La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca la caída del 1,7% de la tasa de riesgo de pobreza el año pasado, la tercera mayor por comunidades y 8,5 veces el descenso de la media de España

La Comunidad Autónoma reclama al Estado 50 millones de euros más para la mejora de la población más vulnerable

Canarias se sitúa en una posición de recuperación social sin precedentes, situándose por debajo de la media de desigualdad de España, al alcanzar un ratio de 5,1 en el indicador S80/S20, que compara la renta total de la población con mayores y menores ingresos.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, destaca que estos datos, que reflejan que el 20% de la población más rica gana 5,1 veces más que la más pobre el Archipiélago, “sitúan a Canarias en la posición de liderazgo en la corrección de desequilibrios, con un descenso de 0,6%”. Añade que ·esta evolución cobra mayor peso tras haber sufrido el mayor pico en 2021, con un ratio de 8,2, lo que demuestra que el crecimiento económico en las islas ha sido efectivo para revertir la brecha histórica y alcanzar niveles de equidad superiores incluso a los de la etapa prepandemia”.

Delgado explica que, pese a que los indicadores de 2024 y 2025 señalan una mejoría, “desde el Gobierno de Canarias continuamos trabajando para combatir la pobreza con diferentes políticas sociales como atención a las personas, educación, formación y empleo, pero necesitamos un mayor compromiso del Estado en la financiación para las políticas contra la pobreza”. En esta línea, reclama al Estado que aporte 50 millones de euros más para la mejora de la población más vulnerable, frente a los 30 millones aprobados en el Consejo de Ministros para Canarias”.

La consejera destaca que desde su departamento “se sigue trabajando para reducir las tasas de pobreza y, en especial, la pobreza severa y la infantil y para ello ya hemos tomado medidas como el complemento a las pensiones no contributivas y el aumento de la renta canaria de la ciudadanía”. Una labor que, señala, se lleva a cabo “en colaboración con EAPN Canarias porque son los especialistas en la materia y son los que nos pueden indicar qué líneas hay que reforzar, si hay que establecer algunas nuevas y trabajar no solo desde esta Consejería sino de otras como la de Empleo o Educación”. Todo ello, señaló, “se articulará a través de la Estrategia canaria para erradicación de la pobreza que aprobaremos a lo largo de este año”.

Delgado señaló que con estas acciones se espera seguir avanzando en la mejora que reflejan los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2025 publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que la tasa de riesgo de pobreza, uno de los tres componentes del indicador Arope, cae en Canarias un 1,7%, lo que supone la tercera mayor caída por comunidad autónoma y 8,5 veces la caída de la media de España, hasta el 22,9 % de la población.

Además, la carencia material y social severa, el segundo componente de Arope, disminuye un 1,5%, situándose como la quinta comunidad con mayor descenso y superando en 7,5 veces la caída de la media de España,

La consejera de Bienestar Social también recordó que la tasa Arope, que señala que el 31,2 % de la población de Canarias estaba en riesgo de pobreza y/o exclusión social el pasado año, se ha reducido en 2,6 puntos porcentuales con respecto a la registrada en 2023. “Eso supone, además, una reducción de más de siete puntos en la última década, la cuarta mayor registrada a nivel nacional. Lejos de estar satisfechos, seguimos trabajando para reducirla y eso pasa, indispensablemente, porque el Estado nos aporte esos 50 millones de euros y podamos contar con 80 millones de euros para combatir la pobreza en Canarias”.

Datos Encuesta de Condiciones de Vida 2025

La Encuesta de Condiciones de Vida 2025 en Canarias se realizó a 760 personas, siendo el Archipiélago donde menos se contestó a la misma. Así, en cuanto a las negativas, el porcentaje nacional alcanza un valor del 9,5% mientras que Canarias presenta el porcentaje más elevado de negativas, tanto en primera entrevista, con un 23,4%, como en entrevistas sucesivas, con un 9,8%.

La Encuesta de Condiciones de Vida 2025 confirma que el crecimiento económico en Canarias ha sido muy efectivo para redistribuir la riqueza y reducir la pobreza a ritmos superiores a la media de España, pero la persistencia de hogares con baja intensidad laboral ha impedido que esta mejoría se traslade a la tasa general de exclusión social (Arope).

