La diversificación económica es clave para las islas porque reduce la dependencia del exterior, aumenta la resiliencia ante crisis externas y genera empleo más estable. Además, permite aprovechar mejor los recursos propios, protege el territorio y favorece un desarrollo sostenible con mayor equilibrio social y capacidad de futuro. En Gran Canaria, el modelo de ecoísla que defendemos avanza en este sentido

Más allá del modelo turístico, que representa el 35% del PIB insular, impulsamos la economía circular, la movilidad sostenible, la economía verde, el sector audiovisual, las políticas de cuidados, deportivas y culturales, la innovación y la digitalización, la industria y el comercio, la soberanía alimentaria, las acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático o la economía azul

Los datos avalan en estos momentos el papel de Gran Canaria como motor de la economía azul en Canarias. Según el Informe de Economía Azul en Gran Canaria elaborado por la SPEGC, con el aporte fundamental del Informe del CETECIMA de Actividad de la Economía Azul en Canarias 2024, la producción total desee sector en Canarias alcanzó en 2022 los 3.521,8 millones de euros, lo que equivale al 7,18 % del PIB regional.

De esa cifra, Gran Canaria genera 1.901,3 millones de euros, es decir, el 54 % de toda la producción azul del archipiélago, y un 3,87 % del PIB regional canario atribuible exclusivamente a la isla. Muy por detrás se sitúan Tenerife, con el 19 %, y Lanzarote, con el 13 % de la producción regional.

En términos insulares, la producción de la economía azul en Gran Canaria (1.901,3 millones de euros, sobre un PIB insular de 18.786,4 millones de euros) supone un peso directo del 10,12 % del PIB. Incorporando estimaciones conservadoras de actividades no plenamente cuantificadas —desalación, biotecnología marina y energías renovables offshore—, la aportación se sitúa entre el 10,5 % y el 11 % del PIB insular. Además, la isla concentra el 90 % de la producción regional en reparación naval, el 71,7 % en puertos y servicios portuarios y el 69,8 % en pesca, liderando prácticamente todos los subsectores de la economía azul.

Para que nos hagamos una dimensión real de este salto importante de la economía azul, recuerden que la industria en Canarias representa un 2,8% del PIB y que si sumamos industria+construcción llegamos a un 5,8% del PIB

Las actividades económicas vinculadas al mar son ya un pilar estructural de la economía de Gran Canaria, con un nivel de especialización muy superior a la media regional y un papel central como motor logístico, industrial y portuario del archipiélago. La isla se consolida así como el principal nodo azul en Canarias y como un referente en el ámbito atlántico.

En un momento en el que los territorios buscan modelos de desarrollo más sostenibles, resilientes y menos dependientes de sectores volátiles, el mar se ha convertido en una de las grandes oportunidades del siglo XXI. Esta economía, basada en el aprovechamiento responsable de los recursos marinos y costeros, ha pasado de ser un concepto emergente a un pilar estratégico para regiones con fuertes vínculos con el oceáno. En Canarias, y de manera muy destacada en Gran Canaria, esta transformación ya no es una promesa de futuro, sino una realidad económica medible.

Este modelo económico propone una visión integral del mar como fuente de riqueza, empleo, innovación y conocimiento, pero también como un ecosistema que debe ser protegido. Bajo este enfoque conviven actividades tradicionales como la pesca o los servicios portuarios con sectores altamente tecnológicos como la biotecnología marina, las energías renovables offshore o la investigación oceanográfica. En un contexto global marcado por el cambio climático y la presión sobre los recursos naturales, este modelo se presenta como una alternativa necesaria y estratégica.

Gran Canaria es, ante todo, un territorio oceánico. Más del 90 % de su superficie es mar, un dato que explica su historia, su cultura y su posición geoestratégica. El océano ha sido durante siglos vía de comunicación, fuente de alimento y espacio de intercambio comercial. Hoy, además, se ha convertido en uno de los principales ejes de diversificación económica de la isla.

La economía azul en Gran Canaria engloba un amplio abanico de actividades vinculadas directa o indirectamente al mar, desde la logística portuaria y la reparación naval hasta el turismo náutico, la acuicultura sostenible o la investigación científica. Este ecosistema productivo, como ya señalé anteriormente, no solo genera riqueza, sino que contribuye a reforzar el músculo de la economía insular frente a condicionantes geoestratécios o geopolíticos.

Uno de los grandes pilares de este modelo es el Puerto de Las Palmas, una infraestructura clave en el Atlántico medio. Su ubicación estratégica lo ha convertido en un nodo fundamental para las rutas marítimas entre Europa, África y América, consolidando a Gran Canaria como plataforma logística de primer nivel.

En torno al puerto se concentra un potente tejido empresarial ligado a los servicios a buques, la reparación y construcción naval, el suministro energético, el transporte marítimo y las actividades offshore. Este conjunto de sectores genera miles de empleos y explica buena parte del liderazgo de la isla en la economía azul regional.

Otro ámbito esencial es la desalación de agua de mar y la gestión del ciclo integral del agua. En un territorio con escasos recursos hídricos naturales, esta actividad resulta estratégica para garantizar el abastecimiento a la población, al sector turístico y a la agricultura. Gran Canaria ha sido y es pionera en el desarrollo de tecnologías de desalación, impulsando mejoras en eficiencia energética y reducción del impacto ambiental.

Las energías marinas y las renovables vinculadas al mar representan, además, uno de los grandes campos de futuro. Las condiciones oceánicas y climáticas de la isla favorecen el desarrollo de la energía eólica marina, la energía de las olas y otros sistemas experimentales. Más allá de la generación eléctrica, este sector abre oportunidades en investigación, ensayo, mantenimiento y transferencia tecnológica, contribuyendo a la transición energética y a la reducción de la dependencia de combustibles fósiles. ¡Cuánto está tardando el gobierno central para hacerla posible en nuestra isla!

La acuicultura marina sostenible se ha consolidado como una actividad complementaria a la pesca tradicional. Gestionada bajo criterios ambientales rigurosos, permite producir alimentos de calidad, generar empleo local y fomentar la innovación tecnológica. La pesca artesanal, por su parte, mantiene un papel relevante no solo por su aportación económica, sino también por su valor social, cultural y patrimonial.

El turismo costero y las actividades náutico-deportivas constituyen otro de los ejes de la economía azul en Gran Canaria. Deportes como el surf, la vela o el buceo, junto al turismo náutico o los cruceros, diversifican la oferta turística y generan oportunidades ligadas al ocio, la formación especializada y los servicios avanzados.

Gran Canaria destaca también como polo de conocimiento vinculado al mar. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria alberga centros de referencia como el Banco Español de Algas, el Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-ECOAQUA) o el Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG). A ellos se suman infraestructuras estratégicas como la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), situada en Taliarte, el gran espacio estratégico de desarrollo azul que impulsa el Cabildo de Gran Canaria

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC) completan este ecosistema impulsando proyectos de biotecnología azul, acuicultura sostenible y emprendimiento innovador, como la plataforma Bioasis o la Incubadora de Alta Tecnología Marino-Marítima.

Salto de Chira es una infraestructura clave para profundizar en la economía azul de Gran Canaria. Gracias a esta central hidroeléctrica, la isla podrá integrar de forma segura energías marinas como la eólica offshore superando el problema de la intermitencia. Además, facilita que la desalación de agua de mar, actividad estratégica de este modelo económico, funcione con mayor peso de energías limpias, reduciendo costes y emisiones. Hará de infraestructura habilitadora para hacer posible una economía azul más sostenible, innovadora y fuerte.

