El Archipiélago recibirá 6.576 millones de euros, entre anticipos a cuenta y la previsión de liquidación del ejercicio de 2021, lo que garantiza el Presupuesto que las Islas necesitan para el próximo año

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, destaca que los ingresos estatales aportan margen de maniobra para reforzar los servicios públicos y contribuir a la dinamización económica

La participación de Canarias de la bolsa común de la financiación autonómica crecerá un 23,4% el próximo año, hasta situarse en los 6.576,2 millones de euros, de acuerdo con los cálculos realizados tras la participación del consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado miércoles en Madrid. La cantidad incluye los anticipos a cuenta de 2023 que recibirán las Islas, por un lado, y la liquidación del ejercicio correspondiente al año 2021, por otro.

La recuperación de la economía y, en consecuencia, la mayor recaudación fiscal por el crecimiento, unida en menor medida a la inflación, han aumentado los recursos disponibles en el Sistema de Financiación Autonómica (SFA), que no es otra cosa que el reparto que realiza el Estado entre las autonomías para que éstas puedan prestar los servicios públicos esenciales.

Rodríguez explicó hoy que la suma de los ingresos estatales suponen aproximadamente el 70 por ciento de los recursos presupuestarios de la Comunidad Autónoma, lo que da idea de relevancia de estas transferencias para la sostenibilidad de los servicios públicos. Los ingresos propios de los instrumentos fiscales canarios, con el 18%, y los fondos europeos, con el 12%, completan el cuadro de ingresos de los Presupuestos autonómicos.

Esos incrementos ya estaban en gran parte contemplados en el Plan y los Escenarios Presupuestarios para el trienio 2023-2025 aprobados por el Gobierno de Canarias el pasado 28 de abril. En concreto, la liquidación correspondiente al año 2021 estaba totalmente prevista. Los anticipos a cuenta, por su lado, estaban contemplados, aunque no en su totalidad, pues las previsiones del Estado han ido variando según la evolución de la economía.

El procedimiento que sigue el Gobierno central para el reparto de las cantidades a cuenta consiste en el cálculo de unos importes, en función de la estimación de los ingresos fiscales del siguiente año, que son anticipadas a las comunidades autónomas. Pasados dos años, el Ejecutivo realiza una liquidación, de modo que, si las autonomías recibieron más dinero del que les corresponde -en función ya de datos reales de recaudación- deberán devolverlo; en caso contrario, el Estado les abonará la diferencia.

Esta circunstancia explica que en las leyes de presupuestos autonómicos se concilien dos “realidades” financieras que remiten a años diferentes; por un lado, los anticipos a cuenta, que son calculados en función de la estimación para el año siguiente (en este caso, 2023), y las liquidaciones, que se realizan con dos años de demora con respecto al ejercicio presupuestario en curso (en este caso, 2021, que se transfiere en 2023).

Buen escenario y mejor balance

El vicepresidente volvió a destacar hoy que la previsión de ingresos estatales, junto a los recursos fiscales propios y los fondos europeos, constituyen un buen punto de partida para la elaboración de unos Presupuestos canarios expansivos en términos económicos y continuistas en términos políticos.

“Dispondremos de más recursos, pero los destinaremos a mantener las mismas políticas que hemos aplicado en los tres años anteriores de enormes dificultades económicas para todos; es decir, a mantener los servicios públicos esenciales, a proteger a familias y empresas que lo estén pasando mal y a dinamizar la economía, tirando de la demanda y el empleo”.

Rodríguez destacó la respuesta del Gobierno de Canarias a las sucesivas crisis que han venido sucediéndose en estos años y garantizó su continuidad el próximo año, en tanto se mantengan las difíciles condiciones actuales, con una crisis derivada del Covid que no ha enterrado definitivamente y con la escalada de precios provocada por la ruptura de las cadenas de suministros globales y agudizada por la guerra en Ucrania.

La financiación de los servicios sociales comunitarios en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales fue uno de los asuntos abordados en la reunión de trabajo entre el departamento regional de Derechos Sociales y los tres ayuntamientos de El Hierro

Los municipios herreños contarán este año con una partida dentro del Plan Concertado que asciende 431.851,88 euros, un 25,2% más que en 2021

“La financiación de los servicios sociales comunitarios es esencial para garantizar la atención de las personas y familias que peor lo están pasando, especialmente tras la crisis socioeconómica generada por la Covid-19 y la actual situación de conflicto bélico que está suponiendo un incremento en los precios de las bolsas de la compra y de productos básicos”, aseguró la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, en el transcurso de la reunión de trabajo celebrada con los responsables del área de servicios sociales de los tres ayuntamientos de El Hierro.

