La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca que el Archipiélago ha hecho la tarea en la mejora de la gestión, aunque advierte de que el modelo aún no compensa suficientemente los costes de la insularidad y la ultraperiferia

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reclamado al Estado una financiación estable, suficiente y proporcional para el Sistema de Atención a la Dependencia, que permita avanzar hacia el modelo de financiación que establece la Ley de Dependencia.

Durante su participación en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, celebrado en el Ministerio de Servicios Sociales hoy (29 de junio), la consejera señaló que Canarias acude a esta reunión para conocer cómo se concretará la ampliación de financiación anunciada por el Gobierno de España y cuándo será efectiva para las comunidades autónomas.

“Valoramos cualquier incremento de financiación estatal porque supone una mejora para las personas beneficiarias, pero debemos analizarlo con rigor: la cuestión no es solo si Canarias recibe más fondos, sino si esa aportación cubre realmente la parte que corresponde al Estado y si permite compensar el coste real del sistema”, afirmó. En todo caso, la consejera explicó que es muy peligroso querer hacer creer a la ciudadanía que esta aportación extraordinaria va a suponer un incremento en las aportaciones que reciben las personas dependientes, primero “porque aún no está garantizada que la financiación vaya a llegar, ya que tiene que ser aprobado en el Congreso, donde el Gobierno no tiene mayoría, y segundo porque es jugar con la esperanza de la ciudadanía que lleva soportando la infrafinanciación estatal durante muchos años”, aseguró.

La consejera recordó que la Ley de Dependencia establece que la financiación debe realizarse de manera equilibrada entre Estado y comunidades autónomas. “Canarias lleva años haciendo un esfuerzo muy superior al que correspondería si se cumpliera ese principio. La Comunidad Autónoma, junto con los cabildos insulares, ha sostenido buena parte del coste del sistema”, señaló, “este cambio e incremento de financiación que puede darse a través de un real decreto ley, además, no es estructural”, un asunto que señalaron el resto de comunidades autónomas en la reunión que, junto a Canarias, temen que el incremento de la aportación, no garantizada para próximos ejercicios si llega a convalidarse, suponga que en los próximos años tenga que ser soportado por las comunidades autónomas.

En este sentido, explicó que el gasto autonómico certificado en dependencia alcanzó en 2025 los 403,9 millones de euros, mientras que la aportación estatal fue de aproximadamente 101,8 millones, lo que sitúa el esfuerzo estatal todavía lejos del equilibrio previsto en la normativa.

Además, recordó que la realidad del sistema canario debe analizarse teniendo en cuenta sus características territoriales. “Canarias tiene que desplegar servicios en siete islas, con mayores costes de transporte, menor capacidad de generar economías de escala y con la condición añadida de Región Ultraperiférica”, explicó.

Por otra parte, la reunión sirvió para certificar que Canarias recibirá en 2026 un total de 44,2 millones de euros del Nivel Acordado, frente a los 23 millones de euros del año anterior, lo que supone un incremento de 21,2 millones de euros y un crecimiento cercano al 92%. Esta mejora responde, entre otros factores, al avance registrado por Canarias en los indicadores de gestión del sistema, con más personas atendidas, más prestaciones reconocidas y una reducción progresiva de los tiempos de tramitación.

La consejera destacó que este incremento supone un reconocimiento al esfuerzo realizado por Canarias para reforzar la atención a la dependencia, aunque insistió en que la financiación estatal debe seguir avanzando hasta alcanzar el equilibrio previsto en la Ley de Dependencia. “El objetivo no es solo recibir más recursos, sino garantizar que la financiación acompañe el coste real del sistema y tenga en cuenta las singularidades de Canarias, un territorio fragmentado en islas y con mayores costes de prestación de servicios”, señaló.

Delgado insistió en que la mejora responde directamente al esfuerzo realizado por el Gobierno de Canarias para transformar la gestión de la dependencia. “La nómina de dependencia ha pasado de 7.919.285,33 euros mensuales al inicio de la legislatura a situarse actualmente en 18.278.259,21 mensuales. Ese incremento no es un aumento de gasto sin más: significa más resoluciones, más programas individuales de atención y más personas que reciben las prestaciones que les corresponden”, afirmó.

Los datos reflejan ese cambio: entre 2023 y la previsión de 2026 la nómina anual pasa de 95,52 millones a 189,43 millones de euros, un incremento cercano al 100%, fruto del aumento de derechos reconocidos.

Además, Canarias ha reducido de forma significativa los tiempos de tramitación. El número de personas con derecho a prestación y pendientes de resolución del programa individual de atención se ha reducido en un 91,9%, mientras que el tiempo medio de resolución ha bajado de 782 días en julio de 2023 a 335 días en mayo de 2026.

