En el ejercicio económico que ahora comienza está prevista una partida de 2,2 millones de euros para la adjudicación de 90 contratos, frente a los 85 de 2024 o los 60 de cada anualidad de la pasada legislatura

Migdalia Machín: “Lo único que ha cambiado respecto a 2024 es que hemos aumentado el número de contratos y que las convocatorias serán gestionadas por las universidades para que los investigadores puedan cobrar lo antes posible”

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura (CUCIC), seguirá financiando los contratos predoctorales para el personal investigador de la comunidad autónoma en el ejercicio de 2025, tal como ha venido haciendo hasta la fecha.

En concreto, cada universidad recibirá de la CUCIC una partida de 1.100.000 euros destinada a financiar 90 contratos predoctorales en total, incrementando así el número de los mismos respecto a 2024, que fueron 80 inicialmente, incrementados hasta 85 posteriormente; sobre los 60 contratos presupuestados en la anterior legislatura en los ejercicios de 2020, 2021 y 2022, respectivamente.

La consejera del área en el ejecutivo autonómico, Migdalia Machín, ha manifestado que “el gobierno seguirá haciendo frente a este compromiso con el ecosistema investigador de Canarias”, reconociendo que “no estamos satisfechos porque, a pesar del esfuerzo económico, este no es suficiente y debemos seguir incrementando el número de contratos en las siguientes anualidades”.

Preguntada sobre la posibilidad de que el gobierno dejara de financiar estos contratos, que para el personal investigador de Canarias representan una oportunidad significativa de formación y desarrollo profesional, Machín explicó “que no solo no es cierto, sino que en ningún momento se ha planteado dejar de hacerlo” y aclaró que lo único que ha cambiado “es la modificación del procedimiento de la tramitación para que sean las universidades, a las que la consejería les transfiere los fondos destinados a la financiación de los contratos del personal investigador, las que las ejecuten”.

En efecto, hasta la fecha, la convocatoria de los contratos predoctorales en Canarias era realizada por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), dependiente de la CUCIC. Esta entidad organiza las subvenciones para la contratación de personal investigador predoctoral inscrito en programas oficiales de doctorado, con financiación cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus.

Sin embargo, al objeto de reducir el tiempo de espera de la recepción de los fondos de los contratos por parte del colectivo investigador, se decidió que fueran las propias universidades quienes gestionarán los mismos.

El hecho de que las universidades gestionen los contratos predoctorales ofrece varias ventajas, “pero la principal por ser una cuestión fundamental –aclaró Machín–, es la simplificación administrativa ya que centralizar la gestión en las universidades reduce trámites burocráticos al coordinar directamente las convocatorias, contratación y seguimiento, con lo que el ecosistema investigador recibe los fondos en un espacio de tiempo sensiblemente menor”.

El procedimiento para que las universidades gestionen los contratos predoctorales en Canarias se enmarca en la Ley 14/2011 de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que regula la contratación de personal investigador mediante convenios específicos. Tanto la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) como la Universidad de La Laguna (ULL), han asumido esta gestión a través de sus vicerrectorados, publicando convocatorias propias bajo principios de concurrencia competitiva. Este cambio permite a las universidades adaptar los contratos a sus programas de doctorado y proyectos de investigación, financiados por fondos públicos o externos.

Por otra parte, también hay que añadir que la Orden de 8 de mayo de 2024, por la que se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones del departamento, excepto del sector audiovisual, para el periodo 2024-2026 establece en la ficha denominada “Formación de personal investigador” un indicador de gestión de 150 contratos predoctorales al año. Esto significa que la acumulación de contratos de las convocatorias en vigor durante un año debe ser, como mínimo, de ciento cincuenta.

Los contratos tienen una duración de cuatro años. En 2024, por ejemplo, con el importe asignado, se están abonando los contratos correspondientes a convocatorias de años anteriores, además de los de la convocatoria de 2024. Son bastantes más de 150 ya que, en este momento, alcanzan la cifra de 235 contratos.

Por lo tanto, a modo de aclaración, lo que se refleja en el Plan Estratégico de Subvenciones no es el número de contratos que se subvencionan cada año, sino el número de contratos que se están financiando en total cada año, incluyendo las subvenciones concedidas en años anteriores.

