El encuentro se enmarca en la ronda de reuniones que el Ejecutivo está manteniendo con colectivos en todo el archipiélago para dar a conocer la norma

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha mantenido un encuentro con la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), liderada por Óscar Izquierdo, con el objetivo de analizar el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, así como las iniciativas necesarias que se deben seguir desarrollando para impulsar la construcción de inmuebles en las islas.

A esta cita, que se enmarca en la ronda de reuniones que la Consejería está organizando con diferentes colectivos de todo el archipiélago, también han asistido el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, y el coordinador del equipo redactor del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, Fran Villar.

El consejero ha asegurado que el Gobierno de Canarias está trabajando para «dar un vuelco importante a la política de vivienda» en el corto y medio plazo. “Somos plenamente conscientes de la gravedad de esta situación y estamos tomando una serie de medidas para abordarla. El decreto es una de ellas, pero no será la única, ya que seguiremos evaluando y analizando la situación para poner en marcha cuantas iniciativas sean necesarias”.

Rodríguez ha explicado que el decreto ley busca, además de agilizar la construcción de vivienda pública, incentivar al sector privado “para que también sume y contribuya a la construcción de inmuebles protegidos”.

Por su parte, Óscar Izquierdo ha destacado que este decreto ley supone “una oportunidad para sacar adelante medidas reales, necesarias, urgentes y prioritarias» ante “la demanda social tan fuerte» de casas que existe en todas las islas.

El presidente de Fepeco ha destacado la importancia de la colaboración entre todos los agentes implicados en el proceso constructivo, para «poner en el mercado el mayor número de viviendas en el menor tiempo posible». En este sentido, ha hecho un llamamiento a todos los agentes sociales, económicos y políticos para asegurar el derecho a la vivienda de todos y todas.

Se habilitan para este fin 15 parcelas de suelo público en 8 municipios

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el decreto ley en materia de vivienda protegida para la recuperación económica y social de La Palma, que facilitará y agilizará la construcción de este tipo de viviendas tanto en los tres municipios afectados por el volcán, para dar solución habitacional a quienes no pueden acogerse a las opciones de reconstrucción de su casa, como en el resto de la isla para dar respuesta a las personas demandantes de vivienda protegida. Se habilitan para este fin 15 parcelas de suelo público en 8 municipios.

Con respecto a las personas que perdieron su vivienda por la erupción, cabe señalar que este decreto viene a dar respuesta a las personas afectadas que no pueden acogerse a alguna de las opciones que se han articulado el Decreto-Ley 9/2023 de medidas en materia territorial y urbanística, que regula la reconstrucción de las edificaciones que existían antes de la erupción volcánica en el espacio hoy ocupado por la colada, ni tampoco pueden acogerse a lo dispuesto en el Decreto-Ley 1/2022 para permitir la construcción de lo destruido en parcelas fuera del ámbito de la colada.

A estos efectos, el decreto establece que las personas cuyas viviendas resultaron destruidas o afectadas estructuralmente por la lava tienen preferencia para acceder a las viviendas que se construyan en el ámbito de los municipios de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte, de acuerdo con los criterios de renta (IPREM) de general aplicación en la adjudicación de esta clase de viviendas.

En este caso, la adjudicación está condicionada a la entrega de la propiedad de la vivienda que tuvieran en el ámbito de la colada, teniendo la vivienda protegida otorgada en régimen de propiedad la condición de compensación en especie de su derecho como persona afectada.

En cuanto a las viviendas en el ámbito del Valle de Aridane que no se adjudiquen y las que se construyan en otros municipios de la isla de La Palma se adjudicarán a las personas demandantes inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda conforme a las reglas generales de la legislación de vivienda.

Interés general

El decreto declara todas las actuaciones como obras públicas de interés general, declaración que se extiende, si fuera necesario, a las obras de urbanización que sea preciso ejecutar.

Igualmente, teniendo en cuenta la diversidad de planeamiento urbanístico vigente en los municipios afectados, las parcelas cedidas por los ayuntamientos se clasifican, directamente, como suelo urbano consolidado.

