Bienestar Social gestionará 1.037,7 millones el próximo año, 837, 17 procedentes de recursos propios

Prioriza la dependencia, consolida la red social e impulsa la inclusión y la protección a la infancia y las familias

Se pone el foco en la salud mental y la reducción drástica de las listas de espera en discapacidad

El proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026 refuerza la apuesta del Gobierno de Canarias por las políticas sociales, con una dotación de 837,74 millones de euros para la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. Esta cifra supone un incremento del 8,2% respecto al ejercicio actual, lo que supone un incremento de casi dos puntos sobre la media de crecimiento autonómico (6,7%).

Al descontar los Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el aumento real alcanza los 116,7 millones, lo que representa un crecimiento del 16,6 % en recursos propios destinados al bienestar social.

El Gobierno de Canarias pone el foco en más servicios, mejor respuesta y mayor equidad territorial, fortaleciendo la red social de los cabildos y ayuntamientos a través de transferencias con un Capítulo IV robusto, dotado con 635,9 millones de euros (75,9 % del total).

“Este es un presupuesto para cumplir con Canarias. Reforzamos la dependencia como gran apuesta, respondiendo así a antiguas demandas del sector; atendemos prioritariamente a la discapacidad; consolidamos la inclusión social de proximidad, con una importante inyección en la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) para mejorar la renta de las personas que cobran Pensiones no Contributivas (PNC); y sostenemos la protección a la infancia y a las familias”, destaca la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, quien anunció que este año, “en vista de que el Estado no ha puesto en marcha aún esa modificación de la Ley de la Seguridad Social que permita la compatibilización de los complementos a las pensiones no contributivas, hemos arbitrado una fórmula para que desde la RCC se complemente a estos pensionistas con un importe de 400 euros anuales, para atender la demanda de alrededor de 42.000 perceptores de PNC en las Islas”.

Más de mil millones en gestión prevista para 2026

El presupuesto de gestión previsto para 2026 alcanzará 1.037,74 millones de euros gracias a la incorporación de más de 200 millones de fondos de diversas procedencias, como la Administración General del Estado y otras inversiones europeas. La Consejería mantiene así la estabilidad financiera del sistema social tras el fin del periodo previsto para el MRR, sustituyendo su tracción coyuntural por recursos de Canarias y europeos.

Dependencia, inclusión e infancia: los tres pilares

El presupuesto se articula en torno a tres grandes áreas:

Dependencia. Con 387,49 millones, se consolida como motor del crecimiento. Se refuerzan prestaciones, plazas y conciertos para reducir listas de espera y promover la desinstitucionalización.

Servicios Sociales. Con 184,64 millones, incrementa un 9,2% sus recursos para la Renta Canaria de Ciudadanía, las Pensiones No Contributivas y los programas de inclusión.

Infancia y Familias. Con 106,56 millones, prioriza la intervención comunitaria, el acogimiento familiar y la protección frente a situaciones de vulnerabilidad. Este presupuesto permitirá la creación de dos nuevos centros terapéuticos que se sumarán a los dos ya existentes en la provincia oriental.

Refuerzo transversal de igualdad, discapacidad y mayores

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) contará con 14,7 millones, un millón más que en 2025, destinados a reforzar la atención contra la violencia de género y la red de servicios del 1-1-2, que aumentará de 8 a 14 técnicas para atender este dispositivo.

El área de Discapacidad aumenta hasta 73 millones, impulsando programas de autonomía personal y los equipos itinerantes de valoración para reducir las listas de espera. Se pone el foco en la salud mental, y se crea una línea específica de subvenciones a las entidades que atienden estas patologías.

Por su parte, la Dirección General de Mayores y Participación Activa sube a 19,4 millones para fomentar el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada.

La Viceconsejería de Igualdad y Diversidad y la Dirección General de Diversidad también crecen (8,8% y 7,6% respectivamente), con programas de sensibilización, coordinación y apoyo a entidades.

Un presupuesto para el medio plazo

Con el fin de garantizar la estabilidad y eficacia del gasto social, el Gobierno planifica 2026 con prudencia financiera y visión de medio plazo, priorizando la eficiencia, la evaluación de resultados y la cercanía territorial.

