El acuerdo asegura una financiación de más de siete millones de euros, con fondos de la UE y una partida que incorpora el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con fondos propios, para obras de acondicionamiento en La Isleta y en el Polígono de Jinámar

Con estas actuaciones se modernizará y acondicionará viviendas públicas de la capital grancanaria con el objeto de adaptarlas a las nuevas exigencias de eficiencia energética impuestas desde la Unión Europea

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha firmado hoy, junto a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el acuerdo bilateral por el que se destina una nueva partida presupuestaria de 7.075.240 euros para continuar impulsando el Programa 1 para la rehabilitación de viviendas en Canarias, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se financia con los fondos Next Generation.

También firmaron este acuerdo el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, Iñaqui Carnicero, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.

Con la firma de hoy, la Consejería podrá transferir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria esta partida destinada a financiar la renovación de 168 viviendas del Grupo Fermín Sanz Orrio, en La Isleta, con 1.075.200€ y la mejora de otras 448 viviendas en el Polígono de Jinámar, con 3.301.233,64€. El montante restante, 2.698.806,36 euros, serán aportados con fondos propios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

El acuerdo cerrado permite impulsar la rehabilitación y regeneración de entornos residenciales de la capital y modernizar y acondicionar las viviendas públicas con el objeto de adaptarlas a las nuevas exigencias de eficiencia energética que demanda la Unión Europea. De esta forma, se sustituyen los antiguos ARRUs y se alcanza una importante reducción del consumo de energía primaria no renovable, que se calcula superior al 60% en los inmuebles.

El consejero ha destacado el compromiso del Gobierno de Canarias con las políticas de vivienda y ha señalado que gracias a este convenio “unas 600 viviendas se van a seguir rehabilitando con fondos europeos. Esta es la política que estamos siguiendo tanto el Ministerio como el Gobierno de Canarias, junto con los ayuntamientos de las islas, para rehabilitar el parque de vivienda del archipiélago, especialmente el público, y para mejorar la vida de la gente e impulsar la obra pública y el empleo vinculado a la misma.”

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria ha apuntado que “como seguimos acreditando, la vivienda es nuestra prioridad. Con un trabajo muy importante realizado en el mandato anterior, que nosotros estamos continuando”.

Darias ha dicho que “con este acuerdo continuamos estableciendo como prioridad la vivienda en la capital grancanaria gracias a una estrecha colaboración entre administraciones”. El compromiso del Gobierno municipal, ha añadido la alcaldesa, “es seguir impulsando la rehabilitación y continuar con la construcción de nuevas viviendas públicas, tanto en propiedad, como en régimen de alquiler a precios asequibles creando, durante este mandato, 1.000 viviendas en régimen de alquiler”.

Otras actuaciones en materia de vivienda en Gran Canaria

El convenio suscrito hoy se suma a la partida procedente del Programa de Rehabilitación en Edificios y Viviendas de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) que la Consejería ha transferido recientemente al Ayuntamiento capitalino para acometer acciones en 899 viviendas distribuidas en 23 edificios en el barrio de La Paterna.

Asimismo, la Consejería también se encuentra ultimando los proyectos correspondientes al programa de Regeneración y Renovación Urbana y Rural (ARRU) del Plan Estatal de Vivienda con 20 actuaciones en municipios grancanarios.

Pablo Rodríguez explica que Visocan dispone de suelo urbano consolidado para construir viviendas a través de este mecanismo y ponerlas en el mercado en alquiler asequible

El Ejecutivo pone en marcha diferentes iniciativas, de forma simultánea, para reforzar el plan estratégico en esta materia y aportar soluciones más efectivas en el corto y medio plazo

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha detallado que su departamento impulsará el derecho de superficie como fórmula para incrementar la oferta de vivienda en el mercado y que esta sea puesta a disposición de la ciudadanía en régimen de alquiler asequible a través de la colaboración público-privada.

Rodríguez ha realizado estas declaraciones en el Pleno del Parlamento regional, donde ha detallado que la empresa pública Visocan dispone de suelo urbano consolidado para construir viviendas a través de este mecanismo y ponerlas en el mercado en alquiler asequible.

“El derecho de superficie permitirá que el Gobierno, a través de Visocan, pueda poner a disposición de los operadores privados un suelo, durante un periodo de 75 años, para construir viviendas que, posteriormente, se pondrán en el mercado en alquiler asequible. Se trata de un mecanismo consolidado, que ofrece garantías, y que ya se ha puesto en práctica en otras comunidades como Cataluña, Madrid o Valencia”, ha apuntado.