El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, y el consejero insular de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, presentaron a las entidades sociales el proyecto de Orden de modificación de las bases de las ayudas vinculadas al IRPF

Un total de 117 proyectos sociales, ejecutados por 44 entidades de Tercer Sector, recibieron financiación para su desarrollo en las islas de Lanzarote y La Graciosa en el marco de la última convocatoria de ayudas para la ejecución de proyectos interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades (IRPF).

Esta información fue dada a conocer por el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, durante el encuentro técnico celebrado hoy (jueves 5) en Lanzarote en el que se citó a las entidades sociales de la isla con el fin de darles a conocer las novedades incluidas en el proyecto de Orden de modificación de las bases que regulan la convocatoria de ayudas con cargo al IRPF.

Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, puso el acento en la importancia de estas jornadas técnicas “como espacios de diálogo directo con las entidades del tercer sector, que son aliadas fundamentales para que las políticas sociales financiadas con cargo al IRPF lleguen de forma más eficaz a quienes más lo necesitan”. Acuña valoró además “el esfuerzo del Gobierno de Canarias por mejorar y simplificar la gestión de estas ayudas y ampliar su alcance, una línea de trabajo que compartimos desde el Cabildo y que repercute positivamente en la atención social en Lanzarote y La Graciosa”.

En su intervención, Candil invitó a las entidades que desarrollan proyectos en el marco de esta convocatoria a que “participen y aporten sugerencias porque queremos un proceso participativo que dé lugar a unas bases de las ayudas de acuerdo con la realidad social de Canarias».

El proyecto de Orden de modificación de las bases tiene como fin mejorar los procedimientos, agilizar la concesión de ayudas, ofrecer a las entidades una mayor seguridad jurídica “y, sobre todo, lograr a través de estos proyectos sociales llegar a un mayor número de personas beneficiarias», enfatizó el viceconsejero del Ejecutivo regional.

La actual convocatoria, publicada en agosto de 2025, cuenta con un partida de casi 19,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,65% con respecto a la anterior convocatoria, lo que supone la mayor convocatoria en cuanto a financiación del IRPF a desarrollar en el Archipiélago.

El incremento, que será efectivo en la nómina que se cobra este viernes, beneficiará a casi 22.200 personas

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, a través de la Dirección General de Servicios Sociales, incrementa en un 11% las cuantías de la Renta Canaria de Ciudadanía, un aumento que será efectivo en este mismo mes con la primera nómina del año, que se devengará este viernes (23 de enero).

El incremento de la cuantía varía según el tipo de personas receptoras y la unidad de convivencia a la que pertenezcan. De esta forma, se pasa, por ejemplo, de los 565,37 euros al mes en el año 2023 por una persona adulta sola a los 733,60 euros al mes de este 2026, o de los 1.368,21 euros para una unidad de convivencia conformada por una persona adulta y cuatro o más menores en 2023 a los 1.775,31 euros que pasará a abonarse este mes.

Según explicó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, “este incremento pone en evidencia el esfuerzo que de forma continuada hemos venido realizando desde el Gobierno de Canarias para garantizar un colchón económico para las familias y personas en situación de exclusión o en riesgo de padecerla, lo que certifica la voluntad de este Gobierno en mejorar la protección a las personas y familias más vulnerables”.

Por su parte, la directora general de Servicios Sociales, Elisabet Santana, señala que “el aumento de estas prestaciones sociales es reflejo de la apuesta del Ejecutivo canario por consolidar la Renta Canaria de Ciudadanía como un pilar que asegure el bienestar social de la población de las islas”.

En la actualidad, Canarias atiende a través de la Renta Canaria de Ciudadanía a un total de 22.199 personas, 11.292 de las cuales son titulares de la ayuda a los que hay que sumar las 10.907 personas miembros de la unidad de convivencia.

La Renta Canaria de la Ciudadanía se establece como un derecho subjetivo reconocido por la Ley 5/2022, de 19 de diciembre, con el fin de garantizar un ingreso mínimo a las personas y familias en situación de vulnerabilidad económica en Canarias.