En relación con el tramo autonómico del 0,7% del IRPF, otro de los puntos tratados hoy en el Consejo Territorial, Canarias recibirá en 2026, 22,43 millones de euros, manteniendo prácticamente su peso relativo dentro del reparto estatal. La consejera señaló que este tipo de fondos se distribuyen mediante criterios sociales y territoriales, por lo que “la clave está en que esos criterios reflejen adecuadamente la realidad de territorios como Canarias”.

“Canarias seguirá colaborando con el Estado para mejorar el sistema, pero sin renunciar a reclamar una financiación justa. Hemos demostrado que cuando se mejora la gestión, más personas acceden a sus derechos. Ahora necesitamos que la financiación acompañe ese esfuerzo y reconozca el coste real de atender la dependencia en las islas”, concluyó.

El Ayuntamiento de Gáldar ha firmado un convenio con el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo de Gran Canaria (IAS) para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia hasta el 2028. El acuerdo, que permite al Ayuntamiento invertir cinco millones de euros en estos servicios, fue aprobado por unanimidad en el Pleno correspondiente al mes de mayo

De esta forma, tal y como subrayó Teodoro Sosa, alcalde del municipio, Gáldar se convierte en el Ayuntamiento con mayor financiación en dependencia de toda Gran Canaria, pasando de invertir 4,3 a 5 millones de euros, "lo que significa un aumento de horas de servicio y de más calidad".

En la actualidad, el Ayuntamiento de Gáldar cuenta con los siguientes servicios de dependencia: la Residencia de Mayores Genoveva Pérez, Centro de Día, Centro Ocupacional, Hogar Funcional, Servicio de Promoción de Autonomía Personal y Servicio de Ayuda a Domicilio. Además, el convenio incorpora mejoras en los módulos de transporte y atención vinculados a estos recursos. Ana Teresa Mendoza Jiménez, concejala de Servicios Sociales, y Dolores Delgado Jorge, concejala de Política del Mayor, desglosaron las principales líneas maestras del convenio.

El nuevo acuerdo, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2028 y efectos económicos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, aporta estabilidad financiera a unos servicios esenciales para la atención de personas mayores, dependientes y con discapacidad del municipio. Además, garantiza la continuidad de la financiación por parte de las administraciones supramunicipales y refuerza la planificación de los recursos sociosanitarios en los próximos años.

Las concejalas de Servicios Sociales y de Política del Mayor destacaron que el convenio supone un incremento de más de 689.000 euros con respecto a la financiación de 2023, consolidando a Gáldar como el municipio con mayor financiación en materia de dependencia de la isla. Asimismo, valoraron que estos recursos permitan seguir ampliando la atención a las personas que más lo necesitan y afrontar mejoras en los distintos servicios.

Por su parte, el alcalde resaltó que el acuerdo ofrece seguridad tanto a los usuarios y sus familias como a los profesionales y entidades que prestan estos servicios, al asegurar una financiación estable hasta 2028. En este sentido, agradeció el trabajo realizado por las Concejalías implicadas y la colaboración entre administraciones para reforzar la red de atención sociosanitaria del municipio.

Con esta acción formativa se dota a Canarias de una figura clave en el nuevo modelo de cuidados centrado en la persona

El Gobierno de Canarias y ecca.edu, antes Radio ECCA, impulsan la formación de 200 asistentes personales en materia de dependencia con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explicó que “con esta actuación estamos avanzando en un modelo de atención que prioriza la autonomía, la dignidad y la calidad de vida del colectivo de personas en situación de dependencia. Además, reforzamos el sistema de cuidados en Canarias y contribuimos a generar empleo cualificado en el ámbito sociosanitario”.

La iniciativa se enmarca en la reciente aprobación del Decreto Ley 2/2026, mediante el cual la Comunidad Autónoma de Canarias regula por primera vez la prestación económica de asistente personal. Al respecto, Candelaria Delgado explicó que “la figura del asistente personal constituye un recurso dirigido a las personas en situación de dependencia con el fin de procurarles el desarrollo de una vida independiente, a través del apoyo profesional que les ayude en sus tareas cotidianas y facilite su acceso a la actividad educativa o laboral. De ahí la importancia de que los profesionales estén debidamente formados, que es el objetivo que buscamos con esta acción que desarrollamos a través de Ecca Educa”.

“El desarrollo de esta prestación se enmarca dentro de la Estrategia Estatal de Cuidados de Larga Duración y afianza el desarrollo de la Estrategia Sociosanitaria aprobada en Canarias”, explicó la directora general de Dependencia, Concepción Ramírez, quien especificó que “ambas líneas de actuación comparten el objetivo de favorecer que las personas puedan permanecer en su entorno habitual el mayor tiempo posible, evitando procesos de institucionalización innecesarios”.

