La organización agraria UPA ha valorado la actividad sancionadora de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios). La organización ha pedido más medios para reforzar la agencia, tal y como acordó recientemente con el Ministerio

El control en cuanto al cumplimiento de la Ley de la Cadena es fundamental para el sector agrario. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha valorado positivamente los esfuerzos de la AICA por mejorar la vigilancia sobre las malas prácticas de las grandes empresas de la industria y distribución de alimentos que tienen un impacto negativo “feroz” sobre las explotaciones agrarias familiares.

En este sentido, la organización ha realizado un informe de seguimiento del trabajo de la AICA desde que ésta comenzase a publicar trimestralmente las sanciones firmes que impone.

Desde entonces, su trabajo de inspección ha supuesto la imposición de 239 sanciones que han recaído en un total de 195 empresas. A esto habría que sumar las sanciones que están recurridas y que aparecerán en la información publicada en el futuro, pero se deben a inspecciones realizadas ya. Las sanciones firmes suponen ya un total de 756.877 euros.

En todo caso, en UPA han señalado que en España “no hemos dejado de lado el propósito de seguir avanzando en justicia para la cadena alimentaria”. Desde la entidad han explicado que, gracias al acuerdo de 43 medidas firmado recientemente por UPA y el Ministerio de Agricultura, la AICA contará con más recursos para realizar su labor. “Más recursos, humanos y económicos, significará una mejor vigilancia. En definitiva, esto multiplicará su labor inspectora y permitirá reducir las prácticas desleales en la cadena de valor agroalimentaria, lo que se traducirá en más seguridad para los pequeños agricultores y ganaderos”.

Empresas más sancionadas

Los sectores que cuentan con empresas más sancionadas son el del viñedo y el de las frutas y hortalizas. En cuanto a las empresas concretas, el ranking de aquellas que acumulan mayores cuantías son:

Calaoliva SL: 46.770 €

Alcampo: 45.602 €

Mostos Españoles: 23.775 €

Central lechera de Lugo: 18.001 €

RAY Lech: 14.501 €

Pistachos de La Mancha: 13.450 €

García Carrión: 12.749 €

DIA: 12.463 €

Nestlé: 10.323 €

Inleit Ingredientes: 9.000 €

Asimismo, UPA ha destacado que las sanciones impuestas a dos empresas, ALCAMPO y Central Lechera de Lugo, por obstaculizar la labor de la Administración en la inspección. Además, la organización ha revelado la reincidencia de la empresa DIA, la cual tiene sanciones en tres trimestres diferentes.

Causas de las sanciones

El principal motivo de sanción es el incumplimiento de los plazos de pago, con un 63%. “Se trata de un punto decisivo para las pequeñas explotaciones, las cuales tienen un músculo financiero menor y no pueden afrontar retrasos en los pagos”.

No formalizar contratos por escrito es la segunda razón de sanción, suponiendo un 23% de las mismas. Esto sumado a la práctica de no incluir el precio en el contrato (tercer motivo de sanción con un 14%) “deja en un estado de incertidumbre insoportable que suma su granito de arena a la cuestión de la salud mental en la clase agraria”.

Próximos pasos legislativos

UPA ha destacado hoy, coincidiendo con el Día de Europa, que la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria “es un ejemplo para los países de nuestro entorno”.

De hecho, la organización agraria ha recordado que la Comisión Europea planea lanzar una directiva que proteja a agricultores y ganaderos de todos los Estados miembros de la UE puesto que la situación en otros lugares está lejos de la que tenemos en España. En este sentido, la Comisión ha reconocido que se está inspirando en nuestra Ley para esa futura directiva.

Igualmente, desde UPA consideran fundamental que las Comunidades Autónomas hagan uso de sus competencias en Agricultura para complementar el trabajo de la AICA y “pongan en marcha sus trabajos de inspección, que por desgracia hasta el momento dejan mucho que desear”.

El comisario de Agricultura se muestra favorable a incrementar las ayudas directas al sector primario del archipiélago y acepta que Canarias participe en el trabajo técnico de su evaluación

Wojciechowski adelanta a la delegación canaria su petición para la ampliación del Marco Temporal y la continuidad de las ayudas por el conflicto de Ucrania al menos hasta el verano de 2025

El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, ha apoyado este martes la petición del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de reforzar la ficha financiera del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI).

Durante la reunión celebrada en Bruselas, el representante del Ejecutivo comunitario ha dado además su apoyo a la mejora de la ficha financiera de este programa en el próximo periodo de ayudas, algo que recomendará a su sucesor tras las elecciones europeas de junio y la constitución de una nueva Comisión Europea. Además de manifestar su voluntad de trasladar también a su sucesor la continuidad hasta el 31 de diciembre de 2027 de este programa comunitario para los afectados del volcán de La Palma.