La dirección general de Mayores y Participación Activa atiende a cerca de un millar de personas en toda Canarias a través de FUCAS

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias coordina con la Consejería de Sanidad y los cabildos insulares las actuaciones para atender a las personas que son curateladas a través de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS).

La directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, está manteniendo reuniones con representantes de las Administraciones Públicas para abordar la situación que hay en el Archipiélago y dar una respuesta adecuada.

Verónica Meseguer señala que “en la actualidad tenemos cerca de un millar de personas atendidas a través de FUCAS y cada año se va incrementando esa cifra porque se incorporan nuevos perfiles. Los recursos están saturados y lo que estamos haciendo es buscando una solución para estas personas que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad. Son personas que necesitan una serie de apoyos curatelares y que tienen que estar en recursos alojativos de los que no dispone FUCAS. Es la primera vez que se coordinan las acciones con la Consejería de Sanidad y cada cabildo insular para que estas personas tengan el acceso al recurso alojativo adecuado”.

Los perfiles de las personas curateladas atendidas se han ido ampliando considerablemente. Si bien FUCAS comenzó prácticamente con personas con deterioro cognitivo, actualmente los perfiles son, en la mayor parte, personas con patologías psiquiátricas, tales como esquizofrenia, trastorno límite de la personalidad, trastorno de la personalidad, entre otros. Además, a estos perfiles se les suma en numerosas ocasiones que son personas con problemas de drogadicción y/o prostitución.

En la actualidad, FUCAS se constituye como la institución curatelar que más curatelas gestiona en la Comunidad Autónoma de Canarias, llegando a la cifra de 989 personas atendidas, de las cuales el 638 viven en centros residenciales, mientras que 351 personas viven en domicilios.

Personal de FUCAS

El servicio de gestión de medidas de apoyo a personas curateladas actualmente está formado por director/abogado, directora /trabajadora social, coordinadores técnicos de área, coordinadores de casos, trabajadores/as sociales, diplomados en Empresariales, licenciados en Derecho y administrativos/as. Además, tiene servicios externos de apoyo como el servicio auxiliar de apoyo y acompañamiento personal, catering y servicio de integración social. El servicio supuso una inversión el pasado año los 4 millones de euros, aproximadamente, lo que supone un incremento del 56 % con respecto a 2024 (2,6 millones de euros) y más del doble de lo destinado en 2023 (1,9 millones de euros).

Candelaria Delgado mantuvo un encuentro con el cónsul general de Senegal, Mamadou Lo, en el que se abordó la situación de la población menor migrante tutelada por el Gobierno autónomo

Agilizar la documentación de la población menor migrante así como estrechar lazos culturales y de colaboración entre Canarias y Senegal en materia de atención a la población menor migrante de Senegal, fueron algunos de los asuntos abordados en la reunión de trabajo celebrada entre la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y familias, Candelaria Delgado, y el cónsul general de Senegal, Mamadou Lo.

Tras el encuentro, Delgado enfatizó la importancia de la colaboración entre ambas administraciones con el fin de agilizar y facilitar que los menores migrantes procedentes de Senegal tutelados por el Ejecutivo canario «puedan contar con la documentación necesaria para acceder a la residencia en España». Además, se acordó desarrollar iniciativas para que las chicas y chicos sengelases acogidos en centros mantengan la conexión cultural con su país de origen.

La consejera de Bienestar Social subrayó además la necesidad de reforzar los proyectos de colaboración internacional en los países de origen como el proyecto Tierra Firme, a través del cual el Gobierno de Canarias desarrolla iniciativas de formación para el empleo e inserción sociolaboral dirigida especialmente a la población joven en riesgo de exclusión de países como Senegal, Gambia o Mauritania, «que no solo ayudan a generar empleo de calidad entre la población más joven en su propio país sino que también facilitan vías de cupos regulares de llegadas de población migrante a Europa sin que tengan que jugarse la vida en el Atlántico».

