El diagnóstico participativo financiado por el Cabildo destaca la necesidad de una estrategia conjunta de instituciones y de las comunidades educativa y juvenil

El Cabildo ha financiado el diagnóstico participativo ‘Ética Digital, Ciberciudadanía y Juventud y Gran Canaria’, estudio basado en la visión de más de treinta entidades de la isla y entre cuyas conclusiones destaca la necesidad de desarrollar a corto plazo una estrategia conjunta entre las instituciones, la comunidad educativa y el colectivo juvenil para fomentar usos responsables y participativos en la red e impulsar así su capacidad de incidir en la toma de decisiones en el ámbito público.

Esta radiografía, presentada hoy, ha sido financiada por Participación Ciudadana del Cabildo y elaborada por la Asociación Opciónate con el objetivo de identificar iniciativas, obstáculos y propuestas para promover la participación juvenil online cívica y responsable. Se trata del primer acercamiento en profundidad que se realiza a esta realidad en Gran Canaria e incluye además un listado de buenas prácticas que se están llevando a cabo a nivel insular por entidades públicas, privadas o por personas expertas, así como las recomendaciones y acciones que estos actores proponen.

“Este gobierno insular asume la enorme importancia de la tecnología digital y de la tecnopolítica para la participación ciudadana y que su fomento es una labor que no solo se puede llevar a cabo desde las instituciones, sino que tenemos que comprometer al conjunto de la sociedad con acciones activas e incisivas para hacer realidad la gobernanza pública participada apropiada y responsable”, señaló el director insular de Participación Ciudadana del Cabildo, Jorge Pérez Artiles.

Las entrevistas y las aportaciones en los grupos focales llevados a cabo en el marco del diagnóstico revelan que también se otorga una importancia crucial a la generación de espacios de encuentro y diálogo para adecuar las herramientas institucionales existentes para la participación social y ciudadana juvenil, tanto en el espacio digital como en el presencial, todo ello para alumbrar estructuras institucionales más accesibles a la hora de recibir propuestas ciudadanas, señaló por su parte la directora de Opciónate, Ana Lidia Fernández-Layos.

En este sentido, el diagnóstico, disponible en la web de la organización, subraya que “las instituciones públicas y privadas, en sus webs y aplicaciones, tienen que aplicar las medidas necesarias para que toda la población pueda acceder y comprender los contenidos que existen en internet”, al margen de que “es necesario bajar ‘bajar a tierra’ internet y las Tecnologías de la Relación, la Información y la Comunicación, las TRICs, pues en estos espacios también se ejerce la ciudadanía”. Igualmente, se insta a que las instalaciones públicas adecuen y garanticen internet y dispositivos electrónicos de calidad.

Asimismo, el trabajo corrobora que las entidades y personas expertas en el uso de TRICs, participación y juventud de la isla de Gran Canaria son conscientes de cómo los espacios online afectan e influyen a la población, de las oportunidades que ofrecen para informarse, divertirse, formarse, generar contenido y participar, pero también lo son de las dinámicas negativas y ciberdelitos que en ellos ocurren.

El diagnóstico señala que al menos 50 entidades en Gran Canaria están realizando campañas, congresos, proyectos y talleres que abordan la ciudadanía digital y que promueven comportamientos cívicos y participativos en la red, aunque matiza que “por el momento, los proyectos son, en su mayoría, de temporalidad acotada y de temática específica, debido a que están sujetos a convocatorias y subvenciones”.

Situaciones como la brecha digital, las noticias falsas, el ciberbullying, las ciberviolencias machistas o la ciberseguridad suelen ser las temáticas que más se están abordando, especialmente en contextos escolares o de aprendizaje. En el caso de la brecha digital y la accesibilidad los colectivos a los que se dirigen incluyen personas mayores, mujeres y personas en riesgo de exclusión.

En cuanto a obstáculos, se identifican en primer lugar los económicos y de acceso. Se constata igualmente que existe una brecha generacional que está afectando a la relación y el entendimiento entre personas adultas y jóvenes, una realidad que influye negativamente en la participación de jóvenes a nivel social, comunitario, político y ciudadano.

Asimismo, y dada la digitalización generalizada, el estudio apunta que es necesario también plantear la creación de delegadas y delegados o de figuras especializadas y permanentes que sepan asesorar y acompañar en el uso adecuado de las TRICs, que conozcan normativas europeas y nacionales, así como mecanismos administrativos y formas de participación ciudadana online.