La Comisión Europea ha abierto ya el proceso de evaluación del programa PSOEI, cuyos resultados se conocerán en el segundo semestre de este año. Al respecto y a petición de la delegación canaria, el comisario europeo se ha mostrado a favor de que el Gobierno regional participe en el trabajo técnico para medir el efecto real del POSEI en el sector primario del archipiélago y defender el aumento de fondos que reclama la comunidad autónoma.

En este sentido, tanto el presidente Clavijo como el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, recordaron que la ficha financiera del POSEI se aprobó en 2006, con lo que no se actualiza desde “hace casi 20 años”, tiempo en que “los costes de producción de los agricultores y ganaderos de las islas se han incrementado mucho”.

Durante la cita, a la que asistió también el viceconsejero de Sector primario, Eduardo García, los miembros del Ejecutivo canario presentaron un informe que recoge un incremento del 44,49% de los costes directos de la actividad agraria entre los años 2007 y 2023 en la islas, en base al cual Canarias demanda la actualización de las fichas financieras de las distintas medidas del POSEI, un mecanismo que permite compensar los sobrecostes que asumen los productores canarios derivados de nuestra lejanía e insularidad.

Ante esta realidad, Canarias reclama que los fondos del programa pasen de los 268 millones de euros actuales a 357 millones, para que “sigan teniendo el mismo efecto con el que se diseñaron en 2006”.

Clavijo y Quintero reconocieron salir “muy satisfechos” del encuentro con el comisario europeo, ya que para Canarias es una “buena noticia” la posición favorable del comisario a los problemas y solicitudes trasladadas desde Canarias.

Menos burocracia

El presidente de Canarias y el consejero de Agricultura también han logrado el respaldo del comisario a la reclamación de que se simplifiquen los trámites administrativos impuestos por Bruselas a los productores de las regiones ultraperiféricas (RUP).

En concreto, Wojciechowski ha informado de que la Comisión Europea dejará de exigir a los agricultores con menos de 10.000 metros cuadrados de superficie cultivada los controles de condicionalidad.

Clavijo y Quintero también han recibido por parte del representante de la Comisión Europea la confirmación de que se ha solicitado la continuidad de las medidas puestas en marcha para salvar los sobrecostes al sector primario de Canarias causados por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Wojciechowski explicó durante el encuentro que la voluntad es mantenerlas al menos hasta el verano de 2025.

Los representantes del Ejecutivo canario entregaron al comisario otro estudio efectuado por la Consejería de Agricultura en 2023 para evaluar los sobrecostes registrados en 2022 como consecuencia de la guerra de Rusia y Ucrania.

Competencia desleal

Otra petición del Gobierno autonómico planteada en la cita fue la puesta en marcha por parte de las instituciones europeas de actuaciones que reviertan la situación de indefensión de las producciones locales frente a las importaciones y sirvan para paliar la merma en la rentabilidad de los productores de las Regiones Ultraperiféricas (RUP), revisión de los aranceles a la importación de países de fuera de la Unión Europea y el establecimiento de medidas encaminadas a exigir las mismas condiciones sanitarias, sociales y medioambientales a dichas producciones mediante el cumplimiento del principio de reciprocidad en los convenios y acuerdos que se adopten en materia de comercialización.

“El sector primario canario está muy preocupado por las producciones que entran en Europa procedentes de terceros países, las cuales repercuten en la competitividad local y la salud de los mercados internos, y en este contexto hacemos un llamamiento a la implementación urgente y efectiva de las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales promovidos por la Comisión como un mecanismo para equilibrar las dinámicas comerciales y garantizar condiciones equitativas para todas las partes involucradas”, indicó Clavijo.

Por último, Clavijo y Quintero manifestaron su voluntad de convocar un encuentro con el resto de RUP de los distintos estados miembros en el último trimestre del año para abordar de forma conjunta los efectos del encarecimiento de los insumos en estos territorios y más concretamente en sus subsectores agrario y pesquero y el establecimiento de medidas para paliar sus consecuencias.

El acuerdo firmado por la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos con el Ministerio de Agricultura activa el plan de 43 medidas políticas, económicas y fiscales que da respuesta a la “inmensa mayoría” de las reivindicaciones de la organización y cuyo impacto positivo en el sector se cifra en entre 1.000 y 2.000 millones de euros

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación han firmado hoy un acuerdo para activar un plan con 43 medidas de apoyo al campo. El texto del acuerdo contiene hasta 43 medidas políticas, económicas y fiscales y da respuesta a la “inmensa mayoría” de las reivindicaciones de la organización agraria UPA.

La firma del acuerdo supondrá la puesta en marcha del plan de apoyo al campo que recoge, en opinión de UPA, “logros de enorme relevancia” que llevaban largo tiempo reclamando a las Administraciones públicas. Las medidas supondrán una importante simplificación de las exigencias de la Política Agraria Común, reduciendo la burocracia y la carga administrativa y facilitando la vida de los agricultores y ganaderos.