Esther Monzón y Carlos Díaz y envían a la ministra de Sanidad un escrito respaldado por unanimidad de las organizaciones sindicales que conforman la Mesa sectorial de Sanidad reclamando la financiación necesaria para garantizar la adecuada asistencia sanitaria a las personas migrantes que llegan a las costas canarias

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, el viceconsejero de Sanidad y director del Servicio Canario de la Salud, Carlos Díaz, y todos los sindicatos del ámbito sanitario del archipiélago con representación en la Mesa sectorial de Sanidad reclaman al Ministerio de Sanidad la financiación adecuada para mantener los dispositivos sanitarios activados en las islas para dar respuesta a la crisis migratoria que vive el archipiélago desde hace meses.

Así, Monzón y los integrantes de la Mesa Sectorial han remitido una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que le reclama “el apoyo del Ministerio y de todo el Gobierno del Estado para la dotación de los recursos necesarios para atender la demanda de asistencia sanitaria a las personas migrantes que llegan a nuestras costas, en lamentables condiciones que requieren de una atención inmediata, urgente y compleja, a la vez que multidisciplinar, suponiendo un desmesurado esfuerzo para el sistema y para los profesionales implicados”.

En el escrito recuerdan que esta situación, anómala y en crecimiento constante, supone una inversión presupuestaria que está siendo asumido por la Comunidad Autónoma de Canarias con sus propios medios, por lo que reclama al Gobierno de España que financie esta actuación que está asumiendo el Gobierno de Canarias, “de modo que contribuyan a paliar la ingente, continua y creciente necesidad de financiación que genera la citada prestación”.

Para concluir la carta, Esther Monzón solicitó al Ministerio de Sanidad que contribuya “a sostener la asistencia sanitaria que requieren las personas migrantes que llegan en condiciones inhumanas a nuestras costas, que requiere un abordaje multidisciplinar complejo en un territorio particularmente sensible, y que conlleva el agotamiento de los recursos disponibles para ello”.

El presidente de Canarias advirtió en el Foro La Toja que “30 años después de la llegada de la primera patera a las islas, Canarias está peor que nunca”

Clavijo adelanta Canarias está avanzando en retos como el turismo, la vivienda o la distribución de la riqueza en las mesas de trabajo constituidas en la Conferencia de Presidentes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, urgió hoy en el Foro La Toja abordar la reforma del sistema de financiación, pero para ello pidió “transparencia”. De esta forma, el jefe del Ejecutivo canario que intervino este viernes en la mesa autonómica del conocido Foro de debate junto a la presidenta de las Islas Baleares, Margarita Prohens, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, reconoció sobre el concierto catalán que “nadie sabe lo que se ha pactado sobre el papel” y advirtió sobre los peligros de romper el principio de “solidaridad”.

Sobre la emergencia migratoria en las Islas, el presidente Clavijo reconoció que “tanto la Unión Europea como determinados países han actuado muy bien cerrando la Ruta Mediterránea pero han provocado que toda la presión migratoria recaiga sobre la Ruta Atlántica”.

Fernando Clavijo puso el foco en la situación “crítica” que vive Canarias. Al respecto, subrayó que “30 años después de la llegada de la primera patera a las islas – concretamente, a Fuerteventura- Canarias está peor que nunca”.

Asimismo, se centró en la crisis de los menores no acompañados. En este sentido, reconoció que el archipiélago “no puede seguir soportando en solitario todo el peso migratorio. Tenemos un grave problema al que tenemos que dar respuesta pero no desde Canarias, que ya lo está haciendo, sino desde España, como país, y desde Europa”.

El presidente canario mostró su preocupación porque “se trate de hacer política con los niños cuando -insistió- el fondo de la cuestión es que a esos menores hay que atenderlos” y subrayó que “el Estado no puede mirar para otro lado”.

Fernando Clavijo abogó por la reforma de la ley de extranjería y apeló a la necesidad de “llegar a acuerdos”. En este sentido, reconoció que el principal partido de la oposición, el Partido Popular, “ya ha dado un paso importante firmando un acuerdo con el Gobierno de Canarias” que confió pueda servir para “el gran acuerdo de país que venimos reclamando”.

La directora general de Transporte ha mantenido un encuentro con representantes de las administraciones insulares para establecer una hoja de ruta que permita la correcta implementación de la gratuidad del transporte público regular de viajeros en Canarias

La directora general de Transporte del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha convocado esta mañana a la Mesa Interadministrativa del Transporte, en la que están representada los Cabildos insulares, para informarle de la decisión del Ejecutivo de eliminar el límite requerido para acceder a la gratuidad del transporte público regular de viajeros en el Archipiélago.

