Estamos a las puertas de un nuevo curso universitario. El próximo miércoles día 17 tendrá lugar, en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el acto institucional de comienzo del curso académico 2025-2026. No sé si estaremos ante un evento meramente protocolario, con una importante representación de la sociedad grancanaria, que pasará de puntillas sobre los preocupantes déficits de las universidades públicas canarias

Me preocupa enormemente la situación de la ULPGC, en realidad la situación de las universidades públicas canarias. Este es el tercer artículo en el que analizo el momento de precariedad en el que viven. Las deficiencias críticas que padecen exigen que aproveche el momento del inicio del curso escolar para reiterar, con más fuerza si cabe que en las anteriores ocasiones, lo que he planteado públicamente defendiendo un cambio de rumbo por parte de las autoridades educativas en el trato a la ULPGC y la ULL. Para que el Gobierno de Canarias responda con sensibilidad y determinación a unas carencias que no pueden perpetuarse.

Quiero también que sea una llamada de atención y una demanda de compromiso a la sociedad civil que tanto luchó por conseguir una universidad pública para Gran Canaria desde el convencimiento de que juega un papel clave para el desarrollo social y económico de la isla. De cada una de las islas. Incluyo aquí a la Fundación Universitaria y al Consejo Social. También al profesorado, al estudiantado y al personal de administración y servicios. Nos incumbe a todos y a todas.

Nuestra Comunidad Autónoma es la competente en materia universitaria. Hace unos meses, sumándome a las peticiones de los rectores de las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna y de sus equipos de gobierno, solicité en tres ocasiones que se incrementara significativamente la financiación autonómica y que se abriera un periodo de diálogo para consensuar las nuevas leyes que se están discutiendo en el Parlamento de Canarias en relación con la investigación y la ciencia, evitando así una nueva fractura como la que se originó con la ley de consejos sociales. Desgraciadamente, nada ha cambiado desde que realicé ese llamamiento. Una foto el pasado jueves de los dos rectores, en franca camaradería con Fernando Clavijo, recibiendo un millón de euros del Gobierno de Canarias para estudios diversos, no nos puede distraer de esta realidad.

No podemos seguir a la cola de las universidades españolas en la menor inversión por alumno, muy por debajo de las recomendaciones de todos los organismos científicos estatales e internacionales. No podemos aceptar que la universidad grancanaria y la universidad tinerfeña carezcan de un marco económico a medio plazo. Para que las universidades públicas canarias puedan atender las demandas en docencia, investigación e infraestructuras que el momento reclama ha llegado la hora de que la enseñanza superior se convierta en una prioridad de la política de nuestro gobierno. Es una decisión imprescindible para ganar el futuro o lo vamos a lamentar durante décadas. Quedarnos fuera de los grandes circuitos de la investigación y la innovación condenará a Canarias a ser una sociedad dependiente y subalterna de forma permanente.

Los cambios tecnológicos, la complejidad de los programas de investigación, las demandas sociales y empresariales y la competitividad en la oferta universitaria pública, exigen desde hace años una mayor dotación de la que nuestras universidades reciben. Este desfase en inversiones se va acumulando y supone una losa que nos aleja de los puestos de la excelencia que Canarias necesita para afrontar los retos de la globalización y el desarrollo socioeconómico sostenible. Tengo la impresión de que el gobierno, y parte de los sectores más influyentes de nuestra sociedad, no son conscientes de la repercusión que una buena docencia y una buena investigación universitarias tienen en la conformación de una Canarias de progreso, innovadora y cohesionada socialmente.

Nuestra situación geográfica, el modelo económico excesivamente dependiente del turismo, el retraso sociocultural que sufrimos especialmente durante la dictadura y la limitación de recursos naturales de los que disponemos, exige que apostemos decididamente por el talento, por la formación de nuestra gente, por la investigación y por la innovación. Y la herramienta para conseguir esos objetivos y mantenernos en el concierto internacional es la formación superior. Esa necesidad, repito, la entendió toda nuestra sociedad cuando salió a la calle a reclamar una universidad plena para Gran Canaria. Hemos recorrido un camino de éxito y ahora no les podemos fallar. Ni podemos permitir que falle.

La economía azul, la biotecnología, las energías renovables, las ciencias de la salud, el turismo o la economía de los cuidados, son áreas donde las universidades canarias son punteras y tienen cuadros, trayectoria y capital acumulado para ser foco de atracción y a la vez contribuir al progreso mundial de la ciencia. Reclamo con la mayor energía y convicción posible que el Gobierno de Canarias responda con responsabilidad a esta reclamación que hacen las universidades públicas y que hoy también comparto como presidente del Cabildo Gran Canaria.

Las universidades canarias atraviesan uno de los peores momentos de su historia, justo cuando están en condiciones de ofrecer sus mejores frutos porque hay equipos consolidados y programas experimentados con buenos resultados. Y reconozco que desgraciadamente este mal momento en las universidades públicas no es exclusivo de Canarias. Se están produciendo recortes presupuestarios y reformas financieras en muchas comunidades españolas, en realidad en muchos países europeos con gobiernos conservadores, con el objetivo de debilitar el sistema universitario público. Coincide con el gran cuestionamiento de la libertad de investigación y docencia en las universidades que promueven las políticas neoliberales capitaneadas por Donald Trump en EEUU y que imita Isabel Díaz Ayuso en Madrid. O la Francia de Macron, donde se ha creado un observatorio para controlar “derivas ideológicas” en la academia.

Me interesa destacar que estas medidas de recorte económico no son decisiones aisladas o producto de restricciones presupuestarias coyunturales porque justamente en este momento no pasamos por un momento de contracción presupuestaria. Por el contrario, forman parte de una estrategia global para controlar, limitar y debilitar las universidades públicas.

Y se actúa de manera parecida en todos los lugares: se desgasta la autonomía universitaria limitando sus recursos y reduciendo la financiación pública, se potencia a las privadas con mayor capacidad económica y de movimiento, se controla, con órganos superpuestos o con competencias añadidas, a los consejos sociales para orientar su actividad y facilitar su control político o económico externo o se desmotiva al personal docente y al alumnado, entre otras acciones.

