Tras varios años de espera, el pasado 28 de julio, el Gobierno de Canarias presentó a los rectores de la ULL y la ULPGC -sin conocimiento previo del documento- una propuesta de contrato-programa 2027-2030 que incrementaría en 45 millones de euros, en cuatro años, la financiación autonómica para las universidades públicas canarias

El jueves 30 de este mismo mes, los rectores Lluís Serra (ULPGC) y Francisco García (ULL) calificaron la oferta de “decepcionante” y advirtieron que “pone en jaque” a las universidades públicas: para 2027 necesitan 290,4 millones solo para cubrir subidas salariales legales, frente a los 286,9 millones ofrecidos, generando un desfase de 15 millones. Para los responsables de nuestras universidades públicas, no se cubren ni los gastos estructurales y cronifica la infrafinanciación. Además, denunciaron penalizaciones económicas “sin precedentes” y que la cifra de 2030 (326 millones de euros) queda muy por debajo del 1% del PIB exigido por la LOSU (unos 600 millones de euros). Un fiasco. 

Hay momentos en la historia de un pueblo en los que determinadas decisiones trascienden el ámbito de la gestión cotidiana para situarse en el terreno de lo verdaderamente trascendente. La educación superior es uno de esos espacios donde una sociedad define silenciosamente el modelo de país que desea construir. Lo que hoy decidamos sobre nuestras universidades determinará, en buena medida, la Canarias que heredarán quienes vengan detrás de nosotros.

Las universidades públicas canarias no nacieron únicamente para impartir enseñanzas regladas. Surgieron como una conquista colectiva, fruto de una sociedad que entendió que el conocimiento debía dejar de ser un privilegio para convertirse en un derecho. La Universidad de La Laguna primero y, posteriormente, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han sido mucho más que centros docentes. Han sido motores de movilidad social, laboratorios de pensamiento crítico, espacios de creación cultural y científica y, sobre todo, instituciones comprometidas con la realidad de un archipiélago que siempre ha tenido que vencer enormes condicionantes derivados de su lejanía, de su fragmentación territorial y de la fragilidad de su modelo económico.

No existe desarrollo posible sin conocimiento. Tampoco existe soberanía efectiva cuando un territorio renuncia a generar su propia inteligencia colectiva. Las sociedades que dependen exclusivamente del conocimiento producido por otros terminan dependiendo también de las decisiones de otros. Esa es una lección que Canarias debería haber aprendido hace mucho tiempo.

Sin embargo, asistimos desde hace años a una evolución que invita a la preocupación. Mientras los grandes discursos institucionales proclaman la importancia de la innovación, de la investigación y de la economía del conocimiento, la realidad cotidiana de nuestras universidades públicas refleja otra situación bien distinta. Financiación insuficiente, dificultades para renovar las plantillas docentes e investigadoras, precariedad entre los jóvenes investigadores, infraestructuras que requieren una modernización constante y una creciente carga burocrática que consume energías que deberían destinarse a enseñar, investigar y transferir conocimiento a la sociedad.

Todo ello ocurre precisamente cuando el mundo atraviesa una de las transformaciones tecnológicas, económicas y ambientales más profundas de su historia reciente. La revolución digital, la inteligencia artificial, la transición energética, el cambio climático, la gestión sostenible del agua, la biodiversidad, la economía azul o la diversificación productiva constituyen desafíos de enorme complejidad para un territorio tan singular como Canarias. Afrontarlos exige disponer de universidades fuertes, capaces de investigar desde el territorio y para el territorio, conectadas con el mundo pero profundamente comprometidas con la realidad insular.

Es precisamente en este contexto cuando proliferan iniciativas orientadas a la implantación de nuevas universidades privadas en Canarias. No se trata de cuestionar la legitimidad de la iniciativa privada ni de negar el pluralismo propio de una sociedad abierta. El debate es otro mucho más profundo: cuál debe ser el papel de las instituciones públicas en la construcción del bien común y qué modelo universitario responde mejor a los intereses estratégicos de Canarias. Qué propuesta garantiza la educación universal, la que propicia un ascenso social no determinado por la condición económica familiar.

Porque la universidad no puede contemplarse únicamente como un mercado de titulaciones ni como un espacio donde la oferta responde exclusivamente a la demanda inmediata. Una universidad es también una institución al servicio del interés general. Investiga enfermedades raras aunque no resulten rentables; estudia el patrimonio histórico aunque no genere beneficios económicos inmediatos; analiza el cambio climático, la pobreza, la cohesión social, la planificación territorial o la conservación de los ecosistemas porque alguien debe hacerlo si aspiramos a construir un futuro sostenible.

El riesgo aparece cuando el sistema público pierde fortaleza al mismo tiempo que se expande una oferta privada cuya lógica responde necesariamente a criterios distintos. Las universidades privadas seleccionan sus ámbitos de actuación conforme a estrategias empresariales perfectamente legítimas. Las universidades públicas, por el contrario, tienen la obligación de atender todas aquellas necesidades que una sociedad considera esenciales, incluso cuando no producen rentabilidad económica.

Por eso la cuestión no consiste en enfrentar dos modelos de manera simplista. La verdadera pregunta es si Canarias puede permitirse debilitar las instituciones que sostienen su capacidad de generar conocimiento propio. Y la respuesta, desde una perspectiva de responsabilidad colectiva, parece evidente. No hay política económica seria sin política científica. No hay diversificación productiva sin investigación. No hay transición ecológica sin universidades que produzcan innovación. No hay igualdad de oportunidades cuando el acceso al conocimiento depende cada vez más de la capacidad económica de las familias.

En demasiadas ocasiones hemos actuado como si el crecimiento consistiera únicamente en multiplicar infraestructuras, aumentar indicadores turísticos o atraer inversiones exteriores. Pero el verdadero desarrollo se mide por la capacidad de un pueblo para construir capital humano, fortalecer sus instituciones y generar inteligencia colectiva. Esa ha sido siempre la principal riqueza de las sociedades más avanzadas.