Para llevar a cabo este proyecto, la Dirección General de Dependencia ha concedido una subvención directa al centro de formación a distancia para personas adultas con el fin de poner en marcha este curso dirigido a la formación de 200 profesionales, que adquirirán las competencias necesarias para desempeñar funciones como asistentes personales. De esta forma, el alumnado accederá a formación específica que les permitirá desarrollar intervenciones de atención psicosocial domiciliaria dirigidas a personas con necesidades de atención sociosanitaria, así como apoyar y acompañar a las personas usuarias en la realización de actividades de la vida cotidiana favoreciendo su desenvolvimiento autónomo.

Se podrá solicitar a partir de hoy, lunes 11 de mayo, y permitirá optar a la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio o la prestación económica de asistente personal

A partir de hoy, lunes, 11 de mayo, las personas con grandes necesidades de apoyo podrán solicitar el nuevo grado III+ de dependencia, una nueva categoría dirigida a reforzar la atención y los recursos destinados a las personas en situación de gran dependencia con necesidades especialmente intensas de apoyo.

El grado III+ está especialmente orientado a personas con patologías de alta complejidad, como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) u otras enfermedades neurodegenerativas, que presentan una dependencia severa y continuada. Está pensado para quienes requieren apoyo generalizado para la realización de las actividades básicas de la vida diaria, así como supervisión constante o cuidados de alta intensidad.

El Decreto-ley regulador de estas prestaciones es el 2/2026, de 9 de marzo, una norma clave refrendada por el Parlamento el pasado 24 de marzo, que culminaba la transformación del sistema de atención a la dependencia en las Islas, introduciendo mejoras sustanciales en la agilidad, la personalización de los apoyos y la compatibilidad de prestaciones.

La nueva regulación modificó el marco vigente para adaptarlo a las necesidades reales de las personas dependientes y sus familias, incorporando medidas que permiten combinar distintos recursos asistenciales y reforzar la atención en el entorno domiciliario, entre otras, la incorporación del nuevo grado III+ de dependencia extrema, derivado de cambios en la normativa estatal. Esta adaptación permite garantizar de forma inmediata la atención intensiva en el domicilio, evitando vacíos legales y asegurando la cobertura desde el primer momento.

En estos casos, se contemplan prestaciones económicas que pueden alcanzar hasta 9.859 euros mensuales, destinadas a financiar apoyos de alta intensidad en el hogar.

Podrán acceder a este grado aquellas personas que acrediten, al menos, dos de las tres condiciones recogidas en la ley: la necesidad de ventilación mecánica continuada durante más de ocho horas al día; la afectación grave de la movilidad, especialmente en los miembros superiores, que limite de forma significativa la autonomía personal; y la necesidad de apoyo permanente para funciones vitales esenciales.

Asimismo, para poder acceder al nuevo grado III+, será necesario tener reconocido previamente un grado III de dependencia. Las personas que ya tengan reconocido un grado de dependencia inferior deberán solicitar antes una revisión de grado. En el caso de quienes aún no tengan reconocida la situación de dependencia, será necesario iniciar primero una solicitud inicial de valoración de dependencia.

Canarias se suma así al grupo de comunidades autónomas que ya están avanzando en la implantación del grado III+ de dependencia, una medida aún en desarrollo en distintos territorios.

Las personas pertenecientes al régimen de la Seguridad Social deberán iniciar el procedimiento contactando con la trabajadora social de su hospital de referencia, quien les orientará en la tramitación de la solicitud. En estos casos, serán los médicos especialistas los encargados de elaborar el informe de salud necesario para la valoración.

Por otro lado, las personas que no pertenezcan al régimen de la Seguridad Social podrán realizar directamente la solicitud a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Una vez reconocido el grado III+ y siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Programa Individual de Atención (PIA), las personas beneficiarias podrán optar entre distintas prestaciones. Entre ellas, destacan la prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio o la prestación económica de asistente personal.

Para acceder a estas prestaciones, será imprescindible haber contratado previamente el servicio correspondiente. Asimismo, deberá presentarse ante la Dirección General de Dependencia la documentación justificativa, incluyendo contratos y facturas que acrediten la prestación del servicio.

Con esta medida, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con la mejora de la calidad de vida de las personas en situación de dependencia, ampliando las coberturas y adaptando los recursos a las necesidades más complejas de la población.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca los últimos datos del IMSERSO, que confirman la mejoría del Archipiélago en los principales indicadores de evolución del sistema

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha destacado hoy (martes 28) en el Parlamento la mejora de los principales indicadores del sistema de dependencia. Delgado ha esgrimido los últimos datos oficiales publicados por el IMSERSO, que confirman que Canarias atraviesa el mejor momento de su historia en materia de dependencia, situándose a la cabeza del país en los principales indicadores de evolución del sistema.