El consejero ha explicado que, en los últimos meses, su departamento ha estado trabajando en un plan de choque estratégico, aprobado en Consejo de Gobierno, para poner en marcha acciones complementarias a lo planes de vivienda regional y estatal y las ayudas europeas, para agilizar las soluciones en esta materia, tanto a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) como por la empresa pública Visocan.

Replanteamiento de la estrategia

Rodríguez ha destacado que la Consejería ha propuesto, por un lado, incrementar el personal del ICAVI, cubriendo 72 plazas vacantes, para mejorar la atención ciudadana y hacer frente a las solicitudes y expedientes de las diferentes campañas que se encuentran en marcha.

Por otro, también se está negociando con los ayuntamientos y los cabildos la cesión de suelo con el objetivo de agilizar los trámites para crear una bolsa disponible para futuras actuaciones. En esta línea, se va a llevar a cabo un estudio regional, isla por isla, para detectar suelo potencialmente apto para la construcción de vivienda protegida de promoción pública.

Asimismo, Pablo Rodríguez ha anunciado la modificación del Módulo Básico Canario (MBC), “que ha permanecido inmóvil desde el año 2003 y que, desde luego, genera un elemento de freno a la colaboración público-privada y a la licitación de proyectos, ya que debemos contemplar el incremento de los costes de la construcción”.

En este sentido, también ha detallado que la Consejería modificará el decreto de adjudicación de viviendas de promoción pública, para que este procedimiento sea más justo, “y que no se perciba como un elemento de suerte”.

Programas de promoción de viviendas

Dadas las circunstancias especiales en la isla de La Palma, la Consejería ha presentado el plan específico ‘La Palma 700’, que tiene como fin cubrir íntegramente las necesidades existentes en la Isla, con 17 actuaciones en 11 municipios, que engloban 683 nuevas viviendas con un presupuesto de 100,6 millones de euros.

Asimismo, también se ha planteado la creación de un programa para las zonas rurales, ‘Rural Life 5×1000: fortaleciendo nuestros pueblos’ para consolidar la población en los municipios rurales de Canarias de hasta 20.000 habitantes.

Además, Rodríguez ha destacado que la iniciativa para poner vivienda vacía en el mercado necesita un replanteamiento “ya que, como estaba planteada, ha sido absolutamente insuficiente y requiere de un cambio para ofrecer a los pequeños tenedores las garantías necesarias para que puedan poner su vivienda en alquiler con total seguridad”.

“También seguiremos impulsando la rehabilitación de inmuebles, como forma de dignificar el parque público, así como los diferentes programas de ayudas al alquiler. Además, a través de Visocan estamos estudiando un proyecto de edificios intergeneracionales para afrontar la soledad no deseada”, ha apuntado.

Para concluir su intervención en la Cámara regional, el consejero ha recalcado que todas estas iniciativas pemitirán multiplicar los instrumentos para consolidar el parque de vivienda pública, “porque como he reiterado en diferentes ocasiones, con la capacidad que tiene el ICAVI no llegamos, y nosotros no podemos condenar a las generaciones presentes y futuras a no tener una oportunidad de poder acceder a una vivienda hasta dentro de diez o quince años”.

El consejero apuesta por abordar, junto a las administraciones canarias, medidas a corto y medio plazo para atajar los problemas de carreteras y la emergencia habitacional en las Islas

Rodríguez ha presentado en sede parlamentaria las líneas estratégicas de su departamento para los próximos cuatro años

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha informado hoy en comisión parlamentaria sobre las líneas estratégicas y objetivos que se plantea la Consejería para esta legislatura, destacando que se analizarán medidas a corto plazo que den una respuesta ágil a las necesidades actuales del Archipiélago en materia de movilidad y vivienda.

Para hacer frente a la emergencia habitacional, el consejero ha explicado que el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y Visocan trabajan en varios proyectos para dar una respuesta más eficiente y rápida a esta problemática, como la adquisición de promociones de viviendas inacabadas; el acceso a las viviendas vacías, fundamental para incorporar inmuebles al parque público, así como la apuesta importante de la colaboración público-privada, a través de contratos con los operadores privados para que puedan construir viviendas que posteriormente se pondrían a disposición de la ciudadanía.

“Somos conscientes del número de demandantes de vivienda que existe en Canarias; por ello, insistimos en la necesidad de multiplicar los esfuerzos para dar respuesta lo antes posible y garantizar el acceso a la vivienda a todos los canarios y canarias, porque no podemos basar nuestra política únicamente en la construcción, ya que no ataja el problema a corto y medio plazo”.

