La organización considera que el cambio de ubicación supone una victoria de la movilización ciudadana, del rigor técnico y del principio de precaución en defensa de la seguridad y la salud pública

Los ecologistas expresan su satisfacción tras conocer que el proyecto promovido por DISA para instalar una planta de generación eléctrica de emergencia alimentada con propano en Salinetas no seguirá adelante en el emplazamiento inicialmente previsto.

Durante los meses de marzo y abril de este año, el Gobierno de Canarias sometió a información pública dos nuevos proyectos de generación eléctrica de emergencia en la zona industrial de El Goro: la "Planta de generación de emergencia de 20 MW – El Goro – Gran Canaria", promovida por GPM Generación S.L., y la "Planta de Generación con Grupos de Emergencia de 14,8 MW. Planta La Garita-El Goro", promovida por DISA.

Ante la aparición de estos nuevos proyectos en un emplazamiento diferente, Turcón solicitó formalmente al Gobierno de Canarias que aclarara si la nueva ubicación en El Goro suponía el abandono definitivo del proyecto inicialmente previsto en Salinetas y que informara públicamente del estado administrativo de dicho expediente. En respuesta a esta petición, la propia empresa promotora, DISA, confirmó el cambio de ubicación de la instalación.

Este anuncio confirma que la planta proyectada en Salinetas no llegará a ejecutarse, una decisión que Turcón valora muy positivamente al entender que evita la implantación de una instalación de elevado riesgo en un entorno urbano densamente poblado.

Un proyecto incompatible con la seguridad y la calidad de vida de Salinetas

En junio de 2025, los ecologistas teldenses presentaron un amplio escrito de alegaciones contra el proyecto previsto en Salinetas, fundamentado en criterios técnicos, ambientales y urbanísticos.

Entre los principales argumentos expuestos destacaban:

El grave riesgo para la seguridad de la población, debido a la instalación de una esfera de almacenamiento de 1.000 metros cúbicos de propano, junto a otros dos depósitos de 200 metros cúbicos, situados a menos de 280 metros de viviendas habitadas. Una instalación de estas características, sometida a la normativa SEVESO III sobre accidentes graves, suponía un riesgo inaceptable por la posible ocurrencia de fugas, incendios o explosiones.

El deterioro de la calidad del aire, derivado del funcionamiento de ocho motores de combustión con una potencia conjunta de 14,8 MW alimentados con propano, cuyas emisiones de óxidos de nitrógeno (NOₓ), monóxido de carbono, partículas y compuestos orgánicos volátiles afectarían directamente a la población residente. Además, el proyecto carecía de estudios de dispersión de contaminantes y de una evaluación rigurosa de sus efectos sobre la salud.

La incompatibilidad urbanística del proyecto, al pretender implantarse sobre suelo rústico de protección de entornos sin acreditar adecuadamente la inexistencia de alternativas ni justificar la excepcionalidad exigida por la legislación territorial.

La existencia de alternativas técnicas perfectamente viables, como la instalación de estos grupos de emergencia en infraestructuras ya existentes del sistema eléctrico insular, como Jinámar o Barranco de Tirajana, donde existen conexiones, espacio y experiencia operativa suficientes, evitando nuevos impactos territoriales y riesgos para la población.

La ausencia de una evaluación ambiental adecuada, al acogerse el expediente a una tramitación de urgencia sin realizar una Evaluación de Impacto Ambiental que analizara adecuadamente los efectos sobre la salud, el medio ambiente y la seguridad ciudadana.

La incompatibilidad con el desarrollo sostenible del entorno, al introducir una infraestructura industrial de alto riesgo en una zona próxima a núcleos residenciales consolidados.

En consecuencia, Turcón solicitó el archivo del expediente, la denegación de la autorización, la evaluación de alternativas menos impactantes, la realización de una evaluación ambiental completa y el respeto al principio de precaución como garantía de protección de la ciudadanía.

Un precedente positivo para la planificación energética

Turcón considera que el cambio de ubicación demuestra que existían alternativas distintas a Salinetas, tal y como defendió la organización desde el inicio de la tramitación; como, por ejemplo, podría haber sido en la Central Térmica de Jinámar o de Barranco de Tirajana.

Este hecho pone de manifiesto que una planificación energética rigurosa puede compatibilizar la seguridad del suministro eléctrico con la protección de la población y del territorio, evitando la implantación de infraestructuras potencialmente peligrosas en zonas residenciales cuando existen emplazamientos más adecuados.

La organización espera ahora que las administraciones públicas mantengan el mismo nivel de exigencia en la evaluación del nuevo proyecto previsto en El Goro, garantizando el cumplimiento de toda la normativa ambiental y de seguridad industrial, así como la máxima transparencia durante su tramitación.

Agradecimiento a la ciudadanía

Turcón-Ecologistas en Acción quiere agradecer el apoyo recibido por parte de vecinos y vecinas de Salinetas, colectivos sociales y personas que participaron activamente mostrando su preocupación por un proyecto que generó una enorme inquietud social.