Más allá de los datos, el reto ahora es mantener este liderazgo con una visión de largo plazo. Apostar por la economía azul implica coordinación institucional, inversión en conocimiento, apoyo al tejido empresarial y una ciudadanía consciente del valor del mar. En Gran Canaria, el océano no solo define su geografía: se perfila como una de las claves más sólidas para construir un futuro sostenible, innovador y competitivo.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Hace apenas una década, el devenir político propició el nacimiento de una formación que, desde entonces, ha encontrado su razón de ser en La Gomera. La irrupción de Agrupación Socialista Gomera en el tablero político canario supuso un cambio de paradigma: no solo alteró la configuración de las mayorías parlamentarias en la Cámara autonómica, sino que contribuyó a consolidar un modelo político distinto, en el que las islas tradicionalmente más olvidadas recuperaban peso y voz en las instituciones canarias

Aquel proyecto, nacido de la convicción de dar continuidad a una manera de gestionar lo público desde la responsabilidad —centrando la acción de gobierno en las personas—, ha representado una oportunidad histórica para la ciudadanía gomera. Desde entonces, hemos asistido a un punto de inflexión: por primera vez, las demandas de las denominadas Islas Verdes comenzaban a ser abordadas como asuntos verdaderamente relevantes.

Si miramos atrás, iniciativas como la interconexión eléctrica con Tenerife, la bonificación al combustible o la conexión aérea directa con Gran Canaria parecían inasumibles para los gobiernos de entonces. Sin embargo, para nosotros eran objetivos irrenunciables. Y hoy, por citar algunos ejemplos, esas metas ya son una realidad que incide de forma directa en el bienestar de los gomeros. Logros palpables en el día a día que evidencian una idea esencial: el trabajo, la constancia y la confianza que la ciudadanía nos ha otorgado en cada cita electoral son determinantes para alcanzar resultados.

Pero no nos conformamos con los grandes anuncios, la política de galería o el enfrentamiento estéril. Preferimos hablar de personas y de proyectos; de incentivos públicos, de becas, de movilidad sostenible, de descarbonización, de atención sanitaria y sociosanitaria. Preferimos hablar de hechos concretos, como los 5.000 gomeros que durante el último año se beneficiaron directamente de distintas líneas de cooperación, con recursos que superaron los 12 millones de euros.

Cada euro movilizado es un alivio para la economía familiar; un impulso para quien emprende en la isla; o una oportunidad para nuestros mayores, que cuentan con programas específicos en cada municipio para ganar en salud y bienestar. Son medidas que suman, que llegan a los hogares y que fijan con claridad nuestro reto principal: mejorar la calidad de vida de las personas.

Este camino, no exento de dificultades, forma parte del día a día de quienes asumimos la responsabilidad de representar a la ciudadanía en instituciones como el Senado o el Parlamento de Canarias —en este último, con grupo parlamentario propio—, así como de dirigir la acción de gobierno desde el Cabildo y los ayuntamientos. Con aciertos y errores, sí, pero siempre con la obligación permanente de estar al lado de la gente, desde la escucha activa y el ejercicio de una política útil.

En un tiempo marcado por el enfrentamiento, los bulos constantes y el avance de corrientes extremistas que pretenden erosionar nuestros espacios de convivencia, conviene detenerse unos minutos y reflexionar —aunque sea en voz baja— para valorar lo que tenemos más cerca. Y, sobre todo, para no caer en el error de dar por buenos a quienes anteponen el oportunismo a la gestión.

Nosotros, Agrupación Socialista Gomera, seguiremos estando al lado de la gente: al lado de los gomeros, de los canarios y, por supuesto, en la defensa de los intereses comunes para avanzar hacia un archipiélago de iguales.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

El sector primario canario atraviesa uno de los momentos más delicados de las últimas décadas. Agricultura, ganadería y pesca se encuentran en una encrucijada marcada por decisiones que se están tomando fuera del archipiélago, principalmente en el ámbito europeo aunque también en el del Gobierno español, pero cuyas consecuencias recaen de forma directa sobre un territorio ultraperiférico con marcadas singularidades económicas, sociales y ambientales

Las posibles modificaciones del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), el avance del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, el debate en torno a la pesca del atún mediante redes de cerco y la entrada en vigor de nuevas normas de control pesquero que afectan a la flota artesanal configuran un escenario de gran incertidumbre para el campo y el mar canarios.

El POSEI ha sido, desde su creación, una de las principales herramientas de compensación de los sobrecostes estructurales que sufren las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea. En el caso de Canarias, este programa -que inyecta 300 millones anuales al sector- ha permitido sostener producciones agrarias y ganaderas que, sin ese apoyo, difícilmente podrían competir en un mercado único diseñado para territorios continentales. La insularidad, la fragmentación del territorio, la lejanía de los principales mercados y la dependencia del transporte marítimo encarecen tanto la producción como la comercialización, situando a los productores canarios en clara desventaja frente a competidores de otras regiones europeas. Así está reconocido expresamente en el artículo 349, que costó tanto conseguir, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Durante años, el POSEI ha servido para garantizar el abastecimiento del mercado interior, apoyar cultivos estratégicos como el plátano, el tomate o la vid y mantener viva una actividad económica que cumple también una función social, territorial y ambiental. No obstante, en el contexto de las negociaciones del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, han surgido propuestas que apuntan a una posible integración del POSEI dentro de instrumentos más generales de la Política Agrícola Común. Esta opción supondría diluir el carácter específico del programa y poner en riesgo su financiación directa, vinculada precisamente al reconocimiento de las desventajas permanentes de las regiones ultraperiféricas.

Cualquier debilitamiento del POSEI tendría consecuencias inmediatas sobre la viabilidad de miles de explotaciones. En un contexto de aumento de los costes energéticos, encarecimiento de los insumos y presión creciente sobre los precios en origen, perder un instrumento diseñado a medida del archipiélago aceleraría el abandono del campo, aumentaría la dependencia exterior y comprometería la ya frágil soberanía alimentaria de las islas. Es necesario, igualmente, que se extienda una filosofía similar al ámbito pesquero, con un POSEI específico para la pesca y la acuicultura que tenga en cuenta los costes particulares de la flota canaria.

Paralelamente, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur supone una amenaza adicional. Aunque el pacto persigue la liberalización del comercio entre ambos bloques y se presenta como una oportunidad para determinados sectores industriales y exportadores, el sector primario europeo, y especialmente el de las regiones más vulnerables, se verá seriamente afectado con la apertura del mercado comunitario a productos agrarios procedentes de países con menores costes de producción y normativas diferentes en materia ambiental, sanitaria y laboral.

En el caso canario, la inquietud es doble. Por un lado, la entrada de productos agrícolas a precios más bajos ejercerá una presión a la baja sobre los precios locales, haciendo inviable la producción en un territorio donde los costes son estructuralmente superiores. Por otro, no genera ninguna confianza la aplicación de “cláusulas espejo”, para que los productos importados de terceros países estén sujetos a los mismos estándares sanitarios, medioambientales, laborales y de bienestar animal que se exigen a los productores europeos.

