La ley aprobada refuerza la sostenibilidad, protege el servicio público del taxi, mejora la planificación insular y adapta el sistema al marco europeo

Pablo Rodríguez y María Fernández coinciden en que estas modificaciones atienden a una demanda histórica del sector que reclamaba una reforma porque era una ley obsoleta que no se actualizaba desde 2007

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, han celebrado esta mañana la aprobación, en el Parlamento de Canarias, del Proyecto de Ley de modificación urgente de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, en el Parlamento de Canarias.

Esta reforma legislativa, que parte del Decreto-ley 6/2024, aprobado en noviembre del pasado año, impulsado por la Dirección General, incorpora un amplio conjunto de enmiendas trabajadas y consensuadas por los grupos parlamentarios, cuyo objetivo ha sido reforzar la seguridad jurídica, clarificar aspectos técnicos clave y adaptar el marco normativo canario al europeo.

El consejero Pablo Rodríguez ha resaltado que “hoy es un día importante para Canarias, porque después de más de una década hemos aprobado la modificación más significativa de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera, una norma que no se actualizaba desde 2007”.

Un avance clave que nace del consenso, no solo entre los grupos parlamentarios, sino también con el propio sector, con el que se ha trabajado para escuchar, dialogar y acordar. “Es el resultado de un esfuerzo colectivo en un ámbito complejo y con muchos intereses, y precisamente por eso tiene un valor aún mayor”, ha recalcado Rodríguez.

Además, esta reforma introduce por primera vez un enfoque claro hacia la sostenibilidad, situando los criterios medioambientales como eje central en la concesión de autorizaciones y licencias. “Es un cambio de modelo que pone el cuidado del territorio en el centro de la planificación de la movilidad. Con esta ley, apostamos por un desarrollo que conecta mejor a las personas y que, al mismo tiempo, protege lo más valioso que tenemos, nuestras islas”.

En esta línea, la directora ha señalado que “el sector llevaba años reclamando una actualización normativa. El mundo ha cambiado y, aunque en su momento fue una ley avanzada, había quedado claramente obsoleta. Ya no respondía a la realidad actual ni a los desafíos que enfrentamos hoy, e incluso presentaba contradicciones con el marco normativo europeo. Por eso, esta modificación supone un avance muy significativo. Nos acerca a una legislación más alineada con Europa, con el conjunto del Estado y, lo más importante, con las necesidades reales del sector y de la ciudadanía canaria”.

“Por fin Canarias da hoy un paso decisivo hacia un modelo de transporte más moderno, justo y sostenible, capaz de responder a los desafíos insulares y alineado con la normativa europea”, ha destacado Fernández.

Una ley que moderniza el transporte y protege el interés público

Las modificaciones introducidas, que han sido presentadas y consensuadas por los grupos parlamentarios a través de 64 enmiendas en el periodo ordinario y 22 in voce, suponen una transformación profunda de la planificación y regulación del transporte en Canarias, tanto en su vertiente técnica como en su dimensión social y ambiental. Entre las principales novedades destacan: la seguridad jurídica, delimitando las solicitudes de autorizaciones VTC, “evitando situaciones de incertidumbre y favoreciendo la gestión eficaz de los expedientes”; la sostenibilidad y la planificación insular, los cabildos contarán con un año más para establecer criterios de capacidad de carga, calidad del aire, tráfico y equilibrio del espacio público que permitan gestionar autorizaciones en función de la realidad insular, y la protección del taxi como servicio público esencial, reconociendo su papel estructural dentro del sistema de movilidad de Canarias, integrándolo en la planificación y reforzando su régimen tarifario y de calidad.

Mejoras técnicas y adaptación normativa

La ley incorpora mejoras sustanciales para hacer más eficiente y transparente el funcionamiento del sector, entre las que destaca la clarificación de la hoja de ruta para los servicios discrecionales; la obligación de uso de medios electrónicos en los procedimientos administrativos; la adaptación íntegra al Reglamento Europeo 1071/2009, unificando requisitos para el acceso a la profesión; la exclusión de autocaravanas de uso recreativo; la inclusión del transporte a la demanda, no contemplado en la ley original, y la participación de empresas con más de 200 trabajadores en la movilidad sostenible de sus plantillas.

Compromiso con el ámbito rural y escolar

Para garantizar el acceso universal al transporte, además, “se habilita, de forma excepcional, que taxis y VTC puedan prestar servicio escolar en zonas rurales con escasa oferta, garantizando el derecho al transporte de los menores en todo el territorio. También, ampliamos el transporte escolar, incrementando sus definiciones, como centros de enseñanza o guarderías, así como actividades extraescolares debidamente organizadas”, ha indicado Fernández.