Además, ha avanzado que el ICAVI está trabajando en un programa especial para los palmeros, ‘La Palma 700’, una iniciativa que pretende cubrir las necesidades existentes en la Isla con 17 actuaciones en 11 municipios. Por otro lado, también se desarrollará una iniciativa específica para toda Canarias destinada a combatir la despoblación del medio rural mediante la oferta de viviendas de promoción pública; o la puesta en marcha de un proyecto piloto destinado a afrontar la soledad no deseada, a través del uso de edificios intergeneracionales.

Compromiso por la movilidad sostenible

Por otro lado, Rodríguez se ha referido al área de Movilidad, y ha destacado que para avanzar en materia de carreteras no es suficiente con la puesta en marcha de nuevas infraestructuras viarias, sino que es necesario apostar por alternativas innovadoras que apuesten por la multimodalidad y el impulso de modos de desplazamiento más sostenibles.

En este punto, ha hecho referencia a la reciente licitación que ha sacado la Consejería para la elaboración de la Estrategia para la Movilidad Sostenible e Inteligente de Canarias, un instrumento que proyectará la política de movilidad del Archipiélago en las próximas tres décadas, y que plantea integrar todas las formas de desplazamiento bajo parámetros de eficiencia.

Asimismo, ha indicado, no obstante, la necesidad de concluir las obras que pertenecen al anterior Convenio de Carreteras y que ya deberían haber finalizado, consecuencia del incumplimiento de este acuerdo por parte del Estado, y ha reiterado su compromiso por ejecutar actuaciones importantes del vigente Convenio, que ya cuenta con el cincuenta por ciento del presupuesto comprometido.

“En mi anterior etapa aprobé o licité los proyectos de las obras que están actualmente en ejecución. A penas nos quedan 700 millones de euros para comprometer en los próximos años, por lo que habrá que priorizar las actuaciones más importantes, que sean más eficaces y ofrezcan soluciones en cada Isla”, apuntó Pablo Rodríguez.

En cuanto a las bonificaciones a los usuarios para el transporte público terrestre, el consejero ha destacado que el Ejecutivo regional seguirá trabajando para mantener e incrementar las ayudas con el objetivo de que los canarios puedan seguir beneficiándose de ese descuento del 100% en el precio de los abonos para los próximos ejercicios.

“Los motivos que fundamentaron la aplicación de esta bonificación aún siguen existiendo y no tienen visos de desaparecer, por lo que el compromiso de esta Consejería es el de mantener esta bonificación para el ejercicio 2024. Nada más tomar posesión, solicité una reunión con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para tratar este asunto y aún no he recibido respuesta”.

Gestión del espacio marítimo de Canarias

El consejero Pablo Rodríguez ha resaltado la importancia de la incorporación de la nueva Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo canario que, trabajando conjuntamente con Puertos Canarios, permitirá a Canarias ser el epicentro de la economía en el Atlántico, poniendo en práctica iniciativas que cumplan con los objetivos de sostenibilidad económica, medioambiental, y social.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha transferido en el último año y medio al ICAVI un total de 116,1 millones de euros para rehabilitar más de 3.600 viviendas tanto privadas como del parque público

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero en funciones Sebastián Franquis, cuanta ya con una nueva partida de 31.884.495 euros que ha transferido el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para seguir impulsando la rehabilitación verde en las islas. Se trata de una nueva partida de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE que se corresponde al segundo pago de la anualidad del año 2022 en materia de rehabilitación de vivienda. Con este ya son tres las transferencias recibidas por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) en el último año y medio de fondos de la UE para rehabilitación, transferencias que suman un total de 116,1 millones, de los cuales, 84 millones se han destinado ya a la reforma de 3.600 viviendas, tanto privadas como del parque público, con criterios de eficiencia energética.

Precisamente ha sido el compromiso de rehabilitar esas 3.600 viviendas, cuyos proyectos de reforma ya se están elaborando, lo que ha motivado que el Ministerio haya transferido a la Consejería la partida de la segunda anualidad del año 2022, lo que convierte a Canarias en una de las comunidades autónomas pioneras en cuanto a la recepción de los fondos MRR de la UE en materia de vivienda.

Con esta nueva transferencia por parte del Estado, el ICAVI planifica destinar el grueso de la partida de 31,8 millones de euros a la rehabilitación de vivienda privada a través de los ayuntamientos en barrios o áreas especialmente deterioradas. Otra parte de estos fondos se destinará también a seguir sufragando la línea de ayudas para la rehabilitación de particulares, unas subvenciones que se pusieron en marcha hace un año y que están teniendo una gran acogida entre la ciudadanía.

