La consejera destaca que las corporaciones insulares serán “piezas clave” en la aplicación de la norma que permitirá reducir listas de espera históricas y acercar los derechos de las personas con discapacidad al territorio

Los representantes insulares que asistieron destacaron la importancia y la necesidad de esta normativa y felicitaron al Gobierno de Canarias por la iniciativa

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, compareció hoy ante la Comisión de Cabildos del Parlamento de Canarias para explicar a las corporaciones insulares el contenido y alcance del nuevo Decreto Ley de Discapacidad, aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado 29 de julio.

Delgado subrayó que el decreto supone “una reforma estructural largamente demandada, que simplifica procedimientos y garantiza que la atención llegue de manera más rápida y justa a quienes más lo necesitan”.

La consejera puso el acento en el papel que asumirán los cabildos insulares, que pasan a ser “aliados estratégicos de primer nivel” en la aplicación de la norma. A su juicio, “la cercanía a la ciudadanía y su experiencia en la gestión social serán fundamentales en la detección temprana de casos y derivación rápida hacia la valoración”

Destacó también la participación de las Corporaciones insulares en la verificación de documentación e informes médicos y sociales, “facilitando que los expedientes lleguen más completos y evitando retrasos” y expresó también la importancia de estas instituciones en el “acompañamiento a las familias, especialmente en islas no capitalinas, donde el cabildo actúa como primera referencia institucional”.

Candelaria delgado se refirió al papel que desempeñan en la coordinación con recursos propios insulares, como servicios sociales, transporte adaptado o programas de inclusión laboral, “que ahora podrán articularse de forma más integrada con el reconocimiento oficial de la discapacidad”, dijo.

Entre las principales novedades de la norma, Delgado explicó que:

Se incorpora un listado oficial de patologías que permitirá reconocer automáticamente grados de discapacidad (33 %, 65 % o 75 %), reduciendo esperas innecesarias.

Se amplía la prioridad de tramitación a todos los menores de hasta 18 años, antes limitada a 0–6, y a situaciones sociales graves.

Se establece la emisión automática de la tarjeta de estacionamiento con la resolución del grado de discapacidad.

Se mejora la coordinación con Sanidad, Educación y Servicios Sociales, facilitando informes y respuestas integrales.

“La reforma nos permitirá reducir las listas de espera, dar seguridad jurídica y garantizar la igualdad territorial.
Y todo esto será posible porque los cabildos se convierten en auténticos compañeros de viaje en este proceso”, afirmó la consejera.

Delgado insistió en que “el éxito del decreto dependerá en gran medida de esta colaboración interadministrativa, porque son los cabildos quienes tienen el pulso más cercano de las realidades insulares”. Por ello, el Gobierno acompañará la implantación de la norma con recursos técnicos, formación del personal y un sistema de evaluación compartido, que permitirá medir periódicamente el impacto en cada isla.

La consejera concluyó recordando que “cuando una persona solicita el reconocimiento de la discapacidad, no pide un papel, pide oportunidades y derechos. Con este decreto, y con el compromiso de los cabildos, Canarias responde de forma más ágil y más justa a esa demanda histórica”.

A continuación, intervinieron los representantes de los Cabildos insulares asistentes, los de Tenerife, La Palma, Lanzarote, La Gomera y Fuerteventura, quienes coincidieron a la hora de resaltar la importancia de esta nueva normativa y expresaron su interés por desempeñar las funciones que el nuevo decreto otorga a las corporaciones. En esta línea felicitaron a la consejera y a la directora general de discapacidad por esta iniciativa que, según aseguraron, es fundamental para acabar con las “históricas listas de espera que han sufrido las personas con discapacidad en los últimos años”.

Una medida adoptada ante las continuas quejas de los vecinos del edificio y el incumplimiento reiterado de los requerimientos de insonorización del local

El Ayuntamiento de Guía ha decretado hoy el precinto del gimnasio Keeping Fit Center S.L, situado en la calle Alcalde Óscar Bautista nº 15, por incumplimiento de los niveles de ruido autorizados y no cumplir con los requerimientos que a tal efecto se le han hecho llegar en reiteradas ocasiones.

Ante las numerosas denuncias por excesivo ruido presentadas por los vecinos del edificio donde se encuentra el citado gimnasio, el Ayuntamiento ha contratado diversas empresas especializadas en mediciones acústicas, pruebas que se han realizado en varias viviendas del inmueble.