Canarias necesita un gran pacto por el conocimiento. Un acuerdo que trascienda los ciclos electorales y sitúe la educación superior en el corazón de una estrategia compartida de desarrollo. Un pacto que garantice una financiación suficiente y estable para las universidades públicas; que facilite la incorporación del talento joven; que refuerce la investigación; que promueva la cooperación con empresas e instituciones sin renunciar nunca a la autonomía universitaria; y que establezca criterios rigurosos para cualquier nuevo proyecto universitario que pretenda implantarse en las islas.

No se trata de cerrar puertas. Se trata de ordenar el crecimiento desde la planificación y no desde la improvisación. Canarias conoce demasiado bien las consecuencias de dejar que sea únicamente el mercado quien decida el destino del territorio. Lo hemos aprendido en el urbanismo, en la ocupación del suelo, en el consumo de recursos naturales y en la configuración de nuestro modelo económico. Sería un error repetir esa experiencia en un ámbito tan decisivo como el conocimiento.

La universidad pública constituye uno de los grandes patrimonios colectivos del pueblo canario. No pertenece a los gobiernos de turno ni a quienes la gestionan circunstancialmente. Pertenece a la sociedad que la sostiene y a las generaciones futuras que encontrarán en ella las herramientas para comprender un mundo cada vez más complejo. Defenderla no significa resistirse al cambio. Significa precisamente lo contrario: dotarla de los recursos necesarios para liderar ese cambio desde el compromiso con el interés general.

Un partido nacionalista debería además, en teoría, ser más consciente de que una universidad pública es imprescindible para el fortalecimiento del conocimiento, la identidad, la cohesión social y la capacidad de autogobierno.

Porque el futuro de Canarias no se decidirá únicamente en los mercados internacionales, ni en los consejos de administración, ni siquiera en las instituciones políticas. Se decidirá, sobre todo, en la capacidad que tengamos para formar ciudadanos libres, investigadores excelentes, profesionales comprometidos y personas capaces de pensar por sí mismas.

Y esa tarea, que constituye una de las expresiones más elevadas del servicio público, sigue teniendo en nuestras universidades uno de sus pilares fundamentales. Debilitarlas sería debilitar la esperanza de un país que necesita más conocimiento, más cohesión y más inteligencia compartida para afrontar con confianza los desafíos del siglo XXI.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

La Gomera es una isla de distancias cortas en el mapa, pero de trayectos complejos en la realidad. Nuestra orografía, la dispersión de los núcleos de población y la necesidad de conectar los seis municipios convierten la movilidad en una cuestión esencial para la cohesión territorial. Por eso, disponer de una red de transporte público fuerte no es un lujo: es una garantía de igualdad

Cada guagua que recorre nuestras carreteras acerca a una persona a su puesto de trabajo, a un centro educativo, a una cita médica, a una gestión administrativa o a un encuentro familiar. El transporte público es, en definitiva, un instrumento de unión. Permite que vivir en un núcleo alejado no implique renunciar a oportunidades y que el lugar de residencia no determine el acceso a los servicios básicos.

Desde el Cabildo de La Gomera hemos mantenido una apuesta clara y sostenida por mejorar este servicio. Los datos demuestran que la ciudadanía responde: GuaguaGomera transportó a más de 183.000 personas durante el primer semestre de 2026, y seis de cada diez viajeros utilizaron alguna modalidad de bono. Estas cifras reflejan que el transporte colectivo forma parte de la vida cotidiana de la isla y que las políticas de apoyo al usuario tienen un impacto real.

Pero no basta con crecer en número de pasajeros. Debemos avanzar en calidad, accesibilidad, frecuencia e información, como lo hemos hecho recientemente con la conexión con la costa de Vallehermoso. Pero es que además, en el último año hemos incorporado doce nuevas guaguas, con una inversión superior a 3,1 millones de euros, elevando de 18 a 24 los vehículos disponibles. 

Son unidades con mayor capacidad, mejores prestaciones y adaptación para personas con movilidad reducida. A ello se suma una nueva aplicación móvil que permite consultar líneas y horarios, calcular rutas, localizar paradas y conocer los tiempos estimados de llegada.

El siguiente paso será igualmente decisivo. A partir del último trimestre del año, GuaguaGomera ampliará en torno a un 30% las frecuencias en el conjunto de la isla. Habrá nuevas salidas a primera hora desde San Sebastián hacia Valle Gran Rey y Vallehermoso, se reforzarán las conexiones entre municipios y, por primera vez, La Dama y Alojera dispondrán de servicios con Vallehermoso los sábados, domingos y festivos. 

Esta mejora responde a una demanda ciudadana y a una convicción política: el transporte público debe ser accesible y útil para la vida real. Debe servir tanto a quienes se desplazan por motivos laborales o educativos como a quienes necesitan acudir a servicios esenciales o participar en la actividad social y económica de la isla.

Fortalecer GuaguaGomera es fortalecer La Gomera, es reducir desigualdades, apoyar la sostenibilidad y vertebrar nuestro territorio. Cada paso que damos en esta dirección se traduce en algo fundamental: tener una isla mejor conectada. 

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

En 1890 proyectó su primera luz sobre el océano el Faro de Maspalomas para alumbrar el constante y enriquecedor tránsito de barcos entre continentes, con sus cargamentos de sueños e ideas. Su brillo se sumó a la larga lista de destellos con los que Gran Canaria ha contribuido a iluminar los caminos de la civilización y la extensión de derechos desde su atalaya en el Atlántico. Hoy, cuando arrecian temporales que amenazan con hacer naufragar avances sociales y democráticos, nuestra isla se alza sobre el mapa como un faro de las libertades

La escala en Gran Canaria del artista neoyorkino Spencer Tunick, mundialmente conocido por intervenciones centradas en el cuerpo humano desnudo como elemento de composición colectiva y expresión de libertad, no es fruto de la casualidad. Su acción Gran Spectrum, desarrollada este domingo en Vegueta como homenaje a la comunidad LGTBIQA+ y a la diversidad, con la colaboración de centenares de personas, obedece al hecho de que la isla es a un tiempo escenario y protagonista de los movimientos a favor de la convivencia y la igualdad.

