La organización agraria UPA ha valorado la actividad sancionadora de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios). La organización ha pedido más medios para reforzar la agencia, tal y como acordó recientemente con el Ministerio

El control en cuanto al cumplimiento de la Ley de la Cadena es fundamental para el sector agrario. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha valorado positivamente los esfuerzos de la AICA por mejorar la vigilancia sobre las malas prácticas de las grandes empresas de la industria y distribución de alimentos que tienen un impacto negativo “feroz” sobre las explotaciones agrarias familiares.

En este sentido, la organización ha realizado un informe de seguimiento del trabajo de la AICA desde que ésta comenzase a publicar trimestralmente las sanciones firmes que impone.

Desde entonces, su trabajo de inspección ha supuesto la imposición de 239 sanciones que han recaído en un total de 195 empresas. A esto habría que sumar las sanciones que están recurridas y que aparecerán en la información publicada en el futuro, pero se deben a inspecciones realizadas ya. Las sanciones firmes suponen ya un total de 756.877 euros.

En todo caso, en UPA han señalado que en España “no hemos dejado de lado el propósito de seguir avanzando en justicia para la cadena alimentaria”. Desde la entidad han explicado que, gracias al acuerdo de 43 medidas firmado recientemente por UPA y el Ministerio de Agricultura, la AICA contará con más recursos para realizar su labor. “Más recursos, humanos y económicos, significará una mejor vigilancia. En definitiva, esto multiplicará su labor inspectora y permitirá reducir las prácticas desleales en la cadena de valor agroalimentaria, lo que se traducirá en más seguridad para los pequeños agricultores y ganaderos”.

Empresas más sancionadas

Los sectores que cuentan con empresas más sancionadas son el del viñedo y el de las frutas y hortalizas. En cuanto a las empresas concretas, el ranking de aquellas que acumulan mayores cuantías son:

Calaoliva SL: 46.770 €

Alcampo: 45.602 €

Mostos Españoles: 23.775 €

Central lechera de Lugo: 18.001 €

RAY Lech: 14.501 €

Pistachos de La Mancha: 13.450 €

García Carrión: 12.749 €

DIA: 12.463 €

Nestlé: 10.323 €

Inleit Ingredientes: 9.000 €

Asimismo, UPA ha destacado que las sanciones impuestas a dos empresas, ALCAMPO y Central Lechera de Lugo, por obstaculizar la labor de la Administración en la inspección. Además, la organización ha revelado la reincidencia de la empresa DIA, la cual tiene sanciones en tres trimestres diferentes.

Causas de las sanciones

El principal motivo de sanción es el incumplimiento de los plazos de pago, con un 63%. “Se trata de un punto decisivo para las pequeñas explotaciones, las cuales tienen un músculo financiero menor y no pueden afrontar retrasos en los pagos”.

No formalizar contratos por escrito es la segunda razón de sanción, suponiendo un 23% de las mismas. Esto sumado a la práctica de no incluir el precio en el contrato (tercer motivo de sanción con un 14%) “deja en un estado de incertidumbre insoportable que suma su granito de arena a la cuestión de la salud mental en la clase agraria”.

Próximos pasos legislativos

UPA ha destacado hoy, coincidiendo con el Día de Europa, que la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria “es un ejemplo para los países de nuestro entorno”.

De hecho, la organización agraria ha recordado que la Comisión Europea planea lanzar una directiva que proteja a agricultores y ganaderos de todos los Estados miembros de la UE puesto que la situación en otros lugares está lejos de la que tenemos en España. En este sentido, la Comisión ha reconocido que se está inspirando en nuestra Ley para esa futura directiva.

Igualmente, desde UPA consideran fundamental que las Comunidades Autónomas hagan uso de sus competencias en Agricultura para complementar el trabajo de la AICA y “pongan en marcha sus trabajos de inspección, que por desgracia hasta el momento dejan mucho que desear”.

La movilización masiva del campo español en el arranque de 2024 ha vuelto a demostrar, una vez más, la capacidad organizativa, de acción y respuesta que tenemos las organizaciones representativas, reconocidas por el ordenamiento democrático del que todos somos corresponsables y del que formamos parte en virtud de nuestra trayectoria, nuestra implantación en territorios y sectores; y, especialmente, de la fuerza que nos aportan los miles de afiliados y afiliadas que conforman, con sus cuotas y su compromiso, la representatividad de cada organización.

Unas movilizaciones las de este año que, en buena medida, han seguido pautas y comportamientos similares al de otras anteriores -cabe recordar, por más recientes, las de 2020- sobre el soporte de la unidad de acción entre las tres organizaciones representativas -UPA, Asaja y Coag-, en base a convocatorias conjuntas en toda España.

Asimismo, elaboramos y pactamos una tabla reivindicativa común, capaz de aunar criterios, ideas, intereses y proyectos que no siempre son coincidentes, porque en el sector agrario español conviven realidades distintas e incluso en algunos casos contrapuestas. Pero la responsabilidad de las tres organizaciones ha sido capaz, una vez más, de poner por delante lo que nos une: la necesidad de garantizar un futuro viable para la actividad agrícola y ganadera.

Sin embargo, en esta ocasión se han sumado otros elementos añadidos que han influido, en mayor o menor medida, en el desarrollo de las movilizaciones y su resultado final. De una parte, la coincidencia con movilizaciones similares en otros países europeos, que en muchos casos no se han traducido en resultados reales para los agricultores y ganaderos respectivos; y en otros, han dado pasos hacia soluciones similares a las conseguidas en España en 2020 con la legislación sobre la cadena alimentaria.

Y, además, la movilización democrática, ordenada y representativa de las organizaciones agrarias en España se ha visto salpicada también por iniciativas particulares, variopintas y singulares, en base a convocatorias aisladas, en ocasiones violentas y sesgadas con tintes políticos estrafalarios, que consiguen -cómo no- armar ruido puntual cortando una autovía, destruyendo pro ductos y, en definitiva, perturbando al conjunto de la población, hasta el punto de confundirla y minorar el apoyo masivo de la ciudadanía a nuestras reivindicaciones. Un ruido que, en definitiva, siempre tiene corto recorrido y nulo resultado.

Por ello, en esta ocasión, más que en otras anteriores, ha sido necesario mucho trabajo y mucho esfuerzo para concretar en soluciones reales la fuerza de las movilizaciones. Trabajo hacia el otro lado de la mesa de negociación, con el Ministerio de Agricultura enfrente, y hacia nuestros compañeros de mesa, siempre en el marco de la unidad de acción, que UPA valora como una garantía de fuerza sindical.