Se constituyó una Plataforma ciudadana uniendo dos reivindicaciones: No a las eléctricas en La Zamora (Los Realejos-Tenerife y STOP Propano en Salinetas). Se presentaron mociones en los ayuntamientos (Los Realejos y Telde), aprobadas por mayoría, en el Parlamento de Canarias en su comisión de transición ecológica que acabó por aprobar una PNL para la ubicación de las plantas en suelo industrial y alejado de las viviendas. Nuestro trabajo de información y concienciación en defensa de nuestras viviendas y de una planificación urbanística coherente y sostenible va a continuar.

No obstante, la organización considera que este desenlace constituye un ejemplo de cómo la participación ciudadana, las alegaciones fundamentadas y la vigilancia ambiental pueden contribuir a mejorar las decisiones públicas y a evitar proyectos incompatibles con la seguridad, la salud y el bienestar de la población.

Turcón continuará defendiendo un modelo energético basado en la planificación responsable, la transición hacia energías renovables jusas y con respeto al territorio.

Se presentará el próximo viernes, día 19 de junio, a las 20:00 horas en el Círculo Cultural de Telde

Es una publicación de la Asociación para la Defensa del Árbol y el Paisaje de Gran Canaria – ADAPA, con el objetivo de concienciar a las autoridades para gestionar mejor las zonas verdes

El Manual puede ser un instrumento útil para sentar las bases mínimas sobre el manejo de los árboles en los municipios, una base normativa fácil de cumplir si existe voluntad de respeto a árboles y arboledas en zonas urbanas.

Este manual representa una herramienta pionera de concienciación ciudadana para la protección y gestión adecuada del arbolado urbano en los 21 municipios de la isla, unificando criterios científicos y éticos para corregir malas prácticas como las podas drásticas o los desmoches, que tienen a nuestros árboles urbanos en la UVI de manera constante. La idea es promover una arboricultura moderna adaptada a la realidad insular y a los desafíos del cambio climático, que las aves puedan anidar en ellos, que creen sombra, que generen paisaje urbano, que fijen CO2…

Turcón-EeA hace la invitación a toda la ciudadanía a participar de estas actividades, con entrada libre y gratuita ya que cuentan con los patrocinios del Cabildo Insular de Gran Canaria-Participa Gran Canaria y la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.

Será el viernes, día 19 de junio, desde las 20:00 horas, en el antiguo Molino del Conde, en la calle El Roque, núm. 119, de San Gregorio, Telde.

En el día de hoy se ha recibido una “COMUNICACION SOBRE ACTUACIONES REFERENTE A DENUNCIA POR REALIZACION DE OBRAS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA CON MAQUINARIA PESADA EN DPMT, SIN TÍTULO HABILITANTE, ENTRE LOS HITOS M3 Y M14, EN LA PLAYA DE VENEGUERA, T.M. MOGÁN, GRAN CANARIA”    

El departamento ministerial, informa textualmente “Vista la denuncia remitida a esta Demarcación de Costas con fecha 01-06-2026 sobre el asunto referido, mediante el que se solicita informe sobre investigación y actuaciones en la zona de la playa de Veneguera, entre los hitos M3 y M14 del T.M de Mogán, en concreto, que se les notifique sobre los expedientes abiertos por esta Demarcación que sancionen los hechos denunciados; se comunica que: se ha incoado el expediente sancionador nº SAN01/26/35/0029 a COSTA CANARIA DE VENEGUERA, S.A con CIF……..con fecha 5 de junio de 2026.”

El Colectivo Turcón Ecologistas en Acción pidió la intervención de este organismo ante los movimientos de tierra con maquinaria pesada en la Playa y Barranco de Veneguera poniendo en conocimiento que estas obras se han producido dentro de los límites de la servidumbre y de la protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) de la Demarcación de Costas de Canarias.

Entiende el colectivo al igual que otros agentes sociales que la empresa se ha excedido en su actuación de cara a corregir los perfiles de playa y barranco; esto nos produce más preocupación, toda vez que interpretamos unas actuaciones improvisadas, sin los correspondientes permisos habilitantes y fruto de un exceso de confianza, diligencia desmedida y desproporcionada frente a los efectos de una borrasca (fenómeno natural) en una zona natural y poco antropizada.

Las imágenes y testimonios recogidos por numerosos ciudadanos muestran como maquinaria pesada eliminaba el talud natural característico de las playas del oeste de Gran Canaria, arrastrando grandes cantidades de cantos rodados y áridos desde la propia playa hacia la zona del antiguo aparcamiento, donde ese material fue acumulado para la sepultación del mismo.

Ante esta situación, la ciudadanía se pregunta en qué consiste exactamente el supuesto proyecto de “renaturalización” de LOPESAN en Veneguera, qué actuaciones contempla además de las ya ejecutadas y bajo qué criterios técnicos, ambientales y administrativos se están llevando a cabo estos movimientos de áridos y cantos rodados dentro de un espacio protegido perteneciente al Parque Rural del Nublo.