En el encuentro, Martínez hizo alusión al esfuerzo realizado por el Ejecutivo canario para incrementar la financiación de los servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de los municipios de la isla, de tal forma que este año asciende a 431.851,88 euros, 86.924,93 euros más que el año 2021, un 25,2%.

Del global para los tres municipios herreños, un total de 167.184,98 euros irán destinados a la capital, Valverde; 151.166,57euros a Frontera y 113.500, 33 euros a El Pinar.

Este fue uno de los asuntos que se trataron en la reunión celebrada con los tres ayuntamientos, en la que también se contó con la participación del director general de Derechos Sociales, Javier Bermúdez.

Hay que recordar que, a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, se garantiza la cobertura financiera de los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha remitido sendas cartas al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para demandar “con urgencia” la financiación necesaria para poner en marcha las obras del Tren de Gran Canaria

Morales considera que “un territorio muy frágil y protegido por sus valores ambientales” como Gran Canaria no permite “que se sigan construyendo más carriles en las vías ya existentes ni nuevas carreteras ya que supondrían un consumo muy intenso del suelo, el recurso más escaso y valioso con el que contamos”.

Además incide en que Gran Canaria cuenta con una de las densidades de población más altas de la Unión Europea, así como con una de las tasas de motorización (número de vehículos por cada 1.000 habitantes) más elevada del mundo, por lo que se hace imprescindible la apuesta por el transporte guiado como alternativa sostenible.

Según el dirigente grancanario “no podemos dilatar más la solución a los problemas de tráfico ni la apuesta por la movilidad sostenible de Gran Canaria a la espera de las decisiones de otros territorios insulares. Esta isla está preparada para iniciar el proyecto de implantación del tren para lo que cuenta con una alta demanda y un amplio consenso de la ciudadanía. Además, en este momento los fondos para la recuperación asignados por la Unión Europea a la movilidad sostenible suponen la oportunidad histórica e irrepetible para afrontar este reto”.

Por todo ello solicita al Gobierno de Canarias y al Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que “se pongan en marcha, sin demora, los procedimientos precisos para garantizar la financiación que exige este proyecto, tanto a través de los diversos fondos europeos destinados a esta materia como del presupuesto estatal para infraestructuras ferroviarias, del que Gran Canaria nunca ha sido beneficiaria”.

El Cabildo de Gran Canaria ha consignado en su Presupuesto 2022 un total de 6,1 millones de euros al Área de Solidaridad, lo que supone el 0,8% del total de las cuentas insulares para esta anualidad, con los que se financiarán unos 120 proyectos y aprobados, que se desarrollarán en 25 países, para respuesta a las necesidades básicas de sus poblaciones, y que se canalizarán a través de 80 asociaciones

Carmelo Ramírez, consejero de Solidaridad Internacional del Gobierno de Gran Canaria, ha asegurado que “el Cabildo de Gran Canaria es uno de las instituciones españolas que más partidas destinan a la solidaridad” y ha detallado que los proyectos se realizarán, fundamentalmente, en los ámbitos de la educación, la alimentación, la salud y desarrollo económico de ese conjunto de 25 países africanos, sudamericanos, asiáticos y de Oriente Medio, como es el caso de Palestina.

Asimismo, el consejero, que hoy ha presidido la reunión del Consejo Insular de Solidaridad, ha informado de que se ha propuesto al órgano la idea de elaborar un protocolo, que se firmará con todas las ONG y que implica la adquisición por parte de la Institución Insular del compromiso de efectuar un gasto plurianual, para costear los proyectos de mayor duración. “Vamos a ofrecer esta posibilidad para poder acometer y dar más estabilidad a las acciones que tiene vocación de continuidad”, ha señalado Ramírez.

También ha indicado que ya se ha dado cuenta al Consejo de la publicación de las bases de las ayudas para poner en marcha campañas de sensibilización, para las que las ONG van a contar con 50.000 euros, destinados a financiar acciones en Gran Canaria que no sobrepasen los 2.000 euros; y los ayuntamientos dispondrán de otros 50.000 euros.

Ramírez ha anunciado, por otro lado, que el Área de Solidaridad coordinará las actuaciones que acometa el Cabildo en todo lo relacionado con el conflicto armado que se vive en Ucrania.

