Se cumplen ahora en la Villa de Agüimes treinta y cinco años de una conversación ininterrumpida. Desde 1991, cada invierno el municipio se transforma en territorio de historias, con teatros en penumbra, aulas expectantes y plazas donde la palabra vuelve a ocupar el centro. El Festival Internacional de Narración Oral de Agüimes, al que me estoy refiriendo, no nació como espectáculo de masas, sino como un acto de fe en algo más íntimo, en la capacidad de una voz para reunir a una comunidad

Con el paso del tiempo, aquel sueño se convirtió en el más veterano de su género en España, en un referente estatal de la narración oral y en un punto de encuentro entre generaciones. Abuelos y nietos, alumnado y profesorado, público fiel y nuevos oyentes comparten cada edición el mismo ritual de ver a alguien contando, a alguien escuchando, y entre ambos un puente invisible que se renueva año tras año.

Detrás de aquella primera edición estaba la mirada inquieta de Antonio Lozano. Como la estuvo tres años años antes para hacer posible el Festival del Sur. Encuentro Teatral Tres Continentes. Para hablar del Sur desde el Sur. Era el concejal de Cultura el aquel momento y fue muchas más cosas: escritor, profesor y, ante todo, un humanista convencido de que la cultura debía servir para encontrarnos, para derruir muros, para romper la oscuridad. De que la palabra dicha en voz alta tiene la capacidad de derribar prejuicios, de acercar a los pueblos y de mantener viva la memoria.

Lozano entendía el Atlántico como un espacio de diálogo. Su obra literaria —centrada a menudo en la inmigración, la frontera y la identidad— dialoga con la misma idea que impulsó los festivales, la de que escuchar al otro es un acto político y poético al mismo tiempo.

Como fundador y director durante décadas, defendió que la narración oral no era un entretenimiento menor, sino un arte escénico completo, situado entre la literatura y el teatro. Creó un festival que no solo programaba funciones nocturnas, sino que entraba en colegios, institutos y barrios. Para él, la palabra tenía que circular y arraigar.

Quienes lo conocimos - era además mi amigo- no podemos dejar de destacar siempre su coherencia y su pasión contagiosa. Supo tejer redes internacionales cuando aún no era habitual y convirtió a Agüimes en un espacio de referencia para narradores y público de distintos continentes. Su apuesta fue siempre ética además de estética.

Fue una decisión valiente confiar en la palabra desnuda, sin artificios, sin más tecnología que la voz y la escucha. Parecía un gesto contracorriente apostar por el silencio compartido, por el ritmo de la respiración colectiva, por el encuentro íntimo entre quien cuenta y quien escucha. Y lo fue también porque nos lanzamos al ruedo - aquí me incluyo, porque yo era alcalde en aquel momento- cuando la cultura se concentraba solo en las grandes ciudades, apenas teníamos presupuesto para hacerlo y casi ni disponíamos de espacios culturales para acoger la programación.

Tras su fallecimiento en 2019, cada nueva edición es también un eco de su intuición original, la de que contar historias es una manera de resistir al ruido, de recuperar el tiempo compartido, de recordar que venimos de la tradición oral mucho antes que de las pantallas. Que el diálogo con Europa, África y América es el eje sobre el que gira nuestra atlanticidad.

Treinta y cinco años después, el Festival de Narración Oral de Agüimes es memoria y no solo una programación cultural. Y en el centro de esa memoria permanece la figura de Antonio Lozano, como quien encendió una lámpara que otros siguen cuidando.

Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, la palabra seguirá encontrando su lugar. La palabra como puente invisible que une orillas que no se tocan. Porque antes de los mapas y las fronteras, fue la voz la que trazó caminos. Contar es un acto de hospitalidad, es abrir la puerta de la propia experiencia para que otro la habite. Cada historia compartida reduce la distancia entre desconocidos, porque en el relato descubrimos que el dolor, la esperanza y el amor tienen acentos distintos, pero un mismo latido.

La palabra no solo nombra el mundo sino lo crea en común. Cuando un pueblo escucha al otro, deja de verlo como extraño y empieza a reconocerlo como espejo. Narrar es tender la mano; escuchar es aceptarla. Y en ese gesto sencillo se funda la posibilidad de convivir. Y la convivencia hoy está amenazada por la peste negra que se expande por el planeta quebrando los derechos humanos, el derecho internacional y los cimientos de la democracia.

Para resistir a la barbarie “nos queda la palabra”, como cantó Celaya. Porque nos permite preservar la memoria y la dignidad. Porque nos abre camino para denunciar la injusticia y convocar a la comunidad para combatirla. Porque mientras haya alguien dispuesto a hablar y alguien dispuesto a escuchar, existe la posibilidad de cambiar las cosas y con ello abrigar la esperanza de un futuro mejor.

Por eso, en Agüimes, la palabra sigue tomando las casas, las calles, las plazas, las aulas y los escenarios cada año.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

La reciente aprobación del decreto que regula la enseñanza del silbo gomero en el sistema educativo de Canarias marca un antes y un después en la protección y proyección de uno de los patrimonios culturales más singulares de nuestra tierra. No estamos ante una norma más, sino ante una herramienta decisiva que garantiza su preservación, refuerza su transmisión y abre una nueva etapa para su implantación en el conjunto del Archipiélago

El silbo gomero no es únicamente un sistema de comunicación Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Es memoria colectiva, identidad compartida y expresión de la capacidad de adaptación de un pueblo que supo convertir las dificultades de su territorio en una oportunidad para comunicarse y avanzar. Durante siglos, este lenguaje permitió salvar distancias físicas y fortalecer vínculos sociales en una isla marcada por su compleja orografía.

Hoy, ese legado continúa vivo gracias al esfuerzo de generaciones que entendieron que su supervivencia dependía, en gran medida, de su incorporación a la enseñanza. La experiencia nos ha demostrado que llevar el silbo a las aulas fue, sin duda, el paso más determinante para evitar su desaparición y garantizar que las nuevas generaciones lo hagan suyo como parte esencial de su identidad.