Por su parte, el cónsul general de Senegal, Mamadou Lo, quien estuvo acompañado por la cónsul general adjunta, Mama Diedhiou, y la cónsul honoraria, Katia Van Bokel, agradeció la reunión celebrada y destacó el esfuerzo de la Consejería para la atención y tutela de menores migrantes senegales, así como enfatizó el esfuerzo realizado por el Gobierno de Senegal «para evitar que se pierdan vidas humanas en el mar». A este respecto, mostró su compromiso para buscar soluciones para que las y los menores tutelados por la Administración regional «cuenten cuanto antes con su documentación».

Bienestar Social refuta así los datos ofrecidos en rueda de prensa por Ángel Víctor Torres, que incluye mayorías de edad y aquellos que siguen en Canarias en centros del Estado

Delgado y Rodríguez han asistido a la última reunión de la comisión interdepartamental de este 2025

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, han participado hoy [30 de diciembre] en la última reunión de 2025 que ha mantenido la comisión interdepartamental de negociación para la salida de los menores migrantes con protección internacional que tutela Canarias.

Canarias ha aprovechado para matizar y refutar algunos datos ofrecidos por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien aseguró ayer que había “alrededor del millar de menores que han sido distribuidos en el conjunto de todo el país”. La realidad es que, desde Canarias, a través de la vía del asilo impuesta por el Tribunal Supremo, solo han sido trasladados a la Península 410 menores; mientras que por la vía ordinaria y la exprés solo lo han hecho 171 menores. Esto hace un total de 581 menores migrantes que ya no están en el Archipiélago, mientras que se han registrado 370 nuevas llegadas.

Canarias recuerda la necesidad de seguir aliviando los recursos locales, y que esperar a que los chicos y chicas cumplan los 18 años también es incumplimiento. En este sentido, desde marzo, 260 menores cumplieron la mayoría de edad esperando a que se reconociera su derecho a proseguir con su proyecto migratorio en centros de la red de protección internacional del Estado, mientras que 99 han renunciado a este derecho porque se niegan a ser trasladados temporalmente a los dispositivos habilitados en Gran Canaria, que no reúnen condiciones. Además, aún hay 85 menores alojados en el Canarias 50, 28 en la Casa del Mar y 54 en el Colegio León; mientras que a 96 de los menores que estaban en el listado inicial de migraciones les ha llegado una resolución desfavorable a su petición de asilo.

“Lo que no puede hacer Ángel Víctor Torres es sumar todos los menores en el mismo contingente y decir que han salido 1.000, cuando la realidad es que, de Canarias, solo han salido 581 por las diferentes vías de reubicación que existen. Esto es: por protección internacional, que han sido trasladados 410; por la vía exprés, que han entrado 370 y han sido reubicados en la Península solo 85; y por la disposición adicional primera -aquellos que estaban aquí cuando se declaró la contingencia- solo 86 salidas”, aseguró Sandra Rodríguez.

“Es fácil querer distorsionar la percepción y jugar con los números para hacer creer que el Estado está cumpliendo con su obligación”, aseguró la consejera “pero resulta que no son números, son personas, menores que ven conculcados sus derechos, mientras que Canarias sigue asumiendo una responsabilidad que excede de sus competencias. La realidad es que ese juego no beneficia a nadie, y contrasta con el espíritu de colaboración que existe en las comisiones interdepartamentales”.

“¿De dónde saca esos números?”, se pregunta Delgado, “Si se refiere a Canarias, creemos que también suma las 260 mayorías de edad que se han cumplido desde el inicio de este proceso con los menores con protección internacional, y aquellas mayorías de edad que se producen antes de los traslados de la vía exprés y ordinaria, que de aquí al 31 de diciembre serán unas 300, pero es que los canarios y canarias nos merecemos datos reales y precisos, y no vaguedades destinadas a mejorar la imagen del ministro”.

La partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para los siete cabildos fue aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 10 de diciembre

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha firmado el último convenio que quedaba por firmar en el que se aprueban las partidas plurianuales para la financiación de plazas y servicios que prestan las instituciones insulares a las personas con dependencia y discapacidad, el convenio con el Cabildo de El Hierro. Quedan así firmados los siete acuerdos entre el Ejecutivo autonómico y las siete instituciones insulares.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 10 de diciembre la partida plurianual de 1.132,4 millones de euros para hacer frente a los convenios que dan cobertura al Sistema de la Dependencia en el Archipiélago durante el período 2025-2028, con efecto retroactivo desde el momento de la aprobación del gasto desde el 1 de enero del año en curso. A dicha cifra hay que añadirle una aportación de 469,6 millones de euros provenientes de los cabildos insulares, con lo cual, el total de la inversión en el sistema de la dependencia y la discapacidad en Canarias alcanza los 1.602 millones de euros.