Tunick, cuya trayectoria ha dejado un legado de imágenes grupales impactantes en Nueva York, Barcelona, Sidney, Ciudad de México, Ámsterdam o Múnich, ha percibido la energía de la isla. “Una fotografía necesita un poder más allá de lo visual. Y creo que Gran Canaria tiene una historia increíble de apoyo a los derechos LGTBIQA+, así que la imagen tendrá una relación simbiótica con el lugar donde se realiza. Para mí es un honor trabajar en Gran Canaria, la mejor isla del mundo para este proyecto”, ha manifestado el creador. Su fotografía en el barrio fundacional de la ciudad retrata también una sociedad insular abierta y sensible y proyecta un mensaje esperanzador al mundo.

Esta iniciativa cultural e ideológica de Tunick en defensa del respeto, la empatía y el sentimiento de comunidad añade una página más al relato de integración y celebración de la diversidad que ha escrito Gran Canaria a lo largo de su historia. Nuestra identidad abierta, con los pies en la orilla y la mirada posada en el horizonte, se ha forjado a lo largo de los siglos y su esencia emerge constantemente sobre la superficie de la memoria y el tiempo presente. En esta atmósfera contaminada e inestable que envuelve al planeta, la iniciativa de Tunick en el marco del Culture & Business Pride, contribuye a realzar el papel de Gran Canaria como plataforma para el entendimiento y la solidaridad, igual que lo hizo la reciente visita del papa León XIV.

El arte y el pensamiento crítico necesitan espacios para respirar y ser el oxígeno de las sociedades que aspiran a una verdadera justicia social. Precisan también de diques frente al creciente oleaje de los discursos violentos y la extensión interesada de la ignorancia y el desprecio al otro. “Hay demasiado odio hacia la gente de mente abierta”, ha planteado Tunick.

Asimismo, reclaman un terreno para el pensamiento y la conexión humana, donde no se mire a través de la óptica de la división. Gran Canaria, aunque haya a quien le pese, es ese lugar y quiere seguir siéndolo. Es desde luego la intención del Cabildo, motivo por el que hemos respaldado el trabajo de Tunick, y ha sido parte intrínseca de la hoja de ruta del Gobierno de la isla en la última década. Gran Canaria no es solo un territorio donde estar. Es un lugar donde ser.

De hecho, el arte local más concienciado nos acompaña en la toma de decisiones en el Cabildo de Gran Canaria. Al término de la presentación de los detalles de Gran Spectrum días antes de que se llevara a cabo, tuve la ocasión de guiar a Tunick por los pasillos del Cabildo para que contemplara las obras de destacados artistas de la isla que enaltecen sus paredes. El breve recorrido concluyó en el Salón de Plenos, bajo los murales de Jesús Arencibia, titulados ‘Los gozos del mar’ y ‘Los dolores del mar’. Representan también a la colectividad y encierran una metáfora de resistencia y a favor de la igualdad social en tiempos de represión. Esto nos lleva a otra reflexión: las libertades no son eternas ni gozan del perpetuum mobile tras un impulso inicial. Es obligado engrasar y vigilar a diario los mecanismos que las hacen posibles.

Seguimos una estela. Escuchamos ese rumor humanista y compasivo en las palabras de Galdós, cuando afirmó que “al amor no le dictan leyes”. Seguimos con la mirada el vuelo de los seres alados que imaginó Chirino, siempre en busca de la universalidad y la libertad.  Y hasta los versos de Pino Ojeda en los que alude a la importancia de ser “un solo agua, un solo cauce” podrían ser el pie de foto de la obra de Tunick en Vegueta.

Junto a nuestros valores, la aclamada y global obra de Tunick será desde ahora embajadora también de la riqueza de nuestro patrimonio gracias a una imagen que recorrerá el planeta a través de las redes sociales y las referencias en medios de comunicación generalistas y especializados. Vegueta es el kilómetro cero temporal del barrio fundacional de Las Palmas de Gran Canaria. Y es además un gran pulmón cultural alentado por el Cabildo con el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), recientemente reabierto tras las obras de mejora, la Casa de Colón y, próximamente, con el Museo de Bellas Artes de Gran Canaria (Mubea).

En su búsqueda de la utopía, el arte se comunica con el arte permanentemente. El CAAM acoge en estos momentos una exposición de la artista cubana Sandra Ramos en la que se incluye la evocadora imagen de una niña dibujando con su lápiz lo que podría ser otra realidad desde un montículo en medio del mar, trazando “un puente imaginario que surca las aguas profundas, oscuras, turbulentas, acortando distancias, acercando orillas, creyendo en el valor del arte como espacio infinito de conexión humana y camino hacia la libertad”, explica la comisaria Wendy Navarro.

Cabe preguntarnos qué queda en realidad al desnudo en las fotografías de Tunick y qué nos dice la imagen de las personas que han acudido a la llamada del artista para quedarse desnudas, ’en pingo’, antigua expresión propia del sureste de Gran Canaria, para hacer referencia a quienes se despojan de cualquier atuendo o del más mínimo y humilde trapo, a quienes  se quedan en cueros. Creo que quedan al desnudo en último término la intransigencia, el despotismo o la mezquindad. La colectividad puesta al servicio de los derechos diluye la desnudez individual, que accede a una nueva dimensión. Porque separados somos importantes y constituimos la pincelada, el píxel o el elemento de composición necesarios. Unidos y unidas somos el cambio.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Durante años hemos hablado de la transición energética como un objetivo de futuro. Hoy podemos afirmar que ese futuro ya ha comenzado en La Gomera. En apenas tres años, la isla ha pasado de disponer de un sistema aislado, limitado y vulnerable, a contar con una nueva arquitectura energética capaz de integrar más renovables, mejorar la seguridad del suministro y avanzar hacia mayores niveles de autosuficiencia

El dato más reciente confirma la magnitud de este cambio. Durante varias jornadas de julio, los cinco parques eólicos de La Gomera inyectaron más de nueve megavatios en la red y cubrieron íntegramente la demanda eléctrica insular. Hogares, empresas y servicios públicos fueron abastecidos, en determinados momentos, únicamente con energía eólica. No se trata de una previsión ni de una aspiración: es una realidad que demuestra que la transformación del modelo energético gomero ya está en marcha.

