Ante la suspensión de la Conferencia Sectorial de Inmigración, Candelaria Delgado ha acordado con la ministra Elma Sainz una reunión bilateral con el Ministerio el 26 de agosto

El Gobierno de Canarias ha manifestado su profunda perplejidad ante el requerimiento remitido por la Delegación del Gobierno en Canarias para que la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias designe, en el plazo de quince días, representantes temporales para menores extranjeros no acompañados durante la fase de triaje, bajo el apercibimiento de posibles actuaciones en caso de incumplimiento.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, que acudió hoy (jueves 23 de julio) a Madrid para participar en la Conferencia Sectorial de Inmigración que finalmente fue suspendida por falta de cuórum, trasladó a la ministra Elma Sainz, con quien se reunió con posterioridad, que es especialmente llamativo que esta exigencia se formule sin que previamente se haya explicado a las comunidades autónomas el alcance de las obligaciones derivadas del Reglamento (UE) 2024/1356 ni se hayan establecido los criterios comunes para su aplicación en todo el territorio nacional.

En la misma reunión, ambas administraciones acordaron celebrar una reunión bilateral el próximo 26 de agosto para tratar todos los puntos del orden del día de esta convocatoria y cualquier otra que pudiera ser de interés para Canarias, con el objetivo de avanzar en la coordinación institucional y dar respuesta a las necesidades específicas de Canarias como territorio frontera.

Candelaria Delgado señaló que Canarias va a responder a ese requerimiento “negándonos porque, entre otras cosas, no se ha establecido todavía por parte de los ministerios del Estado español cómo se va a hacer ese protocolo, quién tiene que estar en ese triaje”.

La consejera de Bienestar Social explicó que “la semana pasada lo planteé en la conferencia sectorial de Infancia y la ministra y su equipo no tenían conocimiento de que desde la delegación del Gobierno en Canarias se hubiera hecho ese requerimiento. Les he aportado una copia del mismo y les he comunicado que estamos elaborando la contestación a ese requerimiento y que también se las haré llegar. Ella se ha comprometido a hablar con el ministro de Interior y la ministra de Infancia para establecer ese protocolo y definir cómo se tiene que actuar en esos triajes y que nos van a dar una respuesta en ese sentido”.

El Gobierno de Canarias tenía previsto preguntar en la Conferencia Sectorial de Inmigración -la primera convocada en aproximadamente dieciséis meses,- que el ministerio clarificase el alcance de las nuevas obligaciones derivadas del Pacto Europeo de Migración y Asilo y que se estableciese un procedimiento homogéneo para todas las comunidades autónomas para garantizar la coordinación institucional necesaria para su correcta aplicación, tal y como lleva meses reclamando de manera expresa y por escrito a los ministerios correspondientes, y como ya expresó en la pasada Conferencia Sectorial de Infancia.

Esta circunstancia resulta aún más sorprendente cuando la propia Administración General del Estado ha trasladado recientemente, a través de una nota de prensa, que "el principal impacto del Pacto se ha detectado en el ámbito de la Administración General del Estado" y que, "en el momento en que se concreten las implicaciones para las comunidades autónomas, se informará inmediatamente a estas y se tomarán las medidas de cooperación y coordinación necesarias para apoyarlas en la implementación del PEMA".

A juicio del Gobierno de Canarias, el requerimiento recibido plantea importantes interrogantes jurídicos y competenciales que deberían haber sido resueltos con carácter previo y de forma coordinada entre todas las administraciones implicadas.

En primer lugar, resulta necesario determinar qué administración es competente para designar al representante temporal del menor durante la fase de triaje, teniendo en cuenta que este procedimiento corresponde al Estado y que las competencias autonómicas en materia de protección de menores se activan una vez finalizado dicho proceso y determinada la minoría de edad de la persona.

Asimismo, Canarias considera necesario aclarar por qué se dirige este requerimiento a la comunidad autónoma cuando el propio Estado había comunicado que las implicaciones del nuevo Reglamento para las comunidades aún estaban pendientes de concretarse y que serían objeto de información y coordinación antes de su implementación.

Del mismo modo, el Ejecutivo autonómico entiende que, si la Administración General del Estado ha constituido distintos grupos de trabajo para desarrollar la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, incluido uno específico sobre el procedimiento de triaje, resulta imprescindible conocer si ya existe un protocolo de actuación común para todo el territorio nacional o si, por el contrario, se están exigiendo actuaciones a las comunidades autónomas antes de que ese marco haya sido definido.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias recuerda que siempre ha mostrado su máxima disposición a colaborar con el Estado en la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes y en la correcta aplicación de la normativa europea. Precisamente por ello, considera que una materia de esta trascendencia debe abordarse desde la cooperación institucional, la seguridad jurídica y el respeto al reparto competencial, y no mediante requerimientos unilaterales acompañados de advertencias sobre eventuales consecuencias jurídicas.