El Cabildo de El Hierro financia con este acuerdo 106 plazas (34 en centros de día y 72 residenciales), de las cuales 9 son nuevas plazas financiadas en 2025. La aportación de la CAC para las cuatro anualidades que contempla este acuerdo es del 78,09%, lo que supone una inversión de 14.281.800,33 euros, a los que se añade el importe correspondiente a la aportación de la administración insular de 4.007.461,38 euros.

Lo importante de este convenio es que los precios se actualizan a coste real, con un método de revisión basado en informes de costes insulares y en un estudio independiente. En el desglose, se contemplan incrementos de financiación, por ejemplo, como el de los hogares funcionales para discapacidad, que pasan de un importe de 74.04 euros a 117,17 día/plaza para soportar el coste de ese servicio; los servicios de promoción de la autonomía personal pasan de financiarse a 26 euros por plaza y día a los 50,44 euros. Asimismo, se contempla un incremento de 30 euros por precio/plaza en centros residenciales para discapacidad; los 20 euros de subida en servicios para mayores en centros de día; o los 53,68 euros de incremento en las plazas de alto requerimiento residencial para personas mayores.

Con el nuevo convenio de dependencia, los servicios que presta directamente la Comunidad Autónoma dejan de figurar en los textos insulares: así ocurre con la teleasistencia -ya contratada por la Comunidad y, por tanto, eliminada de todos los convenios- y con la prestación de ayuda a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que pasa a ser gestionada por el Gobierno de Canarias para asegurar criterios homogéneos y cobertura insular completa.

El presupuesto de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias para 2026 asciende a 837,7 millones de euros (+8,2 %), y podría alcanzar los 1.037 millones de euros al incorporar fondos externos. En ese sentido, el Capítulo IV, destinado a sostener la red insular y los convenios, alcanza 635,9 millones (75,9%). De esta forma, la dependencia recibe el mayor impulso para el próximo año, con 387,4 millones de euros (+30,4 %), lo que significa más intensidad de cuidados y capacidad real para las personas dependientes y con discapacidad con el objetivo de garantizar la cobertura y la mejora de los servicios.

La Dirección General de Mayores y Participación Activa también concede las subvenciones, que están incluidas en el plan Maresía, para luchar contra la soledad no deseada en el Archipiélago

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha destinado 3.485.000 euros este año para subvencionar 105 proyectos en el área de mayores y voluntariado. En concreto, la Dirección General de Mayores y Participación Activa ha otorgado estas subvenciones para proyectos de envejecimiento activo e inclusión social de personas mayores, intervención en soledad no deseada de las personas mayores a través de la atención en domicilio y en la comunidad e itinerarios de atención domiciliaria a mayores en situación de soledad y mayores tutelados. Asimismo, a través de estas subvenciones se impulsan acciones relacionadas con la promoción y las actividades de voluntariado.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, señala que “con estas subvenciones garantizamos la realización de proyectos e iniciativas que favorecen la inclusión social del colectivo de personas mayores en Canarias y reforzamos el tejido social a través de la promoción de los proyectos en materia de voluntariado”.

La directora general de Mayores y Participación Activa, Verónica Meseguer, explica que “las subvenciones se enmarcan dentro del plan Maresía que integra todas las actividades, programas y proyectos destinados a promover el envejecimiento activo, la participación social, la innovación y la protección de los derechos de las personas mayores en Canarias. En concreto, estas ayudas se recogen en el quinto eje de Maresía, que está destinado a las Alianzas y Cooperación Institucional”.

Los proyectos han sido desarrollados por las Corporaciones Locales, Mancomunidades y Agrupaciones de Municipios, Cabildos y sus organismos autónomos, así como Fundaciones y Universidades Públicas y entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan su actividad en las áreas objeto de la convocatoria de ayudas.