El plan incluye medidas fiscales de gran magnitud, como el compromiso de mantenimiento del Impuesto Especial de Hidrocarburos –que supone 400 millones de euros para los agricultores y ganaderos–. También se mantendrá la deducción de un 35% de la factura de carburantes y combustibles de uso agrario y de un 15% de la de fertilizantes, en el método de Estimación Objetiva del IRPF –aproximadamente 575 millones de deducción fiscal– y se establecerá una reducción general del 15% en el rendimiento neto para el ejercicio fiscal 2023.

Se flexibiliza la PAC y se reduce la burocracia

Los ecorregímenes –una de las principales y más polémicas medidas de la nueva PAC- se simplificarán notablemente, adaptándose a la realidad del campo español. El cuaderno digital de explotación será voluntario, y no obligatorio como proponía Bruselas. Se eliminará también la exigencia a los agricultores de remitir fotos georreferenciadas de sus cultivos. Y los ecorregímenes estarán exentos de fiscalidad, lo que supondrá una reducción de base imponible de 1.100 millones de euros.

Respecto a la ganadería, se flexibilizarán numerosos aspectos relativos al Real Decreto de ordenación de granjas bovinas, se prorrogará la fecha de aplicación del Plan Sanitario Integral (PSI) de las granjas y se flexibilizarán los requisitos relativos a la aplicación de estiércoles. El Gobierno se compromete a financiar gastos relacionados con temas de sanidad animal como la tuberculosis o la EHE. También se creará un Foro de la Ganadería Extensiva para analizar los principales problemas y desafíos de este modelo productivo.

Estas medidas se completarán con otras muchas relativas a los seguros agrarios, a facilitar el acceso a financiación, a las inspecciones que sufren los agricultores y ganaderos o al refuerzo de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que los agricultores y ganaderos perciban precios justos. El Gobierno se compromete también a seguir trabajando en Europa para lograr la activación de las cláusulas espejo en los acuerdos comerciales con terceros países.

El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, ha animado al resto de organizaciones agrarias a sumarse a este acuerdo que supone un punto de inflexión en el proceso de movilizaciones del campo. Movilizaciones que, por parte de UPA, se cancelarán tras la firma del acuerdo y que a su juicio culminan con un éxito de negociación “muy trabajado y muy luchado”.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos recuerda al Gobierno su compromiso y pide acelerar los trabajos para aprobar la Ley de Agricultura Familiar

Uno de los compromisos del Gobierno, anunciado por el propio presidente Pedro Sánchez durante la campaña electoral para las pasadas elecciones generales y en su discurso de investidura, fue la aprobación de una Ley de Agricultura Familiar, que sirva para fomentar, apoyar y proteger este modelo productivo. Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) han reclamado a las fuerzas políticas que negocien para dar un “empujón legislativo” a la norma y que esta se haga realidad.

UPA, que participa estos días en Vitoria en la VIII Conferencia Global de Agricultura Familiar, organizada por el Foro Rural Mundial, recuerda que este modelo productivo enfrenta “graves amenazas que ponen en peligro su supervivencia”, como el cambio climático, la especulación, los conflictos geopolíticos, los elevados costes de producción, las presiones de otros modelos productivos y los desequilibrios en la cadena alimentaria.

La organización agraria UPA reclama a todos los partidos políticos que “se retraten en un apoyo verdadero al campo y dejen a un lado el debate partidista” para lograr aprobar la Ley de Agricultura Familiar. Una normativa que debe servir para “proteger a las explotaciones familiares frente a la presión que sufren por parte de inversores sin escrúpulos, normativas con efectos perversos y embates legislativos de diversa índole”.

Hacer realidad la Ley

UPA pide avanzar en los debates obre la Ley de Agricultura Familiar, y para ello lo lógico es contar con el Comité de España del Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar (CEDAF). Este Comité, que coordina UPA, tiene ya un trabajo muy desarrollado sobre los problemas, amenazas y oportunidades de futuro de la agricultura y ganadería familiar, por lo que desde esta organización agraria proponen contar con esta entidad en el desarrollo de la Ley.

La Agricultura Familiar es un modelo productivo formado por millones de hombres y mujeres en todo el mundo que gestiona hasta el 80% de las tierras agrícolas y produce más del 80% de los alimentos del planeta. En Europa, el 94,8% de las explotaciones son de carácter familiar (Eurostat, 2022). Un sistema productivo, basado en una fuerza de trabajo mayoritariamente familiar y estrechamente vinculado al territorio que lucha por su futuro en un contexto de grandes dificultades.

Para apoyar a la Agricultura Familiar, considerado el modelo más sostenible y que aporta mayores beneficios a la sociedad, desde UPA creen que es “imprescindible” facilitar una transición justa, garantizando la viabilidad de las explotaciones, adoptando modelos más agroecológicos de producción, facilitando la mitigación y la adaptación frente al cambio climático y construyendo “comunidades rurales vivas” donde el sistema agroalimentario sea el puntal económico, ambiental y social.