El Gobierno de Canarias, gracias a estos fondos europeos, va a poner en marcha en la comunidad los llamados Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), que sustituyen a los antiguos ARRU y que tienen por objeto modernizar y acondicionar las viviendas, públicas y privadas, y, sobre todo, adaptarlas a las nuevas exigencias de eficiencia energética que demanda la UE. Por eso se llama a estos programas ‘Rehabilitación Verde’.

Con estas actuaciones de rehabilitación de los edificios que componen los ERRP, se busca alcanzar una reducción del consumo de energía primaria no renovable superior al 30%, que es lo que marca la UE. Sin embargo, desde la Consejería se están impulsando proyectos de rehabilitación para que esa reducción en el consumo de energía alcance hasta el 60%, con el consiguiente ahorro en las facturas de agua y luz de los inquilinos de esas viviendas.

Para alcanzar ese objetivo se realizarán, entre otras, las siguientes actuaciones: aislamiento de las fachadas de los edificios, mejora de la carpintería que permita un mayor aislamiento y sustitución de los sistemas sanitarios por termo sifón (bidones con placas solares para calentar el agua) o aerotermia (este último solo en viviendas que se encuentren a más de 300 metros de altitud), sistemas que permiten ofrecer agua caliente y calefacción mediante energías renovables.

El ICAVI está impulsando la aplicación de estos ERRP en su parque público de viviendas y por eso ya hay proyectos para rehabilitar más de 1.560 casas de titularidad pública en una quincena de municipios de las islas. Otra parte de esta partida de fondos de la UE se va a ejecutar en viviendas privadas en entornos residenciales deteriorados a través de los ayuntamientos que también aportan una parte de fondos propios. Los ayuntamientos canarios que se suman a este programa son los de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria, La Laguna y Telde.

El Portal de Transparencia del Gobierno expone el borrador del futuro Decreto que incluye, además, modificaciones para simplificar la inscripción en el Registro de Demandantes y regularizar las adjudicaciones de plazas de garaje que no se entregaron en su día a las familias que ya cuentan con una vivienda de promoción pública

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero en funciones Sebastián Franquis, acaba de publicar en el portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias la Consulta Pública Previa para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones sociales más representativas, sobre el nuevo decreto con el que se pretende cambiar el régimen de adjudicación de viviendas protegidas de promoción pública, para sustituir la fórmula del sorteo que se emplea actualmente, por la baremación económica y social de las familias inscritas en el Registro de Demandantes. La Consejería pretende con este decreto que la adjudicación de las viviendas protegidas que lleva a cabo el Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) se haga con criterios de justicia social y equidad y no se deje solamente en manos del azar.

Con esta publicación en el portal de Transparencia se inicia el procedimiento para elaborar un Decreto que regule varios aspectos a la hora de la adjudicación de las nuevas viviendas de promoción pública que se están edificando o licitando dentro del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, y que afecta a las familias inscritas en el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegida de Canarias. Este es uno de los primeros pasos de un Decreto que posteriormente se someterá a información pública para recabar informes de todas las administraciones y organismos implicados con la finalidad de que el nuevo Decreto pueda ser aprobado por el Gobierno y publicado en el BOC en un plazo aproximado de seis meses.

Entre otros cambios, destaca la modificación del procedimiento de adjudicación de las viviendas protegidas de promoción pública, que sustituya la actual regulación del Decreto 138/2007 con el fin de modificar la adjudicación mediante el sorteo entre todos los solicitantes que cumplen los requisitos de participación. De esta forma, se priorizará la utilización de la modalidad de baremación de la situación socioeconómica de los demandantes para determinar las futuras adjudicaciones con la finalidad de dar cumplimiento a los principios de justicia, equidad y solidaridad. Aunque no desaparece, la modalidad del sorteo, la que se emplea habitualmente en la actualidad, se restringe para casos excepcionales que designe el propio ICAVI.

Además del cambio en la modalidad de las adjudicaciones de las viviendas protegidas, con este Decreto la Consejería pretende modificar también el proceso de inscripción en el Registro Público de Demandantes de Viviendas Protegida de Canarias con el fin de llevar a cabo medidas de simplificación y agilización administrativa, evitando así cargas administrativas innecesarias e imponiendo menos obligaciones a los solicitantes de inscripción.