La combinación de un POSEI debilitado y un acuerdo comercial de gran alcance como el de Mercosur es un cóctel extremadamente peligroso. La pérdida de ayudas específicas, unida a una mayor presión competitiva en el mercado, acelerará la desaparición de explotaciones agrarias y ganaderas, con efectos en cascada sobre el empleo, el paisaje, la cohesión territorial y la economía rural. En este contexto, es imprescindible que Canarias, en su condición de región ultraperiférica, sea tenida en cuenta no solo en las políticas de cohesión, sino también en los grandes acuerdos comerciales de la Unión.

En el ámbito pesquero, el debate se intensifica en torno a la posible introducción o ampliación de técnicas de pesca industrial, especialmente el uso de redes de cerco para la captura de atún. La pesca del atún es una actividad estratégica para la flota artesanal canaria, que tradicionalmente ha utilizado métodos altamente selectivos, como el anzuelo, con un impacto ambiental reducido y una elevada calidad del producto. La entrada de flotas industriales o la autorización de técnicas como el cerco con grandes redes supone una amenaza directa a este modelo y elimina la zafra de la pesca del atún que es la que mantiene viva en la actualidad a nuestra flota pesquera artesanal. La utilización de pescado de la zona para alimentar a las crías de atún, con ratios de 15:1 sería realmente insostenible y realmente dañina para la fauna local.

Las organizaciones de pescadores y también el Cabildo de Gran Canaria han alertado de que la pesca industrial del atún altera los equilibrios del caladero, reduce la disponibilidad del recurso para la flota local y provoca un impacto ecológico significativo, especialmente si se utilizan dispositivos de agregación de peces. Más allá del daño ambiental, el riesgo principal es socioeconómico: la flota artesanal no puede competir con la capacidad extractiva ni con la escala de la pesca industrial, lo que podría llevar a la desaparición de un sector que genera empleo y forma parte de la identidad cultural de Canarias.

A esta preocupación se suman las nuevas normas europeas de control pesquero que han entrado en vigor recientemente con el objetivo de reforzar la trazabilidad, mejorar la gestión de los recursos y luchar contra la pesca ilegal. Aunque el principio de sostenibilidad es compartido por el sector, la aplicación práctica de estas normas ha generado un fuerte malestar entre los pescadores artesanales canarios. Muchas de las obligaciones administrativas y tecnológicas que se exigen, como el registro electrónico detallado de capturas o los avisos previos de llegada a puerto, están diseñadas para flotas de mayor tamaño y no se adaptan a la realidad de pequeñas embarcaciones de bajura.

Para la pesca artesanal, estas exigencias suponen un aumento de los costes y una carga burocrática difícil de asumir. La falta de adaptación normativa a las particularidades de Canarias puede convertir una actividad tradicional y sostenible en económicamente inviable. Las cofradías advierten de que, si no se introducen excepciones o ajustes específicos, muchas embarcaciones se verán obligadas a abandonar la actividad, con la consiguiente pérdida de empleo y de conocimiento tradicional.

En conjunto, las tensiones actuales reflejan un problema de fondo: la dificultad de encajar políticas europeas de carácter general en territorios con características excepcionales como Canarias. La defensa del sector primario no pasa por rechazar la sostenibilidad, la modernización o el comercio internacional, sino por exigir que estos procesos tengan en cuenta la singularidad insular y ultraperiférica. El futuro del campo y del mar canarios depende de que la Unión Europea mantenga instrumentos específicos, escuche a los territorios afectados y diseñe políticas que no sacrifiquen a los sectores más frágiles en nombre de un mercado globalizado.

Y como señalé en mi artículo de la semana pasada, pasados los años, la UE y el Gobierno español de turno, se darán cuenta del error y del daño producido, como acaban de reconocer con la casi desaparición del tomate canario cuya fortaleza estaba en Gran Canaria. El Tribunal de Cuentas Europeo acaba de certificar que las ayudas comunitarias no han servido para proteger al tomate canario frente a las importaciones marroquíes. Se dan cuenta muy tarde, después de que lo mataran. Lo mismo que hicieron con la pesca artesanal situándola al borde del precipicio.

Desde el Cabildo de Gran Canaria, comprometido con la defensa del sector primario, la soberanía alimentaria y el desarrollo sostenible, consideramos imprescindible alzar la voz y trasladar a las instituciones competentes nuestra oposición a unas medidas que ponen en riesgo el presente y el futuro del campo canario. De esta manera reafirmamos el compromiso del Gobierno de la isla con la defensa del sector primario, la soberanía alimentaria, el producto local y el mantenimiento de un medio rural vivo y sostenible.

En última instancia, lo que está en juego no es solo la rentabilidad económica de unas actividades productivas, sino un modelo territorial, social y cultural que ha dado forma a Canarias durante siglos. Preservar el sector primario significa también comer más fresco y más sano y proteger el paisaje, la biodiversidad, la lucha contra los incendios, la reducción de la huella ecológica en el consumo de alimentos, la identidad y la capacidad del archipiélago para decidir sobre su propio abastecimiento y su relación con el entorno. No podemos aceptar que otros decidan por nosotros qué comemos, en qué condiciones y a qué precio. La respuesta que se dé hoy a estos desafíos marcará el rumbo del sector primario canario durante las próximas décadas.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

La falta de conectividad en un territorio fragmentado como el nuestro es comparable a vivir en una casa con los cimientos defectuosos. Puede que desde fuera no siempre se perciba el problema en toda su magnitud, pero quien lo padece a diario sabe que condiciona su vida, sus oportunidades y su futuro. Eso es exactamente lo que ocurre hoy entre El Hierro, La Gomera y La Palma

Para muchos, la ausencia de conexiones directas entre estas islas puede parecer un inconveniente menor, una molestia asumible en un archipiélago. Sin embargo, para los ciudadanos herreños, palmeros y gomeros, esta realidad supone dedicar más del doble —o incluso el triple— de tiempo para desplazarse de una isla a otra, con la obligación casi permanente de hacer escala en Tenerife o Gran Canaria. Un trayecto que podría resolverse en 30 o 40 minutos acaba convirtiéndose en un viaje de al menos cuatro horas, con el consiguiente desgaste personal, económico y social.

Esta situación no es neutra. Penaliza la movilidad cotidiana, encarece la actividad económica y limita el acceso efectivo a oportunidades laborales, sanitarias, educativas y administrativas. En definitiva, acentúa la desigualdad entre canarios y rompe el principio de cohesión territorial que debería guiar cualquier política pública en una comunidad autónoma fragmentada por definición.

La conectividad no es un asunto accesorio ni una reivindicación insularista. Es una condición básica para el desarrollo económico y social equilibrado de Canarias. Nuestra geografía nos obliga a entender que solo podemos relacionarnos entre islas por vía marítima o aérea, y por eso garantizar esas conexiones en condiciones razonables de continuidad, frecuencia y accesibilidad no es un privilegio, sino un derecho.

Esta realidad, cuya solución lleva demasiado tiempo agonizando, es el reflejo de que aún nos queda camino por recorrer para sortear los desafíos de nuestra condición insular. No basta con asumir las barreras del Atlántico como un hecho inevitable; toca derribarlas con decisiones políticas valientes y con instrumentos eficaces.