Por otro lado, para garantizar la máxima celeridad en la tramitación de los diferentes procedimientos, se declara su urgencia, con la consiguiente reducción de plazos, y se establece la contratación conjunta de la redacción del proyecto y la ejecución de la obra.

El departamento está desarrollando, en coordinación con la Fecam, una ronda de encuentros con diferentes colectivos para dar a conocer el decreto y su aplicación

Pablo Rodríguez explica que los servicios jurídicos de la Fecam han elaborado un informe en el que reflejan que el decreto no supone una injerencia en las competencias municipales

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, junto al director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, y el coordinador del equipo redactor del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, Fran Villar, han analizado esta mañana esta nueva norma y han resuelto dudas de los técnicos municipales de los diferentes ayuntamientos de Gran Canaria.

Esta reunión se enmarca en la ronda de encuentros que la Consejería está manteniendo con diferentes colectivos en todas las islas para dar a conocer el decreto y abordar su aplicación.

Pablo Rodríguez ha señalado que estas jornadas, que están siendo coordinadas con la Federación Canaria de Municipios, Fecam, “son de suma importancia, ya que las medidas que incorpora el decreto ley serán buenas para dar respuesta a la emergencia habitacional si se aplican de manera adecuada”.

En este sentido, el consejero ha destacado que los servicios jurídicos de la Fecam han realizado un informe en el que se despejan las dudas sobre la injerencia del decreto en competencias municipales. “Es importante destacar el apoyo de los municipios canarios e incidir en que, en ningún caso, el decreto ley invade las competencias municipales, sino todo lo contrario. La autonomía municipal es clave y determinante para el cumplimiento y la eficiencia de esta norma”.

Por otro lado, la Consejería ha trasladado a todos los ayuntamientos que valoren, de forma urgente, qué suelos pueden ceder a la administración regional para la construcción de vivienda, “excluyendo, en este caso, la cesión de dotaciones que estén destinadas a espacios libres y zonas verdes en el planeamiento”.

Para concluir, el consejero ha hecho hincapié en el compromiso mostrado por todos los ayuntamientos, los responsables públicos, los funcionarios y los técnicos municipales para dar respuesta, de forma colectiva y aunando esfuerzos, a la emergencia habitacional. “Hoy también ha estado presente el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, que también es consejero de Vivienda, por la importancia que adquieren las administraciones insulares en esta etapa, ya que obtienen más competencias en materia de vivienda”.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, y la presidenta, Rosa Dávila, han mantenido un encuentro de trabajo

Los equipos de ambas administraciones continuarán impulsando las acciones en materia de Vivienda en Tenerife

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, han mantenido hoy una reunión para mejorar la movilidad en la isla.

Ambos han abordado estos asuntos junto al vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y los consejeros Dámaso Arteaga, Eulalia García y Sonia Hernández, así como al viceconsejero de Infraestructuras, Francisco Javier González, la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián; la directora general de Transportes, María Fernández; el director general de Costas, Antonio Acosta; y el director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega.

Durante la reunión, Rodríguez ha indicado que la Consejería tiene “obras adjudicadas en la isla de Tenerife que superan los 400 millones de euros del actual convenio de Carreteras. La más importante en cuantía económica es el cierre del anillo, con el túnel, que supera los 250 millones de euros. Ya tenemos adjudicado el proyecto y obra entre Fañabé y Playa de Las Américas con más de 100 millones de euros y también la primera obra que se adjudicó del convenio actual, que es el enlace entre Las Chafiras-Oroteanda”.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha asegurado que “este año la idea es priorizar el tercer carril en ese tramo de la TF-5 que va entre Guamasa y el Aeropuerto de Norte en sentido Santa Cruz. Se trata de ampliar la plataforma, que creo que es lo realmente importante. El Cabildo ha demostrado que puede ser muy efectiva esa ampliación y vamos a priorizarla con una inversión de 55 millones de euros”.