“Canarias necesita un pilar social robusto que no dependa de ciclos financieros y que responda con cercanía en cada isla. Ese es el sentido de este presupuesto y la razón de cada una de sus partidas”, subraya Candelaria Delgado.

El jueves 29 salimos a las calles para proteger el sistema público de pensiones

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones ha dado una rueda de prensa en La casa sindical de Tenerife (C/Menéndez Nuñez 84) para anunciar las concentraciones del próximo jueves 29 de mayo con el lema 'Somos 49 millones de pensionistas para blindar las pensiones en la Constitución". Esta es la cuarta convocatoria desde enero en la que las organizaciones de la plataforma reivindican una reforma de la Constitución que prohiba la privatización de las pensiones y la pérdida de poder adquisitivo.

En el mes de abril lanzaron 'La declaración de los 20', en la que 20 jóvenes de distintas sensibilidades y procedencias llamaban a las organizaciones de jóvenes ya toda la juventud a defender las pensiones. Y ahora vuelven a las calles porque 'la situación internacional no es nada favorable al desarrollo de derechos estructurales como el de las pensiones públicas y no vamos a aceptar que nadie imponga a nuestro país recortes o privatizaciones'.

Para las organizaciones del MERP es el momento de dar pasos firmes y llegar a acuerdos entre todos los demócratas para dar, el que consideran, 'la segunda gran reforma social de la Constitución y un avance democrático'.

El jueves 29 de mayo, jóvenes y pensionistas saldrán de nuevo a la calle en:

-Santa Cruz de Tenerife 18:00

-San Cristóbal de la laguna 12:00

-Las Palmas de Gran Canaria 12:00

-Santa Brígida 12:00

-Arrecife 12:00

-Santa Cruz de las Palmas 12:00

Al grito de 'Todos somos pensionas... Somos 49 millones'

Y hacemos un llamamiento a salir a las calles en el máximo de sitios a defender las pensiones públicas, si quereís organizar una acción os podeis poner en contacto con nosotros en el siguiente núimero de Whatsapp. 642362146 Adrián Ramírez, Portavoz del MERP en Canarias.

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP), formada por 517 organizaciones, se ha concentrado en 70 poblaciones de todo el país con el lema ‘Somos 48 millones para Blindar las Pensiones en la Constitución’, según aseguran en un comunicado para “defender las pensiones públicas de los ataques que está sufriendo y para decirle a Bruselas que no vamos a aceptar nuevos recortes”. En (ciudad) la concentración se ha celebrado en Canarias

Portavoces de la plataforma, en referencia al lema de la convocatoria, aseguran que decir “somos 48 millones de pensionistas”, es una declaración de intenciones, “por unir generaciones de forma solidaria, como hacen nuestras pensiones, pero también porque el esfuerzo conjunto de toda la sociedad es el que hace posible la existencia de un sistema como el nuestro”.

Estas organizaciones, que han recogido casi 3 millones de firmas, consideran que “ahora se hace más necesario que nunca defender el Sistema Público de Pensiones de los ataques que está recibiendo, enfrentando a jóvenes con pensionistas y lanzando bulos para justificar la supuesta insostenibilidad de las pensiones y su privatización”, porque “no solo los pensionistas no son responsables de la precariedad de la juventud, sino que gracias a las pensiones, una parte de la juventud ha tenido un colchón en sus familias, durante la crisis del 2008 o durante la pandemia”.

De hecho, son más de 30 las organizaciones de juventud que pertenecen a la MERP y “parte de las firmas las hemos recogido en las 45 universidades públicas”.

