La consejera respondió a las preguntas de las diputadas con la reducción de más de un año del tiempo en que se concede una ayuda a las familias y el ritmo mensual de incorporación al sistema de personas con derecho a prestación que se triplica

“Desde julio de 2023, el número de personas con derecho reconocido ha pasado de 44.506 a 69.703, lo que supone un incremento del 56,6 % en apenas 30 meses. Este crecimiento se ha producido a un ritmo medio de 840 incorporaciones mensuales, tres veces superior al registrado durante la legislatura anterior, en la que se incorporaron 13.056 personas en 48 meses, lo que supone una media de 272 personas al mes”, aseguró la consejera Candelaria Delgado a preguntas de la oposición en el pleno del Parlamento de hoy [martes, 10 de febrero].

Delgado añadió que “si hay un dato que desmonta por completo el relato del “deterioro”, es el tiempo medio en que una persona pone su solicitud y recibe su prestación, porque, este, baja de los 782 días que había cuando entramos en el Gobierno a los 411 días actuales. Esto, son 371 días menos, casi un 47% de reducción. Si esto es deterioro, que alguien explique por qué la espera cae prácticamente a la mitad. Nosotros reducimos tiempos; ustedes fabrican ruido”, aseguró.

Sobre la cuestión de las “prestaciones no efectivas”, la consejera aseguró que se “está usando de forma torticera, porque saben que el Gobierno de Canarias ultima con los cabildos el III Plan de Infraestructuras sociosanitarias, ha licitado el servicio de ayuda a domicilio especializado, ha puesto en marcha un nuevo sistema de teleasistencia avanzada en todas las islas y trabaja para acreditar a personas que presten el servicio de promoción de autonomía personal. El dato serio es el que no admite debate: más PIAs, más resoluciones y menos demora”, aseguró.

La consejera continuó afirmando que “Este Gobierno trae datos, gestión y resultados. Y seguiremos hablando con transparencia, con los números oficiales y con la Ley en la mano, empezando por lo esencial: que el Estado cumpla y aporte el 50% que le corresponde, y no el 22%”.

Por otra parte, y en el mismo ámbito, la consejera acusó a los grupos de querer hacer “demagogia y política barata con los fallecidos en el sistema de la dependencia. Convertir el dolor de las familias en un titular para atacar al Gobierno es una falta de respeto y una manera muy poco digna de hacer oposición”.

“El fallecimiento de cualquier persona mientras espera es una tragedia y merece respeto. Ahora bien, también merece verdad. En 2025, según el último dato oficial publicado por el IMSERSO, en Canarias fallecieron 1.033 personas con la solicitud aún sin valorar y 1.111 personas con la dependencia reconocida, pero sin prestación asignada. Esa suma, 2.144, explica perfectamente el “más de 2.200” que se está utilizando en el debate”, reconoció.

Delgado, sin embargo, explicó que las razones de los fallecimientos en el sistema se explican no solo por las demoras, sino porque se trata de una población muy frágil, a menudo de edad avanzada, que entra tarde al sistema. Aunque reconoció que hay “años de retrasos acumulados y de una red insuficiente para convertir resoluciones en servicios”, añadiendo que se trata de “una realidad que este Gobierno no oculta, porque trabajamos con transparencia. Aquí no se maquillan datos para quedar bien un mes y llegar peor al siguiente”.

“Pero lo que ustedes omiten deliberadamente es el contexto” -continuó- “y, sobre todo, su responsabilidad política cuando gobernaban. En la legislatura, entre 2019 y 2023, cuando gestionó el Pacto de las flores el número de fallecimientos se elevó a unos 23.400 canarios, casi 6.000 cada año”.

Delgado insistió en remarcar que en la anterior legislatura “en 2022 y 2023 hubo un repunte de óbitos absolutamente insoportable: más de 6.700 fallecimientos en 2022 y unos 6.500 en 2023. Eso sí que fue una tragedia con dimensiones estructurales, no un titular oportunista. Y esa realidad no se borra con discursos malintencionados ni con insinuaciones”. Aseguró, asimismo, que “el desastre de gestión que nos dejaron, documentado en un informe de la Consejería que tiene respaldo técnico. Ahí están las incidencias: más de 6.500 solicitudes de valoración sin registrar en el sistema, 2.840 expedientes de revisión de grado y recursos de alzada pendientes, 16.104 expedientes con errores sin resolver, y comunicaciones de la plataforma Hiperreg alertando de expedientes no recepcionados en 2022 y los primeros meses de 2023, incluyendo 502 minutas pendientes de procesamiento. Eso no es una anécdota: eso fue dejar a la gente fuera del sistema, eso consiguió colapsarlo”.

“Frente a ese legado”, afirmó, “este Gobierno ha hecho lo que ustedes no hicieron: poner orden, registrar, depurar y resolver. Y el resultado es que hemos reducido los tiempos de espera de manera drástica. Esa es la diferencia entre gestionar y esconder”.