Por su parte, Rosa Dávila ha indicado que “hemos tratado asuntos importantes en materia de carreteras como los proyectos que ya están en marcha, como es el Túnel de Erjos, que es el más importante del Gobierno de Canarias en estos momentos por su cuantía y complejidad del proyecto. También hemos hablado sobre los proyectos en el sur de Tenerife como son el de Chafiras-Oroteanda, que está a punto de finalizar, y otro que está maduro, que sería el de Fañabé en Playa de Las Américas. Además, hay otro proyecto que va desde Oroteanda a San Isidro, lo que permitirá mejorar la movilidad en torno al aeropuerto y creemos que se podrá licitar en este periodo”.

“Hemos puesto sobre la mesa el tercer carril descendente de Guamasa hacia Santa Cruz. Este proyecto es para nosotros una prioridad y está cuantificado en torno a unos 55 millones de euros. El Gobierno de Canarias ya lo ha remitido para la Declaración de Impacto Ambiental y es fundamental para mejorar la movilidad de las personas que utilizan la TF-5”, ha añadido Dávila.

Asimismo, Lope Afonso ha indicado que “hemos tratado asuntos de vital importancia para Tenerife como son la movilidad y la vivienda. La movilidad está ligada directamente a la mejora de la calidad de vida y también a la competitividad de los sectores productivos, de tal forma es que es fundamental impulsar los proyectos de carreteras que ya están previstos. Y también hemos incidido en uno de los principales problemas que hay en estos momentos, que es la vivienda y para el que el Cabildo está poniendo soluciones”.

Vivienda

Otro de los temas importantes tratados en la reunión fue la situación de la vivienda, “que es una prioridad para el Gobierno de Canarias y también para el Cabildo. Estamos construyendo este año en torno a unas 530 viviendas en la isla de Tenerife, tanto de alquiler social como alquiler asequible. Creo que es un buen hito y si vemos el histórico de los últimos años, desde luego va a ser un récord. Y ya estamos pensando en los siguientes periodos porque tenemos que seguir haciendo una apuesta muy importante para la vivienda”, ha explicado Pablo Rodríguez.

Rosa Dávila ha indicado que, junto a la labor del Ejecutivo regional, “el Cabildo está aportando 5 millones de euros adicionales con un programa específico ‘Activa Vivienda’ para ponerlos a disposición de los ayuntamientos. Se trata de poner viviendas a disposición de la ciudadanía con precios asequibles. Es una de las grandes demandas de la ciudadanía de Tenerife”.

La presidenta del Cabildo ha explicado que hay un programa interesante “para tratar de fijar población en las zonas rurales, de manera que este programa que lanza el Gobierno de Canarias, nosotros nos vamos a sumar no solamente adquiriendo suelos, sino viendo la capacidad de los municipios de poner el suelo a disposición. Así, trataremos que, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, pues al menos se pongan 5 viviendas por cada 1.000 habitantes de manera que se vaya fijando el suelo. Es algo en lo que tenemos que trabajar y, en especial, en la zona de la Isla Baja”.

En cuanto al programa de incremento del parque público de viviendas en alquiler titularidad del ICAVI, en la isla de Tenerife, el Ejecutivo se encuentra actualmente trabajando, por un lado, en el marco del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, en 123 inmuebles en distintas fases de desarrollo: se suman a esta promoción de 65 viviendas en La Orotava, 17 en El Sauzal, 13 en Güímar, 17 en Santiago del Teide y 11 en Granadilla de Abona. Y, por otro lado, 129 viviendas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en los municipios de Guia de Isora, Arona y Adejes.

Asimismo, en relación a las subvenciones concedidas para ampliar el parque público de vivienda en arrendamiento, destaca la transferencia directa realizada al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dentro del Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025, para 37 viviendas en María Jiménez y 29 en Cuevas Blancas; así como los diferentes Acuerdos de Comisión Bilateral (ACB), en el marco del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, suscritos con Provivienda para la adquisición de 36 viviendas en la isla, con Visocan para la obtención de 13 inmuebles y, con la Sociedad Municipal de Viviendas y Servicios (MUVISA) para la construcción de 151 viviendas en Los Barriales, Tejina y El Centurión y la adquisición de 12 en San Cristóbal de La Laguna.