Sin ningún rubor, estas políticas pretenden socavar el prestigio de la ciencia, de la libertad de investigación y el pensamiento crítico que, fundamentalmente, se generan en los ambientes universitarios donde el debate, la movilización social y la libertad de creación son sus señas de identidad. Tenemos varios ejemplos que confirman lo que decimos. La presión que se está haciendo desde la administración de Trump sobre universidades americanas prestigiosas como Harvard, Columbia o Brown por sus denuncias del genocidio que comete Israel, o su posición sobre el cambio climático o sobre la inmigración resultan escandalosas e inconcebibles en una sociedad que se reconoce democrática. En Francia Le Pen y Macron hablan de que sus universidades públicas promueven el “multiculturalismo radical”. En España PP y Vox hablan de las universidades como centros de adoctrinamiento ideológico.

La globalización está favoreciendo que una ola conservadora se extienda en todas las sociedades y presione para que las políticas se imiten y se copien. Y para encontrar coartadas para este debilitamiento se ponen en marcha campañas de desprestigio y descrédito de personalidades o programas académicos progresistas que generan desconfianza y desconcierto en la población menos informada. Estamos ante una acción sincronizada mundialmente mediante la que los sectores económicos y políticos conservadores pretenden avanzar e influir en un espacio como el del pensamiento, la ciencia y la universidad de manera sectaria. Al mismo tiempo, se criminaliza la protesta y la acción reivindicativa del estudiantado, llegando a definirlos como radicales por el simple hecho de discrepar democráticamente de la posición política conservadora.

Lo que está ocurriendo en Canarias parece un reflejo de ese movimiento español y mundial que pretende promover la privatización de las universidades ante la desconfianza que genera el debate y el posicionamiento democrático de las universidades públicas. La situación crítica de las universidades canarias coincide con este movimiento de debilitamiento del espacio universitario público. Los partidos conservadores que sustentan el actual gobierno de Canarias no están interesados en responder a esta justa y urgente demanda, pero las consecuencias en nuestra sociedad desbordan el debate democrático y se convierte en un asunto de país, de supervivencia de nuestra sociedad canaria y de garantía de la igualdad de oportunidades.

En una sociedad donde las ratios de desigualdad siguen siendo graves y con unos niveles de renta limitados, la pervivencia de las universidades públicas que garanticen el acceso de todas y de todos a la formación es un asunto capital para quienes aspiramos a una sociedad cohesionada en la que nuestra gente joven pueda quedarse a vivir con derechos y calidad.

De nuevo ha llegado la hora de defender las universidades públicas que tanto necesitamos. La apertura del nuevo curso universitario es un buen momento para reflexionar sobre ello. Todo mi apoyo como presidente del Cabildo de Gran Canaria a la asociación que promueven en estos momentos las dos universidades públicas canarias, con un respaldo detrás de casi cuarenta y cinco mil personas, para defender sus intereses, los intereses de la ciudadanía canaria.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

La capacidad de transformación de una sociedad se mide, en gran medida, por la cualificación de sus ciudadanos y por las oportunidades que sus instituciones son capaces de garantizarles. La educación es la base sobre la que se construye el progreso colectivo, porque de ella depende no solo el futuro individual de cada joven, sino también la fortaleza del tejido social y económico de toda la comunidad

En Canarias, este mes de septiembre más de 236.000 alumnos y alumnas han regresado a las aulas para continuar su formación en las diferentes etapas educativas. Sin embargo, debemos ser realistas: no todos lo hacen en igualdad de condiciones. La condición archipielágica, y muy especialmente la doble insularidad, sigue generando diferencias que afectan al acceso a las mismas oportunidades formativas. Esta es, todavía hoy, una barrera que debemos superar si de verdad queremos hablar de cohesión territorial y justicia social.

Es justo reconocer que en los últimos años se han dado pasos significativos. Cada isla cuenta con una oferta educativa más amplia y con mayores recursos, lo que constituye una base sólida sobre la que seguir construyendo. En La Gomera, por ejemplo, hemos inaugurado recientemente el nuevo Centro Integrado de Formación Profesional, donde cerca de 260 estudiantes cursan ya una veintena de cursos. Este centro representa un auténtico hito para la isla, al ofrecer una formación más diversificada, moderna y competitiva.

Pero el verdadero desafío es que esta formación esté alineada con las necesidades reales del mercado laboral. La Gomera requiere profesionales en sectores estratégicos como las energías renovables, la atención sociosanitaria, el turismo sostenible o las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión pública y empresarial. Si logramos que la oferta formativa se adapte a estas demandas, estaremos dando un paso crucial para fijar población en la isla, reducir la dependencia exterior y garantizar un desarrollo equilibrado.

Sin embargo, no podemos obviar una realidad: muchas familias gomeras continúan soportando sobrecostes elevados cuando sus hijos deben desplazarse fuera de la isla para continuar sus estudios. Hablamos de gastos de alojamiento, manutención, transporte o materiales que, en muchos casos, suponen un esfuerzo enorme y desproporcionado en comparación con otras familias del archipiélago.

El Ministerio de Educación y el Gobierno de Canarias han articulado becas con complementos específicos para atender estas situaciones. Son medidas positivas y necesarias, pero insuficientes. Por eso, desde hace más de 15 años, el Cabildo de La Gomera ha desarrollado un programa de apoyo directo a los estudiantes que beneficia a unos 800 jóvenes cada año. Se trata de una inversión sostenida en el tiempo, que ha ido creciendo en cuantía y que volverá a incrementarse en la nueva convocatoria.

La realidad económica nos recuerda que el coste de la vida se ha encarecido de forma considerable en los últimos años. Por eso, el Cabildo ha hecho un esfuerzo adicional destinando 2 millones de euros a una batería de medidas que incluyen becas al estudio, ayudas para libros de texto, transporte de estudiantes y convenios con las universidades públicas canarias. No se trata de iniciativas aisladas, sino de una planificación coherente que persigue un mismo objetivo: garantizar que ningún joven gomero se quede atrás por falta de recursos.

Invertir en educación no es un gasto, sino la mejor apuesta de futuro que puede hacer una sociedad. Y en territorios como el nuestro, donde la doble insularidad condiciona tanto la vida cotidiana, esta inversión adquiere un valor estratégico. Estamos hablando de igualdad real, de justicia territorial y de cohesión social.

