La rebaja a cero del IGIC a los combustibles, la bonificación del Impuesto sobre combustibles a los transportistas y agricultores y las ayudas directas al sector primario e industrial, entre las prioridades del Ejecutivo

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno este lunes a la puesta en marcha de un paquete de medidas fiscales y económicas destinadas a paliar los primeros efectos que el inicio de la guerra en Irán ha provocado en las Islas. El coste de algunas de estas acciones será asumido por el Gobierno de España, ya que el archipiélago había quedado fuera de los beneficios de las iniciativas adoptadas por el Estado para hacer frente a la crisis internacional.

Dichas actuaciones respondían al Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, aprobado por el Gobierno de España, cuyas medidas tributarias —centradas en el IVA y el Impuesto sobre hidrocarburos— no resultan de aplicación directa en Canarias debido a su régimen fiscal específico; además, dicho decreto tiene una duración inicial de 100 días.

Ante esta situación, el Ejecutivo autonómico ha ideado un paquete de medidas propias, dentro de sus competencias, para trasladar a las islas los efectos positivos de dichas iniciativas y mitigar el impacto del encarecimiento de los combustibles, la energía y los bienes básicos.

El conjunto de medidas aprobadas por el Ejecutivo de Canarias tendrá un coste de 29,8 millones de euros y, en el caso de prorrogarse el conflicto bélico, de 60 millones anuales. Las acordadas este lunes en el Consejo de Gobierno son:

Reducción del IGIC sobre combustibles del 1% al 0%, con el objetivo de abaratar el precio final para los consumidores. En términos anuales, se cifra en un coste de 14,1 millones y para un periodo de 100 días se calcula en 3,9 millones de euros.

Incremento de la devolución del impuesto sobre combustibles a agricultores y transportistas, que pasa del 67% al 99%. Este cambio se estima que tendría un coste anual de 19,4 millones de euros y para 100 días de 5,3 millones.

Aplicación del tipo 0% del IGIC a productos básicos de la cesta de la compra que aún tributaban al 3%, como la sal, la mantequilla y el café. Esta acción se estima que tenga un coste anual de 3,2 millones y de 900.000 euros para 100 días.

Ampliación del límite del régimen especial del pequeño empresario (REPEP) hasta los 50.000 euros de facturación anual, reduciendo cargas fiscales y administrativas. La medida se aplicaría a partir de julio de 2026 y tendría un coste para este año de 12,5 millones de euros.

Creación de un sistema de ayudas directas a los sectores agrícola, ganadero, pesquero e industrial para compensar el sobrecoste energético y de insumos por un importe de 7,2 millones de euros.

Las cuatro primeras medidas requerirán la aprobación de un decreto-ley autonómico, justificado por la extraordinaria y urgente necesidad derivada de la evolución de la crisis internacional.

Solicitudes al Gobierno de España

Además, el Consejo de Gobierno ha acordado trasladar al Estado un conjunto de medidas complementarias orientadas a reforzar la respuesta económica y social ante la crisis.

Entre las principales propuestas destacan:

La flexibilización de las reglas fiscales para permitir a las comunidades autónomas adoptar medidas extraordinarias.

La implantación de una bonificación estatal al precio del combustible.

La reducción de la carga fiscal en el IRPF para compensar la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

La actualización de partidas de los Presupuestos Generales del Estado, especialmente en transporte, agua y agricultura.

La puesta en marcha de mecanismos de liquidez y financiación para empresas y autónomos.

La creación de un fondo específico para sectores productivos especialmente expuestos.

Asimismo, se solicita una adaptación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para tener en cuenta las dificultades específicas de Canarias, incluyendo la posibilidad de prórrogas en la ejecución de proyectos y la revisión de objetivos afectados por el incremento de costes.

El Ejecutivo canario también reclama al Estado la adopción de medidas estructurales que refuercen la competitividad del Archipiélago, entre ellas:

La rebaja de tasas aeroportuarias y portuarias.