Ha llegado el momento de determinar, de una vez por todas, una salida real a este problema. Y esa salida pasa por trabajar con seriedad y rigor en la declaración de obligaciones de servicio público, tanto aéreas como marítimas, que permitan conectar de forma directa y estable a El Hierro, La Palma y La Gomera. No es razonable que moverse entre las Islas Verdes exija más tiempo y más esfuerzo que un viaje entre Tenerife y una gran capital europea.

Hablar de obligaciones de servicio público es apostar por un desarrollo equilibrado que no deje atrás a quienes viven en las islas con mayores dificultades de acceso. Y es, también, asumir que Canarias solo será verdaderamente una cuando todos sus ciudadanos puedan moverse, trabajar y vivir en igualdad de condiciones, con independencia de la isla en la que residan.

Porque sin conectividad, los cimientos de nuestra casa común seguirán siendo frágiles. Y Canarias no puede permitirse seguir construyendo su futuro sobre bases tan desiguales.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

Como presidente del Cabildo de Gran Canaria me debo a la defensa del interés general de esta isla y me siento en la obligación, por tanto, de manifestar mi opinión -ya lo he hecho en otras ocasiones- sobre el marco de relaciones que se nos propone para con Marruecos y sus derivas para Canarias, para Gran Canaria y, especialmente, para el puerto de La Luz y Las Palmas. Lo hago días después de que una delegación de nuestra Comunidad Autónoma, encabezada por su presidente, Fernando Clavijo, visitara Marruecos para, según se nos dijo, generar espacios de colaboración económica entre el país alauita y Canarias

El diálogo entre los pueblos y establecer relaciones de buena vecindad es siempre bueno. Pero no es de recibo que se haga con las cartas marcadas y con la espada de Damocles de las exigencias marroquís de anexión de nuestros minerales y tierras raras del Monte Tropic, nuestras aguas territoriales y la seguridad aérea del Sáhara Occidental. Por eso es más necesario que nunca que los resultados de este viaje último a Agadir y su zona de influencia se trasladen a la sociedad canaria con total transparencia. Se nos debe mostrar nítidamente los beneficios reales que se han producido para nuestra tierra.

Y me preocupa, además de esa “visión atlántica” de Marruecos y sus ambiciones sobre Canarias, la estrategia portuaria diseñada por el país vecino en el Atlantico Oriental. Dice Fernando Clavijo que los puertos canarios y marroquís “deben actuar de manera complementaria y no competitiva”, repitiendo los mismos argumentos que las autoridades andaluzas expresaron en relación a los puertos de Algeciras y Tánger, hasta que este último ha terminado por fagocitar buena parte de la actividad del puerto gaditano. Curiosamente, en esos mismos días el expresidente de la autoridad portuaria de Santander, Jaime González, nos dejó claro, en declaraciones a este medio, que los puertos marroquís son la principal amenaza para los “hubs” portuarios de Canarias.

El Atlántico oriental vive una reconfiguración silenciosa pero profunda. Los flujos marítimos, las decisiones de las grandes navieras y las estrategias estatales están redefiniendo el equilibrio logístico entre Europa y África. En ese proceso, Marruecos ha emergido como un actor central, utilizando sus puertos no solo como infraestructuras económicas, sino como instrumentos de política geoestratégica. Esta transformación plantea riesgos reales de competencia para el Puerto de Las Palmas, riesgos que no son meramente comerciales, sino profundamente políticos.

Al mismo tiempo, el impacto de este fenómeno es claramente asimétrico dentro de Canarias, afectando mucho más al Puerto de La Luz y de Las Palmas que al Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Quizás sea por esto que a algunos les preocupe poco esa competencia real con el puerto grancanario. Quizás por eso no se esté valorando en toda su dimensión el daño que se le hace.

El contraste con el Puerto de Santa Cruz de Tenerife es significativo. Su perfil es marcadamente distinto: tráfico regional, cabotaje, cruceros y mercancía con origen o destino canario. No aspira a ser un hub intercontinental ni compite por el gran transbordo o el bunkering a escala global. Esta menor ambición internacional actúa, paradójicamente, como un factor de protección. Santa Cruz no es un objetivo estratégico para Marruecos, ni un elemento central en la disputa logística entre la UE y el norte de África. Su exposición a la competencia marroquí es indirecta y limitada, y en segmentos como el turismo de cruceros incluso puede beneficiarse de una especialización más clara dentro del sistema portuario canario.

A diferencia de otros países donde el desarrollo portuario responde principalmente a dinámicas de mercado, Marruecos ha construido un modelo portuario de Estado. Tánger Med, Agadir y el emergente Puerto Atlántico de Dajla no compiten entre sí, sino que forman parte de una arquitectura planificada, con funciones diferenciadas y un objetivo común: posicionar al país como plataforma logística clave entre Europa, África y las grandes rutas marítimas globales.

Tánger Med es el ejemplo más evidente. En poco más de una década se ha convertido en uno de los mayores hubs del Mediterráneo y de África, superando en volumen de contenedores a puertos históricos del sur de Europa. Su éxito se explica por una combinación de factores: fuerte inversión pública, costes laborales y regulatorios más bajos que los europeos, zonas francas altamente competitivas y una integración estratégica con las grandes navieras internacionales, que han redibujado sus rutas para priorizar escalas en el enclave marroquí. Un ejemplo claro es el de la naviera noruega Maersk que dejó Algeciras para irse a ese puerto..

Agadir refuerza este sistema desde un perfil más sectorial, vinculado a la exportación agro-pesquera y a la logística regional. Representa una amenaza más acotada, pero es el proyecto del Puerto Atlántico de Dajla el que introduce una dimensión nueva y más inquietante para Canarias. Concebido como puerto de aguas profundas y orientado a África Occidental y el Sahel, Dajla -en contra del derecho internacional al estar construyéndose en territorio ocupado- aspira a captar tráficos que históricamente han encontrado en Las Palmas un punto natural de escala, redistribución y servicios.

El Puerto de Las Palmas ha sido, durante décadas, una pieza clave en el Atlántico medio. Su valor no reside únicamente en el volumen de mercancías, sino en su función como nodo de servicios marítimos avanzados: bunkering, reparaciones navales, apoyo a flotas pesqueras y offshore, y redistribución logística hacia África Occidental. Esta centralidad lo ha convertido en un activo estratégico para España y para la Unión Europea.

Sin embargo, esa misma posición explica su vulnerabilidad. Los segmentos en los que Las Palmas es fuerte coinciden exactamente con aquellos que Marruecos busca desarrollar y captar. La consolidación de Tánger Med ya ha reducido la importancia relativa de algunos puertos españoles en las grandes rutas, y la futura operatividad de Dajla introduce una presión adicional sobre el papel histórico de Las Palmas como hub atlántico intermedio.

No se trata de una amenaza inmediata ni de un “sorpasso” automático, pero tampoco que tarde en suceder veinte años. Estamos ante un auténtico riesgo estructural. A medio plazo, la combinación de menores costes, mayor respaldo estatal y creciente atractivo para las navieras puede erosionar la centralidad de Las Palmas si no se adoptan medidas estratégicas claras.