Nuestro reto es claro: avanzar hacia una Canarias de iguales, en la que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades, vivan en la isla que vivan. No podemos permitir que las condiciones geográficas se traduzcan en limitaciones vitales. La igualdad educativa debe ser la palanca que nos permita construir un archipiélago más fuerte, más justo y más preparado para afrontar los desafíos del futuro.

Porque solo desde la igualdad en las aulas podremos aspirar a una igualdad plena en la sociedad. Y ese es el camino que debemos recorrer juntos, con la convicción de que el derecho a la educación no puede estar condicionado por el lugar en el que uno nazca, sino garantizado en toda su extensión, en cada rincón de Canarias.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

El Pino nos convocó para ofrecernos un espacio de encuentro y de afirmación de nuestro sentido de pertenencia. Es como un volver al principio. La fiesta mayor de Gran Canaria parece que nos hiciera empezar un año nuevo. Dejamos atrás el verano y de esta manera envolvente, colectiva nos aprestamos a iniciar un nuevo curso educativo, político o laboral. Es un momento profundamente identitario en torno a la isla, la devoción religiosa, la memoria colectiva, los valores y las tradiciones culturales que nos definen.

Acudimos para celebrar, pero también para renovar el compromiso de seguir apostando por los grandes valores que han hecho de esta tierra una referencia y un lugar de atracción para quienes aquí nacimos o elegimos vivir. Somos gente solidaria que busca que todas las personas vivan con dignidad y en igualdad de condiciones. La determinación y el coraje han permitido que superemos los grandes desafíos que a lo largo de la historia hemos afrontado. Nos gusta innovar, estar en la vanguardia tanto de la ciencia, de la técnica como del arte y la cultura y apreciamos y cultivamos la canariedad como seña de identidad que nos hace originales en el gran concierto de las sociedades modernas. Acudimos a Teror para afianzar estas raíces que nos han hecho crecer.

Tenemos futuro porque tenemos historia. Un golpe de viento quebró la calma en la espesura aquel 3 de abril de 1684. Fue el primer aviso de un vendaval que no tardó en hacer temblar la arboleda con su aullido. Tumbó matos, malogró cosechas, echó por tierra algún muro y techumbre que se sostenían en precario equilibrio, como un milagro cotidiano. Tampoco pudo resistir su ímpetu el majestuoso pino canario de más de cuarenta metros de altura donde, según la tradición, hizo su aparición la Virgen del Pino.

Se cuenta que volcó sin estrépito, en lento adiós, sabedor de su inmortalidad, con la dignidad de las entidades llamadas a pervivir en la memoria de los pueblos. Cayó el árbol. Pero persiste el sentimiento de comunidad que se construyó durante siglos a sus pies y que constituye un elemento esencial de la identidad de Gran Canaria.

Hoy soplan con fuerza otros vientos. Y comprobamos a diario que resultan más amenazadores. Vienen de lejos, desde los cuatro puntos cardinales, arrastrando sombras y malos augurios. Barren el mundo entero y pretenden derribar valores y avances sociales que ha costado décadas e incluso siglos conseguir. Quieren sustituir las raíces a partir de las cuales ha ramificado una sociedad insular abierta, solidaria, unida y progresista por simientes de odio, retroceso y división.

En este contexto, creo pertinente que nos hagamos una pregunta, a la vez íntima, colectiva y universal. ¿Qué supone caminar hacia Teror? Una respuesta es que equivale a perpetuar y representar un contrato social que nos une como pueblo por encima de los intentos de polarización, con la resina de la empatía, la búsqueda de oportunidades compartidas, el respeto mutuo y la solidaridad. Hoy nos toca defender estos valores que han brotado naturalmente a lo largo de la historia del interior del tronco de la sociedad grancanaria, tan aguerrida como el propio pino canario.

Así caminamos, en viva alegoría de lo que caracteriza a nuestra isla. Cada persona viene desde su barrio, su pueblo, su loma, su barranco, su enclave costero. Proceden de distintas realidades sociales y sin duda ideológicas. Pero el destino es el mismo, como lo es la sensación generalizada de formar parte de un acontecimiento y un sentimiento común que desborda ampliamente los límites del egoísmo. Seguimos hoy una senda centenaria en la que celebramos lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser. Y debemos seguir haciéndolo, dejando huella, para que el rastro a seguir no se confunda en la maleza que crece a su alrededor.

La edición de 2025 del Pino encarna un año más la mezcla atlántica de tradición, innovación, integración y emoción que caracteriza a Gran Canaria. Y es sobre todo una expresión de unidad que se plasma de manera gráfica en la llegada de carretas procedentes de todos los municipios, junto a la del Cabildo, esta vez con una ofrenda para la ‘Madre Tierra’, como agradecimiento campesino por las cosechas. Esa imagen de unión nos sirve de inspiración en la coordinación de políticas para afrontar los grandes retos de la isla, así como del conjunto de acciones que mejoren la vida de la población con el liderazgo del Cabildo. Cualquier dispersión sería un grave error que nos debilitaría. Curiosamente, este sentido de la importancia del grupo, de la isla, está presente en las crónicas históricas. También el llamado ‘Libro de los Milagros de la Virgen del Pino de Teror’ se centra en los episodios que proporcionaban un bien generalizado.

La historia es una urdimbre. Un telar en labor permanente. Sobre todo, en el caso de Gran Canaria, una trapera milenaria a la que seguimos añadiendo nuevas y coloridas piezas. Por eso resulta tan pertinente la muestra ‘Los hilos del ayer’ organizada en el contexto de la fiesta por el Cabildo. Igualmente, el Pino es encuentro y reflejo de la condición de la isla como puente entre culturas. El XXXIII Festival Folclórico acoge manifestaciones musicales de Gran Canaria, Tenerife, La Graciosa y El Hierro. La grandeza que emana del pequeño timple en el primer pasacalle que se celebra en Canarias de este instrumento muestra a la perfección que el archipiélago necesita una voz propia, socialmente comprometida, que suene con claridad para reclamar derechos y alzarse en espacio de diálogo, sostenibilidad y progreso social. Mientras, el Certamen Teresa de Bolívar concitará voces y sones de ambas orillas en memoria de la mujer del Libertador de América, nieta de una familia de Teror. Del otro lado del tiempo y del océano, en una ola que ayuda a despejar la orilla, resuenan las palabras de Simón Bolívar cuando señaló que la patria compartida por las personas de honor es “proteger los derechos de los ciudadanos y respetar el carácter sagrado de la Humanidad”.