Todo ello hasta conseguir, finalmente, un buen acuerdo que UPA firmó el 3 de abril con el Gobierno, con el máximo respeto a la unidad de acción, para facilitar que se pongan en marcha las medidas legales que dan paso a la inmensa mayoría de las reivindicaciones con que arranca ron las movilizaciones y cuyo soporte económico puede llegar hasta 2.000 millones de euros.

UPA ha vuelto a demostrar así, una vez más, que sólo somos útiles si conseguimos soluciones, en tiempo y forma, para mejorar las condiciones y los resultados de nuestro trabajo en la agricultura y la ganadería familiar. Dejando claro que nunca formaremos parte, por principios y coherencia, ni del ruido estentóreo que nada dice ni del agitar de banderas que nada tienen que ver con el trabajo en la tierra. En nuestro caso, nos sumamos con convicción a los versos del gran poeta Antonio Machado, cuando desdeña las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna, distinguiendo siempre las voces de los ecos.

El acuerdo firmado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos con el Ministerio de Agricultura activa el plan de 43 medidas políticas, económicas y fiscales que da respuesta a la “inmensa mayoría” de las reivindicaciones de la organización y cuyo impacto positivo en el sector se cifra en entre 1.000 y 2.000 millones de euros

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación han firmado hoy un acuerdo para activar un plan con 43 medidas de apoyo al campo. El texto del acuerdo contiene hasta 43 medidas políticas, económicas y fiscales y da respuesta a la “inmensa mayoría” de las reivindicaciones de la organización agraria UPA.

La firma del acuerdo supondrá la puesta en marcha del plan de apoyo al campo que recoge, en opinión de UPA, “logros de enorme relevancia” que llevaban largo tiempo reclamando a las Administraciones públicas. Las medidas supondrán una importante simplificación de las exigencias de la Política Agraria Común, reduciendo la burocracia y la carga administrativa y facilitando la vida de los agricultores y ganaderos.

El plan incluye medidas fiscales de gran magnitud, como el compromiso de mantenimiento del Impuesto Especial de Hidrocarburos –que supone 400 millones de euros para los agricultores y ganaderos–. También se mantendrá la deducción de un 35% de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario y de un 15% de la de fertilizantes, en el método de Estimación Objetiva del IRPF –aproximadamente 575 millones de deducción fiscal– y se establecerá una reducción general del 15% en el rendimiento neto para el ejercicio fiscal 2023.

Se flexibiliza la PAC y se reduce la burocracia

Los ecorregímenes –una de las principales y más polémicas medidas de la nueva PAC- se simplificarán notablemente, adaptándose a la realidad del campo español. El cuaderno digital de explotación será voluntario, y no obligatorio como proponía Bruselas. Se eliminará también la exigencia a los agricultores de remitir fotos georreferenciadas de sus cultivos. Y los ecorregímenes estarán exentos de fiscalidad, lo que supondrá una reducción de base imponible de 1.100 millones de euros.

Respecto a la ganadería, se flexibilizarán numerosos aspectos relativos al Real Decreto de ordenación de granjas bovinas, se prorrogará la fecha de aplicación del Plan Sanitario Integral (PSI) de las granjas y se flexibilizarán los requisitos relativos a la aplicación de estiércoles. El Gobierno se compromete a financiar gastos relacionados con temas de sanidad animal como la tuberculosis o la EHE. También se creará un Foro de la Ganadería Extensiva para analizar los principales problemas y desafíos de este modelo productivo.

Estas medidas se completarán con otras muchas relativas a los seguros agrarios, a facilitar el acceso a financiación, a las inspecciones que sufren los agricultores y ganaderos o al refuerzo de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que los agricultores y ganaderos perciban precios justos. El Gobierno se compromete también a seguir trabajando en Europa para lograr la activación de las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con terceros países.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha animado al resto de organizaciones agrarias a sumarse a este acuerdo que supone un punto de inflexión en el proceso de movilizaciones del campo. Movilizaciones que, por parte de UPA, se cancelarán tras la firma del acuerdo y que a su juicio culminan con un éxito de negociación “muy trabajado y muy luchado”.

La Tierra Podcast se va de tractorada en su segundo episodio. El nuevo canal de comunicación de UPA y FADEMUR aborda el proceso de movilizaciones del campo de los últimos meses con entrevistas a algunos de sus protagonistas

Los agricultores y ganaderos españoles estamos movilizándonos en toda España. Movilizaciones que coinciden con las realizadas en otros países de la Unión Europea y que reflejan un notable malestar general por algunos efectos de las últimas reformas en la Política Agraria Común y otras iniciativas europeas.

Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos asumimos, como tantas otras veces a lo largo de las últimas décadas, nuestra responsabilidad, con protestas contundentes, legales y ordenadas, también elaborando propuestas concretas de mejora en aspectos concretos que requieren cambios urgentes, y con la mejor disposición negociadora con las Administraciones y la seguridad de que el resultado final de las movilizaciones en marcha se traducirá en acuerdos que faciliten el trabajo y la gestión en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

En UPA también trabajamos con el objetivo de amplificar las voces de nuestros afiliados y afiliadas: agricultores y ganaderos de pequeña y mediana dimensión y de carácter familiar. Lo hacemos en colaboración con los medios de comunicación de España y de Europa, a los que atendemos gustosos siempre que se ponen en contacto con nosotros. Y lo hacemos a través de nuestros canales propios: la revista LA TIERRA, nuestra página web UPA.es y nuestros canales en las principales redes sociales. Por cierto, si no nos sigues, te animamos a hacerlo. Encontrarás los enlaces al pie de este mail.

Ahora que nos hemos embarcado en esta aventura de realizar un podcast, no podíamos dejar de dedicar un capítulo a las movilizaciones del campo. Un episodio, el segundo, que hemos intentado que sea ameno, interesante y clarificador. No hay nadie en España que no se haya enterado del descontento de los agricultores y de la lucha que realizamos por nuestro futuro. Pero puede que tengas dudas sobre los porqués, los cómos y los cuándos. De todo ello hablamos en este capítulo.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos recuerda al Gobierno su compromiso y pide acelerar los trabajos para aprobar la Ley de Agricultura Familiar

Uno de los compromisos del Gobierno, anunciado por el propio presidente Pedro Sánchez durante la campaña electoral para las pasadas elecciones generales y en su discurso de investidura, fue la aprobación de una Ley de Agricultura Familiar, que sirva para fomentar, apoyar y proteger este modelo productivo. Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han reclamado a las fuerzas políticas que negocien para dar un “empujón legislativo” a la norma y que esta se haga realidad.