Otro aspecto fundamental en este nuevo Decreto es que se va a regular el procedimiento de adjudicación de plazas de garaje o trasteros de diferentes grupos de viviendas protegidas de promoción pública que se encuentran pendientes de adjudicación. En esos grupos las viviendas se adjudicaron hace años, sin embargo, no se concedieron las plazas de garaje o trasteros al no estar regulado el procedimiento de adjudicación de las mismas. Por esta razón, hay muchas promociones de viviendas públicas en las que las plazas de garaje están aún vacantes pese a que han transcurrido varios años de la asignación de vivienda a sus beneficiarios. Con el nuevo Decreto que ahora está en información en el Portal de Transparencia se va a regular este procedimiento con el fin de poder adjudicar las plazas de garaje a los adjudicatarios que ya viven en las promociones afectadas.

El enlace para cualquier consulta sobre el futuro Decreto para la adjudicación de viviendas protegidas es el siguiente:

https://www.gobiernodecanarias.org/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/?param_accion=buscar&cp_consejeria_es=/participacionciudadana/iniciativas/.content/listado_iniciativas_normativas/cp_listado_iniciativas_normativas_COPTV.html

Esta es la segunda convocatoria de la Consejería, tras la aprobación el pasado mes de enero del Decreto que favorece a un total de 10.500 familias que llevan viviendo como inquilinos en una vivienda pública antes de 1996

Con esta segunda resolución, ya son 2390 familias las que pueden iniciar el proceso para acceder a su propiedad, optando además a poder beneficiarse de una bonificación del Gobierno de Canarias del 50% sobre el precio de referencia del inmueble

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero en funciones Sebastián Franquis, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAIV) ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la segunda resolución del nuevo Decreto de Medidas de Acceso a la Propiedad de Viviendas Protegidas por la que se beneficia a 904 familias que llevan viviendo en sus inmuebles más de 25 años. Se estima que, con este Decreto, se podrán beneficiar 10.500 familias que llevan de alquiler en promociones de vivienda pública desde antes de 1996, de las cuales 2.390 familias ya se han visto beneficiadas hasta la fecha.

Una vez publicada en el BOC, los técnicos del ICAVI ofertaran las viviendas protegidas de promoción pública a cada adjudicatario que contará con un plazo de 12 meses para formalizar su solicitud, que se encuentra recogida en la propia resolución. Para facilitar el acceso a la vivienda, la Consejería, además, ofertara a los inquilinos una bonificación del 50% sobre ese precio de referencia y, del restante 50% que deben de pagar los inquilinos, se descontarán todas las rentas ya pagadas.

Además, los que quieren acceder a la propiedad deberán demostrar que ocupan de forma habitual y permanente la vivienda de la que es adjudicataria, que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia sea propietarios de ninguna otra vivienda, estar al corriente en la cuota aprobada por la Junta Administradora relativa a los gastos comunes del edificio, haber satisfecho el 35% de las cuotas facturadas correspondientes al alquiler de la vivienda o el 50% del precio de venta de la misma, y que la vivienda se encuentre asegurada como mínimo contra incendios y riesgos catastróficos.

Para la aplicación del decreto se ha diseñado una convocatoria trimestral a lo largo de este año, siendo la primera el pasado mes de marzo y beneficiando a 1.484 familias, realizando estas publicaciones hasta completar todos los grupos de viviendas protegidas a los que afecta el decreto, que son aquellos que estén en régimen de arrendamiento en una casa adjudicada antes del III Plan de Vivienda (1996-1999), y el segundo, que estén en régimen de compraventa anteriores al I Plan de Vivienda (1988-1991). Con esta medida se cumple un compromiso adquirido por este Gobierno y por el consejero en funciones, Sebastián Franquis, tras más de diez años sin que los inquilinos pudieran acceder a su propiedad.

Con la aprobación de este Decreto el pasado mes de enero, se incorpora una novedad importante ya que permite aglutinar todos los decretos anteriores de acceso a la propiedad tramitados en la Comunidad Autónoma Canaria, permitiendo que se pueda ofertar la venta de los grupos de viviendas o unidades de ellas y que, una vez concluida una oferta, pueda volver a ofertarse, simplificándose notablemente el procedimiento.

Se subvencionarán hasta 50.000 euros por vivienda, siempre que se destinen a este uso de forma exclusiva por un periodo mínimo de cuarenta años

Este modelo de vivienda permite combinar espacios privados con instalaciones y servicios comunes, ofreciendo una fórmula que facilita el acceso a una vivienda a colectivos con especiales dificultades

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero en funciones Sebastián Franquis, publica hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la convocatoria de ayudas para el fomento y la implantación de viviendas colaborativas (cohousing) en Canarias. Esta ayuda, que cuenta con un presupuesto de 1.236.755 euros, subvencionará con hasta 50.000 euros a aquellas actuaciones que permitan desarrollar un alojamiento compartido en viviendas, tanto en casas de nueva construcción, como aquellas que se compren y adapten para este fin. El objetivo de esta convocatoria es aumentar la oferta de este modelo alojativo en el archipiélago, para ofrecer una alternativa a determinados colectivos en régimen de alquiler o cesión en uso por un plazo al menos de cuarenta años.