María Fernández ha destacado que “el Gobierno de España inicialmente no vinculó esta subvención a un mínimo de viajes, por lo que el equipo anterior de la Consejería tomó una decisión caprichosa sin basarse en ningún dato fidedigno, creando, por un lado, un estrangulamiento a muchos de los cabildos a la hora de justificar esa subvención y, por otro, un efecto totalmente pernicioso en el modo de viajar de los propios usuarios del transporte”.

En este sentido, la directora ha destacado que la Dirección General de Transportes ha determinado rectificar esta decisión, ya que son los Cabildos los que tienen la competencia para poder discernir cuál es el dimensionamiento y el hábito de comportamiento del viajero medio.

“El Gobierno de Canarias no exigirá un mínimo de 15 viajes para justificar la subvención, y solicitaremos a los cabildos que apliquen los bonos habituales, beneficiando al viajero que use el transporte frecuentemente”.

El organismo ha concedido al Cabildo de Tenerife una subvención de 2 millones de euros que cubrirá, además de los costes de contratación, otros gastos como maquinaria, vehículos y equipamiento

La Consejería de Turismo y Empleo, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha concedido una subvención de 2.012.984,15 euros al Cabildo de Tenerife para poner en marcha un plan de empleo dirigido a reducir los efectos del incendio forestal que golpeó a la isla en el verano de 2023.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, explicó que esta partida “permitirá al Cabildo de Tenerife contratar a 63 personas en situación de desempleo, priorizando a aquellos colectivos que cuentan con mayores dificultades de inserción laboral, como parados de larga duración, mayores de 45 años, mujeres y personas con discapacidad”.

Entre los perfiles a contratar se requieren 38 operarios (30 peones forestales y ocho de construcción); dos auxiliares administrativos; un biólogo; un ingeniero de montes o agrónomo; cuatro capataces especializados en Gestión Forestal y del Medio Natural; nueve jefes de grupo forestales o agrícolas; dos jefes de grupo de construcción y seis auxiliares técnicos (motoserristas).

Los trabajadores llevarán a cabo distintas labores de recuperación en los 11 municipios afectados por el incendio forestal: Los Realejos, La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria, La Matanza, El Sauzal, Tacoronte, El Rosario, Candelaria, Arafo y Güímar.

Las labores incluyen la restauración de infraestructuras forestales -principalmente senderos- en las zonas del Parque Natural de Corona Forestal, el Paisaje Protegido de Las Lagunetas y en el Paisaje Protegido de las Siete Lomas. También se realizarán trabajos de defensa contra la erosión del suelo, así como labores de restauración y limpieza de la vegetación afectada por las llamas.

Además de los costes de contratación, la subvención del SCE se destinará a cubrir otros gastos, como maquinaria, vehículos o equipamiento. El proyecto deberá finalizar antes del 30 de diciembre de 2024.

Ambas administraciones llevan suscribiendo este convenio desde el año 2002 y aportando el 50% de la financiación cada una, sin embargo en el presente convenio la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y el Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias aportará sólo el 40% de la financiación y el Cabildo el 60%

El Cabildo ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno el convenio de cooperación con el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y el Instituto Canario de Igualdad, para la consolidación y mantenimiento del sistema canario de prevención e intervención integral contra la violencia de género en la isla de Gran Canaria.

Este convenio tiene una vigencia de cuatro años (2023-2026) y está dotado con 28.385.763,85 euros que son financiados en un 60% (16.621.297,3 euros) por parte del Cabildo y un 40% por la Comunidad Autónoma de Canarias (11.764.466,5 euros), una diferencia de casi 5 millones de euros más que aporta la Institución insular.

“Con este convenio plurianual el Cabildo de Gran Canaria está garantizando que se cubran correctamente los servicios de la red de atención a las víctimas de violencia de género, a través de los que el año pasado se atendieron a 6.042 mujeres en Gran Canaria”, ha subrayado la consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, Isabel Mena que ha añadido que “no podemos olvidar que en los últimos 4 años, no sólo hemos crecido en servicios poniendo en marcha servicios especializados como la atención a las víctimas de ciberviolencia, sino que también hemos incrementado el personal de los servicios que ya existían y hemos adaptado la cuantía de esos servicios a las subidas salariales que se han producido los últimos 4 años. Por eso consideramos que ha sido un acto de responsabilidad que el Cabildo de Gran Canaria en este convenio financie el 60% porque de esta manera no se va a producir el cierre de ningún servicio de atención a las víctimas de violencia de género y además todos contarán con el personal necesario para que la atención sea de calidad y pueda darse en los 21 municipios de la Isla”.

