La consejera Nieves Lady Barreto señala que se estudiará y se abordará en función de la disponibilidad presupuestaria

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias revisará al alza los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía.

Así lo ha acordado la consejera Nieves Lady Barreto con los representantes del Consejo Canario de Abogados y los colegios de abogados de Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Tenerife en una reunión celebrada el pasado viernes en Arrecife, en la que también estuvo presente el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez.

Tal y como se especificó en el encuentro, esta quedará sujeta a la realización de un estudio, que se realizará el próximo año, de los conceptos y porcentajes sobre los que puedan adecuarse esos baremos conforme al marco y disponibilidad presupuestaria del Gobierno de Canarias.

Se trataría de llevar a cabo una actualización de los conceptos y cuantías de las bases económicas y módulos de compensación de los profesionales que intervienen en el turno de oficio y asistencia jurídica gratuita, que en la actualidad son los aprobados por el Gobierno de Fernando Clavijo en 2019 y que permitieron recuperar los baremos que habían sido reducidos como consecuencia de la crisis económica y actualizar el régimen de guardias.

“Entendemos la legítima petición de revisar unas compensaciones que han quedado desfasadas y nos hemos comprometido a estudiarlo”, señala la consejera Nieves Lady Barreto.

Cabe destacar que la Viceconsejería de Justicia ha resuelto en apenas tres meses de legislatura otras peticiones como la mejora de las dietas de los abogados del turno de extranjería que atienden a los migrantes que llegan a El Hierro para cubrir el alojamiento y el transporte, así como la autorización para ampliar el número de personas migrantes que puede atender cada abogado de este turno de extranjería, una medida excepcional y por tiempo limitado que fue solicitada por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife para poder hacer frente a las circunstancias que se están viviendo con la llegada migrantes. Esta medida lleva aparejada la implementación por parte del Colegio de Abogados de un sistema de control de calidad para garantizar en todo momento que la adecuada asistencia letrada a los migrantes, especialmente para los que soliciten protección internacional.