También han reivindicado hoy la unidad de los pensionistas, “porque enfrentan a quienes cobran la máxima con quienes cobran la mínima, cuando la realidad es que el 50% de las pensiones son de menos de 1000 euros, y el 30% de menos de 600”. Consideran que en todo caso, “las comparaciones serían posibles con alguien que tenga un fondo de pensiones de 5 millones de euros, pero no entre quienes cobran una pensión pública o deben cobrarla en el futuro”:

Por otra parte, también han salido a la calle “por la incertidumbre que nos genera que desde Bruselas puedan venir la exigencia de nuevos ajustes”. En el comunicado que se ha leído en todas las ciudades y en las cartas que han entregado en el Congreso de los Diputados a todos los grupos, afirman que “la sostenibilidad de las pensiones públicas depende exclusivamente de la voluntad política”, y aunque “nos hemos unidos sensibilidades y trayectorias políticas muy distintas, incluso opuestas en muchos aspectos”, todas las organizaciones defienden “una reforma de la Constitución que prohíba de forma explícita la privatización total o parcial de las pensiones públicas y la pérdida de poder adquisitivo, recibiendo el tratamiento de un derecho fundamental”.

Hay que tener en cuenta que las pensiones públicas no están hoy consideradas ni si quiera como un derecho constitucional, sino como una mera expectativa de derecho cuyo cumplimiento depende de los poderes públicos. Para las organizaciones de la MERP, “esto tiene que cambiar”.

A los grupos parlamentarios les han pedido por carta “una reunión para valorar los resultados de la revisión del sistema que va a hacerse en marzo y avanzar en la propuesta de reforma constitucional”. Todos los grupos del Congreso, en la concentración en Madrid, menos VOX, han recibido la carta, y los portavoces del PSOE, PP, Bildu, Junts, ERC, IU, Compromís, Els Comuns, Chunta, Podemos, Coalición Canaria y BNG han bajado a recibir la carta y saludar a los 500 representantes de las organizaciones concentradas frente al Congreso.

Una delegación formada por 22 organizaciones de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones, a la que pertenecen más de 500 entidades de todo el país, se ha reunido hoy miércoles 28 de febrero con la presidenta del Pacto de Toledo, Mercè Perea

La reunión se ha celebrado en el Congreso, en la sala Mariana Pineda, donde suele reunirse la Junta de Portavoces. Durante una hora, los representantes de las organizaciones de la MERP le han expuesto a la presidenta del Pacto de Toledo la propuesta de celebrar un debate en el Congreso en torno al blindaje constitucional de las pensiones, en el que participen los portavoces de la comisión y representantes de las organizaciones de la plataforma.

Mercè Perea ha respondido muy positivamente a la propuesta de la MERP, que trasladará a los portavoces de la comisión. Por su parte, representantes de la plataforma han explicado que van a reunirse con los distintos grupos del Congreso para hacerles llegar la propuesta de este debate que quieren organizar en colaboración con la institución.

Como es tradición en las reuniones de la MERP, tal y como han explicado al principio, los representantes de las distintas organizaciones se han presentado, “uno a uno”, como expresión de pluralidad y respeto a todas las organizaciones que forman parte de la plataforma.

Miembros de la Portavocía de la plataforma han explicado a la presidenta del Pacto de Toledo ‘la importancia del 2024 para la defensa de las pensiones públicas, porque en el 2025 la reforma será revisada por Bruselas’. A continuación le han expuesto la campaña que está llevando adelante la MERP, ‘Somos 47 millones’, en referencia a los pensionistas del presente y del futuro, y ‘a la necesidad de unirnos para blindar las pensiones en la Constitución’. En la actualidad la campaña se está llevando adelante por parte de las plataformas autonómicas de la MERP en todas las autonomías, recogiendo firmas en las universidades, ‘que es donde están los pensionistas del futuro’.

Con el debate, la MERP pretende contribuir a la ‘unidad de los diferentes en un objetivos común, aportando estabilidad, consenso, diálogo, y confianza en el futuro, porque las pensiones públicas son todo eso’, y han insistido en que pretenden llevar al Pacto de Toledo el debate sobre lo que consideran que debe ser ‘la segunda gran reforma social de la Constitución’ – en referencia a que la primera ha sido la del artículo 49 promovida por el CERMI -. ‘Nos hemos unido para defender una reforma de la Constitución que prohíba la privatización y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones públicas, otorgándoles el rango de un derecho fundamental’.