Uno de los elementos más delicados de este escenario es el marco europeo. Los puertos comunitarios operan bajo regulaciones ambientales y sociales cada vez más exigentes. Medidas como el sistema ETS aplicado al transporte marítimo o las normativas FuelEU incrementan los costes operativos, especialmente en puertos periféricos como los canarios. Los puertos marroquíes, por el contrario, no están sujetos a estas obligaciones en la misma medida. Esto genera una distorsión competitiva evidente: competir en el mismo mercado global con reglas diferentes. La paradoja se acentúa cuando se constata que parte del desarrollo portuario marroquí cuenta con financiación de entidades en las que participa la propia UE.

Luego se darán cuenta del error, como acaban de reconocer con la casi desaparición del tomate canario cuya fortaleza estaba en Gran Canaria: el Tribunal de Cuentas Europeo acaba de certificar que las ayudas comunitarias no han servido para proteger al tomate canario frente a las importaciones marroquís. Se dan cuenta muy tarde, después de que lo mataran, al igual que hicieron con la pesca artesanal.

Desde la perspectiva europea, Marruecos es un socio estratégico para la estabilidad regional y la proyección hacia África. Pero esa lógica tiene un efecto colateral: externalizar funciones logísticas fuera del territorio comunitario, debilitando puertos europeos que cumplen un papel geoestratégico clave, como Las Palmas.

La posición española no es sencilla. Las relaciones con Marruecos se han convertido en un eje central de la política exterior, especialmente en ámbitos como la migración, la seguridad y la energía. En ese contexto, la defensa activa de los intereses portuarios canarios no siempre aparece como una prioridad explícita. El resultado es una sensación de desprotección estratégica: Las Palmas es un activo europeo de primer orden, pero no siempre es tratado como tal en las decisiones políticas de mayor alcance.

El ascenso portuario marroquí no es un fenómeno coyuntural, sino parte de una transformación profunda del Atlántico oriental. Las Palmas está en el centro de esa transformación y por ello afronta riesgos reales que combinan economía, geopolítica y regulación europea. Santa Cruz de Tenerife, en cambio, permanece relativamente al margen de esta disputa estratégica. Y vuelvo a repetir que quizás sea por eso que en algunos ámbitos políticos eso importe menos.

El verdadero desafío para Canarias no es elegir entre cooperación o confrontación con Marruecos, sino definir una estrategia portuaria coherente y diferenciada, que reconozca el valor geopolítico de Las Palmas como activo europeo. Si esa estrategia no se articula con claridad, el riesgo no es el debilitamiento del principal puerto canario sino algo más sutil y preocupante: la pérdida progresiva de centralidad estratégica de Canarias en el Atlántico oriental en un momento en que el control de las rutas marítimas vuelve a ser, como tantas veces en la historia, una cuestión de poder.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Hay días que no se olvidan. Días que no son un acto más en la agenda institucional, sino un punto de inflexión. La inauguración de la interconexión eléctrica entre La Gomera y Tenerife es uno de esos momentos que marcan un antes y un después. No solo por lo que representa desde el punto de vista técnico, sino por lo que significa en términos de seguridad y futuro para nuestra isla

Durante demasiado tiempo, La Gomera ha vivido con la fragilidad de un sistema aislado. Un modelo en el que cualquier incidencia se convierte en una amenaza mayor y en el que el riesgo del “cero energético” deja de ser una posibilidad remota para convertirse en una realidad que ya hemos sufrido. Lo vivimos en julio de 2023 y lo hemos vuelto a comprobar en enero de este mismo año.

Por eso conviene decirlo alto y claro: el suministro eléctrico no es solo una cuestión de comodidad. Es salud, es seguridad, es economía y es vida diaria. Es el funcionamiento de un hospital, de una residencia, de un colegio o de una empresa. Es la tranquilidad de un hogar. Y, en una isla, esa tranquilidad no puede depender de la suerte o de la capacidad de respuesta ante una avería.

La interconexión que entra en funcionamiento une la subestación de Chío, en Guía de Isora (Tenerife), con la de El Palmar, en La Gomera. Un doble circuito subterráneo-submarino de 36 kilómetros que alcanza una profundidad máxima de 1.145 metros. Son cifras que impresionan, sí. Pero lo verdaderamente importante es lo que permiten: dejar atrás el aislamiento energético, avanzar hacia un sistema más seguro y estable, y facilitar una mayor integración de energías renovables.

Este enlace abre una puerta doble: la de importar energía cuando sea necesario, pero también la de exportar cuando haya excedente. Y esto es clave porque La Gomera no parte de cero en el camino hacia un modelo energético más limpio. Pero sería un error quedarnos solo en la celebración. Este logro no significa que todo esté hecho. Significa que hemos superado una barrera histórica y que ahora toca afrontar nuevos desafíos con responsabilidad.

El primero es evidente: culminar el cierre del anillo eléctrico insular por el sur. Sin ese paso, no tendremos una red de distribución realmente robusta, con capacidad de respuesta ante incidencias y con una estructura equilibrada y eficiente. El segundo reto pasa por reforzar los programas de conservación y mantenimiento de la red, porque de nada sirve una gran infraestructura si no garantizamos que la energía llegue con continuidad y calidad a cada hogar y a cada empresa.

Y el tercero, el más ambicioso y también el más ilusionante, es seguir avanzando hacia la autosuficiencia energética. Apostar por más renovables, especialmente energía solar en hogares, empresas y edificios públicos. Porque la transición energética no es una moda: es una obligación frente al cambio climático y una oportunidad para modernizar nuestra economía. En ese camino, La Gomera ya cuenta con “zonas de aceleración de renovables”, lo que abre nuevas posibilidades para atraer inversión y generar empleo vinculado a la economía verde.

Hoy La Gomera gana en calidad de servicio, en seguridad y en resiliencia. Pero también gana en imagen exterior y en oportunidades: para atraer inversión, para impulsar una economía más competitiva y sostenible, para modernizar sectores estratégicos y para avanzar con determinación hacia un futuro más limpio.

Nada de esto habría sido posible sin años de planificación, inversión y coordinación. Detrás de esta infraestructura hay ingeniería, compromiso y visión estratégica. Y, por supuesto, el esfuerzo conjunto de administraciones, profesionales y equipos humanos que han trabajado para que este día llegara.

Hace poco más de un siglo, la electricidad empezó a llegar a La Gomera de forma desigual, por etapas, con motores modestos y proyectos pioneros. Hoy, en cambio, nos conectamos a la estabilidad y a la seguridad. Nos conectamos a la posibilidad real de un futuro energético más limpio. Y, sobre todo, nos conectamos a la certeza de seguir avanzando como siempre lo ha hecho esta isla: con esfuerzo, unidad, sentido común y determinación para mejorar la vida de nuestra gente.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

Gran Canaria ha construido durante décadas un ecosistema científico, tecnológico y empresarial vinculado al mar que hoy es referencia en el Atlántico. En torno a Taliarte se ha consolidado un polo de conocimiento y economía azul en el que conviven centros de excelencia, universidad, empresas innovadoras e infraestructuras singulares que sitúan a la isla en una posición estratégica para afrontar retos globales como la transición energética, la adaptación al cambio climático y la soberanía tecnológica

En el corazón de ese ecosistema se encuentra la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), una Infraestructura Científico-Técnica Singular (ICTS) única en España, clave para el desarrollo de la eólica marina flotante, las energías marinas, la robótica submarina, la observación oceánica, los nuevos vectores energéticos y la investigación aplicada al medio marino

Sin embargo, mientras el contexto internacional acelera la inversión en tecnologías oceánicas y energías renovables marinas, PLOCAN permanece atrapada en una hibernación institucional prolongada que amenaza seriamente su viabilidad futura.