Los expedientes incoados por parte de esta administración local han culminado con la imposición de sanciones económicas a este establecimiento y la obligación de insonorización del local, requerimientos que nunca se han cumplido por parte de la empresa.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha procedido hoy a decretar el cierre de este local hasta que se presente un proyecto de insonorización por parte de los propietarios de este gimnasio.

El encuentro se enmarca en la ronda de reuniones que el Ejecutivo está manteniendo con colectivos en todo el archipiélago para dar a conocer la norma

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha mantenido un encuentro con la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), liderada por Óscar Izquierdo, con el objetivo de analizar el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, así como las iniciativas necesarias que se deben seguir desarrollando para impulsar la construcción de inmuebles en las islas.

A esta cita, que se enmarca en la ronda de reuniones que la Consejería está organizando con diferentes colectivos de todo el archipiélago, también han asistido el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, y el coordinador del equipo redactor del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, Fran Villar.

El consejero ha asegurado que el Gobierno de Canarias está trabajando para «dar un vuelco importante a la política de vivienda» en el corto y medio plazo. “Somos plenamente conscientes de la gravedad de esta situación y estamos tomando una serie de medidas para abordarla. El decreto es una de ellas, pero no será la única, ya que seguiremos evaluando y analizando la situación para poner en marcha cuantas iniciativas sean necesarias”.

Rodríguez ha explicado que el decreto ley busca, además de agilizar la construcción de vivienda pública, incentivar al sector privado “para que también sume y contribuya a la construcción de inmuebles protegidos”.

Por su parte, Óscar Izquierdo ha destacado que este decreto ley supone “una oportunidad para sacar adelante medidas reales, necesarias, urgentes y prioritarias» ante “la demanda social tan fuerte» de casas que existe en todas las islas.

El presidente de Fepeco ha destacado la importancia de la colaboración entre todos los agentes implicados en el proceso constructivo, para «poner en el mercado el mayor número de viviendas en el menor tiempo posible». En este sentido, ha hecho un llamamiento a todos los agentes sociales, económicos y políticos para asegurar el derecho a la vivienda de todos y todas.

Pedro Afonso: “Todo el trabajo que estamos haciendo sienta los precedentes jurídicos para futuras erupciones en Canarias”

El viceconsejero para la Recuperación Económica y Social de La Palma, Pedro Afonso, presentó hoy a los siete cabildos insulares el decreto ley 9/2023 de medidas en materia territorial y urbanística que regula la reconstrucción de la zona dañada por el volcán de Cumbre Vieja. La norma, que entró en vigor el 19 de diciembre, será llevada ante el Pleno del Parlamento el próximo 17 de enero para su convalidación.

Afonso detalló ante la Comisión General de Cabildos Insulares del Parlamento los principales aspectos del decreto asegurando que “todo lo que está haciendo el Gobierno, sienta precedentes jurídicos para futuras erupciones en Canarias, y puesto que somos la única región del Estado con esta realidad, de ahí, la trascendencia e importancia que tiene esta norma y las que están por venir”.

El viceconsejero explicó a los presidentes insulares y a los representantes de los diferentes grupos parlamentarios que la norma se ha redactado teniendo muy en cuenta lo expresado por los afectados en todo este tiempo. “La decisión del Gobierno de Canarias ha sido atender y dar respuesta a la voluntad de las personas afectadas de recuperar lo perdido y de volver a sus lugares de origen, rehabilitando, restableciendo o reconstruyendo los bienes, los usos y las actividades que desarrollaban. No se trata de algo meramente individual, sino que persigue rehabilitar las comunidades vecinales que fueron deslocalizadas por la tragedia, el retorno de la población para evitar, en la medida de lo posible, el desarraigo del Valle de Aridane.

Con respecto a la filosofía que motiva el decreto, Pedro Afonso explicó que el Gobierno ha trabajado en un documento basado en garantizar el derecho a la propiedad privada como elemento fundamental, así como en habilitar la mayor recuperación posible de lo perdido, “que es, ni más ni menos, lo expresado mayoritariamente en estos dos años por las personas damnificadas”.