Importancia global de la Agricultura Familiar

Estos días en Vitoria está quedando patente la importancia global de la agricultura familiar. En el evento organizado por el Foro Rural Mundial participan representantes de UPA y de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, tanto cargos representativos como integrantes de ambas organizaciones que han acudido a explicar sus historias de vida. En los debates participan los máximos responsables de instituciones de relevancia mundial, como el FIDA, la FAO o la Organización Mundial de Agricultores (OMA). También han destacado las intervenciones de personalidades como el expresidente de Uruguay, José Mújica, y el Papa Francisco.

Este Plan mejora las subvenciones destinadas a la puesta en marcha de empresas agrarias por jóvenes, que pueden suponer hasta 100.000 euros por beneficiario

El consejero anuncia que el Ejecutivo canario completará con fondos propios esta línea de apoyo para atender la totalidad de solicitudes de 2024

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, explicó hoy martes, 5 de marzo, en Comisión parlamentaria, que el Gobierno de Canarias gestionará un total de 24 millones de euros del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) para promover la creación de empresas agrarias por parte de jóvenes agricultores y ganaderos en el periodo de programación 2023/2027.

En comparecencia para informar sobre las medidas que adoptará el Ejecutivo canario para promover el relevo generacional en el sector primario, el titular del área explicó que dicho Plan, que sustituye al Programa de Desarrollo Rural (PDR), mejora de forma significativa las subvenciones destinadas a la puesta en marcha de empresas agrarias por jóvenes, que pasan de 70.000 a 100.000 euros por beneficiario.

“Europa cuenta con un sector primario envejecido y la mayoría de jóvenes que se incorporan al sector primario es porque tienen a alguien en su entorno que se ha dedicado a esta actividad; para dar solución a este problema debemos dignificar el sector y garantizar una renta digna para que sea atractivo, además de visibilizar referentes en el campo”, comentó el consejero.

Asimismo, las personas menores de 41 años que se acojan a estos fondos recibirán un porcentaje adicional del 20% de subvención del presupuesto aprobado, independientemente del año de incorporación, en la línea de inversiones en modernización de explotaciones, la cual facilita la adquisición de tecnologías más innovadoras y eficientes para la modernización de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

“El PEPAC también ha introducido cambios en la forma en la que se otorgan las ayudas, así en cuanto a los criterios de selección de las operaciones, los miembros de la Comisión de Agricultura del Comité de Seguimiento Regional del PEPAC establecieron que no se vinculará este programa al anterior, el PDR, por lo que no asigna los 18 puntos a los jóvenes incorporados en 2020, 2022 y 2023 para el acceso a la mencionada línea de inversiones en explotaciones”, indicó Quintero.

“Sin embargo, el Gobierno de Canarias, para reafirmar su compromiso de apoyo al sector y especialmente a la incorporación de jóvenes, propuso en la reunión de la Comisión, celebrada el pasado mes de febrero, rectificar dicha disposición para que los agricultores y ganaderos incorporados en 2020, 2022 y 2023 reciban las mismas puntuaciones y beneficios que los de 2024 en relación a la ayuda de inversiones; y en caso de que el Comité no acepte estos planteamientos ya estamos estudiando distintas alternativas para dar respuesta a esta situación”, añadió el consejero.

En este sentido, el responsable del área anunció que el Gobierno de Canarias completará con fondos propios estas ayudas con el fin de atender la totalidad de solicitudes de jóvenes que quieran incorporarse a esta actividad en 2024 y que cuenten con un plan empresarial viable para ello.

Además, todas las ayudas enmarcadas en el Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI) contemplan un complemento de ayuda del 10% adicional a los beneficiarios que hayan recibido la ayuda correspondiente para la instalación de jóvenes agricultores.

Por otro lado, la Consejería de Agricultura, a través de la empresa pública GESPLAN, prestará un servicio de asesoramiento y acompañamiento durante todo el proceso de instalación de los jóvenes agricultores y ganaderos, facilitando el proceso de solicitud de las ayudas y sirviendo de apoyo ante cualquier incidencia que pueda tener lugar durante los cinco años en los que estos están obligados a mantener la actividad que es objeto de subvención.

Otra medida implementada por el Ejecutivo canario para mantener a este colectivo al sector primario ha sido la incorporación de un suplemento del 5% para los menores de 41 ya incorporados en la ayuda directa de 12,3 millones de euros de fondos de la Comunidad Autónoma para compensar los sobrecostes que han asumido los ganaderos de las islas por el aumento de los precios de los insumos provocados desde el inicio del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y otros condicionantes.