El Consejo de Gobierno apoya esta norma para impulsar la disponibilidad de inmuebles, simplificar la gestión y hacer frente a la gran demanda de vivienda que existe en el Archipiélago

El Ejecutivo promueve también, de forma complementaria, una decena de iniciativas recogidas en el Plan de choque del Instituto Canario de la Vivienda, aprobado también por este órgano a finales del pasado año

El Consejo de Gobierno de Canarias, a petición de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, ha acordado, durante la sesión celebrada esta mañana, la aprobación del decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda para hacer frente a la emergencia habitacional que atraviesa actualmente el Archipiélago.

La nueva norma contiene dos grupos de iniciativas importantes: unas destinadas a incrementar la disponibilidad de suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda, y otras enfocadas a la promoción e impulso de la construcción de viviendas protegidas.

A través de treinta artículos y varias disposiciones transitorias, adicionales y finales, el decreto contempla todas las dimensiones que presenta la oferta de vivienda: la disponibilidad de suelo donde construir, facilitando su transformación jurídica y material; la viabilidad de usar como viviendas construcciones y edificaciones ya existentes, incluyendo las no terminadas, y la adecuación de las normas sobre viviendas protegidas para favorecer su rápida construcción y puesta a disposición de los demandantes.

Además, determina una serie de mandatos que responden al objetivo de aplicación directa y simplificación procedimental, como la reducción de seis a tres meses en el cumplimiento de trámites y procedimientos administrativos.

La Consejería ha trabajado esta propuesta junto a los sectores implicados en esta materia durante los últimos meses, con el objetivo de obtener un documento de consenso en el que se recogieran políticas reales, de aplicación directa, para aportar soluciones a este problema.

En este sentido, el decreto ley reafirma el compromiso del Ejecutivo para dar respuesta a la emergencia habitacional que existe en Canarias, derivada, en primer lugar, de la crisis inmobiliaria de 2008 y, también, por la pandemia de la COVID-19; y se suma a la decena de iniciativas recogidas en el Plan de choque elaborado por la Consejería a finales del pasado año, y aprobado en el Consejo de Gobierno, para garantizar el acceso a la vivienda de todos los canarios y canarias.

Optimización y recuperación de recursos

La trama urbana actual cuenta con suelos que no se han desarrollado, por lo que se priorizará la construcción de vivienda protegida en suelos antropizados, sin consumir nuevos, para incrementar el parque público y dar salida a construcciones y urbanizaciones inacabadas o abandonadas. No obstante, seguirán siendo los municipios los que determinen qué suelos se pueden destinar a vivienda pública

En este sentido, se favorecerá la compatibilidad del uso residencial y del turístico en suelos sin desarrollar, donde un tercio de la edificabilidad deberá ser destinado a vivienda protegida, y también se fomentará la recuperación de suelo urbanizable residencial que ya se encontraba previsto como tal en instrumentos de ordenación no adaptados. En este caso, el cincuenta por ciento de la construcción será destinada a vivienda protegida de promoción privada.

Asimismo, el decreto recoge la modificación del Módulo Básico canario, adecuándolo a la realidad actual del mercado y a cada isla. En Gran Canaria y Tenerife se elevará a los 1.905,26 euros/metro cuadrado, y en el caso de La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura a 2.133,89 euros.

Por último, se amplía el tipo de unidades familiares que pueden acceder a las viviendas protegidas de régimen general, incluyendo a los núcleos que no excedan cinco veces el IPREM, -las que no excedan seis veces el IPREM, solo en determinados supuestos-, lo que permitirá que las clases medias también puedan beneficiarse de esa medida.