El viceconsejero también señaló que el decreto busca ese equilibrio necesario entre impulsar la iniciativa de la reconstrucción en manos de las personas, que quieren decidir dónde y cómo quieren vivir, actuando la Administración para facilitar el marco jurídico para poderlo lleva a cabo, y compensando económicamente para que las personas que así lo deseen puedan reconstruir, no solo sus viviendas, sus actividades, sus usos, sino sus proyectos de vida, sin menoscabo de las acciones que las administraciones, en función de sus competencias, tengan que acometer en todos aquellos elementos públicos estructurantes necesarios para la recuperación, como, por ejemplo, infraestructuras y servicios públicos.

Respecto al dictamen del Consejo Consultivo sobre la norma, Afonso informó de que es favorable y reconoce que la Comunidad Autónoma ostenta competencias para regular el objeto del decreto, que aprecia la existencia de extraordinaria y urgente necesidad para dictar el decreto y que su contenido se adecúa a la Constitución y al Estatuto de Autonomía, así como al ordenamiento jurídico que le es de aplicación.

El documento ha contado con una alta participación de administraciones, entidades y vecinos afectados

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Agricultura, ha culminado el borrador de decreto ley de concentración parcelaria para la reconstrucción de los cultivos de platanera afectados por la lava en la isla de La Palma.

Se trata de un documento basado en el consenso y que ha contado con la participación de las administraciones y los vecinos afectados en las numerosas reuniones mantenidas en la isla para recoger y aportar las peticiones de los damnificados. Su objetivo principal es rentabilizar las explotaciones agrarias existentes antes del 19 de septiembre de 2021 y dañadas por la erupción a través de una reordenación del terreno y la redistribución de la propiedad, y que se rige por el principio básico de compensación para lograr un equilibrio entre las fincas de procedencia y las nuevas fincas que se asignan al propietario.

El proceso de reparcelación parte de un estudio de viabilidad para la reposición de las plataneras afectadas por la lava, que fue encomendado por la Consejería a la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios SA (Tragsatec) con la finalidad de marcar las líneas de actuación a seguir para la reconstrucción de la zona. El plan incluye la delimitación y caracterización de las superficies afectadas, con la identificación del grado y tipo de afectación; un análisis global de viabilidad de la reposición en la zona dañada por las coladas, con la elaboración de un mapa de la zona afectada en donde se muestra la clasificación del territorio en función de su viabilidad para la instalación de los nuevos cultivos de platanera; además de un estudio para analizar las cuestiones jurídico-administrativas que rigen en las parcelas y terrenos afectados por la erupción.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias publicó hace meses en la web www.planvallelapalma.com el borrador de decreto ley de concentración parcelaria para la reconstrucción de las fincas sepultadas por la lava.

Cabe recordar que en las dependencias de Gesplan, ubicadas en el municipio de El Paso, en la isla de La Palma, se han atendido a los agricultores y ganaderos afectados por el decreto ley, proporcionándoles la información necesaria a sus consultas.

El director general de Agricultura, Augusto Hernández, ha destacado que “este documento supone la única vía para poder reconstruir y la garantía ante la Comisión Europea para que se puedan mantener las ayudas del POSEI para los productores que perdieron las fincas como consecuencia de la erupción volcánica; el decreto ley deberá ser aprobado por el nuevo Gobierno”.

Asimismo, explicó que “no se trata de una macrofinca común, sino que cada propietario tendrá una parcela equivalente a la que tenía al inicio del volcán”. “La Agencia de Gestión de la Normalidad en la isla de La Palma (AGESNORM), que se crea a través del decreto de Transición Ecológica, tiene flexibilidad en la toma de decisiones una vez que comience el proceso de reparcelación, y siempre en función de los condicionantes geológicos”, apuntó Hernández.

El documento ya obtuvo el visto bueno del Consejo Consultivo de Canarias y entrará en vigor cuando se publique en el BOC

El ICAVI inicia en febrero el proceso de convocatorias trimestrales para que las familias que llevan viviendo como inquilinos en una vivienda pública antes de 1996 soliciten la propiedad.

A estos vecinos se les ofrecerá una bonificación del 50% del precio que deberían pagar por sus casas

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, jueves 19 de enero, de manera definitiva, el decreto que permitirá a cerca de 10.500 familias canarias que viven como inquilinas en una vivienda de protección oficial acceder a la propiedad de esas casas.

El documento fue elevado al Consejo de Gobierno tras la aprobación a finales de diciembre del Consejo Consultivo de Canarias, que emitió el dictamen preceptivo favorable al decreto impulsado por la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias.