Este resultado ha sido posible gracias a dos decisiones estratégicas. La primera fue la entrada en funcionamiento, desde 2023, de cinco parques eólicos con una capacidad conjunta superior a once megavatios. La segunda ha sido la interconexión eléctrica con Tenerife, una infraestructura que pone fin al aislamiento energético de La Gomera y permite integrar más energía renovable sin comprometer la estabilidad del sistema.

La conexión entre las subestaciones de El Palmar y Chío cuenta con un doble circuito de 66 kilovoltios, más de 36 kilómetros de trazado submarino y una capacidad de transporte de 50 megavatios. Su importancia, sin embargo, no reside solo en sus características técnicas. La interconexión aporta seguridad, estabilidad y resiliencia, permite recibir energía cuando sea necesario y facilita evacuar los excedentes cuando la producción renovable supere la demanda insular.

Cuando se inauguró esta infraestructura señalamos que La Gomera abría una nueva etapa. Dijimos que la interconexión no era un lujo, sino una garantía para un servicio esencial del que dependen el hospital, las residencias, los colegios, las empresas y los hogares. Los resultados registrados este mes de julio confirman que aquella visión era correcta y que la conexión también multiplica nuestra capacidad para aprovechar los recursos renovables propios.

A esta transformación se suma el esfuerzo inversor que realiza cada año el Cabildo de La Gomera para acercar la transición energética a la ciudadanía. Las líneas de ayuda insulares han permitido financiar más de 360 proyectos de autoconsumo en viviendas y empresas. Cada instalación contribuye a reducir la dependencia energética, abaratar costes y extender una cultura de sostenibilidad basada en la participación directa de familias, profesionales y pequeños negocios.

Pero este avance no significa que todo esté hecho. Debemos continuar reclamando el cierre del anillo eléctrico insular por el sur, reforzar el mantenimiento de la red de distribución e impulsar más energía solar en hogares, empresas y equipamientos públicos. También debemos favorecer nuevas inversiones renovables, siempre desde la planificación, el respeto al territorio y el interés general.

La Gomera ha demostrado que puede convertir sus limitaciones históricas en oportunidades. La transición energética ya no es una promesa. Es una transformación real que mejora nuestra seguridad, fortalece nuestra economía y protege el futuro de nuestra isla y de las próximas generaciones.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

Las sociedades que avanzan se construyen con bases sólidas para superar la prueba del tiempo. Lo mismo ocurre con las grandes obras públicas. Para hacer realidad proyectos transformadores deben coincidir la voluntad colectiva y la determinación de las administraciones, aun sabiendo que surgirán obstáculos y controversias

En Gran Canaria ha sido así durante más de un siglo. La historia demuestra que las grandes infraestructuras suelen enfrentarse siempre a las mismas objeciones: se cuestiona su coste, se considera que existen necesidades más urgentes, se duda de su utilidad y se augura que nunca justificarán la inversión. Sin embargo, el tiempo suele pronunciar un veredicto muy distinto.

Esta dinámica forma parte de la propia construcción de Gran Canaria. La división de opiniones ha acompañado el desarrollo de infraestructuras que hoy nadie discute y que han contribuido decisivamente a la modernización de la isla. Las voces contrarias acabaron silenciadas por la elocuencia de los hechos.

Los cimientos del Teatro Pérez Galdós constituyen uno de los primeros ejemplos. Tras el incendio del antiguo Teatro Tirso de Molina, la construcción del nuevo recinto desató una intensa controversia. Se criticó su elevado coste y se defendía que Las Palmas de Gran Canaria tenía necesidades más urgentes. El propio Benito Pérez Galdós expresó reservas sobre dedicar tantos recursos a un gran coliseo, -al que llegó a denominar «teatro acuático»- en una ciudad con importantes carencias sociales. Inaugurado en 1890, terminó convirtiéndose en uno de los grandes referentes culturales de Canarias y en un símbolo del patrimonio histórico de Gran Canaria.

Algo muy similar ocurrió con el Puerto de La Luz y de Las Palmas. Cuando comenzaron las obras en 1883, bajo el impulso del ingeniero Juan de León y Castillo, abundaban quienes consideraban desproporcionada una infraestructura de semejante envergadura para las necesidades de la isla. Se cuestionaba su coste y se dudaba de que pudiera generar el tráfico marítimo suficiente para justificar la inversión. La realidad desmintió aquellos pronósticos. Gracias a su posición estratégica en las rutas atlánticas, el Puerto de La Luz acabó convirtiéndose en uno de los principales motores económicos de Gran Canaria y de Canarias.

La misma controversia acompañó a buena parte de las grandes presas construidas durante el siglo XX. Las expropiaciones, la financiación, la gestión del agua o el propio modelo de desarrollo agrícola alimentaron un intenso debate. Hoy esas infraestructuras forman parte del paisaje de la isla y nadie discute su importancia para garantizar el abastecimiento de agua. Del mismo modo, la contestación al proyecto hidroeléctrico de Salto de Chira ha ido perdiendo fuerza conforme se han comprendido sus beneficios para la seguridad hídrica, energética y alimentaria de Gran Canaria y el proyecto avanza cumpliendo sus plazos.

Las críticas por el coste y la oportunidad de la inversión también acompañaron la construcción de la carretera del centro, la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria o la carretera de La Aldea. Ese mismo debate se proyecta hoy sobre el tren de Gran Canaria, una infraestructura que seguimos defendiendo como esencial para mejorar la movilidad insular y afrontar los desafíos del futuro.