UPA, que participa estos días en Vitoria en la VIII Conferencia Global de Agricultura Familiar, organizada por el Foro Rural Mundial, recuerda que este modelo productivo enfrenta “graves amenazas que ponen en peligro su supervivencia”, como el cambio climático, la especulación, los conflictos geopolíticos, los elevados costes de producción, las presiones de otros modelos productivos y los desequilibrios en la cadena alimentaria.

La organización agraria UPA reclama a todos los partidos políticos que “se retraten en un apoyo verdadero al campo y dejen a un lado el debate partidista” para lograr aprobar la Ley de Agricultura Familiar. Una normativa que debe servir para “proteger a las explotaciones familiares frente a la presión que sufren por parte de inversores sin escrúpulos, normativas con efectos perversos y embates legislativos de diversa índole”.

Hacer realidad la Ley

UPA pide avanzar en los debates obre la Ley de Agricultura Familiar, y para ello lo lógico es contar con el Comité de España del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (CEDAF). Este Comité, que coordina UPA, tiene ya un trabajo muy desarrollado sobre los problemas, amenazas y oportunidades de futuro de la agricultura y ganadería familiar, por lo que desde esta organización agraria proponen contar con esta entidad en el desarrollo de la Ley.

La Agricultura Familiar es un modelo productivo formado por millones de hombres y mujeres en todo el mundo que gestiona hasta el 80% de las tierras agrícolas y produce más del 80% de los alimentos del planeta. En Europa, el 94,8% de las explotaciones son de carácter familiar (Eurostat, 2022). Un sistema productivo, basado en una fuerza de trabajo mayoritariamente familiar y estrechamente vinculado al territorio que lucha por su futuro en un contexto de grandes dificultades.

Para apoyar a la Agricultura Familiar, considerado el modelo más sostenible y que aporta mayores beneficios a la sociedad, desde UPA creen que es “imprescindible” facilitar una transición justa, garantizando la viabilidad de las explotaciones, adoptando modelos más agroecológicos de producción, facilitando la mitigación y la adaptación frente al cambio climático y construyendo “comunidades rurales vivas” donde el sistema agroalimentario sea el puntal económico, ambiental y social.

Importancia global de la Agricultura Familiar

Estos días en Vitoria está quedando patente la importancia global de la agricultura familiar. En el evento organizado por el Foro Rural Mundial participan representantes de UPA y de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, tanto cargos representativos como integrantes de ambas organizaciones que han acudido a explicar sus historias de vida. En los debates participan los máximos responsables de instituciones de relevancia mundial, como el FIDA, la FAO o la Organización Mundial de Agricultores (OMA). También han destacado las intervenciones de personalidades como el expresidente de Uruguay, José Mújica, y el Papa Francisco.

Artículo de Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, donde reflexiona sobre las protestas en toda Europa, las reivindicaciones de UPA, la unidad de acción y las movilizaciones; dibujando un contexto muy nítido de la actualidad que vive el sector de la agricultura y ganadería familiar

Los agricultores y los ganaderos españoles observamos con interés y solidaridad las movilizaciones que se vienen sucediendo, desde que comenzó 2024, en varios países de la Unión Europea, de manera especial primero en Alemania y después en Francia; aunque somos conscientes de que, en muchos casos, sectores y territorios, las situaciones de nuestros colegas europeos son sustancialmente distintas a las nuestras.

Pero todos convivimos en el mismo espacio político, dentro de la Unión Europea, y compartimos la misma Política Agraria Común (PAC). Por ello, es lógico que coincidamos en las reivindicaciones básicas y más generales.

En primer lugar, en reclamar una necesaria adecuación y flexibilización de las exigencias medioambientales de la nueva PAC, tras la experiencia de su primer año de aplicación en 2023, que ha permitido ver los desajustes que se generan entre la teoría de los reglamentos comunitarios y la práctica de la realidad en nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas.

Unos desajustes que, en muchas ocasiones, se resolverían con pequeños cambios normativos y evitarían así la influencia negativa que se ha constatado en 2023 sobre las condiciones de cultivo o explotación del ganado y el acceso a las ayudas de la PAC.

Sin olvidar que, además, este primer año de la PAC ha coincidido en España y otros países europeos con una sequía histórica, que supone una muestra más del proceso acumulado de cambio climático, cuyos primeros afectados y, por tanto, interesados en atajar por todos los medios posibles, somos los agricultores y ganaderos.

En definitiva, la nueva PAC necesita ajustes, nadie debería sorprenderse por ello. La cuestión es abordarlos con urgencia. Y para ello, nuestra responsabilidad como organización representativa de la agricultura familiar en España es presionar a nuestro Gobierno -y a todas y cada una de las Comunidades Autónomas- para que las Administraciones y todos los partidos políticos, que negocian y deciden en el Parlamento Europeo, para que abran los ojos a la realidad y asuman las necesidades que les llegan desde el campo.

Una presión sindical que incluye también la necesidad de revisar, con criterio, sentido común y respeto al interés general de toda la sociedad, las crecientes exigencias medioambientales a la actividad agraria.

Nadie más que nosotros, y en UPA nunca nos cansaremos de repetirlo, está interesado en avanzar en los objetivos que marca el Pacto Verde Europeo. Entre otras cosas, porque solo con un futuro de plena sostenibilidad será sostenible nuestra actividad. Pero ello debe ser compatible con adaptar las estrategias y los objetivos a la realidad.

En caso contrario, el riesgo es doble. Por una parte, porque ni en el fondo ni en la forma se avance a un ritmo adecuado hacia la necesaria ambición colectiva por un futuro sostenible. Y, además, por el peligro creciente de que las maniobras populistas de intereses ajenos a la actividad agraria terminen inoculando el virus del disparate en colectivos cada vez mayores de personas que, sin estar necesariamente en el espectro ideológico de quien difunde ideas falsas, acaben asumiendo el rechazo a cualquier progreso, dificultando así los avances.

Sin olvidar la necesidad de que la PAC garantice justicia y equilibrio en el trato a la agricultura propia con las exigencias a los productos que entran en los mercados europeos. Dejando claro que no hablamos de acabar con el comercio exterior -no podemos olvidar que España es un país exportador muy potente- sino de que todos respondamos a los mismos requisitos medioambientales, laborales y sociales.