Este Decreto, que entrará en vigor tras su publicación en el BOC, permitirá a las familias que viven en viviendas públicas de más de 25 años acceder a su propiedad en dos casos: el primero, aquellas que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996.

El Decreto aprobado hoy es el primero que se pone en marcha por el Gobierno de Canarias en diez años y viene a llenar el vacío y a calmar la incertidumbre ocasionada por anteriores gobiernos en los inquilinos de estas viviendas que querían acceder a su propiedad y no podían desde el año 2013.

El Ejecutivo, mediante este decreto, ofrecerá en venta viviendas protegidas de promoción pública, tanto del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) como de la empresa pública Visocan, al precio de referencia que tuvieron las viviendas en el momento de la adjudicación. Además, se ofrece a los inquilinos una bonificación del 50% sobre ese precio de referencia y, del restante 50% que deben de pagar los inquilinos, se descontarán todas las rentas ya pagadas.

El ICAVI, tras la aprobación de hoy y su posterior publicación en el BOC, planifica iniciar a lo largo del mes de febrero la publicación de las distintas convocatorias para que las familias que lo deseen, y cumplan con los requisitos exigidos, soliciten la propiedad de las viviendas en las que viven como inquilinos. Estas convocatorias se publicarán de forma trimestral a lo largo de 2023 hasta completar todos los grupos de viviendas protegidas a los que afecta el decreto. Una vez publicada cada una de estas convocatorias, los vecinos de los grupos incluidos en ellas tendrán hasta un año de plazo para solicitar la propiedad de la vivienda que habitan como inquilinos.

Con la aprobación de hoy, y su próxima entrada en vigor, con este decreto se cumple uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno a través del Pacto por la Vivienda Digna y en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que es facilitar a las familias la adquisición de la propiedad de las viviendas que están habitando desde hace más de 25 años, ya sea en régimen de arrendamiento como de compraventa.

Al procedimiento de adquisición de las viviendas sociales que se prevé en el decreto, una vez entre en vigor, podrían acogerse unas 10.500 familias de toda Canarias que ya han abonado al menos el 35% de las rentas para aquellos que están en régimen de alquiler y que fueron calificadas como protegidas antes de 1996, o la mitad del precio de la vivienda que han ido abonando mensualmente en el caso de los que estén en régimen de propiedad.

Además, los que quieren acceder a la propiedad deberán demostrar que ocupan de forma habitual y permanente la vivienda de la que es adjudicataria, que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sea propietarios de ninguna otra vivienda, estar al corriente en la cuota aprobada por la Junta Administradora relativa a los gastos comunes del edificio, y que la vivienda se encuentre asegurada con un seguro multirriesgo del hogar.

El consejero Sebastián Franquis, tras el visto bueno del Consultivo, elevará al consejo de Gobierno la aprobación definitiva del decreto para su entrada en vigor antes de final de mes

Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996

El Consejo Consultivo de Canarias ha emitido un dictamen preceptivo en el que da su aprobación al decreto de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, que permitirá a cerca de 10.500 familias que habitan como inquilinas de una vivienda protegida, acceder a la propiedad de esta. A este decreto podrán acogerse las familias que viven en viviendas públicas de más de 25 años en dos casos: el primero, aquellas que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). Este decreto afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996.

Tras obtener el aval del Consultivo, el consejero Sebastián Franquis volverá a elevar al Consejo de Gobierno la próxima semana este decreto para su aprobación definitiva, publicación en el Boletín Oficial de Canarias y entrada en vigor antes de final de este mes.

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda mediante este decreto, ofrecerá en venta viviendas protegidas de promoción pública, tanto del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) como de la empresa pública Visocan, al precio de referencia que tuvieron las viviendas en el momento de la adjudicación. Además, se ofrece a los inquilinos una bonificación del 50% sobre ese precio de referencia y del restante 50% que deben de pagar los inquilinos, se descontarán todas las rentas ya pagadas.

De esta forma, tal y como se afirmó el consejero Sebastián Franquis, con este decreto se cumple uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno a través del Pacto por la Vivienda Digna y en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que es facilitar a las familias la adquisición de la propiedad de las viviendas que están habitando desde hace más de 25 años, ya sea en régimen de arrendamiento como de compraventa.