Quintero destaca la importancia de coordinar acciones para optimizar recursos y generar sinergias con el fin de abordar la delicada situación del sector primario

El Reglamento Regulador de Usos Agrarios y Complementarios y las DOSA como herramientas para impulsar y agilizar la puesta en marcha de explotaciones agrícolas y ganaderas, el PEPAC y el FEMPA son algunos de los abordados en la cita

El Gobierno de Canarias y los Cabildos han sentado hoy las bases de las políticas agrarias y pesqueras regionales e insulares de este ejercicio económico, dirigidas a dar respuesta a las necesidades del sector primario de las islas, en un encuentro entre el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Ejecutivo canario, Narvay Quintero, y los consejeros con competencias en estas áreas de las distintas corporaciones insulares, celebrado en el Cabildo de La Gomera.

Durante la cita, presidida por el presidente de la corporación insular, Casimiro Curbelo, Quintero destacó la importancia de este encuentro para coordinar las acciones que se desarrollan desde las administraciones, evitar duplicidades, optimizar recursos públicos y generar sinergias, así como para conocer la realidad de cada isla a través de sus representantes con competencias en materia agrícola, ganadera y pesquera, con el propósito de adecuar las medidas a implementar o las acciones en las que se está trabajando a la situación y singularidad de cada isla.

El miembro del Ejecutivo canario, acompañado por miembros de su equipo, reconoció que “el sector primario de las islas atraviesa una situación delicada” y se refirió a las líneas estratégicas de la Consejería a corto y medio plazo para evitar la pérdida de profesionales en el sector primario y el abandono de esta actividad. En este sentido, destacó la necesidad urgente de garantizar el relevo generacional en la agricultura, ganadería y la pesca, y se refirió al compromiso del Gobierno canario de respaldar a todos los jóvenes que quieran incorporarse al sector primario, reforzando si es necesario las subvenciones del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC), las cuales ponen a disposición de cada joven hasta 100.000 euros de financiación para la puesta en marcha de su propia empresa agraria.

“Es necesario que desde las administraciones sigamos compensando los sobrecostes que asumen fundamentalmente ganaderos y pescadores por el incremento de los insumos”, comentó el consejero, quien se refirió también a las ayudas directas por valor de 12,3 millones y 900.000 euros respectivamente otorgadas por el Gobierno de Canarias en 2023.

Entre los asuntos abordados durante la reunión, destacan el Reglamento Regulador de Usos Agrarios y Complementarios, que según explicó Quintero, se concluirá a final de este año, y las Directrices de Ordenación del Suelo Agrario (DOSA) “cuya publicación está prevista en 2025, herramientas estratégicas que, en el actual contexto de pérdida de superficie agraria, y ante distintos ordenamientos que dificultan técnicamente la concesión de licencias para la tramitación de una explotación agrícola o ganadera, buscan facilitar, con criterios agronómicos, a productores y técnicos municipales, la toma de decisiones para dar impulso y agilizar a la puesta en marcha de estas instalaciones”.

Además se presentó un software de Inteligencia Artificial (IA), asociado a las DOSA y en el que trabaja el Ejecutivo autonómico, que permitirá al personal técnico de los ayuntamientos conocer los emplazamientos en los que puede ubicarse una instalación agraria así como las ampliaciones futuras que puede acometer su propietario y recoge todas las normativas que afecta a cada terreno. Se trata de un programa que se actualizará constantemente y que se pondrá a disposición de todas las corporaciones municipales.

Además, en la cita se expusieron las principales líneas de subvención del PEPAC, cuyas bases se publicaron hace dos semanas y que sustituye al Programa de Desarrollo Rural (PDR), y del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (FEMPA).

En materia pesquera también se anunció una nueva convocatoria de 800.000 euros para la renovación de embarcaciones de menos de doce metros.

A la reunión asistieron el viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García, y los directores generales de Agricultura, Ganadería y Pesca, Javier Gutiérrez Taño, Andrés Díaz Matoso y Armiche Ramos, y los consejeros insulares, Valentín González (Tenerife), Misel Álvarez (El Hierro), Noelia Morales (La Gomera), Alberto Paz (La Palma), Matías Peña (Fuerteventura), Samuel Martín (Lanzarote), y Miguel Hidalgo (Gran Canaria).

El presidente de Canarias y el consejero de Agricultura analizan con el ministro Planas el incremento de las ayudas del POSEI adicional y al agua de riego

En materia de pesca, el Ejecutivo canario plantea la mejora de la cuota de patudo y adelantar la campaña de atún rojo a enero de forma sistemática, y buscar una solución para los barcos que no pueden pescar en aguas de Marruecos por falta de acuerdo

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, junto al consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, abordaron hoy con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, las necesidades del sector primario canario. En la reunión mantenida este miércoles en Madrid se puso sobre la mesa, entre otros asuntos, el incremento de las ayudas al POSEI adicional y al agua de riego.