Todo esto y mucho más es el Pino. Un manantial invisible cuyo caudal riega nuestras aspiraciones, igual que lo hizo la fuente de agua situada en la base del árbol mágico. Por eso el Cabildo estuvo en el origen de la Romería Ofrenda y en la actualidad es parte esencial de la organización del programa de actos de la mano del Ayuntamiento de Teror. La fiesta nos brinda además la oportunidad de renovar la fe en la comunidad y en los objetivos comunes.

Pasarán los festejos. Regresará el discurrir cotidiano. Pero aquel pino que cayó sin caer continuará proporcionando sombra, con un influjo donde prevalece el sentimiento de unión, en el sentido más profundo de la palabra, aquel que sitúa el bien común y la cohesión social en lo más alto, sobre la espadaña del templo. Esta premisa marca y define el proyecto de Ecoísla que impulsa el Cabildo con convicción, resultados y objetivos inaplazables para avanzar en las soberanías hídrica, alimentaria y energética, el progreso sostenible compatible con la protección del medio ambiente y, sobre todo, de las personas, especialmente de las que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y a las que debemos acompañar. Sostenibilidad medioambiental, social y económica, plena inclusión, innovación, ciencia, diversificación económica, justicia social, paz, derechos humanos, derecho internacional, igualdad, libertad. Nadie puede quedar atrás. Y menos en este camino.

El mito del agua que fluía de la base del pino fabuloso entraña el desvelo de toda una isla, que buscó en sus profundidades la que no caía del cielo. Sí, agua, proyectos, ilusiones, esperanza y progreso frente al barrizal que quieren extender quienes en lugar de propuestas de mejoría social solo aportan negatividad y destrucción social agitando la xenofobia, el rencor y la mentira. Usan sin reparo la desgracia ajena para levantar sus púlpitos, con escaso éxito en la isla, pero sin que esto deba hacer que bajemos la guardia. La verdadera fe, los buenos sentimientos y la tradición abierta de Gran Canaria son nuestra fortaleza frente a estas corrientes retrógradas. También la resiliencia de nuestra gente, la misma que hizo que rescataran parte del árbol caído para tallar la Cruz Verde y mantener en pie lo realmente crucial: la creencia, la lucha, la conexión, el símbolo.

Solemos referirnos a estos tiempos como tormentosos. Y lo son. Quiero finalizar recordando otra leyenda, la del marinero que aseguró haber salvado la vida en una tormenta en alta mar tras apaciguar las aguas lanzando al mar una piña recogida en el lugar donde había aparecido la Virgen del Pino, según el relato rescatado por el historiador Gustavo Alejo. Volvamos a lanzarla al océano. Y no abandonen el camino. No retrocedan. Mantengan sus principios en pie. No caeremos. No callaremos.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

El inicio de este curso político ha parecido más una disputa de gallinero que una oportunidad para cimentar consensos. La confrontación partidista en torno a la propuesta de condonación de la deuda ha acaparado titulares y debates, relegando a un segundo plano lo más importante: los intereses de los más de 2,2 millones de canarios y canarias, que esperan de sus representantes a nivel nacional altura de miras, no un espectáculo de enfrentamiento permanente

No se trata de buscar culpables de la crispación que vivimos en España. Se trata de reflexionar, con serenidad, sobre lo que está en juego para Canarias y su futuro. La propuesta de quita de deuda —que permitirá a las comunidades autónomas decidir si se acogen o no a este mecanismo— debe analizarse desde lo que realmente necesita el Archipiélago. No desde las trincheras partidistas, sino desde la unidad de acción política.

En términos generales, la condonación es una medida positiva: supone un alivio financiero que puede convertirse en palanca de desarrollo y mejorar la vida de la ciudadanía. Sin embargo, en el caso de Canarias, las condiciones actuales de la propuesta son insuficientes. Precisamente por ello, el trámite parlamentario del Proyecto de Ley debe entenderse como una gran oportunidad para el consenso y la unidad de todos los canarios.

No basta con aceptar los 3.249 millones de euros previstos. Canarias debe reclamar con firmeza y serenidad los casi 5.000 millones que realmente le corresponden. Esta no es una reivindicación partidista, sino una causa común: defender los intereses del Archipiélago desde la unidad, porque solo así se garantizará un trato justo y equilibrado.

Al mismo tiempo, Canarias encara otro reto decisivo: la reforma del sistema de financiación autonómica. El crecimiento demográfico y la presión sobre los servicios públicos esenciales —sanidad, educación y políticas sociales— exigen máxima vigilancia y una posición firme ante una posible ruptura con el principio de solidaridad de este mecanismo.

El Estado, en ocasiones, ha confundido el Régimen Económico y Fiscal (REF) con la financiación autonómica, poniendo en riesgo la singularidad reconocida de Canarias. Ante ello, la respuesta no puede ser la confrontación estéril, sino la fortaleza institucional, la unidad y la responsabilidad colectiva.

Hoy más que nunca, Canarias necesita voces que unan, no que dividan. La condonación de la deuda debe entenderse como un punto de partida, no como una meta final. Es la ocasión para demostrar que, por encima de cualquier diferencia, los canarios y sus representantes son capaces de actuar juntos en defensa de su tierra.

Con serenidad, con firmeza y con visión de futuro, este proceso puede transformarse en una auténtica conquista colectiva para el presente y las próximas generaciones de las islas.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

Imagino a menudo esta isla hace más de quinientos años. La brisa salada del mar, las velas desplegadas al viento, los sueños que partían desde nuestras costas hacia lo desconocido. La Gomera fue entonces puerto de despedidas y de esperanza, y hoy sigue siendo un lugar desde el que tender puentes hacia el mundo. Esa es, precisamente, la esencia de las Jornadas Colombinas: no quedarnos atrapados en el bronce de la historia, sino usarla como espejo para interrogarnos sobre nuestro presente

Vivimos tiempos convulsos. Europa sangra en Ucrania, Gaza clama entre ruinas, y millones de seres humanos huyen del hambre, de las guerras, de la exclusión. Los organismos internacionales muestran su fragilidad, incapaces de responder a la altura de la dignidad humana. Ante esa realidad, no podemos callar ni resignarnos. La paz no es un lujo, no es una utopía distante: es pan en la mesa, escuela abierta, trabajo digno, seguridad para que ningún niño crezca bajo las bombas.