A este respecto, ha explicado que este asunto lo coordina la Unión Europea, que se encarga de canalizar todos los recursos económicos a cada Estado, cuyos gobiernos están pidiendo colaboración a las ONG y a los ejecutivos autonómicos y las administraciones locales, para coordinar las tareas y llevar a cabo el programa. “Básicamente, se trata de temas de refugio y de asilo político, así como de ayudas de emergencia tanto para quienes lleguen aquí como para quienes siguen en Ucrania y en los países limítrofes”, ha indicado. “Unas tareas que en el Cabildo estamos coordinando a través de la Asociación de Ucranianos en Gran Canaria y de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)”.

Actividades de Gran Canaria Solidaria

En la misma reunión, los miembros del Consejo Insular de Solidaridad han conocido las actividades que ha programado la Corporación desde Gran Canaria Solidaria.

En esa planificación, aparece el acto ‘Verseando por la Solidaridad’, que se celebrará el jueves, 24 de marzo, y en el que participarán Yeray y otros verseadores y verseadoras de Canarias y de otros países.

El miércoles 30 marzo, con motivo del Día de la Tierra Palestina, por la mañana se inaugurará en la cristalera del edificio del Cabildo la exposición ‘Escuelas en la línea de fuego’, creado por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo (UNRWA). Y ya en horario de tarde, Raquel Martín, la directora ejecutiva del comité español de la UNRWA, ofrecerá una conferencia con el mismo título.

Por otra parte, el jueves 21 de abril se conmemorará el Día contra la Esclavitud Infantil, con la proyección del documental ‘La puerta de atrás’, a cuyo visionado seguirá un coloquio en el que participará la periodista Ana Palacios.

Para el viernes, 13 de mayo, el actor Moisés Matos representará la obra ‘Salvador Seguí el hombre que caminó sobre la utopía’, que se centra en la vida de Seguí, que fue un ejemplo de militancia desde la liberación personal y colectiva.

Ya en junio, el jueves día 16, se proyectará el documental ‘Paralelo 35º50’, de Sergio Rodríguez, un trabajo en el que se desvela, por medio de audios inéditos, cómo las autoridades marroquíes y españolas se reparten las labores de rescate, poniendo en entredicho el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Posteriormente, se desarrollará un coloquio sobre el tema.

Finalmente, a lo largo de ese mismo mes de junio, también se realizarán actividades sobre la migración en los centros escolares de la Isla, que correrán a cargo del actor senegalés Thimbo.

La distribución de fondos en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de 2022 supone dotar a los ayuntamientos de la isla con una partida de 1.403.306, 87 euros

Fuerteventura recibirá este año en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, a través del cual se financian los servicios sociales comunitarios y programas de atención social para las familias más vulnerables de los municipios, una partida que asciende a 1.403.306,87 euros, un 17,59% más que en 2021.

En concreto, de este montante, Puerto del Rosario, el municipio capitalino, contará con un montante de 470.987,13 euros, lo que supone un incremento de 64.200,22 euros, un 15,78% más con respecto a 2021.

Por municipios, las partidas son las siguientes: Antigua, recibirá en 2022 una montante que asciende a 153.654,91 euros; Betancuria, 107.271,53 euros; La Oliva, 221.112,56 euros; Pájara, 42.779,5 euros y Tuineje, 207.501,24 euros.

El Plan Concertado, cuyo protocolo de reparto de fondos ha sido firmado recientemente entre la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Gobierno de Canarias y la Federación Canaria de Municipios (FECAM), asciende este año a un global para todo el Archipiélago de 41.294.742 euros, 6.047.428 euros más que en 2021 y más del doble con respecto a 2019, cuando la inversión alcanzó los 20.182.927 euros.

Durante el acto de firma, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, recordó que “desde que asumimos esta Consejería en el Gobierno canario, hemos incrementado la cantidad destinada a los servicios sociales comunitarios cada año, aumentando en un 125% la financiación a este protocolo desde los 18 millones con los que contó en 2018 a los más de 41 millones de euros de 2022”.

A través de la firma del Protocolo de distribución del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales se garantiza la cobertura financiera de los servicios sociales municipales y los recursos dirigidos a la atención de las familias en situación de mayor vulnerabilidad social como son la Prestación Canaria de Inserción (PCI), los servicios de ayuda a domicilio, los centros de servicios sociales, los centros de día o atención a las personas en situación de riesgo social, además de financiar los recursos y programas para la atención necesaria a las familias y personas en situación de pobreza y de exclusión social que residan en las Islas.