Esta situación no es coyuntural ni accidental. Es el resultado de una congelación presupuestaria sostenida, de la ausencia de inversiones estructurales, del abandono del mantenimiento de sus instalaciones y de la parálisis de su estructura de personal, con consecuencias directas sobre su capacidad científica, tecnológica y de innovación.

De manera especialmente grave, la masa salarial de la Plataforma Oceánica de Canarias permanece estancada desde, al menos, el año 2014, sin que se haya producido desde entonces una actualización estructural de las retribuciones, ni adaptación al incremento del coste de la vida, ni equiparación con otras infraestructuras científico-técnicas singulares del sistema estatal de I+D+i. Este estancamiento salarial, que se prolonga ya más de una década, sitúa al personal investigador, técnico y de gestión de PLOCAN en una clara desventaja comparativa frente a otras ICTS y tiene efectos directos sobre la capacidad de la institución para retener talento, captar perfiles altamente cualificados y consolidar equipos estables.

El contraste con el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) resulta evidente. Mientras PLOCAN mantiene salarios congelados desde 2014 y financiación estructural estancada, el IAC ha visto incrementados de forma progresiva sus presupuestos y su capacidad de consolidación de personal, permitiendo atraer talento, estabilizar equipos y planificar estratégicamente su crecimiento. Este diferente tratamiento no se explica por resultados ni por impacto, ya que PLOCAN ha atraído a Gran Canaria más de 100 millones de euros en inversión apalancada, lidera ensayos internacionales de eólica marina y forma a especialistas de decenas de países.

Resulta especialmente llamativo que, mientras el Instituto de Astrofísica de Canarias cuenta en su Consejo Rector con la participación de los cabildos insulares de Tenerife y La Palma, garantizando respaldo territorial, coordinación institucional y alineamiento estratégico, el Ministerio de Ciencia, Innovación, y Universidades y el Gobierno de Canarias impidan al Cabildo de Gran Canaria su presencia en el Consejo rector de la Plataforma Oceánica de Canarias pese a estar ubicada en Gran Canaria y a estar situada físicamente en un terreno cedido por el Gobierno insular. Conviene subrayar, además, que el Cabildo de Gran Canaria ha invertido directamente 1,45 millones de euros en la PLOCAN entre 2017 y 2024, a través de distintas actuaciones vinculadas a la investigación marina, la explotación sostenible de recursos y programas educativos como EDUROV, sin haber formado parte en ningún momento de su Consejo Rector.

Por otro lado, lejos de encontrarse inactiva, la Plataforma Oceánica de Canarias mantiene en la actualidad un volumen muy elevado de actividad internacional, gestionando más de cuarenta proyectos de investigación e innovación en curso, en su mayoría financiados por programas europeos como Horizon Europe, Interreg, CINEA y otras iniciativas comunitarias, tal y como se recoge en su propia página web institucional. Estos proyectos abarcan ámbitos estratégicos como la eólica marina flotante, las energías del mar, la observación oceánica, la restauración de ecosistemas marinos, la robótica submarina, los sistemas multipropósito mar-energía-acuicultura y las infraestructuras de ensayo offshore.

Este elevado número de proyectos europeos en ejecución demuestra que PLOCAN conserva prestigio científico, capacidad técnica y reconocimiento internacional, y que su situación actual no responde a una falta de actividad ni de resultados, sino a una infrafinanciación estructural deliberada de su núcleo institucional. En la práctica, Europa está sosteniendo la actividad de PLOCAN, mientras el Estado y el Gobierno de Canarias mantienen congelada su estructura básica.

La consecuencia directa de esta situación no es únicamente un problema laboral o presupuestario: es un riesgo estratégico para Gran Canaria y para Canarias. La pérdida de investigadores altamente cualificados, la dificultad para atraer nuevos perfiles especializados y la dependencia excesiva de contratos temporales ligados a proyectos competitivos debilitan la capacidad institucional de PLOCAN y comprometen su liderazgo internacional.

A esta situación se suma, repito, un problema institucional de fondo, a pesar de que PLOCAN está ubicada en Gran Canaria y constituye uno de sus principales activos científicos, el Cabildo de Gran Canaria ha sido excluido reiteradamente de su Consejo Rector, pese a haber solicitado formalmente su incorporación en distintos mandatos autonómicos y estatales. Esta negativa resulta aún más difícil de justificar si se tiene en cuenta que el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), adscrito al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), sí ha sido incorporado al Consejo Rector sin que ello haya supuesto ningún obstáculo ni conflicto institucional.

La pregunta es inevitable: si se permitió sin problema la entrada de un organismo estatal, ¿por qué se veta sistemáticamente la presencia del Cabildo de Gran Canaria, administración del territorio donde se asienta la infraestructura? ¿Acaso no se quiere que haya testigos institucionales de una degradación progresiva que amenaza con convertirse en una muerte lenta y silenciosa? Todo ello se produce, además, en un contexto de deterioro físico de las instalaciones, con problemas de mantenimiento no resueltos desde hace años impropios de una ICTS de primer nivel, lo que refuerza la percepción de una estrategia de dejación sostenida. Es necesario que se acometa un plan urgente de inversiones para la rehabilitación, mantenimiento y modernización de las instalaciones de PLOCAN y que se apruebe un plan de recursos humanos y de actualización salarial que permita corregir el estancamiento de la masa salarial existente desde 2014, estabilizar equipos y evitar la fuga de talento.

La PLOCAN no es un lujo prescindible ni una infraestructura secundaria. Es un pilar de la estrategia energética, científica y económica de Gran Canaria y de Canarias. Permitir su degradación silenciosa equivale a renunciar al futuro. El Cabildo de Gran Canaria no puede ni va a ser cómplice de este proceso.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Gobierno de Canarias deben poner fin de manera inmediata a la hibernación institucional de la Plataforma Oceánica de Canarias, garantizando una financiación estructural suficiente, estable y acorde a su condición de Infraestructura Científico-Técnica Singular y Estratégica. De la misma manera, el Cabildo de Gran Canaria debería acceder al Consejo Rector de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) en igualdad de condiciones que otras administraciones públicas ya integradas en dicho órgano, tal y como se hace en otros territorios insulares y en otras entidades e instituciones de la misma dimensión. La discriminación y el abandono son flagrantes.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

El denominado Decreto Canarias no es un documento más ni un simple trámite político: es una oportunidad real para reforzar la cohesión territorial del Archipiélago y responder, con medidas concretas, a las singularidades que condicionan la vida de miles de canarios. En un contexto marcado por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y la necesidad de garantizar financiación suficiente para los servicios públicos esenciales, este borrador de decreto debe culminarse con responsabilidad, utilidad y pensando en la gente, bajo las premisas de nuestro Régimen Económico y Fiscal, el Estatuto de Autonomía y la condición de Región Ultraperiférica

Cuando se habla de igualdad entre territorios, es imprescindible entender que no se construye tratando a todos por igual, sino aplicando soluciones ajustadas a las condiciones reales de cada isla. La Gomera y El Hierro, soportan dificultades estructurales derivadas de la doble insularidad, del encarecimiento de la vida cotidiana y de una pérdida paulatina de oportunidades que alimenta el riesgo del despoblamiento. El propio texto del Real Decreto-ley reconoce esa realidad y plantea medidas urgentes para restaurar equilibrios y garantizar continuidad de políticas públicas esenciales.