Nuevas herramientas del control

La nueva norma incorpora, además, “medidas contundentes para mejorar el cumplimiento de la ley endureciendo el régimen sancionador contra el transporte ilegal”, incluyendo la inmovilización del vehículo; protegiendo frente a agresiones o actos peligrosos contra conductores y usuarios; garantizando la subrogación del personal cuando cambie la empresa prestadora de determinados servicios públicos y limitando la operativa VTC, “no podrán estacionar ni circular en busca de clientes, ni operar en paradas de taxis o guaguas”, ha explicado Fernñandez.

Para concluir, Fernández ha hecho hincapié en que “esta modificación legislativa no es solo una actualización técnica, es un avance histórico y una apuesta firme por una movilidad responsable, segura y adaptada a la realidad canaria. Avanzamos hacia un modelo más equitativo, que protege a los sectores esenciales y garantiza un transporte digno y eficiente para toda la ciudadanía”.

Esta nueva norma ha sido desarrollada con la participación y aportaciones del sector con el objetivo de alcanzar el máximo consenso posible

Este decreto ley alinea la legislación canaria con el marco normativo europeo modulando el acceso a la actividad mediante la aplicación de criterios relacionados con la buena gestión del transporte, del tráfico y la protección del medioambiente

La Cámara ha ratificado esta nueva norma que no ha registrado votos en contra de ningún grupo parlamentario

El Parlamento de Canarias ha convalidado hoy el decreto ley de modificación urgente de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, que ha contado con la implicación del sector, los cabildos insulares y los ayuntamientos, para ofrecer todas las garantías durante el proceso.

En este sentido, Rodríguez ha detallado que “el desarrollo de este decreto ley es fruto del trabajo desarrollado por la Dirección General de Transportes y la ‭propia Mesa del Transporte Terrestre, en la que se decidió no utilizar la propuesta de modificación de la Ley de Ordenación del Transporte por Carreteras (LOTT) del Pacto de las Flores, no afrontar una reforma integral ni una nueva norma y que además resolvió, de forma unánime, proceder a la modificación de la LOTT contando con la participación y aportaciones de los miembros de este órgano”.

“Si bien‬‭ se‬‭ acordó‬‭ no‬‭ reactivar‬‭ el‬‭ proyecto‬‭ de‬‭ modificación‬‭ de‬‭ la‬‭ anterior‬ ‭ legislatura,‬‭ intentaremos‬‭ aprovechar‬‭ todo‬‭ aquello‬‭ que‬‭ ya‬‭ se‬‭ hubiera‬ ‭ trabajado‬‭ y‬‭ que‬‭ pueda‬‭ ser‬‭ útil,‬‭ con‬‭ el‬‭ objetivo‬‭ de‬‭ no‬‭ desperdiciar‬‭ esfuerzos‬ previos‬‭ y‬‭ enriquecer‬‭ este‬‭ nuevo‬‭ trámite‬‭ de‬‭ modificación‬‭ de‬‭ la‬‭ Ley‬‭ de‬‭ Ordenación del Transporte Terrestre”, ha puntualizado Rodríguez.

Asimismo, el Decreto Ley 6/2024 ha contado, además, con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Canarias, que fue emitido el pasado 28 de agosto de 2024.

Esta nueva norma pretende hacer frente, de manera ágil, a la adaptación de la normativa canaria a las exigencias europeas, modulando el ratio de solicitudes establecidas para acceder a la actividad, aplicando nuevos criterios objetivos relacionados con la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como la protección del medioambiente, “fundamental puesto que Canarias es un territorio limitado fragmentado y muy sensible”

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha subrayado también el apoyo alcanzado en la Cámara, en la que no se han registrado votos en contra, y ha explicado que este decreto ley promueve la adopción práctica, por parte de las administraciones públicas, de unos criterios basados en consideraciones ambientales, energéticas y de sostenibilidad que implican, además, la adaptación del resto de actividades relacionadas con el transporte discrecional de viajeros “para convertirlos en parámetros generales de actuación en esta materia y evitar situaciones de discriminación”.

Asimismo, el consejero ha insistido en la importancia de esta nueva norma porque “el elevado número de solicitudes de autorizaciones que se reciben en algunas islas podría suponer un importante descalabro para unos territorios insulares de alcance limitado y que, además, no están necesariamente en condiciones de soportar el impacto medioambiental que ello conllevaría”.

En esta línea, el texto de este decreto ley se ha optado por no introducir criterios numéricos concretos, “permitiendo que el Gobierno de Canarias fije criterios objetivos y que los ayuntamientos y los cabildos insulares aprueben sus criterios adicionales, teniendo en cuenta sus circunstancias locales”, ha apuntado Rodríguez.