Desde el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) se lanza esta convocatoria con el fin de apoyar iniciativas de viviendas colaborativas que son prácticamente inéditas en Canarias, y que se enmarcan en los objetivos previstos por el Plan de Vivienda de Canarias 2020-25. Estas viviendas colaborativas, también conocidas como cohousing, son modelos de alojamiento que cuentan con espacios privados a la vez que instalaciones y servicios comunes, suponiendo una alternativa a los modelos tradicionales de alojamiento de los que se pueden beneficiar principalmente personas mayores, jóvenes o estudiantes.

Para su desarrollo, esta convocatoria podrá ser solicitada tanto por personas físicas como entidades públicas o asociaciones y cooperativas durante los próximos diez días hábiles, a contar desde el día siguiente de la publicación en el BOC. Los proyectos serán subvencionables siempre que se destinen a este uso de cohousing durante un plazo de cuarenta años e incluyan, como mínimo, los siguientes servicios comunes: restauración, lavandería y áreas destinadas a actividades sociales, deportivas, culturales o de ocio. El destino por un plazo de al menos cuarenta años al arrendamiento o la cesión de uso deberá constar en una nota marginal en el Registro de la Propiedad.

Esta subvención podrá financiar desde promociones de nueva construcción, rehabilitación de edificios o mejoras en las viviendas con hasta un máximo de 420 euros por metro cuadrado o, en conjunto de la actuación, un límite de 50.000 euros por alojamiento o vivienda.

Una vez finalizado este proyecto, las viviendas subvencionadas deberán destinarse exclusivamente a personas que no superen cinco veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (39.540€ al año) y si se trata de una vivienda en alquiler, el precio del mismo no podrá superar los ocho euros por metro cuadrado (por ejemplo: si una vivienda es de 75 m2, el alquiler no podrá ser mayor a 600 euros mensuales), aunque este precio sí podrá ser actualizado conforme al Índice de Precios de Consumo.

Las subvenciones se concederán por un sistema de baremación, pudiendo alcanzar un máximo de 30 puntos por proyecto, y las solicitudes podrán ser presentadas de forma presencial en cualquiera de las oficinas del Instituto Canario de la Vivienda, o de forma telemática. El ICAVI, además, ha habilitado una línea específica de atención para dudas relacionadas con esta ayuda a través del teléfono 822 171 163, de lunes a viernes de 09.00 a 12.00 horas.

La Consejería acaba de publicar una nueva convocatoria de la línea de ayudas para que los empresarios que construyan o terminen promociones y las dediquen a vivienda protegida, con la que se espera poner en el mercado de alquiler unas 400 nuevas casas en los próximos años

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige el consejero en funciones Sebastián Franquis, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), publicó ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) una nueva convocatoria de la línea de ayuda dirigida al sector privado con la finalidad de seguir impulsando la colaboración público-privada y de esta forma promover la construcción o finalización de nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler en Canarias. Como novedad en esta convocatoria, se incrementan las subvenciones que recibirán los empresarios que se acojan a esta ayuda por lo que se espera alcanzar las cerca de 400 viviendas protegidas nuevas, doblando así la cantidad de viviendas que se construyeron con la convocatoria anterior, en 2021, que fueron 208.

Esta línea de subvenciones nace a raíz del programa cinco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que tiene como objetivo poner en el mercado nuevas promociones de vivienda para ampliar la oferta de alquiler en las islas y fomentando, al mismo tiempo, la colaboración del sector privado en la ejecución de los objetivos del Plan. Además de ampliar las cantidades a subvencionar que recibirán los promotores privados, otra novedad de la convocatoria de 2023 es que se van a priorizar las subvenciones a aquellas empresas que tengan proyectos o promociones a medio terminar en las zonas con los alquileres más tensionados de las islas, así como en las islas no capitalinas.

Para ello, se subvencionarán las futuras promociones de vivienda en régimen de arrendamiento con duraciones que van de los 10 a los 25 años, pudiendo acogerse tanto lotes de vivienda de nueva construcción como procedentes de la rehabilitación o promociones de viviendas con obra empezada que se quedaron paralizadas, para poder reanudarse hasta su completa finalización. En todos los casos, las viviendas terminadas deberán destinarse al arrendamiento para su uso como residencia habitual y permanente de sus ocupantes, tanto en régimen especial como en general, dependiendo de los ingresos de cada unidad familiar.

