando las Islas tienen la fiscalidad más baja de Europa” y que el Ejecutivo no ha tenido necesidad de recurrir al endeudamiento para financiarlas.

Afecta a 201 trabajadores de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias que estaban en 2010 y permanecen aún en la empresa

La actualización salarial estaba prevista realizarla a partir del 1 de enero de 2022, aplicando a los salarios de 2010 las cuantías reducidas del 5% de las retribuciones de esa anualidad, añadiendo los incrementos de los años posteriores

El acuerdo alcanzado por empresa y trabajadores en 2021 no se había podido llevar a cabo hasta ahora por el incumplimiento de la regla de gasto del ejercicio 2019 por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este jueves, a propuesta de los consejeros de Hacienda, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y Sanidad, Román Rodríguez, Julio Pérez y Blas Trujillo, respectivamente, autorizar la recuperación de las retribuciones del 5% minoradas en el año 2010 al personal de la sociedad mercantil pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, SA (GSC), en los términos del apartado primero del acuerdo del acto de conciliación judicial de 10 de noviembre de 2021, en el proceso de Conflicto Colectivo 12/2020 seguido ante la Sala de lo Social de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal de Justicia de Canarias.

Este acuerdo, que afecta a 201 trabajadores de la empresa pública adscrita a las consejerías de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, y Sanidad, comprende, en primer lugar, la actualización salarial, a partir del 1 de enero de 2022, aplicando a los salarios de 2010 las cuantías reducidas del 5% de las retribuciones de esa anualidad a lo que deberá añadirse los incrementos de los años posteriores. La cuantía estimada es de 2.125.196,03 euros teniendo en cuenta los montantes imputables de 2019.

Los efectos de este acuerdo se aplicarán al personal de GSC que vio reducidas sus retribuciones en 2010 y que en el año 2022 aún estaba prestando servicios en la empresa y se abonarán únicamente la parte de los periodos de los años 2019 a 2022.

Una vez que el Gobierno canario ha dado el visto bueno a la autorización, tras nuevos informes emitidos por Hacienda, la recuperación salarial y el abono de los atrasos que pudieran derivarse está previsto realizarse un tercio en 2022, otro tercio en 2023 y el último en 2024.

Hasta ahora, el acuerdo alcanzado por empresa y trabajadores en 2021 no se había podido llevar a cabo por el incumplimiento de la regla de gasto del ejercicio 2019 por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.

El departamento dirigido por el vicepresidente canario, Román Rodríguez, también aplicará el tipo 0 a la importación de viviendas prefabricadas en La Palma por la erupción

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha impulsado un decreto-ley -que se aprobará próximamente por el Consejo de Gobierno- con diferentes medidas tributarias, entre ellas la prórroga hasta el 30 de junio de 2023 la aplicación del tipo 0 al material sanitario contra el Covid-19, vigente desde abril de 2020.

El vicepresidente canario y consejero del área, Román Rodríguez, ha explicado que la enfermedad no ha desparecido y que sigue concentrando parte de los esfuerzos del sistema sanitario aun cuando las medidas profilácticas se han reducido a la mínima expresión, como la obligatoriedad de mascarillas en el transporte público. La persistencia de la pandemia “aconseja la mayor cautela posible en la celebración de eventos en estos próximos días y meses, como las fiestas de Nochevieja o Carnaval, en los que se acumula gran cantidad de personas en espacios reducidos”.

A este respecto, el decreto señala textualmente que “la evolución del COVID-19 a lo largo del año 2022 no ha seguido una línea clara de estabilización, con la que haya podido presumirse su pronta finalización, al incrementarse los casos en diferentes períodos festivos y vacacionales; ello ha justificado que, por prudencia, se haya mantenido la obligatoriedad del uso de las mascarillas en determinados espacios cerrados”.

Es precisamente esa evolución la que explica la cuarta prórroga de la aplicación del tipo 0 del IGIC a determinados bienes sanitarios para combatir la pandemia, una medida que se tomó inicialmente en abril de 2020.

La Palma

El decreto-ley también modifica otra norma del mismo rango por el que se adoptaron medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma, de manera que ahora se incluye la importación de viviendas prefabricadas en el tipo 0 del IGIC.

El beneficiario de la medida deberá ser “una persona física propietaria, usufructuaria o nuda propietaria de una vivienda que se ha perdido, por haber quedado destruida, inhabitable o inaccesible de forma definitiva como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma, cuya existencia y titularidad debe acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho”.

La norma establece que sólo se podrá aplicar se podrá aplicar el tipo cero a una casa prefabricada por persona física y que ésta deberá sustituir a la vivienda perdida, y ser montada y unida permanentemente al suelo ubicado en la isla de La Palma, antes del 31 de diciembre de 2026.