Y, por último, también compartimos los argumentos básicos de las reivindicaciones escuchadas en Francia y Alemania cuando se habla de simplificación administrativa en las gestiones derivadas de la PAC. Estamos de acuerdo en que una excesiva complejidad burocrática es desesperante, lo vivimos a diario. Pero también somos conscientes de que estamos hablando de cuantiosos recursos públicos en el marco de la PAC que debes ser gestionados con el máximo rigor y control, por el bien de todos.

En este tema, en todo caso, la solución es muy sencilla. El Gobierno y las Comunidades Autónomas solo tienen que aprovechar la red de vertebración territorial y sectorial que aportamos las organizaciones agrarias representativas, para canalizar por esta vía el asesoramiento y la gestión administrativa que requieren las y los profesionales del campo.

Ahí estamos nosotros dispuestos a asumir responsabilidades en este reto, porque esta solución será, sin duda, más barata y eficaz que cualquier otra, por el marco de cercanía, confianza y proximidad que aportan las organizaciones agrarias en colectivos dispersos y con características singulares, que son muy distintas de un sector a otro, de un pueblo al pueblo de al lado.

Con estas reivindicaciones, en la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos desarrollamos una acción sindical de movilización permanente, con tractores en las calles y carreteras, con asambleas y acciones de todo tipo a pie de campo, y con movilizaciones en los despachos y las instituciones, negociando mejoras, proponiendo y consiguiendo soluciones.

Cierto es que el impacto social y mediático es mayor cuando sacamos los tractores a las carreteras. Nuestra historia está repleta de grandes movilizaciones con grandes resultados. Ahí están desde hace años las movilizaciones del gasóleo, con conquistas que ahora reclaman en Alemania o luchan por evitar que desaparezcan en Francia.

Ahí están las movilizaciones históricas de los Agricultores y Ganaderos al Límite, en el arranque de 2020, que cristalizaron en la mejora de la ley de cadena alimentaria, con efectos directos sobre los precios y los mercados. Unas mejoras que ahora reclaman en Francia y Alemania.

Y todo ello, conseguido con unidad de acción entre las tres organizaciones representativas en España. Una unidad impulsada con fuerza por UPA, conscientes como somos de que pesa más la responsabilidad de trabajar en común para obtener resultados que las diferencias que nos separan cuando se contraponen los intereses de las grandes explotaciones a los de la agricultura y ganadería familiar, que representamos en UPA.

Por tanto, unidad de acción, sí, pero con matices. Sin consentir por nuestra parte que se enturbie esta movilización común y permanente con intereses ajenos a la mayoría o enredos que suenen más a maniobras políticas que a inquietudes profesionales.

Al igual que solidaridad europea, sí, pero con el más rotundo rechazo a las agresiones físicas a camiones y productos españoles en su tránsito por Francia; y a las agresiones verbales y políticas, algunas del máximo nivel, hacia la agricultura y la ganadería española. Los problemas que denuncian las organizaciones agrarias en Francia nunca son responsabilidad nuestra.

Con todo ello, se dibuja un escenario en el arranque de 2024 a la vez preocupante e ilusionante. Un año en el que se renovará el Parlamento y las instituciones europeas, y en el que, con toda seguridad, surgirán nuestras estrategias y propuestas, que en nuestro caso recorrerán siempre el mismo camino, el que se inicia en cada una de nuestras explotaciones, en la labor de cada día con la tierra y el ganado, conviviendo con las inquietudes que van del clima a los mercados; pero con la fuerza que nos da el compromiso con nuestro trabajo.

Miles de agricultores y ganaderos respaldan las protestas masivas convocadas por las organizaciones profesionales agrarias en toda España

El campo español se está manifestando en todo el país. Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, COAG y UPA, continúan su calendario de protestas en unidad de acción, que están sacando a la calle a miles de agricultores y ganaderos de todos los sectores, y hoy están protagonizando actos en distintos puntos de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Aragón.

Las organizaciones han anunciado que llevarán sus protestas a Madrid coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, el próximo 26 de febrero. Y es que las demandas de los productores de alimentos se dirigen a las Administraciones a todos los niveles: europeo, nacional y autonómico. “Todas ellas deben escuchar al campo e impulsar las reformas que estamos demandando”, han señalado.

Las OPAs consideran que los ministros de Agricultura deben actuar con urgencia y aprobar reformas en materia de cadena alimentaria, de acuerdos comerciales con terceros países, de simplificación burocrática y de flexibilización de la PAC, entre otros muchos temas.

Al Gobierno de España le reclaman que lidere en Europa las reclamaciones del campo español, que son “justas, necesarias y legítimas”. En ese sentido se lo trasladarán en la reunión que celebrarán mañana con Luis Planas en el Ministerio de Agricultura, de la que esperan avances que ayuden a resolver la crisis del campo.

Medidas propuestas por UPA en el proceso de movilización permanente en defensa de la agricultura y la ganadería familiar

Defensa del modelo europeo de producción

UPA apuesta por potenciar lo que ha sido un modelo de éxito y la creación del mayor polo de desarrollo: la Unión Europea. Basado en un modelo de agricultura familiar, sostenible social y ambientalmente, con reglas comunes y objetivos compartidos. Nos reconocemos como profundamente europeístas, es el único camino posible. Frente al cuestionamiento que se hace desde ámbitos nacionales o por parte de otros colegas comunitarios, UPA defiende que es la única vía posible y trabaja por mejorarlo y poner en primer lugar a los agricultores y ganaderos familiares.

Cláusulas espejo. Que se impongan las mismas normas y exigencias a los productos que vienen de fuera de la UE que a las producciones europeas. Reciprocidad en las relaciones comerciales con terceros países, exigiendo las mismas normas de producción y comercialización que en la Unión Europea.

Mercado único. Que se respete el mercado único europeo y se legisle contra medidas proteccionistas nacionales o acciones que atenten contra el libre comercio dentro de la UE.

Puesta en valor de la sostenibilidad económica, social y ambiental que ejerce la agricultura familiar.

Urgente aprobación y posterior desarrollo de la Ley de agricultura familiar, que proteja a este modelo productivo frente a la entrada de fondos de inversión y agricultura industrial.

Reconocimiento y valorización de los agricultores y ganaderos españoles como productores de alimentos sanos y de calidad.

Aprobación una Ley nacional que regule y ordene el desarrollo de instalaciones solares y aerogeneradores que tenga en cuenta y priorice el valor agronómico de las tierras, de tal forma que permita una coexistencia con la agricultura y ganadería.