Por áreas de actuación, la convocatoria de ayudas contemplaba una partida destinada a financiar los proyectos actividades de envejecimiento activo e inclusión social de personas mayores que asciende a 2 millones de euros, mientras que para las actividades de intervención en soledad no deseada de las personas mayores se destinaron 900.000 euros y para mayores tutelados 100.000 euros. En relación al ámbito de promoción del voluntariado, la cuantía de las ayudas se sitúa en 200.000 euros, mientras que para los proyectos que realicen actividades de voluntariado se destinan 285.000 euros.

Se trata de mantener acciones dirigidas a mejorar la conciliación familiar y laboral, crear espacios de ocio, de atención a la salud mental, la mejora de la convivencia y paliar diferentes situaciones de vulnerabilidad en menores

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha destinado 1.821.224,60 euros este año para subvencionar 29 proyectos de apoyo a la infancia y las familias presentados por 18 entidades diferentes. De esta forma, se han financiado servicios que están desarrollando las entidades que están dirigidos a mejorar la conciliación familiar y laboral, la participación infantil en barrios vulnerables, proyectos intergeneracionales, y también otros dirigidos a atender la salud mental, ofrecer apoyo social de emergencia a familias vulnerables con cáncer o prestar apoyo psicológico a menores con sordera.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, señala que “finalmente el importe que destinamos duplica la cantidad inicial de 918.872 euros ya que se ha podido ampliar con los fondos estatales y así llegar a los casi dos millones de euros. Con esta ampliación de crédito garantizamos apoyo financiero a los programas impulsados desde las entidades sociales dirigidos a atender a la infancia y familias canarias, no solo garantizando aspectos tan básicos y necesarios como su alimentación, sino también mediante el apoyo a los servicios de intervención familiar y a los programas dirigidos a facilitar la conciliación familiar y laboral”.

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, explica “con estas subvenciones damos un impulso a los servicios y proyectos destinados a la infancia y las familias del Archipiélago que son desarrollados por entidades del tercer sector”. En este sentido, a las subvenciones pueden acceder entidades sin ánimo de lucro que tengan entre los fines establecidos en sus estatutos la realización de las actividades consideradas subvencionables, con al menos un año de antelación a la fecha del último día de presentación de solicitudes, y cuyo ámbito de actuación sea de manera real y efectiva en Canarias.

Tipologías de proyectos

Las subvenciones otorgadas por la consejería de Bienestar Social, igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias se han destinado a los siguientes proyectos y servicios:

1.- Proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación de vulnerabilidad social de las familias, cubriendo necesidades básicas de alimentación, higiene, ropa, etc. y facilitando el acceso a otros servicios como los de salud, educación (material escolar, ayudas para comedor), vivienda (alquiler y mejora de las condiciones de habitabilidad de la vivienda, suministros, etc.) así como el acompañamiento y trabajo social con las familias.

2.- Proyectos de apoyo a la conciliación familiar y laboral para familias en procesos de inserción socio-laboral con hijos e hijas a cargo tales como gastos de asistencia a escuelas infantiles, la atención de niños y niñas para cubrir necesidades puntuales de conciliación, los servicios de apoyo complementarios de los servicios normalizados educativos u otros que garanticen el derecho de los niños y niñas a una atención y desarrollo adecuados.

3.- Servicios de intervención y apoyo familiar (intervención y orientación socio-familiar, mediación familiar, puntos de encuentro o atención socioeducativa de niñas, niños y adolescentes).

4.- Proyectos para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de las y los menores durante las vacaciones escolares, periodos no lectivos (fines de semana y tarde) y la conciliación de la vida familiar y laboral.

