El exfutbolista ha visto su caso cerrado en tres ocasiones y en otras tantas ha recurrido la abogacía del Estado y, aunque con menor ahínco, la fiscalía

La reiteración de querellas y recursos de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado contra Xabi Alonso llama poderosamente la atención

Pese a tres intentos fallidos, el servicio jurídico de la Agencia Tributaria ha recurrido por cuarta vez su absolución, del pasado julio, esta vez ante el Supremo, y la fiscalía, que inicialmente no se había sumado a ese recurso, se ha adherido tras una reunión de la junta de fiscales de sala del Supremo celebrada el pasado 14 de diciembre, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

El exfutbolista ha visto su caso cerrado en tres ocasiones y en otras tantas ha recurrido la abogacía del Estado y, aunque con menor ahínco, la fiscalía.

Como recuerda el medio citado, a finales de 2015, la fiscalía de delitos económicos de Madrid recibió una denuncia de la Agencia Tributaria contra Xabi Alonso, entonces futbolista del Real Madrid, por usar una sociedad en Madeira en la que cobraba sus derechos de imagen. La fiscalía de Madrid, que entonces dirigía Javier Rodrigo de Francia, tomó declaración al entorno del futbolista y del club, incluido Jorge Valdano, pero no veía delito.

Se disponía a archivar cuando algo se cruzó en el camino. Javier Mascherano, centrocampista del FC Barcelona, aceptó una condena sin cárcel por hechos muy parecidos. Mascherano y Xabi Alonso habían coincidido en el Liverpool y tenían casi el mismo esquema fiscal con una sociedad intermediaria en Madeira.

La entonces fiscal general, Consuelo Madrigal, llamó y ordenó denunciar a Alonso y a su asesor fiscal y a un intermediario especialista en sociedades de Andorra. Madrigal no quería dar la impresión de que había un trato de favor al Real Madrid. En esa época, el Barcelona acusaba al Estado de perseguirle con Hacienda.

Así que la fiscalía de Madrid denunció al futbolista. El juez del caso, Enrique de la Hoz, titular del juzgado 40 de Madrid, lo archivó inicialmente en enero de 2017 con los argumentos que usaba la fiscalía inicialmente.

En dos ocasiones más, se presentó querella/recurso contra el ex mediocentro del Real Madrid sin éxito, pero no se dan por rendidos.

La Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, recurrió en otoño. La fiscalía de delitos económicos de Madrid, la misma que en 2016 no veía delito, optó por dejar correr el tema, según fuentes próximas al caso. El asunto llegaba al alto tribunal solo de la mano de la Agencia Tributaria.

Pero el pasado 14 de diciembre, una junta de fiscales del Supremo decidió adherirse al recurso de la Abogacía, según fuentes conocedoras del caso.

Fue una decisión de alguna forma intermedia: no presentaba su propio escrito sino que se adheria al que había presentado la Abogacía.

No es la primera vez que la fiscalía y la abogacía chocan en temas de delitos fiscales y en los que la mano dura la pone Hacienda.

No hubo simulación, según el TSJ

Alonso, que inició su carrera en la Real Sociedad y pasó después por el Liverpool, el Real Madrid y el Bayern Múnich, fue residente fiscal en España y pagó el IRPF en los ejercicios 2010, 2011 y 2012, pero no declaró los rendimientos obtenidos por la explotación de sus derechos de imagen porque había cedido su explotación a una empresa radicada en Madeira (Portugal).

En una sentencia de julio, a la que tuvo acceso Efe, el TSJ sostuvo que los hechos encausados pueden encajar en la figura de fraude de ley, pero no hay simulación, porque el hecho imponible grabado -la explotación de los derechos de imagen por cesión de su titular- tuvo lugar realmente y no se falseó la realidad. Alonso, según el Tribunal, actuó "en la creencia de que ese proceder era conforme a Derecho".

Así lo sentenció la Audiencia Provincial, que apuntó que "si la cesión de los derechos del jugador a Kardzali (la empresa de Madeira) fue real y esta entidad realizó una activa intervención en su explotación las pretensiones acusadoras decaen".

Además, apuntó, "no se trata de ingresos opacos, ocultos, falseados o excluidos por el contribuyente al conocimiento de la Agencia Tributaria".