Resulta una contradicción absoluta que se intente presentar como “renaturalización” un proyecto promovido por una empresa señalada desde hace años por actuaciones altamente agresivas sobre el propio barranco de Veneguera. En concreto, LOPESAN ha destruido importantes zonas de tarajales en el cauce, eliminado valiosos hábitats de tabaibal cardonal centenarios en la ladera conocida como Tabaibales -también para la plantación de nuevos cultivos-, han modificado el cauce en multitud de ocasiones, han destruido un yacimiento arqueológico de enorme valor patrimonial en 2023, hechos que actualmente continúan bajo investigación judicial, y han cortado accesos y caminos, entre muchas otras cosas.

Nos preocupa profundamente que estas actuaciones puedan formar parte de una estrategia paulatina de control territorial y limitación del acceso ciudadano a un espacio natural que pertenece emocional, cultural y socialmente al conjunto del pueblo canario.

La denuncia se puede ver en el siguiente enlace:

https://turcon.es/wp/turcon-denuncia-en-la-fiscalia-y-en-la-demarcacion-de-costas-el-uso-de-maquinaria-pesada-y-movimientos-de-tierra-en-playa-y-barranco-de-veneguera/    

El colectivo ecologista ha presentado recurso de casación al Decreto del Gobierno de Canarias que autorizó el proyecto de Bombeo Reversible Soria – Chira. Acude al Tribunal Supremo después de la sentencia desestimatoria del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de fecha 10 de abril de 2026

Hay que recordar que el Decreto 114/2021, de 25 de noviembre del Gobierno de Canarias acordó la ejecución del proyecto denominado “Central hidroeléctrica de bombeo Chira- Soria; reformado del proyecto de construcción. Modificado II” (expediente AT 18R 161), promovido por Red Eléctrica de España, SAU y que suspendía el planeamiento urbanístico y territorial vigente para dar encaje al proyecto citado. Un procedimiento totalmente inédito, sin precedentes, utilizando artículos excepcionales, desprotegiendo varios espacios naturales para legitimar la construcción de la obra en beneficio de Red Eléctrica.

La Central de Bombeo Reversible de Soria – Chira afecta directamente a tres espacios de la Red Natura 2000, indirectamente a otros dos y, en especial, al Barranco de Arguineguín. El proyecto mancilla nuestra rica biodiversidad y desprotege el territorio de las zonas afectadas.

Después del análisis de la sentencia del TSJ de Canarias, Turcón-EeA presenta los recursos de casación, distinguiendo el recurso de casación estatal, que será conocido por el Tribunal Supremo, y el recurso de casación autonómico, que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Ambos recursos se presentan siguiendo una arquitectura jurídica coherente y una adecuada separación entre las cuestiones de Derecho estatal y europeo, por un lado, y las de Derecho autonómico canario, por otro.

Respecto al recurso estatal, una de las claves planteadas son las infracciones del Derecho ambiental europeo y estatal, “inoponibles” al Decreto 114/2021. La argumentación jurídica considera especialmente sólida la fundamentación basada en la Directiva Hábitats, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el principio de no regresión ambiental.

Asimismo, se subraya la importancia general de la cuestión debatida, al afectar a la compatibilidad entre los regímenes excepcionales de implantación de infraestructuras energéticas y las obligaciones de conservación de los espacios integrados en la Red Natura 2000.

En cuanto al recurso autonómico, Turcón-EeA cuestiona la argumentación que hace el Gobierno de Canarias apoyándose en el artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico de Canarias y los límites de las facultades que atribuye a la administración.

En resumen, los ecologistas, consideran que el litigio trasciende el caso concreto de Gran Canaria, al abordar uno de los principales desafíos jurídicos de la transición energética: garantizar el desarrollo de las infraestructuras energéticas sin menoscabar las obligaciones de protección ambiental derivadas del Derecho europeo y de la normativa de conservación de la biodiversidad.

Turcón considera que estos recursos de casación siguen una clara estrategia de maximizar las opciones de que los tribunales superiores se pronuncien sobre cuestiones de gran relevancia para la protección de los espacios naturales y para el futuro de la planificación energética en el país.

Insiste Turcón-EeA que este proyecto de Bombeo Reversible Soria – Chira: es un síntoma de un modelo de transición energética errado. Queremos la transición energética, pero no de esta manera. Frente a los oligopolios y monopolios en el sector eléctrico de las islas, apostamos por un nuevo modelo energético sostenible, público, justo, descentralizado y que no afecte a los espacios naturales protegidos ni al suelo rústico de protección agrícola.

El Colectivo Turcón Ecologistas en Acción pide la intervención de estos organismos ante los movimientos de tierra con maquinaria pesada en la Playa y Barranco de Veneguera poniendo en conocimiento que estas obras se han producido dentro de los límites de la servidumbre y de la protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) de la Demarcación de Costas de Canarias

Entiende el colectivo al igual que otros agentes sociales que la empresa se ha excedido en su actuación de cara a corregir los perfiles de playa y barranco; esto nos produce más preocupación, toda vez que interpretamos unas actuaciones improvisadas, sin los correspondientes permisos habilitantes y fruto de un exceso de confianza, diligencia desmedida y desproporcionada frente a los efectos de una borrasca (fenómeno natural) en una zona natural y poco antropizada.