Apoyo efectivo a la incorporación de jóvenes al sector agrario y aplicación de medidas complementarias que fomenten el rejuvenecimiento del sector.

Establecer una Política de Estado para el medio rural con todos los actores interesados, que incluya la creación de una mesa estatal del medio rural, actualizar la Ley de desarrollo sostenible del medio rural. Que asegure la calidad de vida, los servicios públicos esenciales, la residencia y la actividad económica sostenible en las poblaciones rurales.

Flexibilización de la PAC

Es posible una PAC que mantenga la ambición ambiental sin reducir la capacidad de producción y la rentabilidad, simplificando la normativa. Ante la variabilidad en el clima y modelos de agricultura es preciso introducir flexibilidades suficientes que tenga en cuenta que no hay dos años iguales. Entre otras, proponemos las siguientes modificaciones:

Eliminación del 4% de barbecho obligatorio por la BCAM 8.

Redefinir el concepto de cultivo secundario en la BCAM 7.

Si se exige la rotación de cada parcela con un cultivo diferente cada cuatro años, el primer año computable debe ser aquel en el que entra en vigor la normativa. Por tanto, el cómputo de la rotación se debe verificar en 2026 respecto a los tres años anteriores, esto es en el periodo 2023-2026. Se considerará que el requisito de rotación se cumple si antes de ese año 2026 se ha realizado, al menos en una campaña un doble cultivo, independientemente de lo que ahora se entiende por cultivo principal y cultivo secundario.

Redefinir las prácticas que se pueden hacer en las tierras de barbecho en la BCAM 6

Se debe permitir la gestión de las plantas adventicias durante la primavera y el verano. Se debe permitir el enterrado de purines salvo cuando el suelo esté encharcado.

BCAM 4. Creación de franjas de protección en los márgenes de los ríos. La delimitación debe incluir exclusivamente los cauces con una anchura mínima y un caudal de agua continuo mínimo durante todo el año. Además, deben tenerse en cuenta las zonas del cauce con un nivel de riesgo a la contaminación bajo, bien por la escasa intensidad productiva de los cultivos presentes o por un porcentaje de barbecho más elevado. En todo caso consideramos que el cumplimiento debe estar exceptuado en las superficies acogidas a modelos productivos de agricultura ecológica. La producción ecológica no permite el uso de productos químicos de síntesis, por ello no existe riesgo de contaminación de cauces y el propio modelo asegura su protección.

BCAM 5. Establecer la posibilidad de hacer labores en favor de la línea de máxima pendiente en el caso de plantaciones ya establecidas cuyo marco no permita labrar transversalmente o si el sistema de riego lo dificulta.

Rotación de cultivos con especies mejorantes.

Cuando haya condiciones que así lo justifiquen se pueda no cumplir con el 5% de leguminosas, incrementando al 15% el porcentaje de mejorantes en la rotación.
Por otra parte, existen zonas de cultivo, en especial las menos productivas, en las que de forma tradicional se ha cultivado mediante la técnica de año y vez, en este sentido, establecer un máximo del 20% de barbecho implica no poder acogerse a la práctica del ecorrégimen una parte importante de las explotaciones. Por ello se propone incrementar el límite máximo de barbecho hasta el 40% en las explotaciones ubicadas en aquellas comarcas que tenían asignado un índice de barbecho con un valor igual o superior a 20.
Consideración de cultivos como el espárrago, las especies aromáticas y el chopo como cultivos plurianuales.

Rotación de cultivos y siembra directa.

De una forma general, las explotaciones con superficie de regadío disponen, a su vez, de superficie de secano, por ello la gestión de la explotación es muy compleja en el momento que se exige el cumplimiento de las condiciones de forma independiente en la superficie de secano y en la de regadío. Por ello se debería permitir su cumplimiento en el conjunto de la superficie de la explotación, en especial los porcentajes correspondientes a los cultivos mejorantes, que en muchas ocasiones exige dividir recintos en varios cultivos para su cumplimiento.

Espacios de biodiversidad en tierras de cultivo y cultivos permanentes.
Una primera propuesta consiste en incluir en el concepto de superficie de no cosechado cualquier tipo de cultivo, no únicamente cereales y oleaginosas.
Asimismo, consideramos, como así permite el reglamento, que la superficie de barbecho debería computar como espacio de biodiversidad sin necesidad de exigir que sea semillado.

Pastoreo extensivo.

Que se permita que los ganaderos de ovino que pastan rastrojeras puedan solicitar esa superficie dentro del ER, aunque no la declaren para utilizar DBRS.

Márgenes de biodiversidad.

En el caso de cultivos leñosos aceptar que los márgenes o espacios de biodiversidad se puedan hacer entre las calles de los cultivos y no sólo en el margen de las parcelas

Cubiertas vegetales.

Permitir que una explotación que haga el 40% de cubiertas vegetales cobre el 100%.
Permitir alternar calles a la hora de hacer las cubiertas vegetales
Permitir el pastoreo independientemente de la pendiente de la parcela.

Cuaderno de campo digital.

Que se modifiquen los ecorregímenes para que el CUE sea voluntario y se prime su uso en cada uno de los ecorrégimenes.
Que la relación entre CUE y REA sea bidireccional.
Que no haya obligación de subir la información del CUE al sistema SIEX nada más que dos veces al año.

Producción sostenible de proteínas de origen vegetal.

Se considera necesario recuperar de nuevo la ayuda a las oleaginosas en el marco de la ayuda asociada a la producción sostenible de proteínas de origen vegetal
Medidas para luchar contra las consecuencias del cambio climático

El cambio climático es, sin duda, el principal riesgo al que se enfrenta la agricultura y ganadería española. Necesitamos de la ciencia y el conocimiento para superarlo con éxito y políticas claras tanto nacionales como comunitarias para implementar medias que hagan resilientes a las explotaciones ante esta nueva realidad.

Aprobar y potenciar las técnicas de edición genómica en Europa como una medida eficaz para enfrentar el reto de adaptación al cambio climático
Incremento de la investigación e innovación en mejora vegetal y animal para enfrentar los retos del cambio climático.

Mayor apuesta en la modernización de regadíos

Cambiar el sistema de seguros agrarios

Asegurar presupuesto suficiente por parte del Ministerio y las CC.AA. para llegar al 60% del coste de las pólizas para las explotaciones familiares profesionales.

Para hacerlo consorciable: que el exceso de siniestralidad como consecuencia de los efectos del cambio climático lo asuma el Consorcio de Compensación de Seguros Agrarios.