Por eso, este decreto no solo consolida su presencia en los centros educativos de La Gomera, sino que da un paso más allá: invita al conjunto de Canarias a formar parte activa de su preservación. Se abre así una oportunidad histórica para que los centros escolares de todas las islas se integren en esta red formativa, contribuyendo a difundir, valorar y fortalecer un patrimonio que, aunque nacido en La Gomera, pertenece ya a toda Canarias.

Este es, por tanto, un llamamiento claro y directo a la comunidad educativa del Archipiélago. A los equipos directivos, al profesorado y a las instituciones educativas: incorporarse a la enseñanza del silbo gomero no es solo sumar un contenido más al currículo, es participar en la protección de un bien reconocido internacionalmente y asumir un compromiso con nuestra cultura y nuestra historia.

Nada de esto habría sido posible sin el trabajo constante y comprometido de quienes han dedicado su vida a la defensa y difusión de este patrimonio. Quiero trasladar un reconocimiento expreso a la Asociación Cultural Silbo Gomero, cuya labor ha sido clave en la investigación, enseñanza y divulgación del silbo; a la Comunidad Portadora, auténtica depositaria de este conocimiento ancestral; y al Gobierno de Canarias, que ha sabido articular un marco normativo que garantiza su futuro.

El silbo gomero es hoy un ejemplo de cómo la cooperación institucional, el compromiso social y la implicación educativa pueden converger para salvaguardar un patrimonio único en el mundo. Pero también es un recordatorio de que su continuidad no está garantizada sin la implicación de todos.

Tenemos ante nosotros una oportunidad que no podemos desaprovechar. Hagamos que el silbo siga sonando, no solo en los barrancos de La Gomera, sino en las aulas de toda Canarias. Porque en cada silbido no solo se transmite un mensaje: se transmite nuestra historia y nuestra identidad.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

ONEPORT, como Federación de Operadores Logísticos y Servicios Portuarios en los puertos de Las Palmas, se ha convertido en una voz firme en la defensa de los intereses de las pymes portuarias y el desarrollo del Puerto de la Luz y de Las Palmas. Hace unos días, su presidente, José Mayor, lanzaba, en el Colegio de Economistas, un mensaje preocupante: el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias (REBECA) decae de manera precipitada y sin visos de solución. Se trata, sin duda, de una afirmación sostenida en datos fehacientes altamente preocupante

REBECA nació con una ambición clara: convertir a las islas en un polo estratégico de la marina mercante española, capaz de competir en igualdad de condiciones con otros registros europeos que ya habían entendido la lógica de la globalización marítima. Integrado dentro del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, ofrecía ventajas fiscales y laborales específicas para atraer a los armadores y consolidar la presencia de flotas bajo pabellón español. Durante años, funcionó como una herramienta eficaz para mantener buques vinculados a empresas españolas navegando con bandera nacional, reforzando la posición de España en el tráfico internacional y consolidando el papel del Puerto de La Luz y de Las Palmas como enclave logístico de primer orden en el Atlántico medio.

El Registro, que llegó a superar los 300 inscritos, se encuentra hoy en mínimos - apenas acoge a 84 barcos- y languidece sin atisbos de mejoría o liderazgo. Las críticas del sector no se centran únicamente en la pérdida progresiva de buques inscritos, sino en una situación que califican directamente de “colapso administrativo”. La falta de personal especializado, los retrasos en la tramitación de expedientes, la concatenación de inspecciones por diversas entidades públicas y la ausencia de una estrategia clara de modernización han generado un clima de incertidumbre entre las navieras. En un mercado global en el que las decisiones se toman con criterios de eficiencia extrema, cualquier demora burocrática se traduce en costes adicionales y en pérdida de competitividad. Y en ese terreno, el margen de tolerancia es mínimo. Está claro que en nuestro puerto no se ha sabido entender su papel en la internacionalización de servicios. Los registros de buques actúan como herramientas de captación de activos en base a conjuntos claros de prestaciones, entre las que se encuentran la cobertura legal y la certidumbre de pertenecer a un pabellón seguro, estable, pero también ágil y eficiente.

El Puerto de La Luz y de Las Palmas, históricamente uno de los grandes activos del sistema portuario español, sufre de manera clara esta situación. Aunque su actividad en materia de suministro de combustible, reparaciones navales y servicios auxiliares continúa siendo intensa, la pérdida de peso del registro especial erosiona su dimensión estratégica. No se trata solo de cuántos buques hacen escala, sino de cuántos están jurídicamente vinculados al puerto a través del pabellón y del registro. La diferencia es relevante: cuando un barco está inscrito en el REBECA, existe un compromiso más profundo con el entorno institucional, laboral y empresarial del archipiélago. Cuando ese mismo buque opta por otro registro, la relación se vuelve más transaccional y menos estructural.

En paralelo, otros registros europeos, como Chipre, Malta o Madeira han avanzado con rapidez y pragmatismo. El caso más claro es el del Registro Internacional de Buques de Madeira (MAR), en Portugal: ha logrado posicionarse entre los más importantes de Europa gracias a una combinación de agilidad administrativa, estabilidad normativa y un marco fiscal atractivo dentro de los límites permitidos por la Unión Europea. Para muchos armadores, Madeira ofrece hoy una alternativa eficiente, con procedimientos más rápidos y una percepción de mayor flexibilidad operativa. Se trata de una competencia real mejor gestionada. Es, además, un caso paradigmático: con menos recursos y capacidades operacionales, Madeira y su registro MAR son capaces de crear servicios anexos y competir a escala global. Su éxito es, además, prueba de que los armadores europeos creen en el registro bajo pabellón europeo y con las reglas de juego que nos marcamos desde Europa (legalidad, estabilidad, derecho laboral) pero aplicando la mayor diligencia posible en la resolución de expedientes y la gestión del pabellón.