Si la controversia ha perseguido históricamente a las infraestructuras destinadas a sostener el desarrollo económico y social de una isla densamente poblada, no resulta extraño que también haya acompañado a los grandes equipamientos culturales y deportivos. Con frecuencia se ha menospreciado su capacidad para generar cohesión social, proyectar la imagen de Gran Canaria y dinamizar la economía.

El Centro Atlántico de Arte Moderno, inaugurado en 1989, fue criticado por el coste de la rehabilitación del edificio histórico de Vegueta, por su mantenimiento y por una programación considerada demasiado vanguardista. Con el paso de los años terminó consolidándose como uno de los museos de referencia de Canarias y como una institución de prestigio dentro y fuera del Archipiélago.

La construcción del Auditorio Alfredo Kraus tampoco escapó a ese patrón. Se discutieron su coste, su ubicación en la playa de Las Canteras, su dimensión e incluso la elección de un arquitecto catalán. Hoy constituye uno de los grandes iconos culturales de Gran Canaria y uno de los auditorios más reconocidos de España.

La construcción del Gran Canaria Arena, inaugurado en 2014 con motivo de la Copa del Mundo de Baloncesto, reavivó un debate bien conocido. Se criticó el incremento del presupuesto, que pasó de 35 a más de 80 millones de euros, y se cuestionó la conveniencia de destinar recursos públicos a una gran infraestructura deportiva en plena crisis económica. También se dudó de la necesidad de un recinto con capacidad para más de 11.000 espectadores. Hoy, sin embargo, constituye uno de los principales equipamientos deportivos de Canarias y un escenario capaz de albergar acontecimientos internacionales de primer nivel.

Algo parecido ocurrió con el Estadio de Gran Canaria. Su construcción, en 2003, estuvo rodeada de una intensa polémica. Se consideraba demasiado costoso y muchos lamentaban el abandono del histórico Estadio Insular. Dos décadas después, el debate vuelve a reproducirse con su reforma y ampliación. Cambia la infraestructura, pero el discurso permanece prácticamente inalterable: se cuestiona la inversión, se pone en duda su oportunidad y se insiste en que existen otras prioridades.

Mirar al pasado permite comprender mejor el presente. El horizonte de obras que fueron discutidas por su coste o por la oportunidad de acometerlas es tan amplio como el lugar imprescindible que hoy ocupan en la vida cotidiana de la isla. Las objeciones se repiten con una sorprendente fidelidad; lo que cambia es el juicio que termina haciendo el tiempo sobre ellas.

En ese contexto se sitúa La Nube, el proyecto ganador del concurso internacional para la reforma y ampliación del Estadio de Gran Canaria. Está llamado a convertir el recinto en uno de los grandes arenas del Estado y a reforzar su capacidad para generar actividad deportiva, cultural y económica. Pero representa también algo más profundo: la voluntad de una isla de seguir mirando al futuro sin renunciar a la ambición. La elección de Gran Canaria como sede del Mundial de 2030 fue un éxito colectivo, y La Nube simboliza la capacidad de esta tierra para afrontar retos de gran dimensión y competir con los territorios más avanzados de Europa.

Nuestra convicción se apoya en una idea expresada por Ludwig Mies van der Rohe: la arquitectura es la plasmación de la voluntad de una época. Esa convicción ha inspirado buena parte de la transformación impulsada por el Cabildo durante los últimos años. Los grandes equipamientos no son simples edificios; son infraestructuras que reconfiguran la forma en que una sociedad se relaciona consigo misma y con el mundo.

Por eso conviene hacerse algunas preguntas. ¿Fueron excesivos los recursos destinados al Puerto de La Luz? ¿Lo fueron los invertidos en el Teatro Pérez Galdós, en las grandes presas, en el Auditorio Alfredo Kraus o en el Gran Canaria Arena? En su momento muchos respondieron afirmativamente. Hoy casi nadie pondría en cuestión su contribución al desarrollo de la isla. La historia demuestra que la utilidad de las grandes obras no siempre puede medirse desde la inmediatez.

Conviene recordar, además, que inversiones como la prevista para el Estadio de Gran Canaria no compiten con las políticas sociales. Conviven con el mayor esfuerzo sociosanitario realizado en la historia de la isla con inversiones históricas en dependencia, vivienda, empleo y apoyo al tercer sector. Conviven con el desarrollo del nuevo Infecar (72 millones de euros), del Salto de Chira (600 ME), del MUBEA (15ME), del plan sociosanitario más importante de Canarias (200 ME), del Centro Insular de deportes (20 ME). Conviven con un modelo de desarrollo ecosocial transformador de la realidad insular.

Porque el objetivo último de toda acción pública sigue siendo el mismo: mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Las grandes infraestructuras y la justicia social no son caminos incompatibles; son dos expresiones complementarias de un mismo proyecto de progreso.

La historia de Gran Canaria enseña que las sociedades que aspiran a avanzar deben ser capaces de pensar más allá de la urgencia del momento. Las generaciones que hoy disfrutan del Puerto de La Luz, del Teatro Pérez Galdós, del Auditorio Alfredo Kraus, de las grandes presas o del Gran Canaria Arena apenas recuerdan las controversias que acompañaron su nacimiento. Permanecen las obras; se desvanecen las polémicas. Esa es, quizá, la verdadera prueba del tiempo. No la resistencia del hormigón o del acero, sino la capacidad de una sociedad para reconocer, con la perspectiva de los años, que algunas de las decisiones más discutidas fueron también las que contribuyeron de forma más decisiva a construir su futuro.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Acceder a la educación superior no puede depender de la isla en la que se nace ni de la capacidad económica de cada familia. Sin embargo, para muchos jóvenes de La Gomera y del resto de islas no capitalinas, comenzar una carrera universitaria o unos estudios superiores supone afrontar una dificultad añadida: encontrar un alojamiento digno y asequible en Tenerife o Gran Canaria

Esta realidad se ha agravado por el incremento de los alquileres y la reducción de la oferta disponible para estudiantes. No hablamos de una cuestión secundaria. El alojamiento puede determinar que un joven inicie, continúe o abandone sus estudios. Por eso, esta semana hemos anunciado que trabajamos en una propuesta para impulsar una oferta suficiente de plazas residenciales en las zonas donde se concentran los centros de educación superior, especialmente en Tenerife. 