El impulso a proyectos estratégicos de energías renovables, como la geotermia y la eólica marina.

El incremento de la financiación del Régimen Específico de Abastecimiento (REA).

La exclusión de Canarias de determinadas medidas europeas de emisiones (ETS) que encarecen la conectividad.

El aumento del límite de ayudas minimis para empresas.

El Gobierno de Canarias ha insistido en la necesidad de incorporar una “cláusula canaria” en cualquier medida estatal de respuesta a crisis, que permita adaptar las políticas públicas a las singularidades del Archipiélago. El Ejecutivo autonómico subraya que estas iniciativas no persiguen privilegios, sino garantizar la equidad y corregir las desventajas estructurales derivadas de la insularidad, la lejanía y la dependencia energética.

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51 medidas para la Canarias del futuro

La consejería de Transición Ecológica inspecciona Punta Brava, en Puerto de la Cruz, tras las altas concentración de contaminantes biológicos detectados que han impedido el baño en la zona

La Consejería de Transición Ecológica y Energía, liderada por Mariano H. Zapata, ha iniciado el proceso de inspección del cumplimiento de la única autorización de vertidos tierra mar vigente en el municipio, que se corresponde con el emisario localizado en la zona de Punta Brava.

La finalidad de la acción promovida desde la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático es contribuir a esclarecer los motivos que han obligado desde el pasado día 3 de julio al cierre de la zona de baño en Playa Jardín, por parte de la dirección General Salud Pública del Gobierno de Canarias, tras ser detectado una desproporcionada concentración de patógenos.

El director general de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, Ángel Montañés, ha informado “hemos iniciado el procedimiento de comprobación de lo estipulado en la autorización con la que cuenta el emisario submarino por el que se evacúan las aguas tratadas en la estación de depuración del Valle de La Orotava, cuyo titular es el Consejo Insular de Aguas de Tenerife”.

En este sentido, Montañés detalla que “hemos comenzado a comprobar que se ha cumplido con la legalidad vigente, revisando el último informe de control aportado por el Consejo Insular de Aguas, y en los próximos días comenzaremos con las fases de inspección” y ha aclarado que, “en caso de detectarse algún tipo de actitud negligente, se notificará a la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) para que instruya, si así lo considera, expedientes sancionadores”. Algo que, según recordó “ya se hizo en el año 2023, imponiendo sanciones al Ayuntamiento de El Puerto de La Cruz por los aliviaderos de Playa Chica y El Caletón” (los más cercanos a Playa Jardín).

Montañés ha comentado que, en este punto concreto de vertidos, y según el último informe de la Dirección General de Salud Pública, encargada de vigilar la calidad de aguas de baño en el archipiélago, “en las analíticas bimensuales rutinarias recogidas en los cinco puntos de muestreo incluidos en la autorización, no se han detectado agentes patógenos en niveles no autorizados”, por lo que “aparentemente no debería ser esta la fuente de contaminación, pese a que exista una rotura del conducto”.

No obstante, el director general ha querido apuntar que “desde la consejería estamos destinando todos los medios al alcance de la ciudadanía para poder esclarecer lo sucedido, tendiendo la máxima colaboración al ayuntamiento municipal, responsable de velar por la calidad de sus aguas de baño y red de saneamiento”.

En lo que respecta a la corporación municipal, el director general ha recordado que “existen varios puntos de vertido tierra-mar sin autorización y sin plan de vigilancia en el municipio”, por lo que “no se descarta que éstos sean los responsables del problema”.

A este respecto, ha detallado también que “estos aliviaderos de aguas residuales, que son responsabilidad directa del ayuntamiento, no deberían trabajar sino en episodios de elevados niveles de precipitaciones, y de los mismos no tenemos información sobre frecuencia o nivel de carga contaminante con la que vierten a la costa portuense”.