Las imágenes y testimonios recogidos por numerosos ciudadanos muestran como maquinaria pesada eliminaba el talud natural característico de las playas del oeste de Gran Canaria, arrastrando grandes cantidades de cantos rodados y áridos desde la propia playa hacia la zona del antiguo aparcamiento, donde ese material fue acumulado para la sepultación del mismo.

Ante esta situación, la ciudadanía se pregunta en qué consiste exactamente el supuesto proyecto de “renaturalización” de LOPESAN en Veneguera, qué actuaciones contempla además de las ya ejecutadas y bajo qué criterios técnicos, ambientales y administrativos se están llevando a cabo estos movimientos de áridos y cantos rodados dentro de un espacio protegido perteneciente al Parque Rural del Nublo.

Los ecologistas exigen conocer qué administraciones han autorizado estas actuaciones, si existen informes ambientales públicos que las avalen y cuáles son los verdaderos objetivos de intervención sobre la playa y su entorno, especialmente ante el temor creciente de que este tipo de actuaciones puedan terminar derivando, de manera progresiva, en una limitación del acceso libre y público a uno de los últimos espacios semivírgenes que quedan en Gran Canaria.

La preocupación social aumenta especialmente por los antecedentes ambientales de LOPESAN en el propio barranco de Veneguera.

Resulta una contradicción absoluta que se intente presentar como “renaturalización” un proyecto promovido por una empresa señalada desde hace años por actuaciones altamente agresivas sobre el propio barranco de Veneguera. En concreto, LOPESAN ha destruido importantes zonas de tarajales en el cauce, eliminado valiosos hábitats de tabaibal cardonal centenarios en la ladera conocida como Tabaibales -también para la plantación de nuevos cultivos-, han modificado el cauce en multitud de ocasiones, han destruido un yacimiento arqueológico de enorme valor patrimonial en 2023, hechos que actualmente continúan bajo investigación judicial, y han cortado accesos y caminos, entre muchas otras cosas.

Por ello, muchas personas sentimos que no estamos ante un verdadero proyecto ecológico, sino ante un nuevo episodio de intervención progresiva sobre un espacio emblemático de los que quedan en nuestra isla.

Nos preocupa profundamente que estas actuaciones puedan formar parte de una estrategia paulatina de control territorial y limitación del acceso ciudadano a un espacio natural que pertenece emocional, cultural y socialmente al conjunto del pueblo canario.

Si realmente existe una voluntad de “renaturalizar”, la ciudadanía se pregunta si LOPESAN piensa también aplicar ese mismo criterio sobre las extensas zonas del litoral del sur de Gran Canaria destruidas durante décadas por el modelo turístico y urbanístico que precisamente enriqueció a su grupo empresarial.

Asimismo, se solicita como medida cautelar para contener los efectos de esta intervención el precinto de las obras que se están ejecutando, requiriendo a los investigados a que se abstengan de continuar con las obras iniciadas bajo apercibimiento de poder incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad.

En documento remitido por sede electrónica se requiere la intervención de la institución insular para que proceda a la limpieza y remozado del camino que va por el cauce del Barranco de Los Cernícalos. Después de la borrasca, el camino se ha vuelto imposible. Las cañas y los troncos caídos hacen que los senderistas no puedan caminar por los senderos

Además, al estar en muchos puntos el camino cerrado, los visitantes abren nuevas sendas por las laderas, lo que supone mayor erosión del terreno y destrucción de la biodiversidad.

Se necesitan medidas de urgencia para arreglar el camino principal que va por el mismo fondo del barranco, ya que los accidentes se suceden y podemos lamentar algunas desgracias.

Cernícalos una ruta a pie en Gran Canaria. La más visitada

Senderistas, turistas y, en general, excursionistas de todas las edades han hecho de este barranco uno de los lugares más visitados de la Isla. Todos, niños, jóvenes y adultos, han soñado y vivido experiencias inolvidables entre sus riachuelos de agua, sus cascadas y sus frondosos árboles. El hábitat generado por el agua, que discurre permanentemente a cielo abierto, propicia toda una biodiversidad en equilibrio que nos regala maravillosos olores y colores a lo largo de su recorrido. El Barranco de los Cernícalos, en Gran Canaria, te adentra en el lado más natural y misterioso de la isla. Son de esos parajes que nos hacen sentir que vagamos por un mundo perdido que, sin embargo, está mucho más cerca de lo que pensamos.

Sí, escucha y mira atentamente, porque cada piedra, cada planta y cada trino de pájaro tienen una historia que contar. Caminar por el Barranco de los Cernícalos, en la vertiente este de Gran Canaria, nos adentra en el lado más natural de la isla y nos sitúa, cara a cara, frente a su rostro más ancestral y salvaje.

Dentro de un Espacio Natural protegido.