La iniciativa debe analizar todas las fórmulas posibles: construir nuevas residencias, adquirir o rehabilitar inmuebles, concertar plazas con centros existentes o desarrollar modelos de cooperación entre administraciones. Lo importante es disponer de una respuesta estable, no de soluciones coyunturales. En el caso de La Gomera, esta actuación podría beneficiar a cerca de 500 estudiantes que cursan sus estudios en la Universidad de La Laguna y en otros centros superiores de Tenerife. 

La nueva Ley de Cabildos ofrece, además, un marco adecuado para avanzar. Permite desarrollar actuaciones fuera del territorio insular cuando responden a razones de interés general en ámbitos concretos como este, y debemos aprovechar esa posibilidad jurídica para dar una respuesta conjunta a un problema que comparten La Gomera, El Hierro, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. 

En La Gomera llevamos más de dos décadas demostrando que la educación es una prioridad. Fuimos la primera administración pública de Canarias que al comienzo de cada curso otorgamos los libros de texto a todas los estudiantes, hemos ampliado de forma constante el apoyo a las familias: becas al estudio, ayudas al transporte, convenios con las universidades canarias y la UNED, y cooperación con los centros educativos. 

Este año hemos destinado más de 2,5 millones de euros a becas y ayudas, beneficiando a 651 jóvenes. Además, pusimos en marcha por primera vez una ayuda específica al alquiler, de hasta 1.000 euros por estudiante, para mitigar el impacto del encarecimiento de la vivienda. También hemos elevado a 1,5 millones de euros la inversión del convenio para mejorar las infraestructuras educativas de la isla, con actuaciones en doce centros. 

Pero sabemos que las ayudas individuales, siendo imprescindibles, no resuelven por sí solas un problema estructural. Necesitamos más plazas, precios asequibles y seguridad para las familias. Necesitamos que un estudiante sepa, antes de comenzar el curso, dónde va a vivir y cuánto le va a costar. 

Garantizar alojamiento para quienes deben desplazarse es garantizar igualdad de oportunidades. Es cohesión territorial, justicia social y futuro para Canarias, y los cabildos tenemos que trabajar juntos para que ningún joven tenga que renunciar a su formación por vivir en una isla no capitalina.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

Las grandes transformaciones nunca avanzan en línea recta. Exigen visión, voluntad política, capacidad para sumar y, sobre todo, determinación para superar los obstáculos que inevitablemente aparecen en el camino. Conseguir que Gran Canaria sea sede del Mundial de Fútbol de 2030 ha sido uno de esos retos. Transformar el Estadio de Gran Canaria para estar a la altura de ese acontecimiento es el siguiente

Nada de lo conseguido hasta ahora ha sido fruto de la casualidad. Ya en el mandato anterior, el Cabildo inició ante la Real Federación Española de Fútbol las gestiones y los procedimientos necesarios para situar a la isla en la carrera mundialista. En el actual mandato intensificamos ese trabajo y construimos una candidatura colectiva, sumando a instituciones públicas y a organizaciones deportivas, económicas, sociales y civiles alrededor de un objetivo común. Y se consiguió.

En julio de 2024, Gran Canaria fue incluida entre las once sedes españolas propuestas para el Mundial. En diciembre de ese mismo año, la FIFA confirmó la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos para organizar el campeonato de 2030. Nuestra isla estará, por primera vez, en el escenario del mayor acontecimiento deportivo del planeta. Y llegamos hasta aquí gracias a una propuesta que cumplió con nota con los exigentes requisitos de FIFA, y puso de manifiesto una solvencia y rigurosidad administrativa y técnica que también se aplicó al posterior proceso de licitación.

Es difícil exagerar la dimensión de ese logro. Un Mundial no son solamente unos partidos de fútbol. Es proyección internacional, actividad económica, empleo, modernización de infraestructuras y capacidad para mostrar Gran Canaria al mundo. Pero es también algo menos cuantificable y no menos importante: sentimiento de pertenencia, orgullo colectivo y cohesión social.

Desde el principio entendimos, además, que la oportunidad no podía agotarse en unas semanas de competición. Los grandes acontecimientos tienen verdadero sentido cuando dejan un legado. Por eso la transformación del Estadio de Gran Canaria, recogida ya en nuestro programa electoral, responde a una ambición que va mucho más allá de cumplir las exigencias del Mundial. Se trata de dotar a la isla de una infraestructura moderna y de primer nivel para las próximas décadas.

El Cabildo convocó un concurso internacional de ideas para definir el futuro del estadio. El proyecto seleccionado plantea una transformación integral del recinto: cerca de 42.000 localidades, las gradas aproximándose al terreno de juego, una nueva cubierta y una profunda modernización de los accesos, las instalaciones, la tecnología y los servicios.

No estamos ante una reforma menor. Es una de las mayores intervenciones sobre una infraestructura deportiva realizadas en Canarias. La complejidad técnica del proyecto quedó acreditada durante su desarrollo. Los estudios realizados determinaron que las características del terreno sobre el que se asienta el estadio exigen importantes trabajos de cimentación y refuerzo para soportar una actuación de estas dimensiones. Esa circunstancia, junto a la evolución de los costes de construcción debido a la inflación y a los conflictos bélicos internacionales,  obligó a revisar la previsión económica inicial.

La primera estimación se situaba en torno a los 100 millones de euros. Posteriormente, el Cabildo realizó la correspondiente modificación presupuestaria y la obra salió a licitación por 174,7 millones. La UD Las Palmas anunció, asimismo, su participación en la financiación con una aportación de 60 millones de euros.