Las subvenciones se otorgarán por metro cuadrado construido, por lo que se pagará 392 euros por metro construido en las viviendas cuya protección sea de 10 años, y de 448 euros el metro para las viviendas protegidas durante 25 años. Estas cantidades superan ampliamente las de la convocatoria anterior, cuando se pagaba a 250 y 300 euros el metro construido de estas viviendas protegidas en régimen especial. Con esta actualización de precios, la Consejería asume el sobrecoste que los precios de los materiales de construcción han experimentado en el último año y medio, y anima al sector privado a solicitar estas subvenciones.

Aunque la dotación inicial de esta ayuda es de dos millones de euros, desde el ICAVI se prevé una ampliación de crédito en base a la demanda de ayudas que se vaya recibiendo con la finalidad de cubrir todas las ofertas que se reciban por parte de los empresarios interesados en construir vivienda protegida en las islas. Las principales asociaciones de la construcción de las dos provincias canarias han mostrado al ICAVI su interés por esta nueva convocatoria con un incremento de las ayudas que recibirán los promotores y por ello se espera alcanzar una cifra cercana a las 400 nuevas viviendas.

Con esta línea de subvenciones la Consejería busca, en colaboración con la iniciativa privada, fomentar la promoción de viviendas protegidas en régimen de arrendamiento con la finalidad de ampliar el parque de casas de alquiler y ofrecer una solución habitacional a quienes no pueden afrontar los precios de una vivienda en el mercado libre. Fruto de la primera convocatoria de estas ayudas, la de 2021, se subvencionaron 208 viviendas, de las que ya se entregaron a principios de este año 56 pisos a demandantes del Registro de Vivienda en Puerto del Rosario, en un edificio que estaba a medio terminar cuando se solicitó la subvención. En los próximos meses se entregarán otras 152 en los municipios de Santa Lucía de Tirajana y Santa Úrsula en sendas promociones, una a medio terminar y otra de nueva construcción.

Los promotores interesados en solicitar esta subvención cuentan con un plazo de un mes, a contar desde el día de hoy, pudiendo presentar la solicitud telemáticamente a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias:

https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/

El ICAVI firma un convenio de cesión con el ayuntamiento para disponer de manera gratuita este suelo en la zona de Montaña Roja en este municipio del sur de Lanzarote

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero en funciones Sebastián Franquis, ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el convenio de cooperación entre el Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) y el Ayuntamiento de Yaiza para la cesión de manera gratuita de una parcela en la que el Ejecutivo canario edificará 126 viviendas protegidas para el alquiler asequible, una actuación incluida en los programas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE.

La parcela que ha sido cedida por el Ayuntamiento de Yaiza se sitúa en la zona conocida como Montaña Roja, lindante con la avenida Faro Pechiguera, y tiene una superficie de 45.253 metros cuadrados.

Tras este convenio que se publica hoy con Yaiza, el ICAVI cuenta también con el compromiso del Cabildo de Lanzarote para la cesión gratuita de otra parcela en la calle Triana de Arrecife para edificar otras 46 casas en alquiler asequible y energéticamente eficientes dentro del MRR y que se financian en parte con fondos propios del ICAVI y en parte con los fondos Next Generation de la UE. Por tanto, en los próximos meses el ICAVI podrá licitar 172 nuevas viviendas protegidas en alquiler asequible en la isla de Lanzarote gracias al MRR y los fondos Next Generation.

A esto hay que añadir las 201 nuevas viviendas protegidas incluidas en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 y que el Gobierno va a edificar en los próximos meses en el barrio de Maneje, en Arrecife. De hecho, tres empresas se han presentado ya a la licitación para la construcción del primer lote de 134 de estas 201 viviendas. Cabe recordar que estas de Maneje serán las primeras viviendas protegidas que edifica el Gobierno de Canarias en Lanzarote en 27 años.

El convenio para la construcción de nuevas viviendas en Yaiza y Arrecife forma parte de las intervenciones de la llamada Línea 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, un programa ideado para la construcción de edificios energéticamente eficientes y que se ofrecerán a las familias a un alquiler asequible. Con los fondos de esta línea, que aportan la UE, el ICAVI y otras administraciones como cabildos y ayuntamientos, se planifica la construcción de 1.053 viviendas protegidas en una quincena de municipios.

Esta línea de actuación va a ser ejecutada tanto por la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda a través del ICAVI, como por el Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y La Laguna. Esta es la primera vez que se incorpora al parque público de Canarias viviendas con estas características.