El consejero explica en comisión parlamentaria las diferentes medidas en las que su Consejería trabaja para atajar la crisis habitacional de la isla y dar respuesta a las necesidades actuales y futuras

El Instituto Canario de la Vivienda también está abordando, junto al Cabildo, la cesión de parcelas en los municipios de Yaiza y Arrecife

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha informado esta mañana, durante la celebración de una Comisión parlamentaria, sobre el conjunto de medidas en las que trabaja su departamento para atajar el problema de acceso a la vivienda que hay actualmente en la isla de Lanzarote, en la que ya está programada la construcción de 440 viviendas, que se verá reforzada por otras herramientas puestas en marcha en esta legislatura para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía canaria.

“Somos plenamente conscientes de la situación de emergencia habitacional de Canarias, y especialmente de la isla de Lanzarote, donde hay más de 1.800 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda. Por eso, ya en octubre del año pasado aprobamos un Plan de choque, con un enfoque integral, para responder a las necesidades de los ciudadanos y, como ya he anunciado, aprobaremos también un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, además de proceder a la modificación del decreto que regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública para simplificar el procedimiento.”, ha explicado el consejero.

Rodríguez ha detallado que de las 440 viviendas planificadas en la isla, 134 ya están en ejecución con un plazo de finalización estimado para 2025; 67 están en fase de aprobación para la licitación de las obras; 166 están en fase de licitación de los proyectos y, además, el Instituto Canario de la Vivienda está tramitando con el Cabildo insular la cesión de parcelas en los municipios de Yaiza y Arrecife para la construcción del resto.

Durante su intervención, el consejero ha señalado que el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda contiene dos importantes grupos de medidas: unas destinadas a incrementar la disponibilidad de suelo y la utilización de edificaciones con destino a vivienda y otras, implementadas para promover, impulsar y facilitar la construcción de viviendas protegidas.

La norma también incluye una serie de mandatos que responden al objetivo de aplicación directa y simplificación procedimental, como la reducción de seis a tres meses en la declaración de urgencia a los efectos de reducir los plazos en el cumplimiento de trámites y procedimientos administrativos, o la declaración de utilidad pública e interés social de los proyectos de construcción de viviendas de promoción pública a efectos expropiatorios, entre otros.

“Con todas estas medidas en marcha, y otras en las que ya estamos trabajando, tenemos la convicción de que vamos a poder atajar esta crisis habitacional y dar respuesta a la necesidad, no solo actual sino también futura, de la sociedad canaria”, ha asegurado Pablo Rodríguez.

El consejero explica los detalles de esta nueva norma, compuesta por treinta artículos, que se elevará al Consejo de Gobierno la próxima semana

El proyecto de decreto tiene como objetivo agilizar los procedimientos para hacer frente, de forma extraordinaria, a través de diferentes mecanismos, a la gran demanda de vivienda

El Ejecutivo ha contemplado las propuestas desarrolladas en esta materia por otras comunidades autónomas, adaptándolas a la realidad del suelo y de la vivienda en las islas

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha avanzado este miércoles los detalles del proyecto de decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, en el que se condensa la política a desarrollar por el Ejecutivo para promover la disposición de inmuebles en el mercado, especialmente los protegidos, favoreciendo y simplificando la gestión para que puedan construirse o destinarse a un uso habitacional.

A través de treinta artículos y varias disposiciones transitorias y adicionales, la norma persigue tomar decisiones sobre todas las dimensiones que presenta la oferta de vivienda: la disponibilidad de suelo donde construir, facilitando su transformación jurídica y material; la viabilidad de usar como viviendas construcciones y edificaciones ya existentes, incluyendo las no terminadas, y la adecuación de las normas sobre viviendas protegidas para favorecer su rápida construcción y puesta a disposición de los demandantes.