Que se cree en la UE un fondo específico para hacer frente a los efectos del cambio climático en la agricultura y la ganadería (FONDO DE CRISIS CLIMÁTICA).

Establecer una interlocución estable y normalizada entre el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y las OPAS. Desarrollo de una ley que establezca la creación del Comité Asesor Agrario como órgano de representación entre las Organizaciones Agrarias más representativas a nivel nacional y el Ministerio de Transición Ecológica, con un reglamento que fije una periodicidad mensual de las reuniones, donde se debatan todas las normas que afecten al sector agrario.

Mesa para atender cuestiones ganaderas

Nos preocupa la evolución de la concentración de la ganadería, el crecimiento de la integración y la desaparición de explotaciones ganaderas. En gran medida es debido a la promulgación de normativas muy difíciles de cumplir por las explotaciones familiares y pensada para esos modelos.

Fauna salvaje

Sacar el lobo del Lespre (listado de especies silvestres en régimen de especial protección).

Indemnización justa por los daños de lobos

En relación al Real Decreto 364/2023, de 16 de mayo, por el que se establecen las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación y al plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas, en el que se incluye la figura del veterinario de explotación y en su Anexo IV el contenido mínimo del Plan Sanitario Integral de las explotaciones ganaderas, no podemos contar con que la ADS sea la respuesta a la nueva carga burocrática, puesto que no todos los ganaderos están en ADS ni quieren estarlo, no se dispone de profesionales veterinarios suficientes para hacer frente a estas exigencias, supondrá un mayor coste para los ganaderos y mayor carga burocrática sin que se vaya a obtener un claro beneficio y se verán perjudicadas en mayor medida las explotaciones familiares que tienen mayor dificultad para hacer frente a estas exigencias. Por lo tanto, pedimos la eliminación de esta figura.

Analizar el Sistema Integral de Gestión de las Explotaciones Bovinas (SIGE), y ver posibles modificaciones, simplificándolo y evitando carga burocrática para el ganadero

Flexibilización en la aplicación del real decreto que establece las normas para la aplicación del estiércol en los suelos agrarios.

Además, solicitamos:

Establecimiento de una línea de ayudas específica para las explotaciones familiares para adaptar o comprar equipos esparcidores de purines que cumplan la norma.

Plan de gestión colectiva de equipos de aplicación de purines y estiércoles a través de cooperativas.

Planes de sanidad animal que afronten los retos de las enfermedades tradicionales, como la tuberculosis bovina, y las nuevas enfermedades como la EHE, consensuados entre el Estado y las

comunidades autónomas, dando prioridad a las medidas preventivas (vacunación), y compensando al ganadero, por la vía del seguro u otras vías, de la totalidad de las pérdidas que le ocasionen.

Plan estratégico a nivel nacional para la ganadería extensiva, en apoyo integral a todas las funciones que la ganadería ejerce (calidad, prevención de incendios, biodiversidad, incremento de la captura de carbono…)

Mesa aplicación Ley Cadena

La Ley de la Cadena ha sido uno de los grandes éxitos del trabajo común del sector agrario, pero es preciso que todas las Administraciones se impliquen es su puesta en marcha. Una cuestión que trasciende a esta Ley y que descansa en el derecho comunitario es la necesidad de fortalecer el poder de negociación del sector primario a través de la negociación colectiva.

Dotar del personal y medios suficientes a la AICA y a las Autoridades de Ejecución de las Comunidades Autónomas para que puedan desarrollar su función correctamente.

Impulso y puesta en marcha de las Autoridades de Ejecución que han creado las Comunidades autónomas.

Establecer en la OCM única una excepción a la ley de la competencia que permita la negociación colectiva en el sector primario.

Impulso de los estudios de cadena de los productos más sensibles. Hay que poner en marcha de una vez un sistema semiautomático de generación de estudios de valor de los principales productos que permitan identificar los posibles problemas que puedan darse en una determinada cadena. En definitiva, se debe cumplir lo que dice la ley:” Realizar estudios de carácter regular, encaminados a establecer un seguimiento sistemático de la formación de los precios finales de los alimentos”.

Desarrollo por parte del observatorio de la cadena índice de precios y costes de producción tal y como establece la normativa, con carácter trimestral. Estos índices deberán servir como referencia al sector productor para indexar el precio de sus contratos y a la AICA como alerta de riesgo para incluir en su programa de indicios, dentro del plan de control, a aquellas entidades que firmen contratos por debajo de los costes de producción que periódicamente publique el observatorio.

Se debe desarrollar la figura del mediador según el modelo francés.

Negociación colectiva

De acuerdo con los precedentes comunitarios, la normativa comunitaria restringe en gran medida la posibilidad de que no se apliquen las normas de competencia a acuerdos entre operadores del sector agroalimentario, estableciendo unas condiciones muy exigentes para ello.

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dedica el Capítulo I de su Título VII a las disposiciones sobre competencia (arts. 101 a 109), y dentro de éste su sección 1ª a las disposiciones aplicables a las empresas, sin establecer ninguna precisión o salvaguarda en cuanto a sectores económicos en particular. El TFUE, no obstante, establece en su art. 42.1 que el Consejo y el Parlamento Europeo pueden establecer exenciones a las reglas comunitarias de competencia a la producción y comercialización de productos agrarios, mediante el establecimiento de Reglamentos que así lo dispongan, teniendo en cuenta los objetivos del art. 39 TFUE, relativos a la Política Agraria Común.

Es decir, con carácter general las leyes de competencia limitan en la actualidad la posibilidad de mejorar la posición negociadora del sector productor a través de, por ejemplo, la negociación colectiva que permita establecer unas condiciones mínimas en los contratos en cuanto a calidades, pagos, descuentos… Sin embargo, si en el marco de la Política Agraria Común se aprobara un reglamento que permita la negociación colectiva en el seno de, por ejemplo, las interprofesionales, este obstáculo estaría vencido y se podría desarrollar una legislación nacional para regular la forma de hacerlo.

La Ley de la Cadena busca corregir desequilibrio y hacer de la cadena alimentaria una cadena de valor donde cada eslabón de la misma genere valor y no lo destruya, como ocurría. Pero nada puede hacer para mejorar la escasa capacidad de negociación que tiene el agricultor y ganadero frente a sus compradores, ya sean industriales o la distribución.

Se reproduce a continuación la exposición de motivos de la OCM única aprobada en el 2013 que permite la negociación colectiva en el sector lácteo a través de la figura de la organización de productores de leche.