Aunque su inicio se sitúa en el Paisaje Protegido de Lomo Magullo, esta ruta de senderismo en el Barranco de Los Cernícalos tiene unos 12 km de longitud y se halla integrado en el Espacio Natural de la Reserva de Los Marteles, con una extensión de 3.568,7 hectáreas. Este barranco nace en las estribaciones de la Caldera de Los Marteles, a 1.500 metros de altitud, y finaliza su estrecho y serpenteante trayecto en Tecén, cuando se une al barranco de San Miguel. Divide a dos municipios: Telde y Valsequillo; pero, a la vez, une a toda una población en su conservación: los amantes de la naturaleza.

La reserva ofrece un paisaje de montes de gran belleza con algunos elementos geomorfológicos destacados, como la Caldera de los Marteles o el pitón fonolítico de Roque Blanco, entre otros. Toda el área ejerce un papel importante contribuyendo a mantener procesos ecológicos esenciales como la recarga hídrica del acuífero, alberga grandes cuencas de recepción como la de los barrancos de San Bartolomé, Tenteniguada, Temisas, etc. Cuenta con una amplia variedad de hábitats donde sobresalen los acebuchales y saucedas de la cabecera del barranco de los Cernícalos, y los abundantes farallones que hay por todo el espacio. En sus escarpes se concentra una alta biodiversidad vegetal endémica (sólo en los acantilados del Paso de la Plata se conocen más de 50 endemismos) de gran interés científico. Localización: Santa Lucía, Agüimes, Valsequillo, San Mateo, San Bartolomé, Ingenio, Telde y Tejeda. Superficie: 3.568,7 hectáreas.

En virtud del valor de la biodiversidad del lugar los ecologistas de Turcón requieren la actuación del Cabildo, área de medio ambiente, una acción urgente para limpiar y acondicionar el camino del Barranco de Los Cernícalos. Conjuntamente al documento de texto se le anexo galería fotográfica actualizada, con la situación de este mes de mayo de 2026.

Los ecologistas han presentado un conjunto de propuestas en el marco de la consulta pública previa a la elaboración del nuevo Reglamento Integrado del Dominio Público Hidráulico de Canarias, impulsado por el Gobierno de Canarias (Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas)

Consideran en sus aportaciones que esta actualización normativa representa una oportunidad para adaptar la gestión del agua en Canarias a los desafíos actuales, como el cambio climático, el incremento de fenómenos meteorológicos extremos y la degradación de los ecosistemas tan denigrados por intervenciones inadecuadas.

En este contexto, Turcón quiere destacar el papel fundamental de los barrancos en Canarias, no solo como cauces hidráulicos, sino como auténticas infraestructuras climáticas y agroecológicas que conectan ecosistemas, protegen suelos agrícolas y contribuyen a la resiliencia de los asentamientos humanos, como elemento propio e histórico del devenir de un territorio biodiverso y frágil.

Barrancos: elementos clave para la resiliencia del territorio

El colectivo subraya que los barrancos desempeñan funciones esenciales como el drenaje natural del territorio, la laminación ante avenidas, la regulación hidrológica y la conectividad ecológica. Por ello, defiende que deben ser reconocidos explícitamente en el nuevo reglamento como estructuras estratégicas para la adaptación al cambio climático.

Asimismo, insisten en la necesidad de avanzar hacia una gestión integrada del agua y del territorio, que incorpore la planificación hidrológica, territorial, agrícola y ambiental bajo un enfoque común, como componentes de cohesión y señas de pertenencia geográfica y territorial.

Propuestas para una gestión más eficaz y sostenible

Entre las principales propuestas presentadas, destacan:

El reconocimiento de los barrancos como infraestructuras territoriales clave para la resiliencia climática.
El refuerzo de la cooperación entre administraciones (Gobierno, cabildos y ayuntamientos).
La posibilidad de que los municipios impulsen proyectos de restauración ecohidrológica.
La incorporación del concepto de cauce ecológico, entendido como el espacio necesario para garantizar el funcionamiento natural de los barrancos.
La integración del ciclo natural y urbano del agua, fomentando soluciones como los sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS).
La promoción de proyectos susceptibles de financiación climática europea dentro de una red transnacional de conservación.
La simplificación administrativa, con plazos máximos de tres meses para resolver iniciativas municipales.

Además, se plantea en el documento la necesidad de reevaluar determinadas infraestructuras hidráulicas cuando estas afecten al funcionamiento ecológico de los cauces.

Una oportunidad para recuperar y dar vida a los barrancos de Gran Canaria

Turcón concluye que la incorporación de estas propuestas en el nuevo reglamento permitiría avanzar de forma decisiva en la protección y restauración de los barrancos del archipiélago.

En particular, señalan que estas medidas pueden ser clave para garantizar los cauces ecológicos del Barranco de Los Cernícalos y del Barranco de Azuaje, así como para impulsar la recuperación ambiental del Barranco de La Mina como elemento intrínseco de un corredor verde, dentro de unos espacios de alto valor ecológico y patrimonial para Gran Canaria, que bien merece un esfuerzo institucional que salvaguarden y conserven estos ecosistemas vitales.

Los ecologistas confían en que el Gobierno de Canarias tenga en cuenta estas aportaciones para construir un marco normativo más ambicioso, coherente y adaptado a los retos ambientales actuales.