“La trama urbana actual cuenta con suelos que no se han desarrollado, por lo que vamos a priorizar la construcción de vivienda protegida en ellos, sin consumir nuevos, para incrementar el parque público”, ha detallado. No obstante, Pablo Rodríguez ha puntualizado que seguirán siendo los municipios los que determinen qué suelos se pueden destinar a vivienda pública. “El decreto solo acelerará los procedimientos e impulsará los trabajos en suelos antropizados para dar salida a construcciones y urbanizaciones inacabadas o abandonadas”, ha destacado.

En este sentido, se favorecerá la compatibilidad del uso residencial y del turístico en suelos sin desarrollar, donde un tercio de la edificabilidad deberá ser destinado a vivienda protegida, y también se fomentará la recuperación de suelo urbanizable residencial que ya se encontraba previsto como tal en instrumentos de ordenación no adaptados. En este caso, el cincuenta por ciento de la construcción será destinada a vivienda protegida de promoción privada.

“Uno de los puntos más importantes para impulsar la construcción de vivienda protegida es la modificación del Módulo Básico canario, adecuándolo a la realidad actual del mercado y a cada isla”, ha explicado. En Gran Canaria y Tenerife se elevará a los 1.905,26 euros/metro cuadrado, y en el caso de La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura a 2.133,89 euros.

Asimismo, el consejero también ha destacado que se amplía el tipo de unidades familiares que pueden acceder a las viviendas protegidas de régimen general, incluyendo a los núcleos que no excedan cinco veces el IPREM, -las que no excedan seis veces el IPREM, solo en determinados supuestos-, lo que permitirá que las clases medias también puedan beneficiarse de esa medida.

Para desarrollar esta normativa, que será elevada la próxima semana al Consejo de Gobierno, la Consejería ha contemplado las propuestas desarrolladas en esta materia por otras comunidades autónomas, como Baleares, con buenos resultados, adaptándolas a la realidad del suelo y de la vivienda en las islas.

Pablo Rodríguez ha señalado que con este proyecto de decreto ley se fomenta la creación de puestos de trabajo con el impulso al sector de la construcción, en retroceso desde la crisis financiera e inmobiliaria de 2008. “Además, aumentamos la oferta de vivienda, lo que permitirá equilibrar el mercado y hacer que descienda el precio del alquiler y venta en el mercado libre, e impulsamos la disponibilidad de viviendas en zonas en las que su ausencia amenaza el empleo en el sector público y turístico”, ha concluido.

Medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional

En este sentido, el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda se suma a la decena de iniciativas recogidas en el Plan de choque aprobado por la Consejería a finales del pasado año, para garantizar el acceso a la vivienda de todos los canarios y canarias.

Por un lado, la Consejería ha acordado cubrir 72 plazas vacantes en el Instituto Canario de la Vivienda, con el objetivo de llevar a cabo una adecuada gestión y tramitación de todos los expedientes que se generan, para facilitar una mejor información y atención ciudadana.

Asimismo, se han planteado dos nuevos programas como ‘La Palma 700’, pensado para cubrir los daños materiales producidos tras la erupción volcánica, a través de 17 actuaciones, distribuidas en 11 municipios, que posibilitará la construcción de más de 600 viviendas al contar con una inversión inicial de 100 millones de euros, o el programa ‘Rural Life 5×1000: Fortaleciendo nuestros pueblos”, una medida que pretende consolidar la población en los municipios rurales de Canarias de hasta 20.000 habitantes, ofreciendo viviendas de promoción pública en régimen de alquiler.

El consejero Pablo Rodríguez ha avanzado que esta iniciativa permitirá implementar un conjunto ambicioso de recursos para facilitar el acceso a la vivienda en el Archipiélago

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha trasladado que su departamento elevará a Consejo de Gobierno para su aprobación, durante este mes de febrero, el decreto ley de medidas urgentes en materia de Vivienda.