Delgado señaló que durante el primer trimestre de 2026, el Archipiélago ha registrado la mayor reducción del denominado limbo de la dependencia en toda España, con una bajada del 5,1 %. Asimismo, Canarias lidera el crecimiento en número de personas beneficiarias, con un incremento del 13 %, y encabeza la reducción de los tiempos de espera, con 54 días menos, la mayor disminución a nivel estatal en este periodo.

“En términos absolutos, la lista de espera se ha reducido en 1.911 personas. Estos avances consolidan un cambio de tendencia que sitúa a Canarias como la comunidad autónoma con mejor evolución del sistema de dependencia en España”, indicó la consejera de Bienestar Social durante su intervención.

Candelaria Delgado señaló que los datos oficiales “sitúan a Canarias como la comunidad autónoma que más reduce listas de espera, más incrementa beneficiarios y más mejora en el conjunto del Estado, consolidando así una evolución positiva que marca un punto de inflexión en la gestión de la dependencia”.

La mejora es especialmente significativa si se compara con la situación de partida. En julio de 2023, el tiempo medio de resolución se situaba en 782 días, frente a los 374 días registrados en marzo de 2026, lo que supone una reducción de 408 días, más de la mitad. Además, se ha producido un notable incremento en la cobertura del sistema. Las personas con derecho reconocido han pasado de 44.506 en julio de 2023 a 71.932 en marzo de 2026, lo que representa un aumento de 27.426 personas, equivalente a un crecimiento superior al 61 %. Además, el ritmo de incorporación mensual se ha triplicado, alcanzando las 857 personas al mes frente a las 272 del periodo anterior.

En cuanto a la actividad administrativa, entre agosto de 2023 y marzo de 2026 se han dictado 30.152 resoluciones, más del doble que en toda la legislatura anterior (13.813). En ese mismo periodo, se han resuelto 32.136 Programas Individuales de Atención (PIA), frente a 16.343 previamente, y se han contabilizado 44.290 prestaciones, en comparación con las 20.073 anteriores.

“Estos datos reflejan una transformación profunda del sistema de dependencia en Canarias, que ha pasado de una situación de colapso, con largas esperas y miles de familias afectadas, a un modelo en clara mejora, con resultados medibles y verificables. A pesar de que persisten retos estructurales, los avances logrados evidencian la eficacia de las medidas adoptadas y el compromiso con la mejora continua del sistema”, finalizó Delgado.

El texto regula por primera vez la prestación económica de asistente personal, las prestaciones para el Grado III+, y autoriza la compatibilidad entre algunas ayudas como el SAD y la promoción de la autonomía personal

El Parlamento ha convalidado hoy, por unanimidad, el Decreto-ley 2/2026, de 9 de marzo, una norma clave que culmina la transformación del sistema de atención a la dependencia en las Islas, introduciendo mejoras sustanciales en la agilidad, la personalización de los apoyos y la compatibilidad de prestaciones. La nueva regulación modifica el marco vigente para adaptarlo a las necesidades reales de las personas dependientes y sus familias, incorporando medidas que permiten combinar distintos recursos asistenciales y reforzar la atención en el entorno domiciliario.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien defendió la pertinencia del decreto, destacó durante su comparecencia que esta reforma “no responde a un planteamiento teórico, sino que tiene un impacto directo en la vida cotidiana de miles de familias canarias. El objetivo es avanzar hacia un sistema más flexible, ágil y centrado en las personas”.

“Esta norma consolida un sistema de dependencia más coherente, con mayor seguridad jurídica y orientado a garantizar derechos. La combinación de prestaciones, el refuerzo de la atención domiciliaria y la regulación de la asistencia personal suponen un avance hacia un modelo más humano y eficaz. La convalidación del Decreto-ley permitirá aplicar de forma inmediata estas mejoras, asegurando que ninguna persona quede desatendida ante los nuevos escenarios de mayor complejidad”, aseguró Delgado.

La consejera de Bienestar Social indicó que la reforma “responde a una necesidad urgente: ofrecer respuestas ágiles y adaptadas a situaciones de alta dependencia, apoyar a las familias cuidadoras y facilitar que las personas puedan permanecer en su entorno con los apoyos necesarios. La norma representa un paso decisivo para consolidar un sistema de cuidados más flexible, garantista y alineado con la realidad social de Canarias”.

La norma da continuidad a la reforma iniciada en 2025, que ya ha permitido reducir significativamente los tiempos de tramitación. Actualmente, el plazo medio de resolución ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 391 días, situándose en torno a 152 días en expedientes nuevos, por debajo de los límites establecidos por la ley.