En documento remitido por sede electrónica al M.I Ayuntamiento de Telde en la persona de su Alcalde – Presidente, los ecologistas se hacen eco de una propuesta que nos ha llegado de jóvenes de este municipio y tiene como objetivo promover la instalación de puntos de estacionamiento de bicicletas en diferentes zonas como medida para fomentar la movilidad sostenible, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y avanzar hacia un modelo de ciudad más saludable y respetuoso con el medio ambiente

Se justifica la propuesta en el uso de la bicicleta como medio de transporte urbano que se consolidada como una alternativa eficiente, sostenible y saludable. No obstante, uno de los principales factores que limita su utilización es la falta de infraestructuras adecuadas como carriles bici y espacios seguros donde poder estacionar las bicicletas.

Razonan nuestros jóvenes informantes sobre la creación de puntos específicos de estacionamiento y su contribución a reducir el uso del vehículo privado, la disminución de emisiones contaminantes, a la vez que la mejora de la movilidad urbana en el municipio (peatones y ciclistas) y facilitando a las personas que no tienen vehículo motorizado, una posibilidad manifiesta de escoger este medio alternativo además del transporte público.

La creación de carriles bicis entre barrios mejorará la conexión segura para los ciclistas y peatones.

Exponen a su vez un razonado epígrafe de beneficios para el municipio y su ciudadanía como:

- Beneficios medioambientales: En caso de que dicha propuesta se efectúe y tenga éxito urbano contribuirá a la reducción de la contaminación atmosférica y acústica, promoviendo un entorno urbano más limpio y sostenible.

- Beneficios sociales y de salud: fomento de la actividad física y de hábitos de vida saludables entre la población.

- Mejora de la movilidad urbana: descongestión del tráfico y facilitación de desplazamientos cortos y medios.

- Impacto económico positivo: impulso al comercio local y bajo coste de implementación en comparación con otras infraestructuras de transporte.

- Imagen institucional: refuerzo del compromiso del Ayuntamiento de Telde con la sostenibilidad y el desarrollo urbano responsable.

- Beneficios de dinamización del comercio local, ya que las personas que se desplazan en bicicleta suelen realizar compras de proximidad, contribuyendo al desarrollo económico del municipio.

Los proponentes dan concreción a su solicitud aportando puntos para la instalación de estacionamientos de bicicletas en zonas estratégicas del municipio, tales como:

- Centros educativos: IES el Calero, CEIP Esteban Navarro, CEIP Gregorio Chil y Naranjo, IES Casas Nuevas, CIFP TELDE- Las Remudas, CEIP Príncipe de Asturias.

- Instalaciones deportivas y culturales: Parque de San Juan, bibliotecas municipales (Arnao, San Juan), cerca de canchas deportivas y centros deportivos públicos y privados. Plaza de San Juan, Plaza de San Gregorio, Zonas comerciales y de ocio: Playas de la costa Teldense ( Melenara, Salinetas, Playa del Hombre, la Garita), zonas comerciales y plazas públicas.

- Edificios públicos y administrativos: Servicio Canario de Empleo, bibliotecas, Centros de Salud (el Calero, las Remudas, San Juan). Ayuntamiento y sus oficinas municipales.Mercado municipal.

- Áreas con alta afluencia peatonal: Avenida marítima Teldense, gimnasios, parques.

- Farmacias

- Iglesias

Es legítimo que, en estos espacios, se solicite incorporar dentro de las rutinas de vigilancia de la policía local para evitar posibles hurtos, por lo que proponemos vigilancia con sistemas de alarmas en los puntos de estacionamiento de bicicletas.

Ya a modo de conclusión, la motivada implantación de puntos de estacionamiento de bicicletas en Telde representa una medida viable, económica y alineada con las políticas actuales de sostenibilidad y movilidad urbana; por ello el Ayuntamiento de Telde debe valorar positivamente esta propuesta y considerar su puesta en marcha como parte de su estrategia de mejora de la movilidad y la calidad de vida de la ciudadanía.

El propio expediente reconoce que el área constituye un Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI-42), pero las conclusiones del Documento Inicial Estratégico (DIE) parecen contradecir la condición de riesgo de este espacio, al afirmar que no se prevé una posible incidencia del cambio climático en los episodios de inundación durante el ciclo de planificación, lo que resulta temerario a la luz de los datos pluviométricos recientes y de la experiencia acumulada en la isla

La Federación Ecologista Ben Magec ha participado en el periodo de información pública de la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de El Veril (PMMIC-El Veril), en San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran Canaria.

El documento que ha presentado la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, del Gobierno de Canarias ha sido fuertemente contestado por esta Federación Ecologista al considerar que la evaluación ambiental carece de un análisis real y objetivo de alternativas, omitiendo la alternativa cero y minimizando los valores naturales y culturales del espacio. Ben Magec dice que el procedimiento presenta deficiencias jurídicas en la delimitación del dominio público y en la clasificación urbanística del suelo.