Uno de los aspectos más relevantes del Decreto Canarias es que da cobertura a una reivindicación histórica: la extensión de la deducción del 60% del IRPF para los ciudadanos de La Gomera y El Hierro, en igualdad de condiciones con lo que ya el Estado aplica en La Palma tras la erupción. No se trata de privilegios ni de comparaciones estériles, sino de coherencia institucional y justicia territorial. Si una herramienta fiscal ha demostrado ser necesaria para compensar dificultades específicas y sostener el tejido social y económico en una isla, lo razonable es que también se aplique allí donde existen obstáculos similares y donde el futuro demográfico está en juego.

Esta medida, además, no solo representa un alivio directo para muchas familias, sino que envía un mensaje claro de compromiso con la igualdad real: vivir en una isla no capitalina no puede convertirse en una desventaja permanente. El borrador del decreto lo establece de forma expresa al extender esa deducción a La Gomera y El Hierro, reforzando la idea de que el Estado debe adaptar sus políticas a las singularidades de Canarias, especialmente en los territorios más vulnerables a la pérdida de población y actividad económica.

Pero si hay un elemento que resume la urgencia y el sentido común del Decreto Canarias, ese es la necesidad de garantizar la conectividad. La conectividad no es un lujo ni una cuestión secundaria: en un archipiélago es un derecho básico que condiciona el acceso a la sanidad, a la educación, al empleo, a la actividad empresarial y a la igualdad de oportunidades. Por eso resulta fundamental que este decreto impulse una obligación de servicio público que permita conectar de forma estable y eficiente La Gomera, El Hierro y La Palma, garantizando frecuencias, capacidad y tarifas razonables.

En definitiva, el Decreto Canarias debe entenderse como una hoja de ruta para avanzar hacia una Canarias más equilibrada, donde el progreso no dependa del lugar en el que se vive. No se trata solo de medidas fiscales o de transporte, sino de reforzar las bases del desarrollo económico y social del Archipiélago, con herramientas que protejan a las islas más expuestas a la pérdida de población, a la falta de oportunidades y a los sobrecostes derivados de la insularidad.

Ahora más que nunca, lo que corresponde es culminar este documento desde el consenso, el diálogo social, y acercándose a lo que realmente importa: la vida cotidiana de las personas. Porque si de verdad queremos avanzar hacia una Canarias de iguales, esta es la vía más sensata para lograrlo. Y porque cuando el objetivo es garantizar justicia territorial, cohesión y futuro, el sentido común no debería ser una opción: debería ser la obligación compartida de todas las instituciones e ideologías políticas.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

La acuicultura, definida como el cultivo de organismos acuáticos bajo control humano, es una actividad clave para afrontar los retos alimentarios, económicos y ambientales del siglo XXI. Su expansión responde al aumento de la demanda de productos marinos, la presión sobre las pesquerías tradicionales y la necesidad de producir alimentos de forma más sostenible. Actualmente, es un pilar de la seguridad alimentaria global y del desarrollo económico

Según la FAO, la producción acuática mundial alcanzó en 2022 los 223,2 millones de toneladas, un 6,6 % más que en 2020, superando por primera vez la acuicultura a la pesca extractiva. Este organismo impulsa el sector mediante la iniciativa de Transformación Azul, promoviendo prácticas sostenibles orientadas a la seguridad alimentaria y la resiliencia climática. Los productos acuícolas aportan proteínas de alta calidad (de menor impacto medioambiental que las de la carne) y nutrientes esenciales como omega-3, vitaminas y minerales. Ante una población mundial que superará los 9.700 millones en 2050, la acuicultura destaca por su eficiencia, al requerir menos recursos que la ganadería terrestre.

Más allá de su valor nutricional, la acuicultura refuerza la seguridad alimentaria local y preserva tradiciones en comunidades costeras. Al mismo tiempo, el sector avanza hacia modelos más sostenibles gracias a la innovación tecnológica, la automatización, la biotecnología y el desarrollo de viveros offshore con menor impacto ambiental. En un contexto de cambio climático y agotamiento de los recursos pesqueros, la acuicultura se consolida como una herramienta estratégica, complementaria a la pesca extractiva, capaz de satisfacer la demanda global sin comprometer los ecosistemas marinos.

Gran Canaria desde los años ochenta del siglo pasado ha sido el motor productor e investigador de la acuicultura en mar abierto de Canarias, con la aparición de las primeras empresas de viveros marinos en Arguineguín y su posterior desarrollo en la Bahía de Melenara, Castillo del Romeral y Arinaga. Y ha tenido que ver también en ello la existencia de centros investigadores de reconocimiento internacional como el instituto universitario ECOAQUA-ULPGC, entre otros.

Según la Asociación Empresarial de Acuicultura de España (APROMAR), la cosecha de acuicultura en España en 2024 fue de 268.564 toneladas (t), con un valor en primera venta de 856,5 millones de euros. La especie más abundante fue la de mejillón, con 184.593 t y un valor estimado de 138,1 M€. Le siguen la lubina con 27.376 t y un valor de 138,1 M€, la trucha arco iris con 16.693 t y un valor de 54,6,7 M€, la dorada con 10.765 t y con un valor de 72,0 M€ y el atún rojo con 10.312 t, con un valor de 184,4 M€. En Europa, la producción fue de casi tres millones de toneladas.

La cosecha de lubina en España en 2024 fue de un 11,4% más que en 2023 (24.580 t) y un valor de 123,7 M€. La Comunidad Valenciana ha encabezado la producción con 8.592 t (el 31,4% del total), seguida por la Región de Murcia (6.692 t, el 24,4%), Canarias (6.594 t, el 24,1%), Andalucía con 4.797 t (el 17,5%) y Cataluña con 701 t (el 2,6%).

Las cifras hablan por sí mismas: Gran Canaria genera actualmente más del 65% de la producción acuícola de Canarias, con un enfoque especial en la producción de lubina, representando un impresionante 88,5% de la producción regional. Estos logros demuestran no solo nuestra capacidad productiva, sino también el compromiso y la visión de un futuro próspero y sostenible de la isla.

Dos empresas copan la producción insular de manera preferente: AQUANARIA, que hasta 2023 contaba con dos instalaciones en mar abierto, en Melenara y Castillo del Romeral, donde producían y comercializaban 3.200 t/año, con un valor comercial de 35 M€, empleando para ello, de forma directa, a unas ciento ochenta personas. Además, dispone, en Castillo del Romeral, de una instalación en tierra de “preengorde”, donde se crían las lubinas antes de ser llevadas a las instalaciones en mar abierto, y una planta comercializadora en Las Majoreras (Ingenio).

Con una presencia menor opera también en la isla CANEXMAR, con una instalación de viveros en el mar en Tufia, Telde. Producen 550 t/año, con un valor comercial de 3,3 M€. Cuenta igualmente con una planta de procesado de pescado en Castillo del Romeral y emplea a una veintena de personas..

Las dos comercializan hasta la fecha un total insular de 3.750 toneladas /año, con un valor comercial de 38,3 M€ y unos doscientos empleos directos.