La Consejería de Hacienda remite al Gobierno central sus alegaciones y propuestas al informe del grupo de trabajo sobre el cálculo de población ajustada

El documento reprocha al Ministerio que se refiera a los recursos tributarios del REF, pese a que no forman parte del sistema de financiación

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias remitió hoy al Ministerio de Hacienda y Función Pública un documento técnico con las alegaciones y propuestas presentadas al informe de este ministerio sobre el cálculo de población ajustada que defienden básicamente la necesidad de aumentar el peso de la insularidad e incluir la pobreza en el reparto de los fondos para atender los servicios públicos fundamentales. La población ajustada es el parámetro utilizado para medir las necesidades de gasto de las comunidades autónomas, uno de los elementos del sistema de financiación pendiente de reforma. Además, el Ejecutivo recuerda al Gobierno central que los recursos tributarios del REF no forman parte de ese sistema.

Canarias responde, de esta manera, al informe del grupo de trabajo sobre población ajustada remitido el pasado 3 de diciembre por la ministra, María Jesús Montero, al vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Y lo hace con un documento que complementa algunas de las consideraciones ya remitidas con anterioridad al propio Ministerio, el 21 de mayo y el 22 de septiembre de 2021. El documento se ha elaborado en virtud de un convenio de colaboración entre la Consejería y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la participación, por parte de Hacienda, de Lucrecia Apolinario Hidalgo y María Teresa Gil Doreste, y del centro académico superior, de Arturo Melián González.

La propuesta canaria argumenta, en relación con los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), que la pobreza se traduce en una mayor necesidad de gasto y que, por tanto, se hace necesario trasladar correctamente esta circunstancia a la fórmula de población ajustada. Las comunidades autónomas con menor nivel de renta, asegura, tienen una mayor presión en los servicios públicos.

Así, en el caso de la sanidad se señala que “existen evidencias claras del impacto negativo que tiene una mayor pobreza en el estado de la salud de la población, y, por lo tanto, en unas mayores necesidades de gasto en materia de servicios sanitarios, hecho que es preciso que se considere para contar con una fórmula de medición de necesidades de gasto justa y equilibrada que permita que las CCAA afectadas por este hecho puedan ofrecer unos servicios a su población en igualdad de condiciones”.

Esta necesidad de precisión, añade el documento, es más importante aún ante un escenario en el que se plantea incrementar la ponderación del gasto sanitario en la fórmula de la población ajustada.

Sobre este mismo bloque competencial, Canarias también echa en falta un análisis del impacto del turismo en los costes sanitarios, a pesar de haberlo solicitado en julio.

La Consejería se pronuncia en similares términos en relación con el gasto educativo, si bien en este caso también reprocha al Gobierno central que no haya considerado aquí que los peores niveles de renta conllevan unas necesidades de gasto mayores y que los territorios con menos renta son los que tienen peores resultados académicos y más necesidades de programas especiales de apoyo.

Un indicador fiable

En el caso de los servicios sociales, Canarias considera fundamental añadir un indicador destinado a medir la pobreza y que sirva para calcular las necesidades de gasto relacionadas con la exclusión y la vulnerabilidad.

El documento rechaza la propuesta del Ministerio de realizar los cálculos sobre el número de parados sin prestación por desempleo, al considerar que la casuística de la exclusión es más diversa y propone el uso de la tasa AROPE, “un indicador multidimensional más aceptado, que permite su cuantificación sin dejar de lado la componente del desempleo (“baja intensidad en el empleo”)”, aunque considerando también la privación material severa y el riesgo de pobreza (hogar con una renta inferior al umbral de pobreza). “Esta tasa, al proceder de fuentes oficiales (Eurostat e INE), tiene garantizada su continuidad, periodicidad anual, y su perfeccionamiento, a la vez que permite la homogeneidad y la comparabilidad entre comunidades autónomas y países de la UE”.

El informe del Gobierno de Canarias se detiene también en el análisis de las variables geográficas y demográficas propuestas por el Ministerio y asegura, entre otras cosas, que comparte el criterio de la estrecha relación entre las variables despoblación, superficie y dispersión y, en particular, que la despoblación debe ser abordada por instrumentos de desarrollo regional, no con la financiación autonómica. Precisamente por ello, los expertos canarios no entienden que, sin embargo, se le otorgue a la despoblación peso específico en la propuesta enviada desde Madrid, porque, además, no supone mayores gastos en servicios. En este sentido, no encuentran ninguna justificación para añadir una variable distinta a la de “superficie”, dado que este indicador ya mide la densidad de población, y dispersión.

