El Parlamento de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria abordan junto a decenas de colectivos la situación de la atención a la discapacidad en la isla

La Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias celebró hoy en Gran Canaria una jornada de trabajo destinada a conocer de primera mano la situación de los servicios y recursos destinados a las personas con discapacidad en la isla. La visita se enmarca en la ronda que este órgano parlamentario está desarrollando por todo el Archipiélago y que concluirá próximamente en Tenerife.

La delegación parlamentaria fue recibida por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, junto a la consejera de Política Social, Isabel Mena, y el gerente del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), José Ricardo Redondas. Posteriormente, los diputados visitaron varios centros de atención y, ya por la tarde, mantuvieron un encuentro con representantes de más de 60 colectivos sociales de Gran Canaria, algunos de ellos con ámbito de actuación regional.

Durante la reunión, Antonio Morales trasladó a los diputados autonómicos y a las organizaciones sociales la situación actual de los servicios de discapacidad en la isla, subrayando la urgencia de cerrar cuanto antes el convenio con las entidades del tercer sector. “Tras nueve meses de ejercicio seguimos sin un marco financiero aprobado, lo que genera una enorme incertidumbre a colectivos que son esenciales para la atención a miles de personas y familias”, advirtió.

El presidente insular remarcó que el reto de la discapacidad es un asunto de “especial sensibilidad y de singular relevancia en el marco del Estado de Bienestar”, y alertó de que los recortes, ajustes y privatizaciones que fragilizan los cuidados amenazan la universalidad y la calidad de los servicios públicos.

Entre las principales demandas, Morales destacó la necesidad de agilizar los plazos de reconocimiento de la discapacidad, la creación de una Formación Profesional dual adaptada para jóvenes que cumplen 21 años y no encuentran salida laboral, la puesta en marcha de recursos innovadores que fomenten la autonomía personal y la actualización anual de la financiación para las entidades. “No firmaremos ningún convenio que no contemple una financiación justa”, afirmó.

El presidente también subrayó la urgencia de garantizar plazas suficientes para que los jóvenes no queden desatendidos al salir del sistema educativo. En el plano positivo, recordó que el Cabildo ha realizado en los últimos años un esfuerzo sostenido, con la creación de nuevas infraestructuras, el impulso de los Servicios de Promoción a la Autonomía Personal, el Plan Insular de Accesibilidad, la constitución del Observatorio de Accesibilidad y la ejecución del Plan Sociosanitario más ambicioso de Canarias, con más de 2.000 plazas nuevas.

La visión del Parlamento

Por parte de la Comisión, la diputada Ana Oramas destacó que esta ronda de visitas busca escuchar directamente a las familias y a los colectivos de todas las islas. “Queremos escucharlos sin politización. Todos los portavoces coincidimos en que la gran asignatura pendiente de Canarias es la discapacidad”, afirmó.

Oramas puso el acento en las desigualdades territoriales: “Dependiendo de la isla donde se viva, los derechos y oportunidades de las personas con discapacidad varían enormemente. No puede ser que una familia se vea obligada a trasladarse para recibir una prestación a la que tiene derecho como ciudadana”.

La diputada mencionó ejemplos de los problemas detectados en islas no capitalinas, como la falta de transporte en Fuerteventura, las carencias en atención temprana en El Hierro o las dificultades de los pacientes de ELA en Lanzarote. También denunció la precariedad del tercer sector por la falta de un concierto social estable, lo que obliga en ocasiones a retrasar pagos al personal especializado o incluso a que las familias avalen créditos para que los profesionales puedan cobrar.

El Cabildo de Gran Canaria y el Parlamento coincidieron en señalar que esta jornada de trabajo constituye una oportunidad extraordinaria para dar voz a las entidades sociales y trasladar sus demandas al Gobierno y a la Cámara regional.

“Salvar los servicios de discapacidad es salvar una parte esencial de nuestro Estado de Bienestar”, concluyó Antonio Morales, quien apeló al consenso político y social para lograr un sistema de atención más justo, estable y equitativo para todas las personas con discapacidad, vivan en la isla que vivan.