La consecuencia de este desplazamiento es clara: buques controlados por intereses empresariales españoles, o que tradicionalmente hubieran optado por el REBECA, terminan inscribiéndose bajo pabellón portugués a través de Madeira. Desde el punto de vista formal, continúan siendo europeos y operan dentro del mismo mercado comunitario, pero desde la perspectiva de la política marítima nacional, la pérdida es significativa. Cada barco que abandona el registro grancanario reduce el tonelaje bajo bandera española y debilita la posición del país en los foros internacionales donde el peso de la flota mercante cuenta como indicador de influencia.

El debate no es únicamente económico, es también estratégico. En un contexto geopolítico cada vez más incierto, las naciones con vocación marítima valoran la importancia de mantener una flota propia robusta. No se trata de pensar en esquemas proteccionistas, sino de reconocer que el transporte marítimo es un sector clave para la seguridad del suministro, la proyección exterior y la autonomía estratégica. España, con casi 8.000 kilómetros de costa y una ubicación privilegiada entre el Mediterráneo y el Atlántico, no puede permitirse una erosión continuada de su pabellón sin asumir consecuencias a medio plazo.

Recuerden mi insistencia en las últimas semanas, en distintos artículos, en la necesidad de afrontar el reto de posicionarnos con efectividad sobre la “visión atlántica" de Marruecos y su desarrollo portuario en el Atlántico Oriental, con una red de puertos que pasa por Nador, Tánger, Agadir y Dajla. Y parece que a algunos y alguna no les ha gustado.

El sector empresarial, como el que representa ONEPORT, insiste en que la solución no pasa por medidas simbólicas, sino por reformas estructurales. Modernizar el REBECA implica dotarlo de recursos humanos suficientes, digitalizar procedimientos, reducir plazos y ofrecer seguridad jurídica estable. También supone revisar determinados aspectos laborales y fiscales para garantizar que el diferencial competitivo vuelva a ser atractivo frente a registros como el de Madeira. Esto significa que tenemos que permanecer vigilantes, activos y dispuestos a que nuestro desempeño no dependa exclusivamente de los acontecimientos mundiales, casi siempre dramáticos (cierre de Suez, guerra de Irán).

La responsabilidad, en todo caso, no recae exclusivamente en la administración central. El Puerto de La Luz y de Las Palmas dispone de una comunidad marítima consolidada, con experiencia en tráficos internacionales, en servicios offshore y en operaciones de tránsito intercontinental. Convertir esa fortaleza en un argumento de atracción para el registro exige coordinación institucional, promoción exterior y una narrativa clara sobre las ventajas de operar bajo el paraguas del REBECA.

Hay también un componente reputacional en juego. Cuando se instala la percepción de que un registro “no funciona” o que está desatendido, el efecto puede multiplicarse rápidamente. Los armadores se mueven por referencias, por experiencias compartidas y por comparaciones constantes entre jurisdicciones. Recuperar la confianza requiere no solo corregir las deficiencias objetivas, sino comunicar de forma eficaz los cambios introducidos y demostrar, con hechos, que los tiempos de respuesta y la calidad del servicio han mejorado. En última instancia, la cuestión del REBECA es un síntoma de un desafío mayor: cómo adaptar las políticas marítimas nacionales a un entorno globalizado en el que la competencia entre registros es intensa y permanente. El éxito no depende únicamente de ofrecer ventajas fiscales, sino de construir un marco integral que combine eficiencia administrativa, estabilidad normativa, calidad técnica y apoyo institucional.

La encrucijada actual puede interpretarse, por tanto, como una oportunidad. Si se abordan las reformas necesarias con determinación y visión estratégica, el REBECA podría recuperar parte del terreno perdido y reforzar el papel del Puerto de La Luz y de Las Palmas como eje atlántico de la marina mercante española. Si, por el contrario, se prolonga la inercia y no se corrigen las debilidades detectadas, la tendencia hacia registros alternativos como Madeira podría consolidarse y hacerse estructural.

El mar no espera. En el transporte marítimo global, las rutas se optimizan, las flotas se reestructuran y los registros compiten a velocidad constante. Las divisas marítimas que nunca pierden valor son la eficiencia y la reputación. Canarias, por su posición geográfica y su tradición portuaria, tiene todo para seguir siendo un actor relevante. Pero mantener esa relevancia exige actualizar herramientas como el REBECA y devolverles la agilidad y la ambición con las que fueron concebidas.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Canarias atraviesa un momento económico que, sobre el papel, invita al optimismo. Los datos reflejan crecimiento, más actividad económica y cifras positivas en sectores clave como el turismo. Nuestro archipiélago ha superado los 58.000 millones de euros de Producto Interior Bruto y el gasto turístico continúa siendo uno de los grandes motores de nuestra economía

Sin embargo, sería un error quedarnos únicamente con la lectura de los números. Porque detrás de las estadísticas sigue habiendo miles de familias que afrontan dificultades para llegar a fin de mes, jóvenes que no encuentran una vivienda asequible y ciudadanos que perciben que ese crecimiento no siempre se traduce en una mejora real de su vida cotidiana.

Ahí es donde aparece el gran desafío de Canarias en los próximos años: cómo convertir el crecimiento económico en bienestar social. No basta con crecer. El verdadero objetivo debe ser que ese crecimiento se reparta mejor y llegue a todos los rincones del archipiélago.

La vivienda es, probablemente, el problema que mejor resume esta preocupación. Hoy se ha convertido en una de las principales inquietudes de muchas familias canarias. Para los jóvenes, emanciparse resulta cada vez más difícil; para muchos hogares, el alquiler se ha convertido en un gasto que absorbe buena parte de los ingresos.