Se trata de una iniciativa ambiciosa, que tiene como objetivo implementar un conjunto de instrumentos con la finalidad de poner a disposición más inmuebles en el mercado, y facilitar la construcción de vivienda protegida desde el ámbito público y privado

Este decreto incluye, por un lado, instrumentos que permitirán incrementar la disponibilidad de suelo para viviendas, uno de los principales problemas por los que atraviesa el Archipiélago; y, por otro, un paquete de medidas para aumentar la disponibilidad de edificaciones para poner vivienda en el mercado, ya que actualmente hay grandes tenedores que cuentan con más de 1.400 inmuebles sin acabar, vinculados a la crisis financiera de 2008.

También se apostará por la simplificación y agilización de los procedimientos, declarando el interés general y la urgencia en la construcción de vivienda pública, así como facilitando la cesión de suelo por parte de las administraciones locales a la Comunidad Autónoma.

Asimismo, el decreto incorpora la actualización del Módulo Básico Canario, que ha permanecido inmóvil desde el año 2003, y que genera un elemento de freno a la colaboración público-privada y a la licitación de proyectos, ya que se debe contemplar el incremento de los costes de la construcción.

Estas viviendas serán destinadas a los palmeros y palmeras del municipio de Tazacorte afectados por la erupción volcánica

Una vez se disponga de los proyectos redactados, el ICAVI pondrá en marcha la licitación para la construcción de esta promoción

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, que dirige Pablo Rodríguez, ha adjudicado, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), la redacción de proyecto básico, dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud, para la construcción de 37 viviendas protegidas de promoción pública en el término municipal de Tazacorte, en La Palma.

La superficie de 898,19 metros cuadrados, ubicada en la calle Pedro José Viña Díaz, permitirá construir viviendas destinadas a los residentes en el municipio de Tazacorte que se vieron afectados por los daños materiales producidos por las erupciones volcánicas que han hecho necesario la adopción de medidas extraordinarias para resolver los problemas de vivienda surgidos desde entonces.

La empresa José Miguel Fuentes Marante ha sido la adjudicataria de este lote por un total de 227.275,49 euros. Las 37 nuevas viviendas se edificarán en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Tazacorte al ICAVI en 2023.

Una vez se disponga del proyecto redactado, el ICAVI pondrá en marcha la licitación para la construcción de esta promoción, con la intención de poder comenzar con las obras cuanto antes, aumentando el número de viviendas del parque público de Canarias y dando respuesta a las personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida de las Islas.

Esta partida se enmarca en el convenio Canarias-Estado relativo al Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas (ARRUS)

El ejecutivo otorga 440.568 euros al Ayuntamiento de Telde y 281.341 al de Las Palmas de Gran Canaria para la renovación de 200 y 328 inmuebles, respectivamente

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda, ha transferido 721.910,12 para el fomento de las obras de rehabilitación y mejoras de un total de 528 viviendas en la isla de Gran Canaria, que se contemplan dentro del Programa de Fomento de la Regeneración y Renovación Urbanas (ARRUS), enmarcado en el convenio Canarias-Estado para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Con esta actuación, el Ejecutivo libera, por un lado, la segunda y última anualidad de 440.568,63 euros correspondiente al acuerdo suscrito en la Comisión bilateral entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la Comunidad Autónoma de Canarias, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde para la rehabilitación de 200 viviendas en San José de Las Longueras, Fase III, en Telde y, por otro, 281.341,49 euros, correspondiente a la anualidad de 2023, para la rehabilitación de 328 inmuebles en la Vega de San José, en Las Palmas de Gran Canarias.

Con ambos libramientos de crédito, el ICAVI abona el cien por cien de las anualidades de la inversión realizada por la Comunidad Autónoma de 881.137,27 euros en el caso de Telde, y de 1.442.614,89 euros para Las Palmas de Gran Canaria, y cuyo pago resuelve el coste total de las actuaciones valoradas en 1.317.020,53 y 2.296.000 euros, respectivamente.

Estas acciones tienen como objetivo subvencionar las obras de rehabilitación en edificios y viviendas, incluidas las unifamiliares, así como las actuaciones de urbanización o reurbanización de espacios públicos a través de la edificación de edificios o viviendas nuevas para sustituir las demolidas.