En los casos de cuantía indeterminada, que son la mayoría en materia disciplinaria, se prevén unos honorarios de 10.000 euros sin perjuicio de la minutación final

Como saben los lectores de IUSPORT, el proyecto de la nueva ley del deporte, si no se reconsidera en el trámite de enmiendas, conllevará, en la práctica, la desaparición del TAD, que quedará reducido a la materia electoral y poco más.

La consecuencia inmediata de esta aberrante decisión del Gobierno es que los clubes y deportistas que participan en competiciones estatales (no en las autonómicas pues estas siguen afortunadamente con el modelo actual) tendrán que acudir al juzgado de primera instancia o a un tribunal arbitral para impugnar las sanciones que cada semana acuerdan los comités de disciplina de las federaciones españolas.

¿Por qué es aberrante el cambio?

Porque implica que será de pago, frente a la gratuidad actual, tanto si acuden al juzgado como si recurren ante un tribunal arbitral.

En el caso de la justicia ordinaria, el asunto es aún peor pues, como hemos repetido hasta la saciedad, las sentencias siempre llegan tarde, lo que significa que son inútiles en el mundo del deporte. Sólo excepcionalmente se obtiene una medida cautelar en un juzgado, que son las únicas resoluciones judiciales eficaces en este ámbito.

Y en cuanto a la vía arbitral, ojo a la cuantía económica que habrán de afrontar los clubes.

Si al final se escoge el tribunal arbitral del COE para reemplazar al TAD, algo que en IUSPORT damos por hecho, conviene saber que, según las tarifas publicadas en la web del COE, los casos de cuantía indeterminada (por ejemplo, una sanción de cuatro partidos) conllevaría un canon de 10.000 euros.

En la web del COE se especifica que en los arbitrajes de derecho se aplicarán los honorarios establecidos para los de equidad con un incremento del 25%. En los casos de cuantía indeterminada, que son mayoritarios en materia disciplinaria, se establecen los honorarios en 10.000 euros sin perjuicio de la minutación final que atenderá a su dificultad, complejidad, volumen y trascendencia.

No sólo eso, se aclara que en el caso de que la correspondiente Corte Arbitral esté compuesta por tres árbitros, la tarifa antes referida se aumentará un 70%, dividiéndose el total entre los tres árbitros.

Y, además, a esta tarifa habría que añadir la tarifa de administración del tribunal, que en el caso del tribunal del COE está en un mínimo de 500 euros.

En resumen, estamos ante un "atraco" al deporte español, desoyendo a organizaciones que representan a cerca de 4 millones de deportistas (AFE, ABP, PROLIGA), las cuales han pedido por escrito mantener al TAD con las competencias que actualmente tiene.

En el lado opuesto está el silencio de la mayoría de las 65 federaciones, cuyas decisiones serán, en la práctica, definitivas pues pocos serán los sancionados que acudirán a la justicia ordinaria o al tribunal arbitral por razones obvias. Entre las pocas federaciones que se han pronunciado está la más importante, la RFEF, cuyos dirigentes se han significado públicamente a favor del vaciamiento competencial del TAD en varios foros. Concretamente en sendas jornadas celebradas en Granada, en Barcelona y este pasado lunes en el Congreso de los Diputados.

Y a todo esto, seguimos sin conocer la argumentación del Gobierno en este capítulo específico de la nueva ley, que implica un giro radical en el modelo deportivo hacia el modelo liberal anglosajón, omisión especialmente grave si tenemos en cuenta que asistimos a una "dimisión" en toda regla del Estado en el deporte que cuestiona incluso la supervivencia del propio CSD, organismo que, siguiendo por este derrotero, acabará siendo reemplazado por el COE.