Otra de las peticiones del Ejecutivo canario planteadas en la jornada han sido el incremento de recursos para intensificar los controles en los Puestos de Inspección Fronteriza, de competencia estatal y actualmente infradotados, así como la defensa y protección de la Orden de 12 de marzo de 1987 que regula las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales. En la cita se ha requerido también el traspaso en 2024 de 36,7 millones de euros del Estado a la Comunidad Autónoma para atender el incremento del 20% en determinadas medidas a la ganadería del POSEI adicional (4,7 millones de la campaña 2022, adelantados por el Gobierno regional, y 32 millones correspondientes a 2023, que se deben abonar en 2024), que según establece el REF debe ser sufragado en su totalidad por el Estado.

“La escasez de recursos hídricos es otra de las preocupaciones del sector primario canario, por lo que hemos pedido al Gobierno de España que refuerce los fondos de las subvenciones destinadas a abaratar el sobrecoste de la extracción de agua de pozos y galerías, de la desalación y producción de aguas regeneradas para el riego agrícola hasta alcanzar los 13 millones de euros; y se incorpore el proyecto de modernización y mejora de los regadíos del nordeste de Lanzarote, con un coste total de 14 millones de euros, a las obras de regadío de interés general del Estado en el marco del convenio con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), así como la ampliación del proyecto de sudeste de La Palma para incorporar una obra que supone una inversión de 1,7 millones de euros”, explicó el jefe del Ejecutivo canario.

En relación al sector vitivinícola se planteó la necesidad de adaptar los Programas Nacionales de Apoyo al Sector Vitivinícola a la realidad de las regiones ultraperiféricas, donde la mayoría de bodegas son de pequeño tamaño, elemento que impide en muchas ocasiones poder participar en dicha acción, bien por la complejidad de la documentación o bien por los volúmenes de producción que imposibilitar realizar inversiones elevadas.

En materia agraria y en relación a La Palma, Clavijo y Quintero, insistieron en la necesidad de que ambas administraciones sigan apoyando a los agricultores afectados por la erupción volcánica en la isla, así como de defender ante la Comisión Europea el mantenimiento de las ayudas POSEI a estos productores.

En el ámbito pesquero las peticiones formuladas por Canarias pasan por la redistribución de la cuota de patudo para Canarias y la modificación de Plan de Pesca nacional de esta especie acogiéndose a la recomendación de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que insta a “prestar especial consideración a las necesidades y especificidades de los pescadores artesanales”.

En este sentido, el consejero Narvay Quintero explicó que se considera “necesaria la tramitación de las modificaciones reglamentarias pertinentes para conseguir que todos los barcos atuneros cañeros están ubicados en el mismo grupo con la cuota necesaria, así como lograr la redistribución de esta entre las diferentes flotas para garantizar el consumo total de la asignada a Canarias”.

El titular de Pesca señaló también que se ha planteado al Ministerio la búsqueda de una solución para los barcos que no pueden pescar en aguas de Marruecos por falta de acuerdo. Además, se propuso que el Gobierno de España estudie la posibilidad de la cofinanciación de las ayudas de Estado a la renovación de la flota pesquera canaria y de establecer un apoyo técnico mutuo al respecto.

Finalmente, se ha trasladó al ministro adelantar la campaña de atún rojo a enero de forma sistemática y que el POSEI Pesca quede fuera del FEMPA, es decir, que tenga un trato diferenciado para las RUP como ocurre con el POSEI agrario dentro de la PAC, tal y como propone el Consejo Consultivo de las RUP (CC RUP), “ya que el hecho de contar con esta financiación dentro de dicho programa de ayudas acarrea numerosos perjuicios que provocan retrasos en los pagos”, apuntó Quintero.

UPA despliega una estrategia coordinada para que la tecnología digital se convierta en una herramienta al alcance de las explotaciones agrícolas y ganaderas familiares

Hay personas e instituciones que tienen una imagen distorsionada de la agricultura familiar. Ahora que España puede contar, por primera vez en su historia, con una Ley que proteja y fomente este modelo productivo –cuya aprobación está prevista para esta legislatura– es importante romper los tópicos que arrastra y difundir la verdad de este modelo productivo.

La agricultura familiar en España, que UPA defiende y promociona a todos los niveles, es un modelo moderno, sostenible y competitivo, muy alejado de un modelo de subsistencia que puede existir en otros continentes o en décadas ya pasadas en nuestro país. La agricultura y ganadería familiar está conformada por más de 800.000 explotaciones en toda España, siendo el modelo mayoritario en todos los sectores y territorios.

Por lo tanto, el modelo familiar en España es un modelo de éxito, como lo corrobora la potencia productiva y exportadora del sector agroalimentario español. Si bien es cierto que en los últimos años nuestro sector primario no es ajeno a determinadas tendencias que afectan a la estructura de las explotaciones agrícolas y ganaderas. En la última década España ha perdido alrededor de 70.000 explotaciones, mientras que se produce un aumento del tamaño medio de explotación en un 8,92% en el conjunto nacional.

