La calificación crediticia ‘A’ otorgada, demuestra la solvencia y capacidad de la comunidad autónoma para cumplir con sus compromisos financieros

La agencia de calificación Standard and Poor´s acredita la estabilidad a largo plazo de la Comunidad Autónoma de Canarias y mantiene su calificación crediticia a largo plazo en ‘A’. Standard and Poor`s sustenta su decisión en el sólido desempeño presupuestario del archipiélago, su carga de deuda baja y decreciente en relación con el contexto nacional, y una excepcional posición de liquidez. Esta calificación es la máxima que puede obtener la comunidad autónoma, ya que su rating no puede ser, en ningún caso, superior al del Estado, lo que la sitúa entre las administraciones con la máxima calificación crediticia.

El rating o calificación crediticia de la deuda de una comunidad autónoma evalúa su solvencia y capacidad para cumplir con sus compromisos financieros. La calificación asignada Canarias, la letra A, demuestra una fuerte capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras.

Las estimaciones preliminares sitúan el incremento del PIB real de Canarias en un 3,9% en 2023, por encima del promedio nacional del 2,5%, lo que refleja la fuerte recuperación del turismo en la región.

La agencia crediticia destaca el enfoque prudente con el que el equipo de Gobierno ha decidido hacer frente a las incertidumbres existentes como la falta de presupuestos del Gobierno Central para 2024, la posible absorción de deuda autonómica, y la forma de aplicar las nuevas reglas fiscales. Así, recuerda que la Comunidad Autónoma de Canarias optó por elaborar un presupuesto para 2024 con estimaciones de ingresos conservadoras y con un déficit del 0%; por lo que prevén que el gobierno de Canarias mantenga su compromiso con la consolidación fiscal.

Además, la agencia internacional valora que la carga de la deuda de las islas haya disminuido alrededor del 67% de los ingresos operativos consolidados en 2023- desde un máximo del 122% en 2015-, y esperan que pueda disminuir a alrededor del 54% para 2026. Sobre este particular, Canarias tiene uno de las ratios de endeudamiento sobre PIB más bajos de todas las regiones españolas, con un 12,2% al cierre de 2023 frente a una media de 22,2%. Asimismo, destaca la posición de liquidez excepcional.

Según las estimaciones de Standard & Poor’s, en este entorno de ingresos menos favorable, es probable que los saldos operativos se reduzcan ligeramente en 2025, mientras que se mantendrán por encima del 7% de los ingresos operativos y se estabilizarán en 2026. El informe recalca que Canarias se enfrenta a una presión cada vez mayor para controlar el crecimiento del gasto sanitario, un reto que comparten todas las regiones españolas. Sin embargo, hemos visto un aumento de las asignaciones presupuestarias a las unidades de salud en 2024. Estos ajustes hacen que el presupuesto sea más realista y deberían ayudar a evitar cualquier gasto excesivo en esta área, lo que podría afectar negativamente los resultados generales. Asimismo, hay una mejora en el perfil crediticio individual de la CAC que pasa de ‘a+’ a ‘aa-‘, que es superior a la calificación a largo plazo.

Esta ayuda se une a otro crédito también de cinco millones aprobado en septiembre destinado a empresas y autónomos de la Isla y se incluye dentro del programa ‘La Palma se activa’

El Consejo de Gobierno aprobó hoy un nuevo crédito de 5 millones para cubrir las necesidades de aquellos establecimientos afectados por la erupción del volcán en La Palma. Se trata de una ayuda destinada a aquellas pymes que desarrollaban su actividad en las zonas afectadas, pero que con la erupción del volcán se han visto obligadas al cierre del negocio. En total, el Gobierno ha otorgado 10 millones de euros, que se incluyen dentro del plan ‘La Palma se activa’ para empresas y autónomos de la Isla afectados por el impacto económico generado por la erupción volcánica.

La situación que desde el principio de la erupción volcánica vienen atravesando los núcleos de Puerto Naos y la Bombilla, en el municipio de Los Llanos de Aridane con los niveles de gases tóxicos (principalmente CO₂) por encima de los límites de exposición considerados como habituales ha obligado al desalojo de estas zonas por precaución.

Esta imposibilidad de regreso a las viviendas y a la actividad empresarial ha originado que las pequeñas y medianas empresas ubicadas en las zonas afectadas sigan sin poder desarrollar su actividad. Esto ha llevado a que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, adopte nuevas ayudas de emergencia para estos establecimientos como consecuencia del cese de su actividad.

Las ayudas públicas están teniendo especial relevancia para hacer frente al impacto económico de las pymes. Por ello, el Gobierno, siendo consciente de la importancia de estas medidas, seguirá cubriendo las necesidades de los afectados para minimizar el impacto de aquellos establecimientos que se han visto obligados a cerrar a consecuencia de las erupciones volcánicas.

Se destinará a afrontar las necesidades presupuestarias del SCS por los mayores gastos derivados de las medidas vinculadas a la crisis sanitaria y para garantizar el cumplimiento del periodo medio de pago

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy declarar que existen razones de coyuntura económica para la ampliación de crédito de 35 millones de euros para atender medidas vinculadas a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 y reforzar la asistencia sanitaria tanto de patologías covid como las no relacionadas con el coronavirus.

El incremento de la actividad asistencial ha conllevado en las áreas de urgencia, a la realización de planes de contingencia por parte de las Gerencias, para atender el aumento de la demanda, con medidas tales como la apertura de las áreas de traslados durante 24 horas, el acondicionamiento de estancias para las altas o la creación de nuevos módulos para pacientes covid que permitan aumentar el espacio derivado a esta patología e incrementar los recursos estructurales de los servicios.

Asimismo, el incremento del número de casos confirmados, así como la aparición de nuevas variantes han requerido, por un lado, la ampliación de la estrategia de vacunación con una dosis de refuerzo de la vacuna contra la COVID-19 y, por otro, un incremento importante en la realización de pruebas diagnósticas de la infección (test de antígenos y de PCR), con el consiguiente coste presupuestario que conllevan estas actuaciones.

Por ello, y por dar continuidad a la actividad asistencial no covid, el Gobierno de Canarias acuerda que concurren razones de coyuntura económica para atender a los gastos del ejercicio corriente del Servicio Canario de la Salud, que justifican la declaración de ampliable, por importe de 35 millones de euros.