En este contexto, he querido subrayar la importancia de voces valientes, de hombres y mujeres que, como Josep Borrell, no teman llamar a las cosas por su nombre. Él ha recordado a Europa su deber de actuar y ha denunciado la barbarie que asola al pueblo palestino. Esa coherencia, ese compromiso, son ejemplo de lo que significa ser ciudadano del mundo.

Pero hablar de paz también nos obliga a mirarnos a nosotros mismos. En Canarias sabemos lo que es emigrar, y también lo que es recibir a quienes llegan buscando refugio. Lo hacemos no por caridad, sino por justicia. Ningún ser humano vale menos que otro. Por eso necesitamos más cooperación del Estado y de Europa, y también el cumplimiento real de la ley por parte de todas las comunidades autónomas.

Cuidar la paz significa, asimismo, cuidar de nuestra tierra. Canarias es una comunidad singular: alejada, fragmentada, dependiente del exterior. Por eso exige reconocimiento y apoyo decidido. Apostar por la educación, la sanidad, la vivienda, la cultura, la diversificación económica y un sistema de financiación justo no es un capricho, es una condición de paz social. Porque no habrá paz sin igualdad de oportunidades ni sin respeto a la dignidad de las personas.

Hay que rechazar la política del insulto y de la división. El camino debe ser el diálogo, el pacto, el acuerdo, el respeto mutuo. Así es como Canarias ha sabido avanzar y así debemos seguir haciéndolo.

La paz también requiere valentía para transformar la política internacional. No podemos permitir que la indiferencia o los intereses económicos pesen más que la vida humana. La diplomacia y la cooperación deben volver a ser herramientas eficaces, no meros discursos. Europa tiene que estar a la altura de su historia y de su responsabilidad, y Canarias, como frontera sur, tiene un papel estratégico para recordar al continente que la humanidad no tiene fronteras cuando se trata de defender la vida y la dignidad.

Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que la paz está ligada a la sostenibilidad. No habrá un futuro pacífico si seguimos destruyendo nuestro planeta, agotando sus recursos y condenando a generaciones enteras al desarraigo climático. Canarias, por su fragilidad insular, es un laboratorio de lo que puede ocurrir si no reaccionamos a tiempo. Apostar por las energías limpias, por la gestión responsable del agua, por un turismo sostenible y por una economía diversificada es también apostar por la paz, porque significa garantizar bienestar y seguridad para quienes vienen después de nosotros.

Hoy, desde La Gomera, como hace siglos, volvemos a tender puentes. Entre continentes, sí, pero también entre ideas, culturas y generaciones. Ese es el mensaje que queremos lanzar al mundo desde estas Jornadas Colombinas: un mensaje de paz.

Cada 8 de septiembre, la Villa Mariana de Teror se convierte en el corazón devoto de Gran Canaria. Multitudes de fieles acuden a honrar a la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis, en una jornada donde lo religioso y lo popular se entrelazan en un mosaico de fervor, tradición y orgullo insular. Entre los muchos elementos que conforman esta celebración, uno de los que mayor simbolismo despierta es la participación de las Fuerzas Armadas

No se trata únicamente de una presencia protocolaria. El desfile de militares, la escolta al paso de la Virgen, la interpretación de himnos y la solemnidad del uniforme en un contexto religioso hablan de algo más profundo: del vínculo entre la institución castrense y la identidad del pueblo canario. El soldado que rinde honores en Teror no solo representa al Estado, sino también al hijo de estas islas que, en su servicio, enlaza la disciplina de los cuarteles con la espiritualidad de su gente.

Las Fuerzas Armadas en Canarias no son un cuerpo ajeno ni distante. Están presentes en la historia reciente de la isla, en la defensa de nuestra tierra, nuestras costas y nuestros cielos, en el auxilio durante emergencias y catástrofes, en la participación en misiones internacionales donde Canarias ha aportado hombres y mujeres que también llevan consigo la memoria de su tierra. Su presencia en la festividad del Pino es, por tanto, un recordatorio de ese doble compromiso: el servicio a la nación y la cercanía con la sociedad a la que pertenecen.

No obstante, conviene reflexionar sobre el alcance de esa participación. En un tiempo donde lo religioso se ve a menudo desplazado por lo estrictamente civil, la imagen de militares rindiendo honores a la Virgen puede generar debate. ¿Es solo tradición o es un gesto de confesionalidad? Algunos lo ven como una inercia del pasado, mientras que otros lo interpretan como un reconocimiento a la fe mayoritaria que sigue latiendo en el pueblo canario.

En mi opinión, la clave está en no reducir este gesto a un simple ritual vacío. La participación de las Fuerzas Armadas en Teror debe leerse como un símbolo de arraigo, de identidad y de respeto a las tradiciones de un pueblo que, más allá de sus creencias individuales, reconoce en la Virgen del Pino un punto de unión. El uniforme, la fe y la tradición juntos en la plaza de Teror, no son una imposición, sino un abrazo entre dos realidades que forman parte inseparable de nuestra historia colectiva.

Quizás en un futuro la sociedad reclame nuevas formas de representación, y habrá que estar atentos a esos cambios. Pero mientras tanto, el paso firme de los militares en Teror cada 8 de septiembre seguirá recordándonos que las Fuerzas Armadas no solo defienden fronteras, sino que también comparten con su pueblo los momentos de fe, emoción y memoria. Y esa es, en sí misma, otra forma de servicio.

El último proceso de estabilización docente en Canarias nació, en teoría, para arreglar un problema serio: nuestras altísimas tasas de interinidad. La Unión Europea metió presión, obligando a reducirlas de golpe, y el Estado puso sobre la mesa un plan “extraordinario” para hacerlo. Sobre el papel parecía el inicio de una buena noticia, pero la verdad es que en el archipiélago se convirtió en un despropósito anunciado

El Gobierno de Ángel Víctor Torres, del PSOE, fue el primero en mover ficha, y no lo hizo con cuidado, sino a lo grande: unas 2.000 plazas de golpe en el concurso de méritos, más o menos el mismo número que el resto de comunidades juntas. Mientras otros territorios protegían a su profesorado interino con convocatorias más moderadas, aquí se abrió la puerta de par en par. Y sí, muchos pensamos que no fue inocente, que era un guiño a Pedro Sánchez para ir allanando un futuro en Madrid, aunque eso significara dejar vendidos a cientos de docentes canarios.