“A fin de garantizar el desarrollo viable de la producción y el consiguiente nivel de vida equitativo para los productores de leche, conviene fortalecer su poder de negociación con respecto a los transformadores y conseguir así una distribución más equitativa del valor añadido a lo largo de la cadena de suministro. Para alcanzar estos objetivos de la PAC, debe adoptarse una disposición de conformidad con el artículo 42 y el artículo 43, apartado 2 del TFUE que permita a las organizaciones de productores constituidas por productores de leche o sus asociaciones negociar conjuntamente los términos del contrato, incluido el precio, para una parte o la totalidad de la producción de sus miembros con una central lechera. A efectos de mantener la competencia efectiva en el mercado lácteo, esta posibilidad debe estar sujeta a límites cuantitativos apropiados. Con el fin de no socavar el funcionamiento eficaz de las cooperativas y en aras de la claridad, se debe precisar que si la pertenencia de un ganadero a una cooperativa está sujeta a la obligación, con respecto a la totalidad o parte de esa producción lechera del ganadero, de entregar leche cruda obligación cuyas condiciones están establecidas en los estatutos de la cooperativa, o por las normas y decisiones resultantes de los mismos, dichas condiciones no deben ser objeto de negociación a través de una organización de productores.”

Fitosanitarios

La Comisión Europea anunció dos objetivos de reducción de plaguicidas como parte de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» en mayo de 2020.

Se trataba de una reducción del 50% en el uso y el riesgo de plaguicidas químicos y una reducción del 50% en el uso de plaguicidas más peligrosos.

El anuncio de abandonar esta iniciativa supone poner sensatez y cordura sobre una cuestión que las organizaciones agrarias ya habíamos denunciado desde el primer momento y es que no se puede proponer unos objetivos tan ambiciosos sin ni siquiera tener un estudio de impacto. La propuesta de Reglamento de Uso Sostenible de productos fitosanitarios contenía unos objetivos de reducción de uso y riesgo de productos fitosanitarios no basados en datos de impacto agronómico, ni en la evidencia científica ni teniendo en cuenta la realidad agrícola.

También es preciso aclarar que en modo alguno hay relación entre el uso de productos fitosanitarios y el cambio climático. Más bien al contrario, ya que para mantener el volumen total de producción que alimente a la población mundial se requeriría mucha más superficie ante el descenso cierto de la producción de cada hectárea. Porque ahora hemos sido los agricultores los que hemos saltado y expresado públicamente que no es posible mantener la producción europea de alimentos sanos y seguros si perdemos tantas herramientas de gestión de nuestras explotaciones. Si no hubiéramos sido nosotros ahora en un futuro habrían sido los propios consumidores porque si no se hubiera parado esta iniciativa los realmente perjudicados habrían sido ellos con un encarecimiento nunca visto de la cesta de la compra.

El sector apoya un uso sostenible y racional de los productos fitosanitarios, pero en modo alguno posiciones radicales que planteen reducciones del 50% sin atender a potenciar buenas prácticas ni ver si hay alternativas que no pongan en peligro la producción de alimentos, y por tanto la seguridad alimentaria.

Por otro lado, en relación a las herramientas de sanidad vegetal, según datos de CropLife Europe, hoy disponemos a nivel global de unas 800 materias activas, de las que solo 400 están permitidas en Europa, prácticamente la mitad con tendencia a la baja. De las 400 aproximadamente registradas en Europa una parte son candidatas a la sustitución (sin alternativa viable por el momento), la parte más importante son sustancias activas convencionales y una pequeña parte sustancias básicas y de bajo riesgo. No es posible cambiar todo el botiquín fitosanitario de la noche a la mañana, aunque a nivel europeo quiera incentivarse los biológicos y bajo riesgo.

UPA despliega una estrategia coordinada para que la tecnología digital se convierta en una herramienta al alcance de las explotaciones agrícolas y ganaderas familiares

Hay personas e instituciones que tienen una imagen distorsionada de la agricultura familiar. Ahora que España puede contar, por primera vez en su historia, con una Ley que proteja y fomente este modelo productivo –cuya aprobación está prevista para esta legislatura– es importante romper los tópicos que arrastra y difundir la verdad de este modelo productivo.

La agricultura familiar en España, que UPA defiende y promociona a todos los niveles, es un modelo moderno, sostenible y competitivo, muy alejado de un modelo de subsistencia que puede existir en otros continentes o en décadas ya pasadas en nuestro país. La agricultura y ganadería familiar está conformada por más de 800.000 explotaciones en toda España, siendo el modelo mayoritario en todos los sectores y territorios.

Por lo tanto, el modelo familiar en España es un modelo de éxito, como lo corrobora la potencia productiva y exportadora del sector agroalimentario español. Si bien es cierto que en los últimos años nuestro sector primario no es ajeno a determinadas tendencias que afectan a la estructura de las explotaciones agrícolas y ganaderas. En la última década España ha perdido alrededor de 70.000 explotaciones, mientras que se produce un aumento del tamaño medio de explotación en un 8,92% en el conjunto nacional.

Tenemos menos explotaciones y más grandes, pero en alrededor del 80% de ellas seguimos encontrando que el titular o titulares son al mismo tiempo los gestores de las mismas. Es decir, que sigue predominando el modelo familiar, muy arraigado en la base de la agricultura y la ganadería y que, a pesar de las múltiples dificultades a las que tiene que hacer frente, sigue avanzando y evolucionando.

Los retos del campo

Los expertos coinciden en señalar que el cambio climático es el mayor reto que afronta el campo. Es un reto hoy y lo será aún más en el futuro, pues el calentamiento global seguirá agravándose año tras año. Sumado a ello, el sector vive un fuerte envejecimiento, con una media de edad de 61 años y con menos del 40% de los jefes de explotación con menos de 45 años, que convierte el relevo generacional en una tarea indispensable que España debe acometer sin demora.

La Ley de la Agricultura y la Ganadería Familiar debe tener este reto como uno de sus puntales. La incorporación de jóvenes al campo se produce de forma mucho más eficiente y lógica en forma de relevo familiar. Las dificultades de la profesión, la situación de mercado o el encarecimiento del acceso a la tierra son frenos insalvables en la mayoría de los casos para que personas ajenas al campo se incorporen a la actividad. Todas esas barreras son más fáciles de romper si se fomenta la incorporación de generaciones jóvenes de familias que ya se dedican a la producción de alimentos.