Tenemos menos explotaciones y más grandes, pero en alrededor del 80% de ellas seguimos encontrando que el titular o titulares son al mismo tiempo los gestores de las mismas. Es decir, que sigue predominando el modelo familiar, muy arraigado en la base de la agricultura y la ganadería y que, a pesar de las múltiples dificultades a las que tiene que hacer frente, sigue avanzando y evolucionando.

Los retos del campo

Los expertos coinciden en señalar que el cambio climático es el mayor reto que afronta el campo. Es un reto hoy y lo será aún más en el futuro, pues el calentamiento global seguirá agravándose año tras año. Sumado a ello, el sector vive un fuerte envejecimiento, con una media de edad de 61 años y con menos del 40% de los jefes de explotación con menos de 45 años, que convierte el relevo generacional en una tarea indispensable que España debe acometer sin demora.

La Ley de la Agricultura y la Ganadería Familiar debe tener este reto como uno de sus puntales. La incorporación de jóvenes al campo se produce de forma mucho más eficiente y lógica en forma de relevo familiar. Las dificultades de la profesión, la situación de mercado o el encarecimiento del acceso a la tierra son frenos insalvables en la mayoría de los casos para que personas ajenas al campo se incorporen a la actividad. Todas esas barreras son más fáciles de romper si se fomenta la incorporación de generaciones jóvenes de familias que ya se dedican a la producción de alimentos.

España debe sentar las bases para que los y las jóvenes vean la profesión de agricultor y ganadero como una tan digna como cualquier otra. Una profesión que les permita disfrutar de un proyecto de vida pleno, en el que puedan alcanzar los objetivos que se propongan y ser felices viviendo y trabajando en sus pueblos. Para ello es evidente que no hay recetas mágicas, sino políticas que deben ponerse en marcha de inmediato en muchos y muy diversos aspectos.

El papel de la digitalización

Hoy escuchamos numerosas opiniones de expertos de todo tipo y de representantes políticos de las instituciones europeas y nacionales que la digitalización es un proceso que debe extenderse a todos los ámbitos de la economía, y el sector primario no es una excepción. No cabe duda de que las herramientas digitales son ya cotidianas para la mayoría de sectores y trabajadores, también en el campo, y lo serán mucho más en el futuro.

Hoy cualquier agricultor y ganadero consulta la información meteorológica en las apps de su teléfono inteligente, que también utiliza para consultar la información de precios, para participar en los grupos de WhatsApp de su organización agraria, de su pueblo o de su cooperativa. El móvil se ha convertido en la oficina móvil de todos los agricultores y ganaderos españoles, con un enorme grado de penetración, mucho más del que tuvo nunca el ordenador personal, por sus propias características de movilidad.

Hoy el tractor guiado por GPS ha dejado de ser una rareza para pasar a ser un aliado habitual, sobre todo en cultivos extensivos. Cada vez más agricultores empiezan a disponer de mapas de rendimientos de sus parcelas y pueden controlar el riego de sus parcelas de forma remota. Los drones empiezan a sonar como una ayuda útil para agricultores y ganaderos, que empiezan a adquirir collares de monitorización del ganado a modo de cencerros digitales.

El catálogo de soluciones digitales aplicadas al trabajo de agricultores y ganaderos es ya amplio y lo será aún más en el futuro. Y los jóvenes que se van incorporando al campo tienen claro que las herramientas digitales serán algo habitual y necesario en la estructura de sus explotaciones.

UPA apoya la digitalización

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos trabaja desde hace varios años para que la digitalización llegue a las explotaciones familiares a las que defiende, apoya y representa. Como todo proceso de cambio y evolución, este conlleva unos esfuerzos y unos costes de transformación que pueden suponer una desventaja para los emprendimientos más pequeños. Y eso es algo que no podemos consentir.

Deben existir ayudas públicas fuertes que se repartan con un criterio de justicia social, para apoyar más a quienes más lo necesitan. UPA está trabajando para incluir estos criterios sociales en el reparto de los fondos que las Administraciones europea y central están dedicando a fomentar la transformación digital en todos los sectores de la economía, pero estos deben reforzarse aún más.

A partir de una orden conjunta, las consejerías se beneficiarán de una inversión directa que podrán destinar a diferentes proyectos, como la instalación de energías renovables o la mejora de la eficiencia energética en edificios públicos

Zapata: “Nuestra Consejería es una de las más transversales, por eso nos seguimos coordinando con el resto de áreas para que la transición hacia un modelo energético más sostenible se dé en todos los sectores”

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias destina 7´6 millones de euros de fondos Next Generation a las consejerías de Sanidad, Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y Agricultura, Ganadería y Pesca. Una inversión que estará destinada a seguir impulsando la autosuficiencia energética de las administraciones públicas.