Y ya el conejo me esriscó la perra: miles de aspirantes de fuera del Archipiélago vieron en Canarias una oportunidad fácil, con un concurso y una oposición extraordinaria sin pruebas eliminatorias, tal y como marca el Real Decreto estatal. El resultado final: más de la mitad de las plazas fueron para gente que nunca ha trabajado aquí. Gente que nunca se leyó el currículo educativo de Canarias, que no saben cómo es el entorno del alumnado del archipiélago, vamos, que ni saben quién fue Artemi Semidán o Bencomo. La Consejería intentó frenar el golpe retrasando su incorporación hasta el curso 25/26, pero el daño está hecho, y en la adjudicación de destinos del próximo curso muchos interinos canarios se han visto desplazados. Gente que llevaba varios años en Fuerteventura obligados a trabajar en otra isla, o que directamente no obtuvieron ninguna vacante, y lo mismo pasará con los sustitutos, es una efecto dominó que va perjudicando a los que están abajo.

Y lo que más duele es que había formas muy simples de haber evitado parte del problema. Bastaba con exigir que la inscripción fuese presencial para quienes quisieran presentarse en Canarias, un filtro mínimo que habría ahorrado esta avalancha y protegido el empleo local. Pero no se hizo, y ahora pagamos todos la factura.

Esto no es nuevo. En 1977, en plena Transición, el Ministerio convocó unas oposiciones que podían expulsar a miles de maestros interinos de las islas y llenar nuestras aulas con profesorado recién llegado de la Península, sin vínculo con la realidad canaria. La reacción entonces fue contundente: boicot, encierros, manifestaciones, y una negociación que acabó con una vía excepcional para estabilizar al profesorado de aquí. Aquello no solo salvó empleos, también defendió un modelo educativo con raíces en nuestra tierra.

La diferencia entre entonces y ahora no es la amenaza, que es casi calcada, sino la respuesta. En 1977 se actuó antes de que el daño fuera irreversible, se entendió que la escuela no es un simple lugar donde se da clase, sino un espacio que transmite cultura, identidad y compromiso con la comunidad. Hoy, en cambio, vemos cómo se permite que la marea entre, y solo después de darse cuenta del desastre, intentaron pararla, pero con un balde.

Algunos se excusan diciendo que “la ley venía de Madrid” o que “la UE obligaba”, pero lo cierto es que otras comunidades demostraron que había margen para proteger a su gente. Aquí, en cambio, se optó por las prisas, por la foto, por la política de escaparate, y ahora las consecuencias las sufren quienes llevan años en las aulas.

La educación en Canarias no es un servicio cualquiera, es un bien común, un patrimonio que se construye con estabilidad y con gente que conoce y vive la realidad de las islas. En 1977 lo supimos defender y lo conseguimos, en 2024 reaccionamos tarde y con resignación… y es que cada vez que bajamos la guardia, perdemos nuestros derechos.

La comunidad educativa parece adormilada, esperando que las cosas se arreglen solas, pero nada se arregla solo, si queremos una escuela pública fuerte, con arraigo y continuidad, toca despertar. Porque si no salimos a la calle a defender lo nuestro, otros decidirán por nosotros… y no será precisamente para mejorar.

Hace 533 años, tres puntos del Atlántico —La Gomera, Huelva y el continente americano— quedaron unidos por una gesta que cambió la historia de la Humanidad. Fue desde Palos de la Frontera que Cristóbal Colón emprendió un viaje sin retorno hacia lo desconocido, haciendo escala en San Sebastián de La Gomera, donde halló el último puerto europeo antes de descubrir el entonces llamado Nuevo Mundo. Lo que fue una proeza náutica de dimensiones impensables, se convirtió también en el origen de unos lazos culturales, humanos y patrimoniales que perduran hasta hoy

Esta semana, al presentar la XXI Regata Palos - La Gomera, reafirmamos ese vínculo. La prueba náutica, que partirá desde la costa onubense el próximo 30 de agosto, no sólo rememora aquella travesía de 1492, sino que reinterpreta su espíritu en clave contemporánea: con el valor de la hermandad, el entendimiento y el compromiso común entre territorios separados por el mar, pero unidos por la historia.

En un mundo donde a menudo la división impone su relato, esta regata se convierte en una metáfora poderosa de lo que podemos alcanzar si navegamos juntos, si dejamos que el viento del respeto, la cultura compartida y la cooperación impulse nuestras velas. Huelva y La Gomera no son hoy meros puertos de salida y llegada: son símbolos vivos de una conexión que ha resistido guerras, cambios geopolíticos, revoluciones tecnológicas y transformaciones sociales.

La historia ha querido que estas dos tierras sigan unidas por el Atlántico y por una memoria común. América, por su parte, se suma a este triángulo de afectos y herencias, como la orilla que completó aquel viaje y que, con el tiempo, compartió con nosotros su lengua, su música, su gente y su espíritu.

Este año, además, las Jornadas Colombinas que se celebrarán en San Sebastián de La Gomera el próximo 6 de septiembre nos invitan a una reflexión profunda sobre el reto de la paz en el mundo. Qué mejor escenario que este cruce de civilizaciones y culturas, que este rincón del planeta donde la historia nos enseñó que el diálogo y la valentía abren horizontes. La paz es el puerto más difícil de alcanzar, pero también el más necesario. Y como en cualquier travesía, el primer paso para lograrlo es zarpar juntos, desde el entendimiento.

Por eso, iniciativas como la Regata Palos - La Gomera no deben quedarse solo en lo deportivo o lo conmemorativo. Son actos de reafirmación. De compromiso con nuestra historia y con el porvenir. De construcción de una sociedad que necesita más que nunca mirar al otro con serenidad, tender puentes y entender que el progreso solo es posible desde la unidad.

Hoy, desde La Gomera, lanzamos al mar este mensaje de unidad. Que las velas de la regata lleven consigo no solo el recuerdo de Colón, sino también el anhelo de un mundo mejor, más fraterno y justo. Y que cada milla náutica recorrida sea un paso más hacia ese horizonte común.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

De Jumilla a toda España, la doble vara de medir en materia religiosa amenaza la convivencia que decimos defender

La reciente polémica surgida en Jumilla, donde se ha prohibido la realización de ciertos ritos religiosos en espacios públicos, ha encendido un debate que, por desgracia, conocemos demasiado bien: la indignación selectiva.