El consejero también ha solicitado que se tramite como proyecto de ley, ya que este procedimiento permitiría que los distintos sectores interesados puedan dirigirse a los partidos con representación parlamentaria para proponer las modificaciones que considerasen necesarias para mejorar el texto actual del Decreto Ley, “teniendo tiempo más que suficiente para proponer y concretar las modificaciones que estimen pertinentes”, ha añadido Rodríguez.

Ley de Movilidad Sostenible para Canarias

Para concluir, el consejero ha destacado que “esta norma no es la única que promueve la visión sostenible en el desarrollo del transporte, ni es la solución a los problemas de movilidad que existe en las islas”.

En este sentido, la Ley de Movilidad Sostenible para Canarias, cuyo proceso de participación ciudadana finalizó el pasado mes de junio, también contribuirá a incentivar, promover y potenciar medios y modos de movilidad más sostenibles en los entornos urbanos e interurbanos de las islas, abordando la movilidad, tanto de personas como de mercancías, desde una perspectiva sostenible que además garantice la protección del archipiélago canario, así como el bienestar y la salud de los que residen en las ocho islas.

El Pleno de la Mesa del Transporte Terrestre insta al Estado a asumir el coste íntegro de la gratuidad de las guaguas

Los siete cabildos insulares han firmado una carta en la que solicitan, por unanimidad, que el Ministerio asuma, como hace con el resto de comunidades autónomas, esta prestación, que cifran en más de 140 millones de euros

El consejero Pablo Rodríguez insiste en que el presupuesto del Estado destinado a cubrir esta iniciativa es “absolutamente insuficiente” y está generando problemas de liquidez a las administraciones insulares y operadores de transporte

El sector ha trasladado a la directora de Transportes su acuerdo para abordar, por separado, la regulación del transporte profesional y la movilidad sostenible, y llevar a cabo una reforma parcial de la ley 13/2007 de ordenación sostenible del transporte terrestre de viajeros

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto con la directora general de Transportes, María Fernández, han convocado esta mañana la Mesa del Transporte Terrestre de Canarias para instar al Estado a asumir el coste íntegro de la gratuidad de las guaguas, a través de una carta que han firmado junto con los representantes de los siete cabildos insulares.

Pablo Rodríguez ha destacado que “hemos firmado una carta para pedir, de forma unánime, al Gobierno de España que pague el coste efectivo y real de la gratuidad del transporte de guaguas, que ronda los 140 millones de euros, es decir, en torno a sesenta millones de euros más de lo que recibe actualmente la comunidad autónoma”.

En esta línea, el consejero ha explicado que los presupuestos generales del Estado, que están prorrogados, solo contemplan 81 millones de euros para cubrir “una medida que ha sido realmente extraordinaria y que ha conseguido que la gente realmente dé el paso y se sume al transporte público, a la guagua”. Asimismo, ha añadido que esta partida es “absolutamente insuficiente” dado que esta cantidad se calculó en una fase inicial y no contempla las cifras de pasajeros actuales, lo que está generando problemas de liquidez a las administraciones insulares y a los operadores de transporte.

Por su parte, la directora general de Transportes, María Fernández, ha recalcado que las soluciones a los problemas de movilidad que existen en las islas se deben afrontar a través del impulso a una batería de medidas que generen un impacto positivo en ese cambio modal.

“El Pleno de la Mesa del Transporte Terrestre, donde se encuentra representado el sector privado, el sector público, los sindicatos, los consumidores, los usuarios y las administraciones públicas, es el órgano ideal del que deben partir todas esas herramientas que se tienen que poner en marcha para generar un cambio en la mentalidad y avanzar hacia una movilidad más sostenible, en la que se produzcan menos atascos”, ha apuntado Fernández.

Asimismo, la directora ha destacado que en esta reunión se ha abordado el estado de tramitación del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible de Canarias, así como del Decreto Ley de modificación de la ley 13/2007 de ordenación sostenible del transporte terrestre de viajeros que está preparando su departamento, y que será llevado próximamente al Consejo de Gobierno, con el objetivo de conocer el punto de vista de los sectores implicados y seguir avanzando en la mejora de la movilidad.

Otro de los puntos del día hacía referencia a cómo abordar la profundidad de la reforma de la modificación parcial de la ley de 2007, bien a través de un nuevo texto legislativo o mediante reformas parciales. En este caso, el pleno ha llegado al acuerdo de trabajar en una reforma parcial, cuyo alcance se determinará en una siguiente convocatoria de la mesa durante este año.

Asimismo, el sector también ha trasladado a la Dirección General de Transportes la negativa de sacar adelante una ley que regule al transporte profesional y a la movilidad sostenible, tal y como se planteaba en un borrador trabajado durante la pasada legislatura. “Los representantes nos han mostrado su acuerdo al criterio aportado por este equipo de gobierno de separar estos dos ámbitos y abordar, en paralelo, la situación del transporte profesional y de la movilidad”, ha concluido Fernández.