Responder a esta realidad exige decisiones valientes y sostenidas en el tiempo: aumentar la vivienda pública, movilizar viviendas vacías mediante incentivos adecuados y facilitar suelo para la construcción. No se trata de una medida puntual, sino de una política estructural que debe mantenerse durante años.

Junto a la vivienda, los servicios públicos siguen siendo un pilar esencial de nuestra cohesión social. En sanidad se han producido avances importantes, como la reducción de listas de espera quirúrgicas, pero aún queda camino por recorrer, especialmente en la atención primaria y en la disponibilidad de especialistas. La sanidad pública debe seguir reforzándose, porque es uno de los elementos que garantizan la igualdad entre ciudadanos.

En educación ocurre algo similar. Canarias cuenta con un presupuesto alto, pero debemos seguir avanzando hasta alcanzar plenamente los objetivos que marca nuestra legislación educativa. Invertir en educación es invertir en el futuro de nuestras islas.

A todo ello se suma un elemento que no podemos olvidar cuando hablamos de Canarias: los déficits estructurales de un territorio alejado y fraccionado en islas

Nuestro archipiélago es diverso y, en muchos casos, desigual en términos de oportunidades. Las islas no capitalinas, y especialmente las llamadas Islas Verdes —La Palma, La Gomera y El Hierro—, afrontan dificultades añadidas derivadas de la doble insularidad, la menor dimensión de sus mercados y las limitaciones para atraer determinadas actividades económicas.

Por eso es imprescindible mantener políticas específicas que compensen esas desventajas y permitan generar empleo, atraer inversión y fijar población. No hablamos de privilegios, sino de equilibrio territorial y de cohesión entre islas.

Canarias necesita seguir avanzando con estabilidad política, planificación y responsabilidad institucional. Solo así podremos afrontar con éxito los desafíos sociales y económicos que tenemos por delante.

Hay que seguir trabajando con ese objetivo: contribuir a que el crecimiento económico que hoy experimenta Canarias se traduzca en oportunidades reales para la ciudadanía. Porque el progreso de una tierra no se mide únicamente en cifras macroeconómicas. Se mide, sobre todo, en la capacidad de mejorar la vida de las personas y de las familias.

Ese debe ser, sin duda, el verdadero horizonte de Canarias.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

El Gobierno de Canarias ha anunciado que llevará a la Fiscalía posibles casos de abandono de personas dependientes que permanecen en hospitales tras recibir el alta médica. La noticia sorprende, pero sobre todo indigna a quienes hemos vivido de cerca lo que significa cuidar a un familiar enfermo en un sistema que muchas veces llega tarde

Porque antes de hablar de abandono, quizá las instituciones deberían preguntarse qué está fallando.

En los últimos días escuchamos en el debate político una frase que se repite con frecuencia: “una Canarias para los canarios”. Una expresión que apela a la protección de la ciudadanía, al cuidado de quienes viven aquí y sostienen esta tierra. Pero cuesta entender cómo ese discurso puede convivir, apenas un día después, con la amenaza de llevar a la Fiscalía a familias que en muchos casos están desbordadas, solas y sin recursos.

Lo sé por experiencia propia

Mi padre falleció y seis meses después llegó la resolución de su dependencia. Cuando esa carta apareció en el buzón ya no servía para nada. Ni para él, ni para quienes lo cuidamos hasta el final.

Ese retraso no es una anécdota. Es el reflejo de un sistema que demasiadas veces llega cuando ya es tarde. Y cuando finalmente llega la resolución, muchas veces la situación de la persona dependiente ya no es la misma que cuando se solicitó. La enfermedad avanza, el estado de salud empeora o, como en mi caso, la ayuda llega cuando la persona ya no está.

Mientras tanto, en los hospitales ocurre algo que muchas familias conocen bien. Cuando un paciente recibe el alta médica, los trabajadores sociales de hospitales o clínicas instan a las familias a llevárselo a casa lo antes posible. Se ponen en contacto con los servicios sociales del municipio, se abren expedientes, se hacen informes… pero la realidad es que muchas veces no existe ninguna solución inmediata.

Y es entonces cuando aparecen los problemas que desde los despachos parecen invisibles.

Hay casas que no están adaptadas para una persona dependiente. Viviendas sin ascensor, baños imposibles para una silla de ruedas, espacios que no permiten colocar una cama articulada o movilizar a un enfermo con seguridad.

Hay hijos que trabajan para mantener a sus familias. Hay nietos que también necesitan cuidados. Hay personas que, sencillamente, no cuentan con la formación ni con la fuerza física para atender a un mayor con gran dependencia.

Y no se trata de falta de cariño,se trata de realidad

La Ley de Dependencia nació precisamente para evitar que las familias tuvieran que enfrentarse solas a estas situaciones. Pero en Canarias demasiadas veces esa ley llega tarde, cuando llega. Expedientes que se eternizan, valoraciones que tardan meses o años, ayudas que se conceden cuando la persona ya ha fallecido.

Por eso resulta profundamente injusto que ahora se plantee acudir a la Fiscalía para investigar posibles abandonos en los hospitales o clínicas.

Porque cuando una familia no puede llevarse a un dependiente a casa, en la mayoría de los casos no es porque no quiera. Es porque no puede.

No puede adaptar una vivienda de la noche a la mañana.
No puede dejar un trabajo del que depende la economía familiar.
No puede sustituir con buena voluntad un sistema público que debería garantizar recursos sociosanitarios suficientes.

Antes de señalar a las familias, las administraciones debería preguntarse por qué Canarias sigue teniendo retrasos inadmisibles en la atención a la dependencia, por qué faltan plazas sociosanitarias y por qué tantas familias sienten que el sistema solo aparece cuando ya no hace falta.

Porque cuando un padre o una madre enferman, las familias hacen todo lo que pueden. Lo hacen con amor, con agotamiento, con miedo y muchas veces con una profunda sensación de soledad.