Más dotación por insularidad

En relación con la insularidad, se hace constar que ni su ponderación ni la porción que corresponde a Canarias pueden sufrir una disminución con la reforma, dado que está claramente infrarrepresentada en el documento remitido desde el Gobierno central. De ahí que se reclame que la participación de Canarias en la población ajustada a través de la insularidad se incremente, dado que la contribución de esta variable es significativamente inferior a los costes de los servicios públicos prestados por la Comunidad Autónoma.

La insularidad, se subraya en el informe remitido al Ministerio, es el único instrumento para considerar la lejanía de 1.300 kilómetros respecto a la Península y la doble insularidad que padecen las islas no capitalinas. A esto se añaden dificultades como el relieve, la orografía y la superficie reducida. “La evidencia de las dificultades que suponen estas desventajas ha llevado a que Canarias sea considerada en el Tratado de Funcionamiento de la UE como región ultraperiférica (RUP), con una aplicación especial del derecho comunitario”, a la vez que acentúa el factor de su insularidad.

En este apartado, el documento critica que el Ministerio haya mencionado explícitamente aspectos relativos a la financiación de Canarias al hablar de insularidad, cuando no se menciona a ninguna otra comunidad autónoma en todo el informe -centrado exclusivamente en la población ajustada- y recuerda que la integración de los recursos del REF no tiene nada que ver con la importancia relativa que deba otorgarse a la insularidad en la población ajustada, sino que se justifican por las especiales y graves dificultades de carácter estructural, asociadas a la condición de RUP.

Ante esos comentarios, el Ejecutivo canario recuerda al Ministerio que el artículo 166.3 del Estatuto de Autonomía señala que “los recursos del Régimen Económico y Fiscal son adicionales a los contemplados en la política y normativa vigente en cada momento para la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus Entidades Locales”. Además, el REF tiene como finalidad promover el desarrollo económico y social de Canarias, “objetivo cuya vigencia continúa presente”, conforme al artículo 1 de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y a la exposición de motivos de al Ley 20/1991 de modificación de los aspectos fiscales.

Durante los actos de conmemoración del aniversario de la Constitución en Madrid, el presidente de Canarias agradeció las muestras de apoyo a La Palma y avanzó que el miércoles se celebrará una nueva Comisión Mixta en la Isla Bonita

Torres recurre a la renovación del Estatuto de Autonomía de Canarias en 2018 como ejemplo de reforma consensuada que podría servir de referente a la actualización de la Carta Magna española, que cree necesaria pero sin obviar “todo lo bueno que nos ha dado”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asistió este mediodía a los actos conmemorativos del 43 aniversario de la Constitución española en Madrid. Previamente, el jefe del Ejecutivo canario indicó a la prensa que la reforma del sistema de financiación autonómico que ha impulsado el Ministerio de Hacienda con un primer borrador tendrá el visto bueno de su Gobierno y del resto de fuerzas políticas canarias si se respetan las singularidades del Archipiélago, reflejadas y renovadas en el Estatuto y el Régimen Económico y Fiscal (REF) de 2018, así como diversos criterios correctivos.

Torres insiste en que el texto remitido recientemente por el Ministerio a las comunidades autónomas es “un primer documento amplio que estudiaremos con detenimiento y calma. No obstante, repito lo que ya hemos dicho en otras reuniones: que nuestro Estatuto recoge bien que la financiación autonómica está al margen de nuestro REF y, por tanto, es algo indiscutible”.

El presidente autonómico se refirió a los “criterios correctivos” que incluye ese borrador, como el despoblamiento (población ajustada) y la insularidad (que pasa del 3% al 4%) pero recalca que se trata de cuestiones que deben ser “bien estudiadas. Canarias considera que hay otros conceptos que deben tener peso en la renovación, como la renta per cápita, la pobreza, la renta de paro, la de las familias y las singularidades de los territorios”, explicó.

Según subrayó, “para nosotros, el REF no tiene debate ni discusión: debe cumplirse por cualquier Gobierno de España y, una vez que se logre que la financiación esté al margen de ese sistema, eso será para siempre, para ese ejercicio y los siguientes, sin posibilidad de revisión”, advirtió.

Torres reiteró que Canarias “lo tiene claro porque somos la única Región Ultraperiférica (RUP), la única que tiene un REF singular, disponemos de IGIC y no de IVA, y estas singularidades y características propias las vamos a defender porque ya son hitos logrados, por lo que estaremos muy atentos a las propuestas del Gobierno y de otras comunidades para defender una justa financiación”, indicó.