Atención a la dependencia extrema y adaptación normativa

Uno de los principales avances del Decreto-ley es la incorporación del nuevo Grado III+ de dependencia extrema, derivado de cambios en la normativa estatal. Esta adaptación permite garantizar de forma inmediata la atención intensiva en el domicilio, evitando vacíos legales y asegurando la cobertura desde el primer momento.

En estos casos, se contemplan prestaciones económicas que pueden alcanzar hasta 9.859 euros mensuales, destinadas a financiar apoyos de alta intensidad en el hogar.

Impulso a la asistencia personal

Por primera vez, Canarias regula de forma completa la Prestación Económica de Asistencia Personal (PEAP), estableciendo condiciones de acceso, cuantías y mecanismos de control. Esta prestación busca fomentar la autonomía personal, facilitar la permanencia en el entorno habitual y promover modelos de vida independiente.

Las cuantías máximas fijadas, por encima de lo estipulado en la norma estatal son: 900 euros mensuales para Grado III, 577,25 euros para Grado II y 436 euros para Grado I

Un sistema más flexible y adaptado a la realidad

La reforma introduce un cambio estructural al permitir la compatibilidad entre prestaciones que hasta ahora eran excluyentes. De este modo, las personas podrán combinar servicios como ayuda a domicilio, centros de día o asistencia personal en función de sus necesidades reales. Este enfoque permite diseñar planes de atención más completos y personalizados, evitando que los usuarios tengan que elegir entre apoyos esenciales.

El Dictamen de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales recoge que, en 2025, en Canarias fallecieron 2.200 personas en la lista de espera

Canarias sigue trabajando para reducir el tiempo en que se recibe una ayuda que, actualmente está en los 152 días, aunque en el acumulado de expedientes arroja una media de 391 días

“El fallecimiento de cualquier persona mientras espera es una tragedia y merece respeto”, aseguró hace unas semanas, en sede parlamentaria la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, quien achacó los 2.200 fallecimientos en la lista de espera de 2025 a varios factores. “Primero, hablamos de población muy frágil, a menudo de edad avanzada, que entra tarde al sistema”. Según los datos que figuran en el IMSERSO, el 41,34% de las solicitudes recibidas es de personas mayores de 80 años; mayores de 65 y hasta 79 el 24,7% y población entre 0 y 64 años el 34,39% restante.

Con ser preocupantes, tal y como señaló hoy el Dictamen de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, estas cifras son un tercio de las que arrojaba la legislatura anterior, cuando el número de fallecimientos se elevó a unos 23.400 canarios, con datos como las 6.700 muertes en 2022 y las 6.500 en 2023.

No obstante, se sigue trabajando principalmente para conseguir ofrecer servicios a quien ya tiene reconocido el derecho y, por otro lado, por rebajar drásticamente el tiempo que se tarda en conseguir el derecho desde la solicitud hasta su obtención que, actualmente, de media está en 391 días (430 en diciembre, fecha de los datos del Dictamen), aunque la realidad es que, en todas las islas, cualquier persona que solicite la ayuda tendrá su resolución en menos de 152 días.

Con todo, el informe ratifica lo ya explicado anteriormente, con un gran crecimiento de personas con prestación en 2025, con Canarias como una de las comunidades en las que más aumenta, y un incremento del 30,5%; y otro 30% de incremento en aquellas con derecho reconocido, situándose como una de las comunidades con mayor incremento de beneficiarios del sistema durante el último año.

También hay que señalar la falta de rigurosidad en algunos aspectos. No se contempla el esfuerzo financiero de cabildos y Gobierno en la firma de los convenios, con 1.630 millones de euros; y se compara comunidades autónomas que reciben el 50% de financiación frente a esta que no llega al 20%.

El dictamen subraya que existen personas con derecho reconocido que aún no reciben prestación o servicio, lo que significa que el sistema no logra atender a todas las personas con derecho reconocido. Si bien es cierto que existe una falta de personal en el sector de cuidados, un problema importante en todo el sistema, la recién presentada Estrategia Sociosanitaria también establece mecanismos para la mejora de este aspecto; así como para paliar la falta de camas residenciales.

Es reseñable también que esa lista de espera, como bien reseña el IMSERSO, no es achacable a la administración, pero que, aun así, la Consejería trabaja para incrementar los servicios disponibles con otras medidas como la licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio especializado; la implantación universal de la teleasistencia avanzada, o la acreditación de personas autónomas para los servicios de promoción de la autonomía personal.

Cabe recordar, igualmente, que Canarias acaba de aprobar la modificación normativa que completa todo el sistema de prestaciones del Sistema de Dependencia, y contempla ayudas de hasta 900 euros para la figura del asistente personal, muy por encima de los máximos establecidos por el Estado, (700€ para Grado III).