Al procedimiento de adquisición de las viviendas sociales que se prevé en el decreto, una vez entre en vigor, podrían acogerse unas 10.500 familias de toda Canarias que ya han abonado al menos el 35% de las rentas para aquellos que están en régimen de alquiler y que fueron calificadas como protegidas antes de 1996, o la mitad del precio de la vivienda que han ido abonando mensualmente en el caso de los que estén en régimen de propiedad.

Además, los que quieren acceder a la propiedad deberán demostrar que ocupan de forma habitual y permanente la vivienda de la que es adjudicataria, que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sea propietarios de ninguna otra vivienda, estar al corriente en la cuota aprobada por la Junta Administradora relativa a los gastos comunes del edificio, y que la vivienda se encuentre asegurada con un seguro multirriesgo del hogar.

El abono se realiza en un pago único a las unidades de convivencia y tiene como objetivo compensar el aumento de precios de los productos básicos durante el año 2022

Durante el primer trimestre de 2023, la misma bonificación extraordinaria de 250 euros también será ingresada a los 43.000 canarios y canarias con pensiones no contributivas

El Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno al Decreto ley por el que se aprueba el abono de una prestación extraordinaria de 250 euros a las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), para compensar el aumento de los precios de los productos básicos durante el año 2022.

Este complemento llegará, con datos a mes de noviembre de 2022, a 11.924 familias beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción, de las cuales 4.504, con datos de septiembre, cuentan con personas menores a cargo.

Además del complemento a la PCI, la Consejería de Derechos Sociales anuncia que durante el primer trimestre de 2023 esta bonificación extraordinaria de 250 euros también será ingresada a los 43.000 canarios y canarias con pensiones no contributivas.

La cuantía y pago de la prestación citada se fija en 250 euros por unidad de convivencia, que se abonará mediante un pago único y se realizará de oficio por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias a las unidades de convivencia beneficiarias de la PCI.

El abono de este complemento se justifica en el incremento de los precios de los productos básicos que, según datos aportados por el Instituto Canario de Estadística, han aumentado en un 15,9% solo en lo referente a los alimentos.

Este complemento extraordinario se suma, pues, al refuerzo de otras prestaciones económicas llevadas a cabo por el Estado que se han recogido en subidas temporales del 15% mientras dure la situación de inflación en el Ingreso Mínimo Vital y en las pensiones no contributivas, correspondiendo a Canarias realizar los refuerzos propios de las prestaciones autonómicas destinadas a las personas con pocos o ningún ingreso.

El Consejo Consultivo dictamina su conformidad con dicho texto

El Consejo del Gobierno aprobó hoy, jueves 10 de noviembre, el decreto por el que se establece la ordenación y el currículo de Primaria en las islas, tras recibir la conformidad del Consejo Consultivo a través de su dictamen, quedando ahora pendiente el trámite de publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

La nueva ley educativa, la Lomloe, modifica de forma significativa la ordenación y la organización de las enseñanzas y recuperan los tres ciclos antes existentes en la etapa de Primaria, al reordenar las áreas con objeto de favorecer el desarrollo y la adquisición de las competencias en el alumnado. Dicha norma introduce importantes cambios, muchos de estos derivados de la conveniencia de adaptar el sistema educativo a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la Unesco para la década 2020-2030, por lo que este currículo establece los aprendizajes que han de regir la práctica docente en Primaria y contribuye a la adaptación del sistema educativo canario a los retos y desafíos presentes.

Los principios que han guiado la concreción del currículo se materializan en la importancia de que el alumnado adquiera los aprendizajes imprescindibles para continuar su desarrollo como ciudadanía activa, crítica y responsable en el plano individual, social y académico-profesional; una norma que facilita y orienta el desempeño docente, que fomenta la integración de las áreas en situaciones de aprendizaje funcionales y contextualizadas a través de la participación activa en entornos socialmente relevantes y significativos, y que se puedan simular en el contexto educativo.

Asimismo, esta herramienta visibiliza los principios pedagógicos de una escuela que persigue el éxito de todo el estudiantado que supera factores generadores de desigualdad y el riesgo de exclusión social, y que facilita las relaciones entre áreas al tiempo que cuida la coherencia y el tránsito entre etapas y ciclos a través de la progresión adecuada de todos los elementos curriculares, por lo que resulta necesario prestar una especial atención al paso desde Infantil a la continuidad hacia la Educación Secundaria Obligatoria, todo ello con el fin de garantizar desde los primeros años de escolarización la continuidad en la formación del alumnado y la prevención del abandono escolar temprano.