Torres también agradeció las múltiples muestras de apoyo y solidaridad de todas las instituciones españolas, desde el Gobierno de España y las Autonomías con La Palma por la erupción de Cumbre Vieja, que sigue sin terminar y que se ha convertido en la emergencia más grave de la historia reciente del Archipiélago. “He notado ese respaldo y compromiso por parte de los distintos grupos en las Cortes Generales, de presidentes autonómicos y, en especial, del Gobierno de España, que ha estado y estará al lado de esta situación, buscando soluciones permanentes, adoptando medidas y, de hecho, en los próximos días habrá otra Comisión Mixta”. El presiente entiende que las familias afectadas esperen que las ayudas lleguen cuanto antes, pero considera “que hay que reconocer que son las que están llegando más rápido que nunca, si se atiende a otros acontecimientos del pasado, como el Delta de 2005 o las riadas de 2010”. El presidente tiene claro que la reconstrucción precisa de la participación de todos y que La Palma “seguirá siendo La Isla Bonita”.

Sobre la renovación de la Carta Magna española, el presidente de Canarias considera que se debe actualizar y adaptar al siglo XXI y cree que lo ocurrido precisamente con el Estatuto y REF canarios en 2018 es un buen ejemplo a seguir porque también llevaba tiempo intentándose, porque hubo muchas dificultades pero, al final, salió “con un gran consenso para dar más autogobierno a nuestras islas y por aplicar medidas que hoy se debaten, como la eliminación del aforamiento de los diputados y diputadas canarias”.

“Han pasado 43 años de la Constitución –afirmó- y se sigue tratando de una importantísima manifestación popular de la mayoría del pueblo español porque consolidó la libertad y la recuperación de la democracia, pero creo que sería bueno actualizarla. Eso sí, poniendo en valor todo lo que nos ha dado, lo que nos está dando y nos seguirá dando para la convivencia pacífica en nuestro país, por lo que tiene mucho presente y futuro. No es una cuestión del Gobierno, sino de las Cortes Generales, pero hay que estar feliz por vivir en un Estado de libertad, democrático y en el que podemos opinar con el valor de la palabra y con nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos libres”, aseveró el presidente de Canarias.

Este martes La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo publica la Resolución definitiva 2021 de apoyo a la actividad de I+D de la convocatoria María del Carmen Betancourt y Molina con la concesión de casi tres millones de euros

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, ha publicado la resolución definitiva de la convocatoria de concesión de casi tres millones de euros de ayudas para la realización de Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D) María del Carmen Betancourt y Molina cofinanciada en un 85% por el Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020.

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, que dirige Carlos Andrés Navarro, financia 46 proyectos de Investigación y Desarrollo en Canarias con la Resolución Definitiva de I+D 2021.

Son los centros públicos de investigación en cooperación con empresas y organismos que desarrollen actividades de investigación las entidades beneficiarias de dichas ayudas, potenciando criterios de inclusión social y potenciando el papel de la mujer en la investigación, con 18 proyectos liderados por mujeres.

En esta convocatoria han obtenido la ayuda entidades como Fundación Canaria Instituto de Investigación Sanitaria de Canarias (FIISC), Instituto Tecnológico de Canarias, (ITC), Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del CSIC (IPNA-CSIC); Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y Universidad de La Laguna (ULL).

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo incentiva la realización de Proyectos de I+D que generen conocimiento científico y técnico de excelencia en las áreas prioritarias para Canarias, que supongan avances cualitativos y significativos en el ámbito científico y que logren a medio y largo plazo mejorar el impacto nacional e internacional de las instituciones, centros, grupos de investigación e investigadores canarios, canalizar los recursos hacia los sectores esenciales para Canarias y en definitiva fortalecer la capacidad del sistema canario de ciencia, tecnología e innovación.

Con la resolución de la convocatoria de María del Carmen Betancourt y Molina se generará 42 contrataciones con la participación de 63,98% de hombres y 36,02% mujeres en los proyectos de investigación financiados por la ACIISI.

Esta línea de subvención lleva el nombre de ‘Programa de apoyo a la investigación María del Carmen Betancourt y Molina’ como reconocimiento a esta investigadora, y con el propósito también, de resaltar el papel de la mujer canaria en la ciencia, así como dar visibilidad al pasado histórico científico y la trayectoria profesional de las mujeres en el campo de la investigación y poner en valor sus importantes aportaciones al mundo investigador y a la sociedad.