Lo que no es aceptable es que, después de haber cuidado como se ha podido, el sistema responda con sospechas.

Porque el verdadero abandono no empieza en una casa.

Empieza cuando las instituciones miran hacia otro lado mientras las familias se rompen intentando cuidar.

Si de verdad queremos construir una sociedad más justa, el primer paso es reconocer quién está sosteniendo el cuidado cuando el sistema falla.

Y entonces actuar.

Porque una tierra que presume de proteger a su gente no puede permitir que la dependencia llegue tarde, que cuando por fin llega la resolución el estado de salud del dependiente ya haya cambiado radicalmente y que, encima, se amenace a las familias con acudir a la Fiscalía.

Si de verdad queremos una Canarias mejor, empecemos por lo más básico: cuidar a quienes nos cuidaron.

Eso también es construir una Canarias para los canarios.

En las últimas semanas se ha producido en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) un debate legítimo sobre la concesión del título de doctora “honoris causa” a Sofía de Grecia, la reina emérita española. No quiero que la valoración por mi parte de esa decisión nos distraiga de lo que pretendo plantear en este artículo. Sí quiero destacar el mensaje positivo que transmite el que 57 profesoras y profesores firmantes de una carta crítica trasladen a la ciudadanía su opinión contraria y expresen así su inquietud e interés por asuntos que afectan a nuestra universidad pública

Este manifiesto firmado por más de medio centenar de profesores refleja un malestar en el corazón de una institución que vive, como tantas otras en España, un momento de dificultad estructural. He manifestado en los últimos meses mi preocupación por el debilitamiento de la financiación de las universidades públicas canarias, la limitación de sus potencialidades investigadoras y la aprobación de una Ley de Consejos Sociales que las ha obligado a acudir al Constitucional.

Aplaudo el espíritu crítico del profesorado, pero deseo fervientemente que esta reacción reavive el compromiso de toda la comunidad universitaria con el objetivo de combatir las políticas neoconservadoras que están ahogando a las universidades, que son las que hacen posible que la educación sea la auténtica impulsora de la igualdad en el acceso a los estudios superiores en esta tierra.

La discrepancia no debe convertirse en una discusión estéril sobre honores, sino en una oportunidad para poner sobre la mesa una cuestión central: la universidad pública española atraviesa una crisis profunda que va mucho más allá de un reconocimiento académico. No es solo una cuestión de Canarias, es una realidad que afecta a todo el Estado y pone en riesgo la igualdad de oportunidades, la investigación de calidad y la propia cohesión social de nuestra sociedad.

La comunidad académica lleva años alertando de que la financiación estructural de las universidades públicas es insuficiente, de que las infraestructuras presentan deterioro, de que la valoración del profesorado no está a la altura de su contribución y de que cada vez es más difícil competir con universidades privadas que acumulan un número mayor de recursos. Esta tendencia no responde a una casualidad, sino a decisiones políticas que han dejado de ver a la universidad pública como un proyecto de país y la han tratado como un presupuesto más a ajustar.

Un ejemplo claro y reciente de esta deriva se encuentra en la Universidad Complutense de Madrid, la principal universidad pública de España. Ante una situación de déficit acumulado —superior a 33 millones de euros en el último ejercicio— la Complutense se ha visto obligada a aprobar un plan de recortes para el periodo 2025-2028 que incluye ajustes presupuestarios drásticos que impactan directamente en la calidad académica y de la vida universitaria, como la reducción de materias optativas, la restricción de contratación docente, la supresión de plazas por jubilación sin reposición y la contención de inversiones en investigación y servicios básicos. Estas medidas, aprobadas por el propio Consejo de Gobierno, reflejan la asfixia financiera que sufre la institución tras años de infrafinanciación crónica por parte de la Comunidad de Madrid, lo que la ha obligado, incluso, a solicitar préstamos para poder pagar salarios y mantener el funcionamiento ordinario del centro.

Estas decisiones no solo repercuten en el profesorado y el alumnado de la Complutense, sino que ilustran una tendencia preocupante: cuando una universidad pública ve limitadas sus posibilidades de ofrecer una enseñanza amplia, diversa y crítica, no solo se debilita su estructura, también se restringen las oportunidades de miles de jóvenes, especialmente de aquellos y aquellas que no pueden permitirse estudiar en la universidad privada. Este no es un fenómeno aislado de Madrid: es parte de una política más amplia que, bajo la apariencia de ajustes económicos, va erosionando la función social de la educación superior pública.

En la Comunidad de Madrid, los estudiantes, docentes y sindicatos han levantado la voz en defensa de sus universidades públicas. Las protestas y amenazas de movilizaciones no son simples expresiones de disconformidad pasajera, sino respuestas a un modelo que ha convertido la educación universitaria, que debe ser accesible para todos y todas, en un bien cada vez más difícil de sostener desde lo público..

Esto no debe confundirnos: no estamos hablando únicamente de problemas de gestión o de déficit contable. Estamos hablando de un modelo de sociedad donde la educación superior, en lugar de construirse como un derecho colectivo, se concibe cada vez más como un privilegio susceptible de someterse a las leyes del mercado. En ese modelo, las universidades públicas quedan relegadas, con menos recursos, menos oferta académica y menos capacidad de formar a las generaciones que España necesita para afrontar los retos del presente y del futuro.

La crisis de la Complutense también pone de manifiesto algo más profundo: la falta de un marco de financiación plurianual, estable, digno, suficiente y acorde a las necesidades reales de las instituciones públicas. Sin esa estabilidad, las universidades quedan expuestas a fluctuaciones políticas y presupuestarias que dificultan la planificación a largo plazo, la consolidación de proyectos de investigación y la renovación de infraestructuras. No se trata de gastar más por gastar, sino de asegurar que la universidad pública pueda cumplir con su misión sin depender de préstamos o ajustes que ponen en riesgo su viabilidad académica y social.