Hoy, quienes acusan de islamofobia a las autoridades locales por impedir la celebración de estos actos son, en buena medida, los mismos que, hace apenas unos años, exigían la retirada de cruces de las plazas y calles de los pueblos de España, la eliminación de imágenes religiosas cristianas de los edificios públicos y la prohibición de montar belenes en los colegios. Entonces, no se hablaba de “cristianofobia”. Entonces, la palabra libertad sonaba distinta, con un eco más estrecho y, quizá, más cómodo.

Lo preocupante no es que se defienda la libertad de expresión o de culto -algo esencial en una sociedad democrática-, sino que se haga de forma interesada, aplicando el principio sólo cuando favorece a “los nuestros” o a “nuestra causa”. La libertad no es un traje a medida, es un derecho universal, y su valor se desmorona cuando se utiliza como arma arrojadiza.

En el fondo, esta polémica no es nueva. Cambian los actores, cambian los símbolos, pero persiste la tendencia a ver en el credo ajeno una amenaza y en el propio un patrimonio intocable. Y ahí radica el verdadero reto: aprender a convivir con la diversidad, incluso cuando nos incomoda.

No se trata de llenar nuestras calles de todos los credos ni de vaciarlas de cualquiera, sino de encontrar un punto de equilibrio donde el respeto prime sobre el recelo. Respetar no significa compartir, pero sí reconocer el derecho del otro a expresarse y vivir su fe sin ser perseguido ni instrumentalizado.

Quizá la lección que deja Jumilla no sea sobre una religión concreta, sino sobre nosotros mismos: sobre nuestra capacidad -o incapacidad- para defender con la misma vehemencia los derechos de aquellos que piensan, creen o viven de forma distinta.

La convivencia no se construye con prohibiciones selectivas ni con indignaciones a conveniencia, sino con un compromiso sincero: aceptar que la pluralidad nos enriquece y que la libertad, para que sea auténtica, debe ser la misma para todos.

La actualidad trepidante de Canarias está dejando en un segundo lugar el debate sobre decisiones de singular calado que el Gobierno del archipiélago está adoptando en contra del sistema universitario público canario. Ante esta situación no podemos permanecer impasibles. Considero que debemos reaccionar porque la aportación de la ULPGC y la ULL son fundamentales para nuestro desarrollo integral en las próximas décadas. Debilitarlo o desmantelarlo es poner en riesgo un modelo de progreso equilibrado, innovador y justo socialmente

Hablar en Gran Canaria de la Universidad es revivir una catarsis que movilizó a toda la sociedad isleña y que culminó con una conquista histórica que se ha convertido en una de las señas de identidad de nuestra isla. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como ha dicho en muchas ocasiones el exrector Rubio Royo, nació del pueblo y existe para servirle. Pocas universidades tienen el respaldo, la complicidad y la estima social que arropa a la ULPGC. Por eso, todo lo que le afecta tiene una trascendencia pública enorme. En estos días se suceden informaciones y pronunciamientos de los equipos rectorales de las dos universidades públicas canarias que hablan de desacuerdos, malestar e intranquilidad por el trato que el Gobierno canario está dispensando a las principales instituciones académicas del archipiélago. Y ante esto no podemos mirar para otro lado.

La percepción de que la ULPGC vive momentos de incertidumbre o desprotección me genera, y probablemente también a una parte importante de nuestra sociedad, una reacción de alarma y preocupación que es la que intento compartir con ustedes en la reflexión de esta semana. Han pasado 36 años desde la creación de nuestra Universidad y hoy como ayer reafirmo mi convicción de que está siendo una herramienta imprescindible para la generación de conocimiento altamente cualificado, para favorecer la igualdad de oportunidades y para democratizar la educación y la cultura.

Lo reitero con rotundidad, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es clave para el progreso social, económico, cultural y tecnológico de la isla y de las islas. Como lo es la Universidad de La Laguna. Y desde el Cabildo de Gran Canaria seremos firmes tanto en la colaboración estrecha con ella, con ellas, para fomentar todas aquellas áreas que necesiten de nuestra participación, como en la denuncia de actuaciones de otras administraciones o de sectores de influencia que debiliten o cuestionen el papel trascendental de la institución universitaria pública.

Hay cuatro cuestiones que me preocupan profundamente y que evidencian una estrategia deliberada en contra de nuestras universidades públicas: su financiación permanentemente deficitaria, la Ley de Consejos Sociales recientemente aprobada, el nuevo proyecto de Ley de la Ciencia en tramitación en el Parlamento de Canarias y la potenciación de las universidades privadas en esta Comunidad. No es casualidad que se hayan precipitado y coincidido en el tiempo estas decisiones, cuestionadas por los órganos de gobierno de las universidades públicas canarias. Demuestran una estrategia diseñada para debilitarlas.

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nunca ha estado correctamente financiada pero en los dos últimos años la situación ha empeorado. En el año 2024 el proyecto de presupuesto no alcanzaba para garantizar las retribuciones del personal del sector público o los costes de la Seguridad Social. Las partidas de infraestructuras no permitieron afrontar las necesidades de mantenimiento o de conservación de las instalaciones ya en funcionamiento. Las universidades públicas canarias llevan varios años sin contrato programa que establezca un marco de financiación estable que les permita avanzar en los objetivos de docencia e investigación que su participación en el desarrollo social y económico de las islas reclama. Las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y de La Laguna reciben una financiación por estudiante inferior a la media de las universidades españolas. Y este maltrato no es casual, porque no se da circunstancialmente y se produce, además, junto a otras decisiones que agravan esta desconsideración y que evidencian una política para disminuir la capacidad y el crecimiento de las universidades públicas en beneficio de las privadas.

Según el informe del Ministerio de Universidades, el Gobierno de Canarias es uno de los que menos invierte por estudiante universitario en España y en Europa. Canarias destina menos del 0’7% a la educación superior, cuando la media estatal se acerca al 1% y la europea supera el 1’3%. Cuando Canarias necesita invertir y crecer en conocimiento y en investigación, estos datos no permiten reducir el retraso que históricamente hemos padecido.