Además, el acuerdo contempla la modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias, en cuanto al régimen de compatibilidades e incompatibilidades de las prestaciones de atención a la dependencia en Canarias. Esto permitirá a muchas familias poder acceder a distintas prestaciones para mejorar la atención en determinados perfiles. Por ejemplo, a partir de la publicación de este decreto, se podrá disfrutar de una asistencia del Servicio de Ayuda a Domicilio con una prestación para la asistencia personal.

Clavijo destaca que el futuro centro de Gran Tarajal da respuesta a una “demanda histórica” que será una realidad gracias a la colaboración entre el Gobierno y el Cabildo liderado por Lola García

La nueva infraestructura sociosanitaria cuenta con una inversión de 15,3 millones de euros cofinanciada por el Ejecutivo de Canarias y la corporación insular. Tiene prevista su finalización en 12 meses

El tiempo medio de espera para entrar en el sistema de Dependencia en la isla está en la actualidad en 130 días, muy por debajo de los seis meses exigidos por Ley según destacó el presidente

Fuerteventura contará con 90 plazas más para la atención a las personas mayores dependientes. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha participado este viernes en la colocación de la primera piedra de la futura Residencia Sociosanitaria y Centro de Día de Gran Tarajal, una infraestructura que tiene prevista su finalización en 12 meses y que “da por fin respuesta a una demanda histórica de más de veinte años».

Acompañado por la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, y el alcalde de Tuineje, David Herrera, el titular del Gobierno autonómico subrayó que el inicio de esta obra ha sido posible gracias a la colaboración institucional. “Demostramos que cuando todos trabajamos juntos y con el ciudadano en el centro de nuestra gestión siempre se consiguen resultados positivos”, declaró durante el acto.

Fernando Clavijo destacó también que la puesta en marcha de esta nueva instalación sociosanitaria en Fuerteventura permitirá avanzar en el objetivo prioritario del Gobierno de Canarias de mejorar la atención a la población en situación de dependencia de la isla y de todas Canarias». “Hoy reafirmamos nuestro compromiso con los más mayores, con quienes han dedicado su vida a esta tierra”, dijo.

El presidente también se refirió al avance logrado en lo que va de legislatura en Dependencia al reducirse en un 47% el tiempo medio desde que una persona pone su solicitud y recibe su prestación. La espera para entrar en el sistema de Dependencia ha pasado de 782 días a los 411 días actuales, lo que implica que hoy es de 371 días menos que en julio de 2023.

No obstante, en el caso de Fuerteventura, el tiempo medio de espera medio entre la solicitud y la resolución de la ayuda está en 130 días. La Ley de Dependencia especifica que el plazo máximo para resolver el reconocimiento de la situación y asignar la prestación debe ser de seis meses.

Para avanzar más en la mejora de los servicios, Clavijo destacó que el Gobierno de Canarias trabaja en la aprobación de una nuevo Plan Sociosanitario durante de 2026 que se financiará en parte con el Fondo de Desarrollo de Canarias tras su reforma.

Durante el acto, la presidenta insular, Lola García, ha resaltado “la apuesta que hace la Corporación insular por mejorar la atención que se presta a las personas que más lo necesitan”. “Dentro de esta línea de trabajo, la Residencia Sociosanitaria de Gran Tarajal es uno de los recursos históricamente más demandados por usuarios y familiares”. Apuntó que “las obras ya son una realidad, gracias al impulso que se le ha dado desde el Cabildo de Fuerteventura y la coordinación con el Ayuntamiento de Tuineje, que ha permitido desbloquear el proyecto”.

Al mismo tiempo, Lola García recordó que “se trabaja para seguir incrementando las plazas sociosanitarias en todos los municipios, estando previsto, en 2026, incrementar las plazas hasta las 442, entre los diferentes recursos dependientes del Cabildo”.

El alcalde de Tuineje, David Herrera, celebró que, tras años de espera, se haya dado inicio a una obra de gran importancia para el municipio, así como para toda la Isla, gracias a la colaboración entre administraciones. «Ha sido en este mandato cuando se ha conseguido desbloquear una situación que ha estado marcada por: trámites complejos, dificultades administrativas y desacuerdos políticos», subrayó.

Recordó que, en 2024, el Ayuntamiento de Tuineje firmaba la cesión de esta parcela municipal de 4.701 metros cuadrados en El Aceitún al Cabildo, «con el firme objetivo de que la Residencia de Gran Tarajal dejara de ser un proyecto sobre el papel para convertirse en una realidad que veremos materializada en un futuro próximo y hoy estamos colocando esa primera piedra».

