Este miércoles 2 de marzo expiraba el plazo para que los grupos parlamentarios presentaran enmiendas parciales al proyecto de ley del deporte, pero la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados ha acordado ampliarlo hasta el día 9

El plazo de enmiendas parciales, que en principio vencía el 23 de febrero, ha sido ampliado en varias ocasiones, lo que a nuestro juicio es buena señal porque así habrá más oportunidades para rectificar los grandes errores cometidos en el proyecto.

Varios colectivos del mundo del deporte, como la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y demás asociaciones de deportistas, o ProLiga, que representa a los clubes no profesionales de fútbol, han alertado de las graves consecuencias que para sus miembros tendrá la nueva ley si es aprobada en los términos en que fue remitida por el Gobierno.

Todos ellos han remitido a los grupos parlamentarios propuestas de enmiendas relacionadas con diversos aspectos, como el convenio colectivo, la fiscalidad y la supresión de competencias del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

El texto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de diciembre para actualizar (?) la normativa vigente, de octubre de 1990, reconoce cuestiones obvias que no precisan de una nueva ley, como el derecho a la actividad física y el deporte; regula las distintas figuras de deportistas -profesionales, no profesionales, de alto nivel, alto rendimiento, pero sí introduce cambios radicales en el régimen disciplinario en perjuicio de los clubes y deportistas.

El proyecto privatiza la disciplina deportiva, que a partir de ahora será "de pago", en contra del modelo que ha tenido España en los últimos cuarenta años. La vulneración de las reglas del juego y la competición queda en manos de las federaciones deportivas y ligas profesionales, que establecerán su propio sistema de infracciones, sanciones y forma de coerción de estas, respetando los principios esenciales del procedimiento administrativo sancionador pero sin la intervención del poder público en instancia alguna, por lo que el TAD "ya no conocerá en vía de recurso de las sanciones impuestas a miembros de estas entidades ni, lógicamente, el orden contencioso-administrativo".

"Por el contrario", señala, "las diferencias que se sustancien en este ámbito serán susceptibles de resolverse en la correspondiente jurisdicción civil, o mediante el sometimiento voluntario y previo a un sistema arbitral". Por consiguiente, los afectados tendrán que rascarse el bolsillo tanto si acuden a un arbitraje como si piden amparo a los tribunales de lo civil, con el agravante en este caso de que, debido a la saturación de los mismos, dictarán sentencia cuando ya la temporada habrá terminado.

Esperamos que los grupos parlamentarios se movilicen y presenten enmiendas que den un vuelco radical a un proyecto de ley que España no necesita pues su objetivo principal es demoler un modelo deportivo que el deporte español ha aceptado en los últimos cuarenta años para reemplazarlo por otro que deja en total desamparo a los clubes y deportistas frente a la eventual arbitrariedad de las federaciones.