Poner el foco en la universidad pública —sus problemas, su valor y su futuro— es poner el foco en el propio futuro de nuestra sociedad. Instituciones como la ULPGC, la ULL o la Complutense, no son entes aislados: son centros de creación de conocimiento, de desarrollo humano y de justicia social. Debilitar la universidad pública equivale a debilitar la igualdad de oportunidades, la investigación orientada al bien común y la capacidad de un país para pensar críticamente y avanzar hacia mejores condiciones de vida para todas y todos.

Está bien celebrar o cuestionar honores aislados, pero, fundamentalmente, debemos apoyar ideas, debate, conocimiento y compromiso con lo público. El Cabildo de Gran Canaria apoya que la universidad sea un espacio de libertad, reflexión crítica y transformación social. Por eso, animo a quienes han levantado la voz dentro de la comunidad académica a permanecer unidos y movilizados para señalar con claridad lo que está en juego: la calidad y el futuro de la universidad pública en España. Les animo a ellos a ellas, pero también, al resto del profesorado, al alumnado, al personal de administración y servicios, a la sociedad civil y a los gobiernos locales.

La defensa de la universidad pública no es una batalla sectorial, sino una apuesta por un proyecto de país más justo, equitativo y sostenible. No podemos generar posibilidades reales de futuro para las generaciones venideras si no garantizamos que la educación superior cumpla su misión esencial: formar personas, generar conocimiento y fortalecer nuestra sociedad frente a los desafíos del siglo XXI.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Hablar de bienestar social no es solo hablar de cifras o de acciones públicas. Hablar de bienestar social es hablar de personas, de oportunidades y de la capacidad de una sociedad para cuidar de quienes más lo necesitan. En La Gomera hemos asumido ese compromiso como una prioridad política: situar a las personas en el centro de la acción pública y convertir los recursos públicos en herramientas reales para mejorar la vida de la ciudadanía

Ese es el sentido de la nueva edición del programa de viajes de turismo sociocultural impulsado por el Cabildo, una iniciativa pensada para nuestros mayores y para personas con discapacidad o movilidad reducida, que permite combinar ocio, convivencia y enriquecimiento cultural en condiciones de plena accesibilidad. Este año el programa oferta 660 plazas distribuidas en diferentes salidas, adaptadas a las necesidades de los participantes, con un sistema en el que asumimos la mayoría del coste para garantizar que nadie quede fuera por razones económicas.

Pero este programa va mucho más allá de un simple viaje. Representa una forma de entender la política social. Porque cuando facilitamos que nuestros mayores viajen, convivan y sigan descubriendo el mundo, estamos promoviendo envejecimiento activo, bienestar emocional y participación social. Estamos reconociendo el papel que han desempeñado a lo largo de su vida en la construcción de nuestra isla.

La Gomera ha demostrado en los últimos años que es posible construir un modelo de desarrollo en el que el progreso económico vaya de la mano de la justicia social. En el presupuesto insular, el área de bienestar social cuenta con más de 16 millones de euros en 2026, lo que supone cerca del 17% del total, una cifra que refleja claramente cuál es nuestra prioridad política.

Ese esfuerzo se traduce en acciones concretas: el fortalecimiento de la red de atención a mayores y personas dependientes, ayudas sanitarias para familias, programas de teleasistencia, apoyo a la diversidad funcional o la colaboración con entidades del tercer sector que trabajan cada día sobre el terreno. También se materializa en inversiones estratégicas que permitirán ampliar plazas sociosanitarias y mejorar los servicios para quienes necesitan cuidados y atención especializada.

Este conjunto de políticas conforma lo que podemos llamar el escudo social de La Gomera, una red de protección que busca que nadie se quede atrás. Un modelo basado en la redistribución de los recursos públicos para atender a quienes más lo necesitan: nuestros mayores, las personas dependientes, las familias vulnerables o quienes requieren apoyo para desarrollar su proyecto de vida con dignidad.

En un territorio como el nuestro, donde la cohesión social siempre ha sido un valor fundamental, estas políticas adquieren un significado aún mayor. Porque gobernar una isla como La Gomera implica entender la realidad de cada barrio, de cada familia y de cada persona.

Por eso, desde el Cabildo seguimos trabajando con una idea clara: la administración pública debe estar cerca de la gente y responder a sus necesidades reales. No se trata solo de gestionar recursos, sino de generar oportunidades y de garantizar que cada gomero y cada gomera sientan que las instituciones están a su lado en su día a día. Porque una isla avanza de verdad cuando nadie se queda atrás. Y ese seguirá siendo el rumbo de la acción de gobierno.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

Cada vez que surge un problema en una residencia de mayores ocurre lo mismo: declaraciones indignadas, reproches políticos, promesas de investigación y un aluvión de titulares. Pasan los días, la polémica se enfría y todo vuelve a la normalidad. A esa normalidad incómoda que muchos prefieren no mirar de frente

En Lanzarote, en Tías y en tantos otros lugares, la historia se repite desde hace años. No es un episodio aislado ni un fallo puntual del sistema. Es algo mucho más preocupante: un modelo que permite que el cuidado de nuestros mayores se convierta en un negocio administrativo mientras la responsabilidad pública se diluye entre papeles, contratos y silencios.

Las administraciones sacan a concurso la gestión de residencias públicas. Empresas privadas ganan esas adjudicaciones comprometiéndose a cumplir unos pliegos muy claros: ratios de personal, condiciones de atención, calidad del servicio. Sobre el papel todo está perfectamente regulado. El problema es que el papel lo aguanta todo.

Cuando esas condiciones no se cumplen, algo que familiares, trabajadores y vecinos llevan años denunciando, debería activarse el mecanismo de control. Para eso existen inspectores, supervisión pública y capacidad sancionadora. Esa es, precisamente, la función de la administración.