La consejera Mena ha destacado además que “el incremento de la financiación del Gobierno de Canarias para suscribir el presente convenio de 387.986,28 euros al año, en total 1.318.239,15 euros en 4 años, no es suficiente, si el Cabildo hubiera hecho una aportación proporcional a la que ha hecho el Gobierno de Canarias, tendríamos que haber cerrado los servicios de atención a las víctimas de violencia de género de la Isla, por eso hemos hecho, insisto, un ejercicio de responsabilidad y hemos aportado el 10% más de la financiación que nos correspondía, ya que la cofinanciación de este convenio siempre ha sido a partes iguales, es decir, mitad y mitad”.

En el presente convenio, respecto al anterior (2019-2022), el Cabildo ha incrementado su financiación en 6.408.776,33 euros.

Estas subvenciones fomentan la práctica de la actividad física con plena integración para personas de atención especial, por lo que tienen gran importancia para sus destinatarios

El presupuesto de la Viceconsejería para el próximo ejercicio 2024 multiplica por tres los recursos destinados al fomento del deporte para personas con discapacidad

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias impulsa la realización de programas dedicados a la promoción del deporte para personas con algún tipo de discapacidad a través de su política de subvenciones. En concreto, 26 entidades y proyectos se han beneficiado de los 100.000 euros a los que asciende esta dotación para 2023.

La confirmación de estas ayudas coincide con la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, este domingo 3 de diciembre, y se trata de un compromiso adquirido por el actual Gobierno, desde la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes, que dirige Ángel Sabroso, así como la Dirección General con José Francisco Pérez como titular, para contribuir al desarrollo, mejora y consolidación de la práctica deportiva en condiciones de igualdad de los canarios y canarias.

Con estas subvenciones, el departamento que dirige Poli Suárez apoya tanto a deportistas individuales como a entidades públicas, asociaciones o fundaciones residentes en el Archipiélago que, en algunos casos, participan en competiciones de carácter profesional o amateur.

En ese sentido, la Dirección General de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias incrementará en un 200% los recursos destinados al fomento del deporte para personas con algún tipo de discapacidad, pasando de esta línea de subvenciones específica, dotada con 100.000 euros, al desarrollo de programas concretos para la discapacidad y el deporte por valor de 300.000 euros para el ejercicio 2024.

En consonancia con las líneas estratégicas del área de Deportes para esta legislatura, estas dotaciones permitirán atender los derechos de colectivos de atención especial al mismo tiempo que se propicia la eliminación de obstáculos para que puedan desarrollar actividades de índole deportiva con plena integración.

El objeto de esta línea de subvenciones, además de mejorar la experiencia de los beneficiarios, es una clara apuesta por el desarrollo de un nuevo modelo de gestión en materia de Deportes del departamento que dirige Poli Suárez enfocado hacia la actividad física como un medio de conexión y conocimiento para la reactivación del sector.

Así, potenciar políticas transversales entre Deportes y otras áreas del Gobierno de Canarias como Sanidad, Educación, Bienestar Social, Turismo, Cultura o Hacienda; poner énfasis en el en valor de la actividad física y el deporte vinculándolo a la igualdad, la familia o la sostenibilidad; además de fortalecer los deportes y juegos autóctonos y tradicionales, son algunas de las líneas estratégicas del actual Gobierno.

V Jornadas Deportivas del CEE Petra Lorenzo

Estos datos fueron expuestos por el viceconsejero Ángel Sabroso durante la celebración, este viernes, en el Pabellón Municipal Rita Hernández de Telde, y con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, previsto para el domingo, de las V Jornadas Deportivas del Centro de Educación Especial (CEE) Petra Lorenzo.

Bajo el lema ‘Di Capacidad’, las jornadas persiguen la creación de entornos más inclusivos que contribuyan a la participación social y a la igualdad de oportunidades del alumnado con diversidad funcional.

Como novedad, este año se ha sumado a esta experiencia, centrada en la etapa de Tránsito a la Vida Adulta, alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior de Actividades Físicas y Deportivas del CIFP Felo Monzón Grau-Bassas, el cual se encargó de dinamizar las actividades tras varias semanas en las que han compartido espacios y prácticas educativas con alumnado y profesorado del CEE Petra Lorenzo.