Todo tipo de servicios

La construcción de esta nueva instalación sociosanitaria en Fuerteventura forma parte de las medidas que el Gobierno de Canarias, en coordinación con los cabildos, ha desplegado para la atención a las necesidades de las poblaciones más vulnerables, en este caso, las personas con algún grado de dependencia. El complejo cuenta con un presupuesto de 15.387.888 euros, cofinanciado por el Gobierno de Canarias y los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea con 11.130.846 euros y el Cabildo insular que aportará 4.455.710,24 euros.

Ubicada en un parcela de 4.701 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Tuineje en la zona de El Aceitún, al sur de Gran Tarajal, contará con una residencia y centro de atención diurna para personas mayores en situación de dependencia, con un total de 60 plazas residenciales y 30 de estancia diurna, distribuidos en dos niveles, que ofrecerán, entre otros, atención y servicios de atención médico-sanitaria, de promoción de la autonomía personal, terapia ocupacional, servicio de atención psicológica y programa de respiro familiar y ocio y tiempo libre.

La futura Residencia Sociosanitaria y Centro de Día de Gran Tarajal es una de las obras previstas en los convenios firmados entre el Gobierno de Canarias y los Cabildos financiados por el Ejecutivo canario y los siete cabildos insulares para el sostenimiento de plazas y otros servicios de Dependencia en el archipiélago con un importe total de 1.630 millones de euros.

En concreto, para la isla de Fuerteventura, la inversión será de 35.730.311,81 euros, a través de la cual se financia la gestión de 308 plazas (146 residenciales y 162 en centros de día), 31 de ellas de nueva creación en 2025. Del montante global, el Ejecutivo autonómico aporta el 74,12% y el Cabildo insular el 25,88%.

La nueva instalación se sumará a los recursos con los que cuenta Fuerteventura en la actualidad, como Residencia y Centro de Día de Puerto del Rosario, Centro Josefina Plá, Residencia Insular de Personas con Discapacidad, Centro Ocupacional de Puerto del Rosario, Centro Ocupacional de Personas con Discapacidad de Gran Tarajal, Programa de Alojamiento Tutelado de Salud Mental, Centro de Rehabilitación Psicosocial de Puerto del Rosario y Centro de Rehabilitación Psicosocial de Gran Tarajal.

También está prevista la próxima apertura de la Residencia Insular de Salud Mental. Además, se está trabajando en la creación de un Centro de Día de Personas Mayores en Costa Calma con otras 30 plazas sociosanitarias, así como para la zona Antigua-Betancuria.

La consejera respondió a las preguntas de las diputadas con la reducción de más de un año del tiempo en que se concede una ayuda a las familias y el ritmo mensual de incorporación al sistema de personas con derecho a prestación que se triplica

“Desde julio de 2023, el número de personas con derecho reconocido ha pasado de 44.506 a 69.703, lo que supone un incremento del 56,6 % en apenas 30 meses. Este crecimiento se ha producido a un ritmo medio de 840 incorporaciones mensuales, tres veces superior al registrado durante la legislatura anterior, en la que se incorporaron 13.056 personas en 48 meses, lo que supone una media de 272 personas al mes”, aseguró la consejera Candelaria Delgado a preguntas de la oposición en el pleno del Parlamento de hoy [martes, 10 de febrero].

Delgado añadió que “si hay un dato que desmonta por completo el relato del “deterioro”, es el tiempo medio en que una persona pone su solicitud y recibe su prestación, porque, este, baja de los 782 días que había cuando entramos en el Gobierno a los 411 días actuales. Esto, son 371 días menos, casi un 47% de reducción. Si esto es deterioro, que alguien explique por qué la espera cae prácticamente a la mitad. Nosotros reducimos tiempos; ustedes fabrican ruido”, aseguró.

Sobre la cuestión de las “prestaciones no efectivas”, la consejera aseguró que se “está usando de forma torticera, porque saben que el Gobierno de Canarias ultima con los cabildos el III Plan de Infraestructuras sociosanitarias, ha licitado el servicio de ayuda a domicilio especializado, ha puesto en marcha un nuevo sistema de teleasistencia avanzada en todas las islas y trabaja para acreditar a personas que presten el servicio de promoción de autonomía personal. El dato serio es el que no admite debate: más PIAs, más resoluciones y menos demora”, aseguró.

La consejera continuó afirmando que “Este Gobierno trae datos, gestión y resultados. Y seguiremos hablando con transparencia, con los números oficiales y con la Ley en la mano, empezando por lo esencial: que el Estado cumpla y aporte el 50% que le corresponde, y no el 22%”.

Por otra parte, y en el mismo ámbito, la consejera acusó a los grupos de querer hacer “demagogia y política barata con los fallecidos en el sistema de la dependencia. Convertir el dolor de las familias en un titular para atacar al Gobierno es una falta de respeto y una manera muy poco digna de hacer oposición”.