El procedimiento establecía un plazo de ejecución de 36 meses, dentro del calendario necesario para llegar al Mundial de 2030. Sin embargo, al concluir el plazo de presentación de ofertas ninguna empresa había concurrido a la licitación. El concurso quedó desierto. Es un contratiempo importante y debe ser abordado con diligencia. Pero no es el final de nada. Las licitaciones desiertas forman parte de la realidad de la contratación pública y la legislación establece mecanismos para afrontar estas situaciones. Corresponde ahora analizar las causas y utilizar, con la máxima agilidad y seguridad jurídica, las alternativas que permita la ley. Eso es lo que está haciendo el Cabildo. Lo que no correspondía era inflar los precios fraudulentamente.

Las razones que pueden explicar la ausencia de ofertas son diversas. El contexto bélico internacional está alterando los precios de la energía, el transporte, las materias primas, el coste de la mano de obra especializada  y los materiales de construcción. A ello se suman las dificultades derivadas de la insularidad, la disponibilidad de maquinaria especializada, la capacidad para afrontar simultáneamente grandes actuaciones en la isla y la escasez de determinados perfiles profesionales. También las penalizaciones, acordes con la dimensión del destino inicial de la obra.

El sector de la construcción ha expresado también sus reservas sobre el presupuesto, los plazos, las penalizaciones y la complejidad de la ejecución. Esas consideraciones deben ser escuchadas y estudiadas. El diálogo con quienes conocen el mercado y tienen que ejecutar las obras no solo es razonable: es necesario. Pero conviene establecer una distinción esencial. Escuchar no significa que una administración pública deba asumir automáticamente todas las posiciones de un determinado sector. Las empresas defienden legítimamente sus intereses y las organizaciones empresariales cumplen su función cuando trasladan las preocupaciones de sus asociados. El Cabildo tiene otra responsabilidad: proteger los recursos públicos, garantizar la legalidad y tomar las decisiones que mejor respondan al interés general de Gran Canaria.

Esa responsabilidad no se delega. Ya hemos vivido situaciones similares. En otras grandes actuaciones promovidas por el Cabildo - la última, la del futuro centro sociosanitario Carlota de la Quintana, en el antiguo psiquiátrico- se cuestionaron inicialmente por los constructores grancanarios los presupuestos o las condiciones de las licitaciones. En el caso señalado las obras encontraron una UTE, con participación grancanaria, dispuesta a ejecutarlas. Los constructores grancanarios pusieron el grito en el cielo, pero la obra se está ejecutando. La experiencia aconseja escuchar todas las advertencias, analizar los datos y evitar tanto la precipitación como los diagnósticos interesados.

Resulta, por eso, llamativa la rapidez con la que algunos han querido transformar una incidencia en un fracaso. Apenas quedó desierta la licitación comenzaron los juicios definitivos, los reproches y las dudas sobre la capacidad del Cabildo para sacar adelante el proyecto. La crítica es legítima y necesaria en una democracia. Pero también lo es preguntarse por qué determinados sectores parecen esperar cada dificultad para convertirla en una oportunidad de desgaste político, incluso cuando está en juego un proyecto estratégico para toda la isla. Se dejan ver también en estos casos los que envidian el progreso de Gran Canaria.

El Mundial no pertenece a un gobierno. Pertenece a Gran Canaria. El nuevo estadio tampoco será patrimonio de una mayoría política. Será una infraestructura pública que quedará al servicio de la isla durante décadas. Por eso convendría no confundir la fiscalización con el deseo de que las cosas salgan mal.

Nadie tiene que explicarnos la importancia del Mundial. Hemos trabajado durante años para conseguirlo. Tampoco necesitamos que nos descubran ahora la dificultad de construir una infraestructura de esta magnitud. La conocíamos cuando asumimos el reto y la conocemos mejor después de los estudios técnicos y del trabajo desarrollado. Este Cabildo tiene experiencia en la gestión de proyectos extraordinariamente complejos. El Salto de Chira constituye una de las mayores actuaciones energéticas que se ejecutan en España. Hemos impulsado la mayor planificación sociosanitaria de la historia de Gran Canaria, con nuevos centros para afrontar un déficit acumulado durante décadas. Avanzamos en la transformación del Centro Insular de Deportes, en la inauguración del Museo de Bellas Artes, en el nuevo INFECAR y en otras infraestructuras estratégicas para el futuro de la isla.

Ninguno de esos proyectos ha sido sencillo. Las grandes obras encuentran dificultades técnicas, administrativas, económicas y jurídicas. Surgen imprevistos, cambian las condiciones del mercado y aparecen obstáculos que obligan a modificar decisiones. La diferencia no está en que existan problemas. Está en la capacidad para resolverlos. Eso es gobernar.

Ahora corresponde determinar por qué la licitación del estadio quedó desierta y cuál es la mejor alternativa para continuar. Si es necesario revisar aspectos del procedimiento, se hará dentro de la legalidad. Si hay que negociar con empresas con capacidad técnica y solvencia suficientes, se utilizarán los mecanismos previstos. Si los informes objetivos aconsejan adoptar otras decisiones, se estudiarán y se explicarán con transparencia.

No habrá improvisación, pero tampoco parálisis. Sabemos, además, que cualquier decisión generará críticas. Si renunciáramos a transformar el estadio, se nos acusaría de perder una oportunidad histórica y de poner en riesgo la celebración del Mundial. Si realizamos la inversión necesaria, porque haya aumentado el coste de los materiales, habrá quienes contrapongan ese esfuerzo a otras necesidades sociales.

Es un debate legítimo, pero plantea una falsa elección. Una administración responsable no puede limitarse a gestionar las urgencias del presente renunciando a construir el futuro. Debe hacer ambas cosas.