España debe sentar las bases para que los y las jóvenes vean la profesión de agricultor y ganadero como una tan digna como cualquier otra. Una profesión que les permita disfrutar de un proyecto de vida pleno, en el que puedan alcanzar los objetivos que se propongan y ser felices viviendo y trabajando en sus pueblos. Para ello es evidente que no hay recetas mágicas, sino políticas que deben ponerse en marcha de inmediato en muchos y muy diversos aspectos.

El papel de la digitalización

Hoy escuchamos numerosas opiniones de expertos de todo tipo y de representantes políticos de las instituciones europeas y nacionales que la digitalización es un proceso que debe extenderse a todos los ámbitos de la economía, y el sector primario no es una excepción. No cabe duda de que las herramientas digitales son ya cotidianas para la mayoría de sectores y trabajadores, también en el campo, y lo serán mucho más en el futuro.

Hoy cualquier agricultor y ganadero consulta la información meteorológica en las apps de su teléfono inteligente, que también utiliza para consultar la información de precios, para participar en los grupos de WhatsApp de su organización agraria, de su pueblo o de su cooperativa. El móvil se ha convertido en la oficina móvil de todos los agricultores y ganaderos españoles, con un enorme grado de penetración, mucho más del que tuvo nunca el ordenador personal, por sus propias características de movilidad.

Hoy el tractor guiado por GPS ha dejado de ser una rareza para pasar a ser un aliado habitual, sobre todo en cultivos extensivos. Cada vez más agricultores empiezan a disponer de mapas de rendimientos de sus parcelas y pueden controlar el riego de sus parcelas de forma remota. Los drones empiezan a sonar como una ayuda útil para agricultores y ganaderos, que empiezan a adquirir collares de monitorización del ganado a modo de cencerros digitales.

El catálogo de soluciones digitales aplicadas al trabajo de agricultores y ganaderos es ya amplio y lo será aún más en el futuro. Y los jóvenes que se van incorporando al campo tienen claro que las herramientas digitales serán algo habitual y necesario en la estructura de sus explotaciones.

UPA apoya la digitalización

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos trabaja desde hace varios años para que la digitalización llegue a las explotaciones familiares a las que defiende, apoya y representa. Como todo proceso de cambio y evolución, este conlleva unos esfuerzos y unos costes de transformación que pueden suponer una desventaja para los emprendimientos más pequeños. Y eso es algo que no podemos consentir.

Deben existir ayudas públicas fuertes que se repartan con un criterio de justicia social, para apoyar más a quienes más lo necesitan. UPA está trabajando para incluir estos criterios sociales en el reparto de los fondos que las Administraciones europea y central están dedicando a fomentar la transformación digital en todos los sectores de la economía, pero estos deben reforzarse aún más.

Para reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas a tres niveles: Unión Europea, gobierno de España y Comunidades Autónomas

Las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias, ASAJA, COAG y UPA han acordado esta mañana retomar el calendario de movilizaciones para reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de UE, como de gobierno de España y de las Comunidades Autónomas. Inicialmente, los actos de protesta se desarrollarán en el ámbito más regional durante las próximas semanas.

El sector agrario en Europa y en España está sumido en una frustración y malestar creciente debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE. “Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa”, han subrayado las tres organizaciones agrarias.

Sin embargo, la UE sigue cerrando más acuerdos de libre comercio con terceros países, que agudizan los problemas de los agricultores y ganaderos de toda la UE. En este sentido, COAG, UPA y ASAJA, van a reclamar la paralización de las negociaciones de acuerdos como del MERCOSUR, la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. Además, el Gobierno de España con la supervisión de la Comisión Europea, se debe aumentar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio. “Es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria”, sostienen las tres organizaciones agrarias.

Reclamamos una flexibilización y simplificación de la actual PAC, esto incluye tanto los ecoesquemas como las BECAM. La excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para los agricultores y ganaderos profesionales y no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental.

Por otro lado a nivel nacional, UPA, ASAJA y COAG reclaman la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. Asimismo, la AICA- Agencia de Información y Control Alimentario- debería de aplicar sanciones económicas más acordes a la infracción sometida y que se amplíen sus recursos de control.

A nivel estatal, se ha llegado a un acuerdo para solicitar al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, soluciones inmediatas para abordar las problemáticas del sector, en todo aquello relacionado con las consecuencias de la sequía y la Guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC, sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.

En España, la ley de la Cadena Alimentaria se debe reforzar para conseguir su máxima aplicación. El Observatorio de la cadena debe publicar los índices de precios y costes; además se deben actualizar todos los estudios de cadena de valor realizados hasta ahora. La AICA debe actuar más a través de los indicios y por lo tanto con inspecciones de oficio. Se debe recuperar en los indicios la temática de los “precios anormalmente bajos”, como es el caso ahora mismo del limón.

Asimismo, se va a exigir al Ministerio de Agricultura un observatorio sobre las importaciones y que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir reciprocidad, mediante cláusulas espejo, en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio UE. El Ministerio de Agricultura también debe trabajar con la AICA para que se facilite de forma sencilla, que los agricultores y ganaderos puedan demandar un resarcimiento en sus ingresos cuando estén las sanciones publicadas.

Además, en el ámbito de sus competencias, a las Comunidades Autónomas se les demandan reformas urgentes en cuanto a la simplificación de los trámites burocráticos que ahogan a los profesionales del campo.

Los ganaderos también señalan la situación crítica que están generando las cuestiones de sanidad animal. Una cuestión que ha sido objeto en ocasiones de lucha partidista y en la que los ganaderos son “víctimas inocentes”. Exigen una política de sanidad animal coordinada, seria y coherente que ayude a los profesionales del campo y no les hunda.

Se debe recuperar un presupuesto reforzado para los seguros agrarios, para adaptarlo a la situación estructural que suponen las sequías y fenómenos meteorológicos adversos, cada vez más intensos y recurrentes por el cambio climático.

A nivel de Gobierno y Comunidades Autónomas se exige un reforzamiento real de los mecanismos de incorporación de jóvenes para propiciar el relevo generacional ante la gran jubilación en el campo:

Ninguna solicitud de incorporación de jóvenes debe quedarse sin realizarse por falta de presupuesto.

Frenar la especulación y la compra de tierra que están realizando los fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario.

Facilitar, mediante mecanismos voluntarios, el acceso a la tierra a los jóvenes y nuevos agricultores, así como a aquellos que tienen una base territorial inferior a la media de su sector productor.

Debe replantearse la instalación de energías renovables en terrenos agrarios.