Tras la aprobación en 2018 del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura en Canaria (PROAC), las instalaciones de AQUANARIA en Salinetas y de CANEXMAR en Tufia se quedaron “fuera de ordenación”, debiendo por tanto reubicarlas a una zona de interés para la acuicultura (ZIA), a través de concurso público para el otorgamiento de nuevas concesiones en ese espacio. Tras los correspondientes concursos y otorgamientos, la empresa AQUANARIA consiguió en 2022 autorizaciones de producción de una máxima anual total de 9.150 t/año, entre las tres concesiones: Castillo del Romeral, Arinaga y Melenara (para trasladar más al sur, más lejos de la costa y a más profundidad la situada frente a la Playa de Salinetas). Cada una con una autorización de producción de hasta 3.050 t/año.

La inversión de estas dos ampliaciones y de una nueva instalación superan los 41 M€. En ello se incluye además una inversión importante de ampliación de sus instalaciones en tierra para el preengorde de alevines que luego irán al mar. El personal necesario para la gestión de las actuales y futuras instalaciones será de unas 400 personas.

Esta estrategia empresarial de crecimiento se inicia en 2015, decidiendo orientar toda su producción a un producto gastronómico selecto como es la lubina de gran tamaño, de entre 2 y 4 kilos cada pez, que tardan 42 meses en conseguir. Actualmente esta empresa comercializa un 50% fuera de España, en más de 24 países, a través de una red de 200 distribuidores, lo que la hace ser el mayor exportador por vía aérea de producto fresco de Canarias, ya que tienen envío por avión todos los días de la semana.

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Sector Primario y de la SPEGC, ha apoyado este proceso, promoviendo y apoyando activamente el desarrollo de la acuicultura sostenible a través de iniciativas como BIOASIS Gran Canaria. Este programa, en colaboración con entidades públicas de investigación, proporciona apoyo especializado y soluciones concretas para los promotores y empresas que buscan invertir en nuestra isla.

Bioasis Gran Canaria no solo ha asesorado y acompañado a los promotores de proyectos acuícolas en la isla, sino que, además, a través de la Incubadora de Alta Tecnología en Biotecnología Azul y Acuicultura del Cabildo de Gran Canaria (en las instalaciones del ITC de Pozo Izquierdo) ha apoyado a más de 30 empresas emergentes que desarrollan proyectos innovadores. Y se ha hecho en procesos de investigación de tecnología para la cría y cultivo de algas, con aplicaciones en sectores como la alimentación, cosmética y biomedicina, en biotecnología azul que ha trabajado en innovación en la producción de bioplásticos a partir de recursos marinos, contribuyendo a la sostenibilidad y reducción de plásticos convencionales y, por último, en acuicultura de especies marinas, optimizando la acuicultura de de alto valor comercial mediante prácticas sostenibles y eficientes.

La polémica suscitada, tras la contaminación de diversas playas grancanarias por la muerte masiva de peces provenientes de la acuicultura, ha generado un importante debate social y cierto cuestionamiento de la acuicultura. Es un error, un tremendo error, demonizar a la acuicultura. Es una enorme irresponsabilidad el que desde las administraciones públicas se aliente el ataque y el rechazo a una práctica sostenible, clave para la alimentación del futuro y para la diversificación económica de Gran Canaria. Hace falta una política rigurosa de apoyo y desburocratización por parte de la administración responsable.

Gran Canaria ha conseguido ser pionera y puntera en el desarrollo científico, empresarial y económico del cultivo de peces y microalgas, haciendo de este sector una actividad compatible con otros usos de nuestro mar. Ha logrado una plena convivencia con la pesca artesanal de la que demanda servicios, conocimientos e infraestructuras para sus actuaciones.

Pero no es menos cierto que se hace urgente e imprescindible el conocer las causas de las muertes de los peces para que se asuman las responsabilidades a las que haya lugar. Y no se ha actuado con diligencia ni con transparencia por parte de las instituciones competentes. Está claro también que los viveros deben estar alejados lo más posible de la población para evitar alarmas sociales innecesarias, y en eso estaba la empresa. En cualquier caso, la mesura, la transparencia y la rigurosidad en las actuaciones deben ser el eje central sobre el que gire la necesaria convivencia entre la acuicultura, las instituciones y la sociedad grancanaria.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Canarias se encuentra en un momento decisivo para repensar su modelo turístico. Tras décadas de crecimiento sostenido en número de visitantes, el debate ya no gira en torno a cuántos turistas somos capaces de atraer, sino a qué tipo de turismo queremos y, sobre todo, qué retorno real genera para nuestra sociedad. Abrir un espacio sereno y riguroso para la reflexión no solo es oportuno, sino absolutamente necesario

En este escenario, todos tenemos la responsabilidad de saber qué isla y qué municipios queremos para los próximos treinta años, especialmente en crecimiento demográfico y en materia turística. Y ante este reto, el Gobierno de Canarias, los cabildos y los ayuntamientos juegan un papel fundamental

Desde La Gomera defendemos con claridad una premisa que debería marcar el futuro del Archipiélago: más gasto, menos turistas y más riqueza. Riqueza entendida no solo en términos económicos, sino también sociales, culturales y ambientales. Trabajamos por un turismo que respete los límites del territorio, que genere empleo estable y de calidad, que impulse al sector primario y que contribuya a fijar población, especialmente en los entornos rurales.

Nuestra isla lleva años avanzando en esa dirección. Frente a los riesgos de la masificación, hemos apostado por un modelo diferenciado, basado en la sostenibilidad, la autenticidad y el valor añadido. Los datos avalan esta estrategia: una estancia media elevada, un gasto diario por visitante por encima de la media y un impacto económico creciente que repercute de forma más equilibrada en el conjunto del territorio insular.

En este contexto se enmarca la puesta en marcha de seis nuevos productos turísticos, concebidos desde los valores del ecoturismo y diseñados para conectar al viajero con la esencia de La Gomera. No se trata de ofertas aisladas, sino de una propuesta integral que posibilita la actividad turística hacia las medianías, el litoral y las zonas rurales, integrando paisaje, cultura, patrimonio y sector primario.

Hablamos de experiencias vinculadas al cielo nocturno y el astroturismo, de senderismo y cicloturismo en espacios de baja densidad, de turismo costero ligado al disfrute responsable del mar, de turismo agrario que pone en valor la agricultura heroica y los productos locales, y de rutas culturales y etnográficas que permiten comprender nuestra historia y nuestras tradiciones. En total, 27 rutas temáticas que invitan a recorrer la isla con calma, respeto y conciencia.

Este modelo no solo mejora la experiencia del visitante, sino que redistribuye los beneficios del turismo, fortalece la cohesión territorial y convierte al turismo en una verdadera herramienta de desarrollo sostenible. Además, refuerza nuestra identidad como destino comprometido con la conservación del patrimonio natural y cultural, un valor cada vez más demandado por un viajero que busca autenticidad y compromiso ambiental.

Canarias tiene ante sí el reto de liderar un cambio de paradigma turístico. La Gomera demuestra que es posible crecer en calidad sin crecer en volumen, que se puede generar más riqueza sin aumentar la presión sobre el territorio, y que el turismo puede y debe ser compatible con el bienestar de la población residente.

Por eso, más que nunca, es tiempo de reflexión compartida, de decisiones valientes y de políticas públicas que apuesten por un turismo con futuro. Un turismo que sume, que cuide y que deje huella positiva.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.