Mariano H. Zapata, consejero de Transición Ecológica y Energía, ha apuntado a que “nuestra Consejería es una de las más transversales, por eso nos seguimos coordinando con el resto de áreas para que la transición hacia un modelo energético más sostenible se dé en todos los sectores, este es solo un paso más del trabajo que hemos ido realizando a lo largo de estos meses”. Asimismo, ha calificado el reparto como “fundamental” para “avanzar en la senda de la transición energética y lograr el objetivo de descarbonizar Canarias en el año 2040”.

“La instalación de renovables, la mejora de la eficiencia energética y el autoconsumo en las administraciones públicas son clave para la sostenibilidad de nuestras islas”, apuntó el consejero, añadiendo que “los servicios públicos tienen que dar ejemplo y fomentar e impulsar este tipo de medidas para que la ciudadanía también dé el paso y se una a la senda de la transición hacia un modelo donde primen las energías limpias”.

Finalmente, Zapata apuntó que “desde la Consejería de Transición Ecológica y Energía se colaborará con el resto de áreas para lograr que, paulatinamente, todos los sectores se unan a este modelo de futuro que buscamos para Canarias”.

Estos fondos, que forman parte de la Estrategia de Energía Sostenible en Las Islas, a cargo de fondos Next Generation, deberán formar parte de proyectos integrales que incluyan, tanto medidas de eficiencia como de instalación de energía renovable fotovoltaica integrada para autoconsumo.

Los 7´6 millones de inversión se reparten en función de las necesidades demandadas por cada una de las consejerías implicadas.

En primer lugar, la Consejería de Sanidad ha trasladado a la Dirección General de Energía la previsión de inversiones directas por un importe total de 5.270.000 euros, que tendrán como objetivo la instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo en los principales hospitales y centros de salud del archipiélago, así como en proyectos de eficiencia energética. Estas inversiones quedan enmarcadas en la Estrategia Salud Zer0 Emisiones Netas 2030 del SCS, una ambiciosa iniciativa que pretende lograr la descarbonización de los servicios sanitarios en una década.

Por su parte, Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, destinará 2 millones de euros, que fundamentalmente se destinarán a la instalación de energía solar fotovoltaica para el autoconsumo en 28 institutos y centros integrados de formación profesional repartidos por toda Canarias, reduciendo el consumo y, por tanto, el gasto; mejorando la sostenibilidad y evitando problemas en unas instalaciones, que, hasta ahora, adolecían de falta de inversión, una inversión que se suma a otros proyectos en esta línea.

Finalmente, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria ha solicitado 400.000 euros que serán destinados a la instalación de energía solar fotovoltaica en escuelas de capacitación agraria, cofradías de pescadores e institutos de FP Marítimo Pesquero en varias islas del archipiélago.

Esta actuación ha recibido una subvención de 523.248,13 euros con cargo a la medida 4.3 del PDR, destinada a inversiones en infraestructuras para el desarrollo, modernización o adaptación de la agricultura y la silvicultura

El director general de Agricultura, Javier Gutiérrez Taño, asistió el viernes pasado, 19 de enero, a la puesta en marcha del Pozo de Costa Las Breñas en Breña Alta (La Palma). Este proyecto, que aborda el acondicionamiento, electrificación en media y baja tensión, bombeo e instalación de conducción de aducción del pozo de captación de aguas destinadas al riego agrícola, cuenta con una inversión total de 1.162.773,64 euros.

Esta actuación ha recibido una subvención de 523.248,13 euros con cargo a la medida 4.3 del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Canarias, la cual se destina a inversiones en infraestructuras para el desarrollo, modernización o adaptación de la agricultura y la silvicultura.

Se trata de un pozo de tipo tradicional, con un diámetro de 3 metros y una profundidad aproximada de 206,52 metros desde el piso del brocal. Su activación permite aportar caudales a la futura red de San Miguel, además de aprovechar la aducción de este depósito para bombear agua hasta el Complejo Hidráulico de Aduares, desde donde puede ser elevada hasta el Valle de Aridane o ser vertida en el depósito de riego de Aduares.

Por lo tanto, estas acciones posibilitan la incorporación de nuevos caudales al sistema hidráulico de transporte insular, asegurando el suministro tanto para la vertiente este a través del Canal General La Palma I (Barlovento – Fuencaliente), como para la vertiente oeste mediante el Eje Aduares-Hermosilla.

La aportación al sistema hidráulico insular es de 67,2 m3, contribuyendo así a paliar la situación de sequía prolongada que padece la isla de La Palma.

El miembro del Ejecutivo canario destacó la colaboración y aportaciones de esta instalación entre diversas administraciones y entidades para la puesta en marcha, entre las que se encuentran el Gobierno de Canarias, el Cabildo de la Palma, la Comunidad de Riegos Comarca Santa Cruz de La Palma – Breñas – Mazo, y las distintas empresas que han intervenido en la obra.