La Dirección General de Discapacidad también impulsa este servicio en los municipios de Garachico, San Miguel, Santa Úrsula y Agüimes. Los equipos están integrados por profesionales de trabajo social, psicología y sanidad y han recibido formación específica

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Discapacidad, ha puesto en marcha hoy (lunes 22) el equipo itinerante del servicio de valoración de la discapacidad de Gáldar con el objetivo de agilizar y descentralizar la realización de los trámites necesarios para conseguir la valoración de la discapacidad y que las personas solicitantes de este reconocimiento no tengan que desplazarse de su municipio. La iniciativa se enmarca en el proyecto Itinera y está financiada a través del Fondo Social Europeo con una inversión anual de un millón de euros.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado; el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil; la directora general de Discapacidad, Dulce Gutiérrez, y el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa. Delgado explicó que el equipo de valoración está formado por dos trabajadoras sociales, una psicóloga, un fisioterapeuta y un administrativo y señaló que “con este centro en Gáldar atenderemos a la comarca norte y en breve abriremos el de Agüimes para la comarca sur. Hemos creado estos equipos itinerantes, tanto en Tenerife -en los municipios de Garachico, Santa Úrsula y San Miguel- como en Gran Canaria -en Gáldar y Agüimes-, para acercar a las personas con discapacidad los servicios que presta la Consejería de Bienestar Social a través de la Dirección General de Discapacidad”.

“Tengo que agradecer al Ayuntamiento de Gáldar y, especialmente a su alcalde, su implicación para poder poner este centro en funcionamiento que, además, está integrado dentro del centro de servicios sociales del ayuntamiento, con lo cual, si hiciera falta alguna información del propio ayuntamiento, pues lo tendría al lado”, aseguró Delgado. Además, la consejera de Bienestar indicó que “con esto cumplimos el mandato que nos ha dado el presidente, Fernando Clavijo, que es poner a las personas en el centro de la acción política. De hecho, se ha creado la Dirección General de Discapacidad en esta legislatura con el objetivo atender a las personas. Con estos equipos de valoración lo que logramos es acercar esos servicios y que las personas obtengan los beneficios que da el tener ese certificado de discapacidad”.

“Ya pusimos en marcha una experiencia piloto en El Hierro y La Palma y para el año que viene constituiremos esos equipos itinerantes que precisamente irán a poder bajar esas listas de espera que tenemos en el área de discapacidad y que nos permitirán, antes de terminar la legislatura, alcanzar los seis meses que establece la ley para obtener ese grado de discapacidad”, señaló Delgado.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, aseguró que “es un día importante para la comarca norte, no solo para Gáldar, que es quien acoge este servicio. En el norte de Gran Canaria siempre reivindicamos acercar la administración a la ciudadanía por la lejanía, por la orografía e incluso por el envejecimiento de la población y reclamamos que los servicios lleguen cada vez más a la comarca norte. Y agradezco a la consejera del área, a Candelaria Delgado y a su equipo, que ha tenido desde el minuto uno una predisposición, para llegar a todas las comarcas. En este caso, a la del norte con la infraestructura de Gáldar y al sur-sureste con la de Agüimes”. y evidentemente en la capital.

“La Administración avanza y no deja a la gente más débil atrás, sino todo lo contrario, poniéndolo en el eje, en el centro. Y repito que desde que el Gobierno de Canarias tocó la puerta del ayuntamiento pusimos nuestros medios y nuestras infraestructuras para acoger este servicio. Eso servirá para que los ayuntamientos del norte no tengan que desplazar a sus ciudadanos a Las Palmas para algo tan elemental como es una valoración de la discapacidad, lo que supone un avance para todos”.

Por su parte, Dulce Gutiérrez indicó que los equipos de valoración “también informarán a las personas con discapacidad de las acciones que se están desarrollando en la isla y de los servicios que se le pueden prestar a partir de que obtengan ese grado de discapacidad. Por eso es muy importante que esa información esté lo más cercana a las personas con discapacidad y, sobre todo, en este entorno de la zona norte de la isla de Gran Canaria”.

Equipos

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto Itinera que permite la realización por parte de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS), órgano dependiente de la Consejería de Bienestar Social, de entrevistas a las personas atendidas proporcionando información, asesoramiento y asistencia, con el fin de valorar el grado de discapacidad y emitir los dictámenes correspondientes. Además, el personal realizará toda la gestión documental que lleva aparejada el reconocimiento del grado de discapacidad. Cada equipo de valoración de la discapacidad está integrado por dos profesionales en materia de trabajo social, un psicólogo y un profesional sanitario que han realizado una formación específica para poder realizar su labor.