Sin embargo, la realidad demasiadas veces parece otra: inspecciones que no detectan lo evidente, informes que no provocan cambios y expedientes que se abren mientras dentro de los centros todos sigue igual.
Se abre un expediente, se anuncia una investigación, se promete actuar con contundencia.

Pero… los mayores continúan esperando

No es necesario investigar demasiado para comprobarlo. Basta con revisar la hemeroteca. Los mismos problemas aparecen una y otra vez con el paso de los años. Y no solamente en las residencias o centros sociosanitarios de mayores, también en los CADI. Centros de atención a la discapacidad. Cambian los gobiernos, cambian los responsables políticos y cambian las empresas adjudicatarias, pero el resultado final rara vez cambia para quienes viven en esas residencias.

Y ahí está la parte más incómoda de todo esto: si el problema es conocido, si las denuncias existen y si las herramientas de control están sobre la mesa, entonces la pregunta ya no es qué está pasando.

Mientras tanto, una generación entera, personas que trabajaron, cotizaron y levantaron esta sociedad, termina sus últimos años dependiendo de un modelo donde el contrato parece tener más peso que la dignidad.

La verdadera pregunta no es cuándo estallará el próximo escándalo.

La verdadera pregunta es cuándo alguien tendrá el valor político de reconocer que este sistema, tal como funciona hoy, no está protegiendo a quienes debería proteger.

La pregunta es por qué se permite que siga pasando.

Tal vez porque los mayores no protestan en las calles, no organizan manifestaciones ni generan un coste político inmediato. Tal vez porque, en el fondo, el sistema funciona lo suficientemente bien como para que nadie tenga que asumir responsabilidades reales.

Porque mientras se sigue discutiendo en despachos y ruedas de prensa, hay personas mayores esperando algo mucho más simple: que alguien, por fin, haga su trabajo.

Artenara no es solo el municipio más alto de Gran Canaria. Es uno de los lugares donde la isla conserva su memoria más profunda. En su paisaje abrupto, en sus cuevas blancas abiertas a los riscos, en el pinar que abraza la cumbre, late una forma de entender la vida basada en la resistencia, el equilibrio y el respeto por la tierra

Mucho antes de la conquista, las poblaciones indígenas eligieron estas alturas por razones estratégicas y vitales. La cumbre ofrecía control del territorio, defensa natural y cercanía a los recursos del monte. Durante los episodios finales de la conquista castellana, los parajes de Artenara, Acusa y los riscos cercanos a Tejeda se convirtieron en refugio de quienes resistían. La geografía escarpada no era un obstáculo, sino una aliada. Las cuevas excavadas en la roca y el conocimiento profundo del terreno permitían una defensa basada en la adaptación y la integración en el paisaje. Esa forma de habitar no desapareció. Las cuevas-vivienda que aún hoy siguen ocupadas son la expresión tangible de una continuidad histórica singular. Representan una manera de vivir sin herir la tierra, de protegerse del frío y del calor aprovechando lo que el entorno ofrece, de integrarse en el paisaje en lugar de imponerse a él. Artenara no se construyó contra la montaña, sino con la montaña

La identidad de la cumbre está profundamente ligada a la relación con el campo y el monte. Durante siglos, la vida dependió casi exclusivamente de la agricultura de secano y de la ganadería. En ese contexto se consolidó la devoción a San Matías, especialmente a partir de los siglos XVII y XVIII. No fue una fe ornamental, sino una espiritualidad vinculada a lo esencial: la lluvia que asegura la cosecha, la protección del ganado, el cuidado del pinar. Que su festividad se celebre en febrero no es casual. Es el momento en que el campo espera la lluvia decisiva, cuando la semilla necesita agua para brotar y el futuro del año agrícola aún está en suspenso. San Matías se convirtió así en símbolo de esperanza y protección, profundamente integrado en el calendario agrícola y en la vida cotidiana del pueblo.

En la cumbre, la fe nunca estuvo asociada a la abundancia desmedida, sino a la supervivencia digna. Se pedía equilibrio, no exceso. Se pedía agua, no riqueza. Se pedía cuidado para el monte, no dominio sobre él. Esta visión revela una conciencia ecológica anterior a cualquier formulación técnica moderna.

El pinar canario es mucho más que un elemento paisajístico. Retiene la humedad, protege el suelo de la erosión, regula el ciclo del agua y hace posible la vida en barrancos y valles. Cuidarlo ha sido siempre, aunque no se expresara con términos científicos, una forma de cuidar a toda la isla. Los mayores sabían cuándo entrar al monte y cuándo dejarlo descansar. Sabían aprovechar la madera sin arrasar el bosque. Entendían que la tierra no se exprime, se acompaña.

Esa cultura del uso responsable constituye el antecedente de lo que hoy llamamos gestión sostenible. No era teoría, era práctica cotidiana transmitida de generación en generación. El equilibrio entre aprovechamiento y conservación formaba parte del sentido común de la cumbre.

Sin embargo, la historia reciente ha recordado la fragilidad de ese equilibrio. Los grandes incendios forestales de las últimas décadas marcaron un antes y un después en la conciencia ambiental de Gran Canaria. El fuego mostró que el monte no es invulnerable y que su protección exige planificación, prevención e implicación colectiva. Desde entonces, la gestión forestal, la vigilancia y la educación ambiental han adquirido un papel prioritario.

En esa tarea desempeñan un papel esencial las trabajadoras y trabajadores del medio ambiente: brigadas contra incendios, guardas forestales, técnicos, agentes, personal de mantenimiento, educadores ambientales, agricultores y ganaderos que cuidan la tierra día a día. Su labor, muchas veces silenciosa y realizada en condiciones difíciles, sostiene la resiliencia del territorio. Gracias a ellos, el pinar sigue en pie y la cumbre conserva su capacidad de regeneración.

Artenara forma parte hoy del corazón de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Estos reconocimientos no son simples distinciones simbólicas. Representan una responsabilidad. Significan que el equilibrio logrado durante siglos posee un valor que trasciende lo local y adquiere dimensión universal.