En definitiva, en esta etapa se pretende que el alumnado acceda a aprendizajes que garanticen una formación integral que contribuya al desarrollo de su personalidad y lo prepare para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Las áreas que conforman esta enseñanza se centran en el desarrollo y la adquisición de las competencias clave a través de la participación activa del alumnado en situaciones de aprendizaje funcionales y contextualizadas, de manera que pueda continuar desarrollándose en el plano individual, social y académico. En este sentido, los currículos integran valores y aprendizajes que inciden en el ejercicio de una ciudadanía responsable, consciente y respetuosa de los derechos y las libertades fundamentales.

Además, la educación en el patrimonio natural, social e histórico-cultural canario impregna todos los currículos de esta etapa y favorece que el alumnado conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes del archipiélago.

En la redacción de este decreto y sus currículos se sigue considerando fundamental la educación emocional del alumnado, de manera que, desde todas las áreas de la etapa y, especialmente, a través de la implementación del área de Educación Emocional y para la Creatividad -que se extiende hasta el 6º curso-, se incide en que el alumnado aprenda a percibir, reconocer y comprender sus emociones, desarrollando una conciencia emocional que le permita generar vínculos afectivos positivos y empáticos. Otro aspecto novedoso es el incremento en la presencia de la Educación Física y la Educación Artística.

Las 2.232 plazas de la OPE 2022 se añaden a las existentes de procesos anteriores que en total suman 8.741 que quedan incluidas en el proceso de estabilización

De las 8.741, un total de 6.803 corresponden a plazas ocupadas en los últimos cinco años que serán resueltas por un concurso de méritos, mientras que el resto corresponde a plazas ocupadas de entre tres y cinco años que accederán a un proceso de concurso oposición contemplado en la Ley 20/2021

El decreto integra 2.042 plazas de la OPE adicional para la estabilización del empleo temporal del personal estatutario, 190 de la OPE adicional para la estabilización del personal laboral. Además hay 908 plazas de la tasa de reposición

El Consejo de Gobierno aprobó, este jueves, el decreto por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público del personal estatutario para 2022 y la Oferta de Empleo Público adicional para la estabilización del empleo temporal del personal estatutario y laboral del Servicio Canario de la Salud, según lo dispuesto en la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

El decreto aprobado hoy, que entrará en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, integra un total de 2.042 plazas correspondientes a la OPE adicional para la estabilización del empleo temporal del personal estatutario y 190 de la OPE adicional para la estabilización del empleo temporal del personal Laboral, además de 908 plazas a la tasa de reposición de personal estatutario que se suman a las ya aprobadas en procesos anteriores y que en total suman 8.741 plazas para la estabilización.

Del total de plazas vigentes, 8.741 corresponden a plazas incluidas en el proceso de estabilización, de las que 6.803 corresponden a plazas ocupadas en los últimos cinco años que serán resueltas por un concurso de méritos, mientras que el resto corresponden a plazas ocupadas de entre tres y cinco años que accederán a un proceso de concurso oposición contemplado en la Ley 20/2021.

Desglose de plazas

El total de plazas básicas vacantes de la OPE de 2022 de personal estatutario es de 908 plazas resultantes de la tasa de reposición con un total de 20 categorías profesionales, de las que las más numerosas corresponden a los facultativos especialistas de Área con 247 plazas, 71 de médicos de familia, 192 de auxiliares administrativos, 119 de celadores y 55 administrativos.

La OPE Adicional para la estabilización del empleo temporal del personal estatutario es de 2.042 plazas básicas vacantes que afectan a 44 categorías profesionales entre las que destacan, por más numerosas, las 956 de Enfermería, las 411 de Auxiliares de Enfermería, las 167 de Facultativos Especialistas de Área, 97 de matronas y las 64 de pinches, entre otras.

Asimismo, la OPE Adicional para la estabilización del empleo temporal del personal Laboral consta de 190 plazas básicas vacantes que afecta a los trabajadores de los centros hospitalarios con personal laboral como el Insular de Lanzarote, el Insular de Gran Canaria, el HUC y el Dr. Negrín.

Las 190 plazas se distribuyen entre un total de 32 categorías profesionales de las que las de Auxiliar de Enfermería, administrativos, enfermeros y auxiliares administrativos son las más numerosas con 62, 45, 19 y 13 plazas respectivamente.