Para la Federación Ecologista el documento sometido a información pública pretende una reconsideración meramente formal del anterior PMM-1, anulado judicialmente, sin que se aborden de manera sustancial los elementos nucleares que motivaron su impugnación. El objetivo real del plan es la implantación de un parque acuático privado, disfrazado bajo denominaciones genéricas como “parque botánico” o “parque ambiental”, cuando en realidad existe una propuesta privada perfectamente definida y predeterminada por la entidad mercantil LORO PARQUE, S.A como sabe y le consta al Gobierno de Canarias. Esta circunstancia evidencia una falta de transparencia y de auténtica valoración de alternativas, así como una subordinación del interés público a intereses privados, en contra de los principios de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental y de la Ley 4/2017, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias.

Resulta especialmente preocupante que la administración pública, a través de un encargo directo a la empresa pública Gesplan, promueva una iniciativa de interés público secundario, en detrimento de la competencia de los profesionales independientes en materia de ordenación territorial, y en contra de recientes pronunciamientos que cuestionan este tipo de encargos directos.

Los riesgos de construir en cauces de barrancos

El ámbito de actuación del PMMIC-El Veril se localiza en el cauce público del Barranco de Buenavista-El Cañizo-La Maleza, zona que ha sufrido históricamente episodios de inundaciones graves, con importantes daños materiales y personales, como las inundaciones de 2000, 2001 y 2002. Los estudios aportados en el expediente minimizan el riesgo real de inundación, omitiendo la consideración de eventos extremos recientes y las tendencias asociadas al cambio climático, que han incrementado la frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales en Canarias y en el conjunto del Estado. La canalización propuesta, lejos de resolver el problema, puede agravar la situación al concentrar los caudales y aumentar la velocidad del flujo, incrementando el riesgo aguas abajo y comprometiendo la seguridad de personas y bienes.

El propio expediente reconoce que el área constituye un Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI-42), pero las conclusiones del Documento Inicial Estratégico (DIE) parecen contradecir la condición de riesgo de este espacio, al afirmar que no se prevé una posible incidencia del cambio climático en los episodios de inundación durante el ciclo de planificación, lo que resulta temerario a la luz de los datos pluviométricos recientes y de la experiencia acumulada en la isla.

Se omite, además, la consideración de la evolución reciente del clima, con episodios de lluvias extremas que han causado graves daños en otras regiones y en la propia isla, y que deberían servir de advertencia sobre la necesidad de extremar la precaución en la ocupación de cauces públicos.

Una deficiente evaluación de riesgos de inundación y afección al dominio público hidráulico

El Estudio reconoce –como se ha expresado anteriormente- la existencia de un Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI) en el ámbito, pero la solución propuesta se limita a la canalización del barranco y a la exigencia de informes sectoriales, sin un análisis detallado de la suficiencia de las medidas de prevención y adaptación al cambio climático, ni de la compatibilidad con la normativa de protección del dominio público hidráulico estatal y autonómico.

No se acredita la delimitación previa del dominio público hidráulico (DHP) ni la integración de la cartografía oficial de riesgos, lo que puede suponer una vulneración de la Ley de Aguas y de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Además, no se evalúan adecuadamente los efectos acumulativos de la urbanización sobre la capacidad de drenaje natural, ni se justifica la compatibilidad de la ocupación del cauce con la prevención de riesgos para personas y bienes.

El procedimiento presenta deficiencias jurídicas en la delimitación del dominio público y en la clasificación urbanística del suelo

Ben Magec, federación ecologista solicita en este periodo de alegaciones la retirada completa del documento toda vez que la evaluación ambiental carece de un análisis real y objetivo de alternativas, omitiendo la alternativa cero y minimizando los valores naturales y culturales del espacio. El territorio objeto del PMM-2-El Veril presenta una fragilidad ambiental y un riesgo de inundación que no han sido adecuadamente valorados ni gestionados en el expediente, lo que puede suponer un grave peligro para la seguridad de las personas y los bienes. Además existe una propuesta camuflada de alojamiento turístico de más de 470 camas nuevas, por lo que la ocupación del cauce público para una actividad de ocio y de alojamiento de gran afluencia resulta contraria a los principios de prevención y precaución que deben regir la ordenación territorial y ambiental en Canarias. Ben Magec, alegó en el sentido de la existencia de vicios sustanciales en el procedimiento de evaluación ambiental estratégica, en particular en los aspectos señalados, y se acuerde la suspensión o anulación del procedimiento hasta la subsanación efectiva, en cumplimiento de la legalidad vigente.

Los ecologistas de Turcón-EeA han participado en el trámite de sugerencias y alegaciones en relación con el documento del Segundo Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de El Veril, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana

El trámite se inició mediante el anuncio del 16 de diciembre de 2025, por el que se somete a información pública la documentación ambiental del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad del Sector Turístico El Veril.

Además de presentar un documento de más 30 folios con las sugerencias a la consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, también se han dirigido al MINISTERIO DE HACIENDA y a su dirección general de Patrimonio del Estado, toda vez que la pieza de suelo donde se está planificando corresponde a toda la ciudadanía ya que es patrimonio público. Según Turcón, insiste en la “interesada confusión respecto de la propiedad del espacio. Seguimos insistiendo en nuestra posición, respecto de la propiedad del suelo objeto de este PMM, tal como hemos manifestado en reiteradas ocasiones respecto del PMM1 El Veril, es una finca de Dominio Público con deslinde firme hace treinta años no puede ser discutida la propiedad”.

