En IUSPORT hemos sido muy críticos con algunos aspectos que nos parecen cruciales. Uno de ellos es el nuevo enfoque a la justicia deportiva, una parte de la ley que juzgamos capital pues supondría demoler un sistema que ha resultado útil al deporte español durante 40 años

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, prometió en septiembre llevar al Congreso la nueva Ley del Deporte el próximo año 2022 y lo va a cumplir.

El pasado 27 de noviembre informábamos de que el plan de Iceta era llevarlo al Consejo de Ministros de este martes 14 de diciembre.

Pues bien, según hemos sabido en IUSPORT, salvo contratiempo de última hora, será finalmente el viernes de esta semana cuando el Consejo de Ministros dará luz verde al anteproyecto, aprobando el Proyecto de Ley, a partir de cuyo momento iniciaría su andadura parlamentaria.

Del anteproyecto de esta Ley dijo Iceta lo siguiente: "El objetivo es dotar al ecosistema deportivo de un texto renovado, progresista y moderno que se adecúe a las necesidades actuales del deporte, redefina sus principales figuras y establezca un marco regulador general a nivel nacional.

Tras recibir el visto bueno por parte del Ejecutivo durante la etapa de José Guirao y María José Rienda, el 12 de junio pasado se sacó el anteproyecto de la nueva Ley a información pública para que las distintas federaciones, organismos y agentes del deporte presenten sus alegaciones o aportaciones.

El Ministerio de Cultura y Deporte explicó que el objeto de esta nueva normativa es "actualizar la situación jurídica de la actividad física y el deporte dentro de las competencias que ostenta el Estado y adaptar la regulación a los tiempos actuales, eliminando toda clase de desigualdades existentes y creando instrumentos que propicien el crecimiento del deporte a todos los niveles".

Sin embargo, en IUSPORT hemos sido muy críticos con algunos aspectos que nos parecen cruciales. Uno de ellos es el nuevo enfoque a la justicia deportiva, una parte de la ley que juzgamos capital pues supondría demoler un sistema que ha resultado útil al deporte español durante 40 años.

Esa demolición pasa por prescindir (en lo fundamental) del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), lo que obligaría a clubes y deportistas a tener que acudir a la jurisdicción ordinaria (concretamente a la civil) para recurrir sus sanciones de los órganos de competición de las federaciones.

Tal y como expusimos en un reciente editorial, se trata, sin duda, de una decisión muy negativa que no solo congestionaría todavía más el tráfico en los juzgados, sino que, además, los recurrentes, como ocurría en la etapa preconstitucional, conocerán el desenlace de sus pleitos, en algunos casos, cuando se han retirado o jubilado. Así es la justicia ordinaria.

También hemos de decir que este texto del Anteproyecto que criticamos no es obra del Ministro Iceta ni del actual CSD presidido por José Manuel Franco. Fue el ministro Uribes el que lo sometió a información pública el pasado mes de junio.

Solo nos queda esperar que sea rectificado antes de llegar a la mesa del Consejo de Ministros o, en su defecto, durante su tramitación parlamentaria.