El Gobierno de Canarias ha autorizado a la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias aprobar y conceder el incremento del gasto solicitado por los ayuntamientos canarios por importe de 3.605.923,46 de euros para financiar parte de la actividad relativa a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria

Los 3,6 millones de euros aprobados hoy fueron consignados y previstos en la orden de la Consejería de 29 de diciembre de 2022, por la que se aprobó, mediante tramitación anticipada, el gasto que conlleva las aportaciones dinerarias para 2023, a favor de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias, para financiar parte de su actividad, relativa a los servicios sociales de atención primaria y comunitaria, por lo que los 3,6 millones de euros pasan a complementar el gasto ya aprobado en el ejercicio 2022.

Este gasto se corresponde con las aportaciones dinerarias que se concedan a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para llevar a cabo los programas del Plan Concertado de Servicios Sociales, de prestaciones básicas de servicios sociales y apoyo a la gestión de la Ley de Renta Canaria de Ciudadanía.

Se destinarán cerca de 1,8 millones de euros para cubrir los gastos laborales de las contrataciones que realizarán las entidades. Las entidades tienen de plazo hasta el 27 de noviembre para aceptar la subvención y presentar los compromisos de contratación

El BOC ha publicado este lunes, la resolución provisional de la convocatoria de la Dirección general de Juventud del Gobierno de Canarias destinada a favorecer la contratación de jóvenes con titulación universitaria o formación profesional y sin experiencia laboral, en proyectos de interés público y social. Como recoge el BOC han sido estimadas provisionalmente 32 entidades que desarrollarán proyectos dirigidos al ámbito educativo, el emprendimiento, medioambiente, sensibilización contra la violencia de género, el racismo, el cáncer de mama, o programas que favorezcan la integración sociolaboral de jóvenes.

Las entidades beneficiarias deberán aceptar la subvención, y presentar los compromisos de contratación firmados con las personas seleccionadas para las que han solicitado la subvención, en el plazo de cinco días hábiles, a contar a partir del martes y hasta el lunes 27 de noviembre.

Como argumenta el director general, Daniel Morales, con este programa “le damos una primera oportunidad a jóvenes que tienen una cualificación superior pero no consiguen acceder al mercado laboral por falta de una primera experiencia, por ello los requisitos es que tengan la titulación requerida, estén en desempleo y se hayan inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil”.

“Lo que hacemos con estas ayudas es sufragar todos los gastos laborales que les suponga la contratación en prácticas durante un año y al mismo tiempo contribuimos a impulsar proyectos sociales de entidades o fundaciones que también van dirigidos a otras personas jóvenes”, añade.

Esta actuación se cofinancia con cargo al Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los Proyectos subvencionados son de interés público y social y están dirigidos a jóvenes de Canarias con edades comprendidas entre 12 y 30 años, de forma exclusiva, o que les incluya de forma significativa (por encima de un 60%) entre una pluralidad de personas destinatarias y que incluyen medidas en los sectores de actuación de las políticas transversales de juventud que se detallan en la Ley 2/2023, de 1 de marzo, de Políticas de Juventud de Canarias, concretamente en el artículo 44.

Como recogen las bases de esta convocatoria, los contratos formativos deberán ser a jóvenes de 18 a 30 años, con residencia en las Islas, y el contrato en prácticas deberá permitir obtener una práctica profesional adecuada al nivel de estudios. La duración de los contratos en prácticas será de 12 meses y la jornada laboral será a tiempo completo.

La entidad beneficiaria es la responsable de la selección de las personas con quienes concertarán los contratos en prácticas y para ello deberán presentar en el Servicio Canario de Empleo (SCE) una oferta de empleo de jóvenes que reúnan los requisitos y el perfil adecuado.

Antonio Morales señala que la mejor vía para materializar esa cooperación son los fondos europeos ‘Next Generation’, durante su visita a la sede de la asociación, en la capital grancanaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha comprometido hoy la implicación del Gobierno insular en la financiación del proyecto de ampliación del centro que tiene en la capital grancanaria Adepsi, una organización sin ánimo de lucro, que trabaja para favorecer la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, en edad adulta, una vez acabada su etapa educativa. Un proyecto que, como ha precisado el primer mandatario de la Isla, precisa cerca de 12 millones de euros de inversión y en el que “las administraciones públicas nos tenemos que implicar y nosotros lo vamos a hacer”.