Es inaceptable igualmente que el sistema universitario canario tenga la financiación más reducida del país para la investigación, lo que impide atraer y mantener talento investigador y limita su impacto científico y tecnológico. Las plantillas docentes y las infraestructuras de las universidades públicas tienen que actualizarse y con los presupuestos autonómicos aprobados esto no se consigue. Envejecen y se precarizan.

Por otra parte, la nueva Ley de Consejos Sociales universitarios se ha aprobado en Canarias en contra del parecer de los órganos de gobierno de las dos universidades públicas canarias. Lo primero que se denuncia es que ha faltado diálogo y que se percibe como una imposición que va a generar conflictos e ineficiencias. Y además, afirman los rectores, algunas disposiciones invaden la autonomía universitaria consagrada constitucionalmente. Es muy grave que los rectores manifiesten públicamente que “esta actitud de ignorar a nuestras universidades públicas, por desgracia, no es nueva en Canarias, llueve sobre mojado”. Pocas veces habíamos escuchado en las últimas décadas una queja tan seria y desde el Cabildo de Gran Canaria no queremos guardar un silencio cómplice.

Con el paraguas de abrir las universidades a la participación social, lo que parece esconder esta medida es el interés de los sectores sociales más conservadores de esta tierra y de determinadas clases empresariales por controlar la universidad pública, en un contexto de asfixia económica y de potenciación de las universidades privadas. Y se hace además desde una visión utilitaria y economicista. No podemos obviar que de las universidades surgen los dirigentes políticos, sociales y empresariales del futuro y si bien es cierto que la universidad debe responder a las demandas de la sociedad y adaptar algunas de sus titulaciones a las necesidades económicas y sociales que se vayan generando, es imprescindible que siga siendo un espacio de generación de pensamiento crítico y plural. Lo que no puede ser es un espacio para el seguidismo del gobierno de turno o de intereses empresariales dominantes. Lo que no puede ser es que se pretenda su control absoluto para limitar el disenso, promover visiones conservadoras de la historia, la economía o la cultura y moldear generaciones futuras más afines a sus valores.

Y si los aspectos anteriores son graves, lo que está ocurriendo con el proyecto de Ley de la Ciencia que debate el Parlamento de Canarias alcanza niveles irracionales y ponen en evidencia las intenciones y los objetivos que tanto Coalición Canaria como el Partido Popular tienen en materia científica. Nadie puede entender que el proyecto se haya empezado a tramitar sin que las dos universidades hayan participado ni hayan sido consultadas con el fin de recibir aportaciones para su redacción. Es un contrasentido que las instituciones más potentes en investigación científica o en transferencia de conocimiento en Canarias hayan sido excluidas de una Ley que les afecta directamente. Este maltrato perjudica a toda la sociedad porque frustra una progresión investigadora en la que estamos esperanzados y además expresa un sesgo evidente, margina el protagonismo de la investigación pública en beneficio de intereses privados que el Gobierno ampara. Se proponen órganos asesores donde las universidades públicas, que representan más del 95% de la investigación en nuestra tierra, están en minoría a la hora de la toma de decisiones o de aprobación de programas. Esos consejos asesores funcionarán, en la práctica, como órganos políticos paralelos a los órganos democráticos de las universidades públicas. La buena noticia es que aún se está a tiempo de corregir este dislate. Esperemos que no pase como con la Ley de Consejos Sociales y que esta vez las universidades sean escuchadas y respetadas.

Y la pieza que cierra esta estrategia conservadora del Gobierno de Canarias, en sintonía con la que desarrollan los gobiernos de derechas del PP o del PP y VOX en las Comunidades donde gobiernan, es la potenciación y el crecimiento de las universidades privadas en detrimento del sistema público. Se autoriza la creación de nuevas universidades y la impartición de nuevos grados, en algunos casos en competencia clara con la oferta de las universidades públicas, con mayor facilidad y diligencia que los que cuesta autorizar los que promueven las instituciones públicas. La escasa financiación de las públicas, además, propicia que no puedan competir con las privadas en la consecución de nuevos grados. La realidad es que en los últimos años, el 80% de los nuevos títulos oficiales en Canarias se han aprobado para universidades privadas y solo un 20% para las públicas. En este último curso que ya ha finalizado, a las universidades privadas se les aprobaron 15 grados y ninguno a las públicas. No se trata de que no haya competencia, sino de que esa competencia no sea tramposa.

Esta sucesión de hechos y de decisiones responden, insisto, a una estrategia de fortalecer universidades con una clara orientación ideológica conservadora que reduzcan el espacio plural y diverso de las universidades públicas. Y está sucediendo en España y en Europa, salvo en Alemania donde se protege al máximo la autonomía de la universidad pública. Esta oferta privada supone también una orientación social y económica muy determinante porque toda la población no puede acceder en igualdad de condiciones a unas enseñanzas costosas. Se da por lo tanto una selección social.

Las administraciones públicas y la sociedad que se movilizó a favor de la Universidad pública de Las Palmas de Gran Canaria tienen, tenemos el deber de reaccionar ante esta deriva que reduce la capacidad de nuestros principales centros superiores y desperdicia un capital investigador e innovador que tiene que mejorar, pero que ya está impulsando nuestro desarrollo integral.

Con la misma sinceridad tengo que manifestar que la respuesta de la comunidad universitaria no está siendo lo suficientemente conocida y articulada para que el conjunto de la sociedad perciba las enormes consecuencias de estas políticas. Conozco las manifestaciones de los equipos rectorales, pero estoy convencido de que ese malestar no está llegando, con información certera y veraz, al conjunto de la sociedad sensible y preocupada por un desarrollo basado en el conocimiento y la equidad, a la sociedad que salió a la calle a defender una universidad pública de vanguardia. Tampoco he percibido por parte del profesorado, los sindicatos o los estudiantes una movilización acorde con la situación. Necesitamos una respuesta plural y proporcional a la gravedad del momento.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, hoy como ayer, sabemos de la trascendencia de un sistema universitario público de calidad y accesible a todas y a todos. Por eso, si hace 40 años nos movilizamos y conseguimos la creación de la ULPGC, hoy, cuando vive momentos de riesgo para su autonomía y progresión de futuro, debemos volver a manifestarnos de todas las maneras posibles para garantizar sus recursos y consolidar el capital docente e investigador del que nos sentimos orgullosas y orgullosos. La Universidad que nació de una marea social debe seguir contando con ese respaldo colectivo.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.