Interés del demanio y su competencia estatal

De la documentación urbanística y ambiental sometida a información pública se desprende la afección a bienes de titularidad estatal y/o a bienes de dominio público de carácter estatal (incluido el dominio público hidráulico), cuya gestión ordinaria en Canarias corresponde al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria (Cabildo), pero cuya titularidad y tutela última corresponde al Estado.

En su condición de órgano directivo competente en materia de gestión y defensa del demanio y patrimonio del Estado, Turcón se ha dirigido a al Ministerio, reclamando que esa Dirección General valore el interés directo del Estado en el expediente y, en su caso, impulse las actuaciones oportunas para salvaguardar sus derechos y bienes.

Cuestiones que requieren pronunciamiento y/o actuación de la Dirección General de Patrimonio del Estado

A la vista del expediente en información pública, Turcón solicitó a la Dirección General considere y, en su caso, se intervenga sobre las siguientes cuestiones:

Titularidad mayoritaria del suelo afectado, titularidad del estado.

Siendo pública la información de que el Estado ostenta derechos dominicales sobre una parte sustancial del ámbito sometido a evaluación/ordenación urbanística (Barranco el Veril/La Maleza, t.m de San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria) esa Dirección General debe comparecer expresamente en el procedimiento en su condición de titular del aproximadamente 70% de la superficie afectada, y en su caso, determinar cuál será su posición como Administración estatal durante la tramitación.

Ausencia de notificacion expresa a la Dirección General de Patrimonio del estado.- deber de notificación previa al titular mayoritario. tramitación del expediente como si de titular único se tratara

Dado el carácter de propietario mayoritario atribuido al Estado en el ámbito del barranco de el Veril (tm San Bartolomé de Tirajana, Gran Canaria), se insta a esa Dirección General a conocer si ha sido formalmente notificada del inicio y de los principales hitos del procedimiento, y, en su defecto, si considera procedente requerir al órgano sustantivo/ambiental la práctica de las notificaciones y trámites específicos que garanticen su participación efectiva.

Prevalencia del dominio público sobre eventuales titularidades privadas.

Se solicita que esa Dirección General intervenga en el expediente de evaluación ambiental sometido a información pública a fin de garantizar la prevalencia del dominio público (en particular, del dominio público hidráulico) en la totalidad o parte del ámbito, frente a eventuales alegaciones de titularidad privada sobre el mismo, y, en su caso, determine las medidas que propondrá para la defensa registral, catastral y posesoria de dichos bienes.

Canalización del barranco y autorizaciones sectoriales.-

Consta igualmente que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y el Consejo Insular de Aguas/GC habrían otorgado permisos para actuaciones de canalización en el cauce del barranco que atraviesa el ámbito del barranco de El Veril. A tal efecto, se insta a que valoren la compatibilidad de tales actuaciones con la titularidad estatal del dominio público hidráulico y, en su caso, si procede instar la revisión, condicionamiento o suspensión de dichas autorizaciones hasta garantizar plenamente la protección del dominio público y el cumplimiento de la normativa básica de aguas.

Ocupación del cauce en el contexto de riesgo climático e inundabilidad.-

A la luz de la evolución climática y de la planificación estatal de gestión del riesgo de inundación, se interesa conocer el criterio de esa Dirección General sobre la ocupación parcial del cauce y sus zonas de protección (servidumbre y policía), y si considera oportuno formular observaciones para reforzar la evaluación de riesgos, exigir alternativas de menor afección y/o incorporar medidas preventivas, correctoras y de restauración suficientes.

Finalmente, Turcón, manifiesta que este territorio discontinuo y de gran fragilidad como es el caso que nos ocupa, cuya naturaleza ha generado una geografía singular, compuesta de lomos y barrancos que desaguan en el mar y sobre los cuales la presión hacia su ocupación genera actuaciones de riesgo, la propuesta de ocupar el cauce con una actividad de gran afluencia de personas de todas las edades merece el reproche inicial porque parece una invitación al duelo posterior más que la prevención debida.

Un ejemplo de esta nefasta planificación es la perversa clasificación del suelo como aplicación de la Ley. Sin entrar en materia jurídica, nos parece inadecuada, por contraria a Ley, la recuperación de una categoría de suelo del PGO SBT´96 el Suelo Urbanizable no Programado que es una categoría ineficaz desde el TRLOTENC´00.

En resumen, Turcón-Ecologistas en acción solicita un pronunciamiento objetivo y neutral al Órgano Ambiental. En este sentido, y desde la necesaria observación técnica y jurídica que debe apoyar las decisiones asignadas al órgano Ambiental para su neutralidad y observación objetiva de los valores del espacio y de la seguridad de la ciudadanía, proceda a la devolución de este expediente para una mejor evaluación de sus efectos ambientales y sociales.