Pero antes de que llegaran los títulos y las declaraciones oficiales, ya existía en la cumbre una cultura del cuidado. Antes de que se hablara de sostenibilidad, ya se practicaba. Antes de que la UNESCO mirara hacia estas montañas, ya eran sagradas para quienes las habitaban. En realidad para toda Gran Canaria.

El verdadero patrimonio de Artenara no son solo las cuevas, los pinares o los riscos. Es la gente que mantiene viva esa herencia. Sin población no hay conservación posible. La cumbre no puede convertirse en un museo vacío. Necesita escuelas, proyectos, agricultura, ganadería, comercio y oportunidades para que las nuevas generaciones puedan quedarse sin renunciar a su identidad.

Tradición y sostenibilidad no son enemigas. Son aliadas. Preservar la identidad no significa anclarse en el pasado, sino proyectar hacia el futuro lo mejor de lo aprendido. La devoción a San Matías puede leerse también como una forma de memoria ecológica: el recordatorio de que dependemos del medio y de que nuestra supervivencia siempre estuvo ligada al buen estado del monte y del campo.

Artenara es un lugar donde el paisaje invita a levantar la mirada. Desde sus miradores, el mundo parece latir más despacio. El abismo enseña humildad; la altura obliga a reconocer nuestra pequeñez frente a la grandeza natural. Sin embargo, esa sensación no empequeñece, sino que integra y nos hace conscientes de que formamos parte de algo mayor. En la cumbre, la isla recuerda quién es. Recuerda que su carácter se forjó en la relación entre piedra, agua y pinar. Recuerda que el equilibrio no es una consigna moderna, sino una práctica antigua. Recuerda que defender el árbol es defender la vida.

Celebrar la identidad de Artenara es, en definitiva, renovar un compromiso: con el pinar, con el agua, con la gente que trabaja el territorio y con una forma de vivir que ha sabido resistir siglos de aislamiento, escasez y transformación sin perder su vínculo con la tierra. Porque en estas montañas no solo se contempla el paisaje: se aprende de él. Y mientras el pino siga esperando la lluvia y la mano humilde sepa cuándo cortar, la cumbre seguirá siendo memoria viva de Gran Canaria.

Muchas gracias, Artenara, por el reconocimiento que han hecho al Cabildo de Gran Canaria y a los trabajadores y trabajadoras de Medio Ambiente. Su trabajo no siempre se ve. A menudo se hace en silencio, en condiciones duras, con frío, calor, riesgo y responsabilidad, pero su papel es imprescindible para mantener ese ecosistema. Muchas gracias por invitarme a pregonar las fiestas de San Matías.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Esta semana el Parlamento de Canarias ha dado un paso importante al aprobar la comunicación planteada por el Gobierno en torno al denominado Decreto Canarias. No es un trámite más. Es una decisión que marca dirección y que demuestra que, cuando se quiere, esta Cámara puede situar el interés general por encima de cualquier otra consideración

Estamos ante una oportunidad que no se presenta todos los días. El Decreto Canarias no nace del capricho ni de la improvisación. Responde a una realidad que conocemos bien: la necesidad de sostener la recuperación económica y social del Archipiélago, pero también de corregir desequilibrios que arrastramos desde hace décadas y que afectan especialmente a las islas no capitalinas.

Hablar de igualdad en Canarias no puede significar tratar a todos exactamente igual. La igualdad real exige comprender las diferencias y actuar en consecuencia. La doble insularidad, los sobrecostes, la pérdida de oportunidades o el riesgo de despoblamiento no son discursos teóricos: son realidades que condicionan la vida diaria de miles de ciudadanos.

El Decreto Canarias incorpora medidas concretas en esa dirección. La extensión de la deducción del 60% del IRPF a La Gomera y El Hierro, en línea con lo aplicado en La Palma, no es un privilegio para nadie. Es una cuestión de coherencia y de justicia territorial. Si una herramienta ha servido para compensar dificultades objetivas en una isla, lo razonable es que también se aplique allí donde existen circunstancias similares.

Lo mismo ocurre con la conectividad. En un archipiélago, poder desplazarse con garantías no es un lujo, es una condición básica para acceder al empleo, a la sanidad, a la educación y a la actividad económica. Mejorar las conexiones interinsulares mediante obligaciones de servicio público no es una demanda localista; es una apuesta por la cohesión.

Pero más allá del contenido, hay algo aún más relevante: la actitud con la que afrontemos este momento. Canarias necesita trasladar al Estado una posición unida, ambiciosa y clara. No podemos acudir con propuestas tímidas ni fragmentadas. Cuando uno negocia desde la debilidad o desde la división, el resultado suele ser insuficiente.

El acuerdo que se ha abierto paso en el Parlamento no pertenece a ningún partido. Es fruto del trabajo institucional y de la voluntad compartida por cabildos, ayuntamientos y fuerzas políticas de defender lo que consideramos justo para nuestra tierra. Y ese espíritu debe mantenerse en el proceso negociador.

Sería un error convertir este debate en un ejercicio de tacticismo. La ciudadanía no espera de nosotros cálculos partidistas ni estrategias de desgaste. Espera responsabilidad. Espera que pensemos en el futuro de Canarias y no en el próximo titular.

Estamos ante una oportunidad histórica para reforzar nuestra cohesión territorial y consolidar instrumentos que permitan a todas las islas avanzar en igualdad de condiciones. Desaprovecharla por ruido político sería imperdonable, aunque sólo se apruebe la Agenda Canaria pactada entre el Gobierno de España y Canarias, ya es un gran avance.

El Parlamento ha dado un paso. Ahora toca culminar el camino con sentido común, diálogo y altura institucional. Canarias no necesita confrontación estéril. Necesita acuerdos útiles.

Y este es el momento de demostrarlo.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.