El ICAVI asumirá la construcción de la mayor parte de estas viviendas ya que pretende poner en el mercado en los próximos años 674 nuevas casas en alquiler a precios asequibles. La Comunidad Autónoma de Canarias fue la primera de todo el Estado en recibir los fondos de la UE para ejecutar la construcción de estas viviendas energéticamente eficientes dirigidas a las familias que estén inscritas en el registro de demandantes de vivienda de privada y con ingresos por debajo del 4 IPREM, es decir, unos 32.400 euros anuales. Al ser ofertadas por el ICAVI a un alquiler asequible, estas viviendas están sujetas a limitaciones de precios, por lo que se estima que se pagarán por ellas un máximo de 400 euros mensuales.

Con esta nueva convocatoria, el Gobierno de Canarias habrá invertido en los últimos tres años más de 42 millones de euros para esta actuación, prevista en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, que pretende fijar población en el medio rural a través de ayudas que faciliten el acceso a una vivienda

ICAVI abre el plazo para que los 58 ayuntamientos canarios de menos de 20.000 habitantes puedan solicitar a partir de mañana, y a través de la FECAM, las ayudas para alguna de las cuatro líneas que se subvencionen: construcción o adquisición de vivienda nueva, o rehabilitación de viviendas públicas o privadas

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige el consejero en funciones Sebastián Franquis, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha publicado hoy en la sede electrónica del Gobierno, la Resolución por la que se pone en marcha, con una dotación de 13.251.710 euros, la tercera convocatoria de la línea de ayudas destinada a combatir la despoblación en el medio rural, una actuación incluida en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 con el objetivo de fijar la población en los municipios de menos de 20.000 habitantes facilitando el acceso a una vivienda. De esta manera, en los últimos tres años, el Gobierno de Canarias ha destinado más de 42 millones de euros a financiar varias actuaciones que faciliten el acceso a una vivienda en los municipios menos poblados de las islas.

Los municipios interesados en obtener estas ayudas podrán solicitarla a partir de mañana, 7 de junio, plazo que se cerrará el próximo 7 de julio. Como en las dos ediciones anteriores, esta ayuda se solicitará a través de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), con la que el ICAVI ha firmado un convenio de cooperación.

Con los 13.251.710 euros de esta nueva convocatoria, la Consejería busca subvencionar alguna de las cuatro líneas estipuladas en este programa de ayudas: la adquisición, construcción o rehabilitación de inmuebles con el objetivo de aumentar el parque público para el alquiler en los municipios canarios de menos de 20.000 habitantes. Con la renovación de este programa de ayudas por tercer año, la Consejería habrá invertido al finalizar la Legislatura más de 42 millones de euros en subvencionar a los ayuntamientos menos poblados del Archipiélago a fijar a su población y evitar las fugas de habitantes a las grandes ciudades.

Esta ayuda está enfocada a los 58 ayuntamientos canarios de menos de 20.000 habitantes que se encuentran recogidos en el Convenio de cooperación suscrito entre el Instituto Canario de la Vivienda y la FECAM, asociación encargada de gestionar este programa, enmarcado dentro del Plan de Vivienda 2020-25 y que se desarrolló por primera vez en el año 2021.

Este presupuesto se ha distribuido entre todos los municipios atendiendo a criterios de población, así como en función del número de demandantes inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias y un criterio fijo basado en la solidaridad intermunicipal, garantizando así un reparto equilibrado del fondo presupuestario.

Los ayuntamientos que cumplan con las condiciones del programa podrán solicitar las ayudas para subvencionar alguna de las cuatro líneas previstas: para la adquisición o bien para la construcción de viviendas en régimen de alquiler por los ayuntamientos o empresas públicas de titularidad municipal para destinarlas a alquiler social; a la rehabilitación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal de cara a incrementar el parque público de alquiler social, así como a la rehabilitación o adecuación de viviendas de titularidad privada del entorno rural a las condiciones mínimas de habitabilidad, ahorro de consumo energético, elementos estructurales y, en definitiva, aquellas obras necesarias para el adecuado mantenimiento de estas.

Se busca con este programa impulsar la rehabilitación de viviendas antiguas ya que el envejecimiento progresivo de la población, sobre todo en el entorno rural, requiere también de medidas concretas para acceder a la vivienda y fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas.

Este programa del Gobierno canario está encaminado a que se consiga el objetivo marcado en el propio Plan de Vivienda 2020-2025 que es fijar la población en el entorno rural y evitar la fuga de habitantes hacia las grandes urbes del Archipiélago. Toda política rural debe buscar el logro de una mayor integración territorial de las zonas rurales, facilitando una relación de complementariedad entre el medio rural y el urbano, y fomentando en el medio rural un desarrollo sostenible.