“El fallecimiento de cualquier persona mientras espera es una tragedia y merece respeto. Ahora bien, también merece verdad. En 2025, según el último dato oficial publicado por el IMSERSO, en Canarias fallecieron 1.033 personas con la solicitud aún sin valorar y 1.111 personas con la dependencia reconocida, pero sin prestación asignada. Esa suma, 2.144, explica perfectamente el “más de 2.200” que se está utilizando en el debate”, reconoció.

Delgado, sin embargo, explicó que las razones de los fallecimientos en el sistema se explican no solo por las demoras, sino porque se trata de una población muy frágil, a menudo de edad avanzada, que entra tarde al sistema. Aunque reconoció que hay “años de retrasos acumulados y de una red insuficiente para convertir resoluciones en servicios”, añadiendo que se trata de “una realidad que este Gobierno no oculta, porque trabajamos con transparencia. Aquí no se maquillan datos para quedar bien un mes y llegar peor al siguiente”.

“Pero lo que ustedes omiten deliberadamente es el contexto” -continuó- “y, sobre todo, su responsabilidad política cuando gobernaban. En la legislatura, entre 2019 y 2023, cuando gestionó el Pacto de las flores el número de fallecimientos se elevó a unos 23.400 canarios, casi 6.000 cada año”.

Delgado insistió en remarcar que en la anterior legislatura “en 2022 y 2023 hubo un repunte de óbitos absolutamente insoportable: más de 6.700 fallecimientos en 2022 y unos 6.500 en 2023. Eso sí que fue una tragedia con dimensiones estructurales, no un titular oportunista. Y esa realidad no se borra con discursos malintencionados ni con insinuaciones”. Aseguró, asimismo, que “el desastre de gestión que nos dejaron, documentado en un informe de la Consejería que tiene respaldo técnico. Ahí están las incidencias: más de 6.500 solicitudes de valoración sin registrar en el sistema, 2.840 expedientes de revisión de grado y recursos de alzada pendientes, 16.104 expedientes con errores sin resolver, y comunicaciones de la plataforma Hiperreg alertando de expedientes no recepcionados en 2022 y los primeros meses de 2023, incluyendo 502 minutas pendientes de procesamiento. Eso no es una anécdota: eso fue dejar a la gente fuera del sistema, eso consiguió colapsarlo”.

“Frente a ese legado”, afirmó, “este Gobierno ha hecho lo que ustedes no hicieron: poner orden, registrar, depurar y resolver. Y el resultado es que hemos reducido los tiempos de espera de manera drástica. Esa es la diferencia entre gestionar y esconder”.

El viceconsejero de Bienestar Social informó de que el Gobierno de Canarias ha lanzado una licitación cuyo objetivo es garantizar la atención digna e integral de las personas dependientes

«Bienestar Social ha sacado a licitación la contratación del servicio de asistencia y apoyo en el control de calidad de los servicios de ayuda a domicilio, promoción de la autonomía personal y teleasistencia, lo que permitirá avanzar en la eliminación de la sujeción mecánica y química en los centros sociosanitarios», afirmó el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, durante la inauguración de la Jornada Sobre Atención Libre de Sujeciones en los Centros Sociosanitarios de Canarias, celebrada en Santa Cruz de Tenerife.

El nuevo servicio de asistencia y apoyo, cuyo presupuesto de licitación asciende a 280.300 euros, contará con un sistema de verificación externa e independiente de la calidad de los servicios prestados en materia de dependencia, “a través de los cuales buscamos mejorar la calidad en la atención de personas dependientes y con discapacidad que es uno de los objetivos fundamentales de esta consejería», aseguró Candil, quien avanzó que el nuevo servicio impulsará, entre otras mejoras de la atención a las personas en situación de dependencia, la eliminación del uso de restricciones físicas y de fármacos de control químico en los centros sociosanitarios.

Estas declaraciones las realizó el viceconsejero en el marco de la celebración de una jornada formativa organizada por la consejería de Bienestar Social en colaboración con la Fundación Cuidados Dignos, celebrada esta semana y que ha contado con la asistencia de unos 300 profesionales y técnicos de centros sociosanitarios, Fiscalía, Policía Canaria y de las distintas administraciones públicas.

El objetivo de esta jornada se ha centrado sensibilizar sobre la gestión de la Calidad de Vida y el No-uso de sujeciones en el cuidado y atención de personas dependientes, especialmente en residencias o centros de día. El programa formativo incluyó diversas ponencias sobre la metodología y las herramientas del cuidado Centrado en la Persona sin sujeción física ni química del modelo Norma Libera-Care y la exposición de buenas prácticas experienciales, con el fin de intentar ofrecer claves e instrumentos que capaciten a los profesionales asistentes en el desarrollo de un modelo de cuidado basado hacia centros libres de sujeciones.