Antonio Morales ha hecho estas manifestaciones durante la visita institucional que ha realizado a la sede de esta asociación, declarada de Utilidad Pública, en compañía de María Eugenia Palmás Urtaza, la presidenta y socia fundadora de esta entidad, que el presidente insular ha calificado como “una referencia” y “una asociación clave para atender la dependencia y la discapacidad”, y con la que el Cabildo tiene concertadas alrededor de 200 plazas, a través de Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS).

Y es que, a juicio del presidente Morales, “las empresas del tercer sector y asociaciones como Adepsi son esenciales para desarrollar las políticas públicas que demanda la sociedad y para garantizar servicios universales”. Por ello, ha dejado muy clara la firme disposición del Cabildo a cooperar en la financiación de esa propuesta de ampliación que ha considerado “absolutamente imprescindible para atender la demanda que tienen en estos momentos”.

Para materializar esa colaboración, Antonio Morales ha argumentado que caben distintas posibilidades. “Una de ellas es modificar los fondos europeos ‘Next Generation’, para que se puedan incluir propuestas de estas características”, ha puntualizado. “En cualquier caso, está muy claro que son las instituciones públicas, en este caso, el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria, las que tenemos que afrontar el reto de financiar un proyecto de este tipo y el Cabildo está dispuesto a hacerlo. Si se abre la vía de los fondos ‘Next Generation’ será lo más fácil, pero, si no, es evidente que este centro necesita una ampliación y que las administraciones públicas tenemos que implicarnos”.

Porque, como ha concluido, “cuando, en los últimos años, se ha intentado disminuir el papel de las instituciones públicas a la hora de atender a las familias más vulnerables, está clarísimo que tenemos que apostar por iniciativas como esta”.

Más espacio y más recursos humanos

Por su parte, María Eugenia Palmás ha señalado que, tras 41 años de vida de la asociación y 22 años trabajando en su actual sede de Las Palmas de Gran Canaria, el edificio se ha quedado pequeño y necesita tanto una ampliación como una mayor dotación de recursos humanos, para propiciar que las personas que son atendidas en el mismo puedan integrarse más y mejor en la sociedad.

“Siempre hemos apostado por la integración social y laboral de las personas con discapacidad y no hemos cambiado nuestro objetivo, pero necesitamos más personal y más espacio, porque ahora también estamos impartiendo Formación Profesional”, ha asegurado la presidenta de Adepsi. “Los recursos siempre son pocos y, en estos momentos, estamos atendiendo todas las discapacidades”.

Ha explicado, asimismo, que el proyecto de ampliación con el que trabaja la asociación contempla reconvertir el edificio que les alberga en un inmueble de cuatro plantas, de las que una sería para las labores de formación e inserción; otra, para centros de día; una tercera, para las tareas ocupacionales, y una cuarta, para acciones formativas más específicas y para los espacios destinados a la administración y a los equipos humanos.

Palmás ha detallado que, en la actualidad, Adepsi atiende a unas 700 personas al año, de las que, en 2022, insertaron laboralmente en distintas empresas a más de un centenar. “Con esto, les conseguimos un puesto de trabajo y, al mismo tiempo, mentalizamos y concienciamos a la sociedad de que estas personas pueden trabajar”, ha finalizado.

Convenios de cooperación con el IAS

La organización Adepsi ofrece, entre otros, Servicio ocupacional, Centro de estancia diurna, Hogar funcional, Vivienda tutelada, Servicio de atención familiar, Servicio de promoción y autonomía personal, Atención especializada en la conducta, Servicio de ocio, Asistencia personal y Programas de formación, empleo y ocupación.

En el desempeño de esas tareas, la entidad cuenta con la colaboración del IAS, con el que ha suscrito varios convenios, como el que impulsó la prestación de servicios a personas en situación de dependencia, en el período 2018-2021, al que se han ido sumando distintas adendas en los años siguientes, que han implicado incrementar el precio plaza/día en los sectores de mayores, discapacidad intelectual y salud mental, así como incorporar más recursos, crear nuevas plazas, aumentar el Servicio de promoción de la autonomía personal, establecer un nuevo Servicio de atención domiciliaria (doméstica/personal), dotar financieramente el Servicio de Transporte, además de la última de esas adendas, suscrita en julio de este 2023, que tiene por objeto actualizar los recursos sociosanitarios de ámbito insular y su financiación.

Además, ambas entidades también mantienen en estos momentos un convenio de colaboración, para la realización de prácticas no laborales de alumnos y alumnas, firmado en noviembre de 2019 y con una vigencia de cuatro años.