El mismo Cabildo que impulsa el estadio está desarrollando la mayor inversión sociosanitaria de la historia de Gran Canaria, liderando la adaptación y la mitigación del cambio climático, la transición energética y la soberanía alimentaria, garantizando la seguridad hídrica, impulsando la diversificación económica -multiplicando el PIB en economía azul, disparando el uso del transporte  público, potenciando la economía circular, convirtiéndose en referencia en economía verde y lucha contra los incendios…-, y afrontando importantes necesidades sociales en materia de vivienda y de equipamientos sociales, culturales y deportivos. También medioambientales, industriales y comerciales. O de creación de empleo, de políticas de igualdad  y de cuidados. El progreso de una sociedad no se construye eligiendo permanentemente entre unas políticas y otras, sino generando los recursos y la capacidad pública necesarios para avanzar en distintos frentes.

El estadio tampoco se transforma para unas pocas semanas de 2030. El Mundial es el horizonte que acelera una actuación necesaria, pero la infraestructura permanecerá después de que termine el último partido. Será parte del patrimonio público de Gran Canaria y un equipamiento deportivo, económico  y social para las próximas generaciones.

Por eso afrontamos la situación actual con responsabilidad y determinación. Sin minimizar el problema y sin alimentar el alarmismo. Analizando las causas, escuchando al sector, utilizando las herramientas que ofrece la legislación y tomando las decisiones que correspondan.

Una licitación desierta no borra los años de trabajo que permitieron traer el Mundial a Gran Canaria. No invalida la necesidad de transformar el estadio. Y no convierte un obstáculo administrativo en el fracaso de un proyecto estratégico. Las grandes decisiones se miden, precisamente, cuando aparecen las dificultades.

Gran Canaria decidió competir por el Mundial cuando no había ninguna garantía de conseguirlo. Creyó en sus posibilidades, construyó una candidatura sólida, sumó voluntades y alcanzó un objetivo que durante años parecía lejano. Ahora tenemos delante otro desafío. Lo afrontaremos con diálogo, pero con autonomía para decidir; con prudencia, pero sin miedo; con rigor, pero sin permitir que la dificultad se convierta en parálisis. Escucharemos todas las posiciones legítimas, pero las decisiones se tomarán pensando en el interés general de Gran Canaria.

Porque los obstáculos no borran el camino recorrido. Lo ponen a prueba. Y este Cabildo no ha llegado hasta aquí para detenerse ante el primer tropezón que aparezca.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

La celebración del Encuentro Insular del Mayor es una oportunidad para reconocer a quienes han construido La Gomera con su esfuerzo, su sacrificio y su compromiso, y para reafirmar nuestra responsabilidad con su bienestar

Nuestros mayores representan la memoria viva de la isla. En ellos permanece una forma de entender la vida basada en la solidaridad, la cooperación y el cuidado. Atenderlos y acompañarlos no puede entenderse únicamente como una obligación administrativa. Es un deber y una expresión de justicia social.

Desde el Cabildo de La Gomera hemos convertido esa convicción en políticas concretas. Nuestro escudo social es una potente red de recursos, servicios, ayudas y profesionales que protege a las personas ante la enfermedad, la dependencia, la soledad o las dificultades económicas.

Esta protección resulta especialmente necesaria en una isla como la nuestra. La dispersión de la población, el envejecimiento demográfico, las limitaciones de movilidad y la doble insularidad exigen respuestas adaptadas al territorio, en donde no podemos aplicar soluciones pensadas para otras realidades. Debemos garantizar servicios cercanos, accesibles y capaces de llegar a todos los municipios y núcleos de población.

El presupuesto insular para 2026 refleja esta prioridad. El Cabildo destina 16,2 millones de euros al bienestar social, casi el 17 % de las cuentas insulares, convirtiéndolo en el capítulo con mayor dotación. Estos datos son importantes, pero detrás de cada cifra hay una persona. Hay una familia que necesita apoyo para cuidar a un ser querido; un mayor que puede permanecer en su entorno; o una persona dependiente que recibe la atención que necesita. Ese es el verdadero significado de gobernar poniendo a la ciudadanía en el centro: transformar recursos públicos en autonomía, tranquilidad, igualdad y calidad de vida.

Este modelo tampoco sería posible sin el tercer sector. Las asociaciones y entidades sociales desarrollan una labor imprescindible en ámbitos como el alzheimer, la diversidad funcional, el acompañamiento a mayores o el apoyo a las familias. Por ello, el Cabildo mantiene su colaboración económica con estas organizaciones, cuya cercanía permite que la atención llegue con eficacia a quienes más la necesitan.

El Encuentro Insular del Mayor simboliza esta forma de entender la acción pública. Es un espacio de reconocimiento y convivencia, pero también un recordatorio de que una sociedad se mide por cómo cuida a quienes la han sostenido durante décadas.

Nuestro compromiso es consolidar un Cabildo que escucha y protege. Un Cabildo que convierte la política social en una herramienta de transformación y que trabaja para que ninguna persona se sienta sola. Cuidar a nuestros mayores es cuidar también el presente y el futuro de La Gomera.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

Las paredes del antiguo Hospital Psiquiátrico acumulan veinte años de silencio. Dos décadas en las que ese edificio singular, concebido por el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre como una de las referencias del racionalismo en España, ha permanecido mudo entre la arboleda de Tafira, como una imagen congelada en el tiempo. Hoy, ese silencio termina. El Cabildo de Gran Canaria ha dado inicio a las obras de rehabilitación del inmueble para convertirlo en el Centro Sociosanitario Carlota de la Quintana, un equipamiento llamado a convertirse en pieza clave de las políticas de atención y justicia social de la isla

Colocar la primera piedra de este proyecto hace un par de días fue mucho más que un acto protocolario. Es la culminación de años de planificación, de voluntad política sostenida y de la convicción de que los cuidados no son un gasto, sino una inversión en derechos y en cohesión social. Es también el reconocimiento de que Gran Canaria tiene una deuda pendiente con este edificio y con las personas que un día lo habitaron.

El racionalismo nació del principio de poner la arquitectura al servicio de una función a través de la pureza de las líneas y las formas. Ese precepto fundacional encontrará ahora su expresión más plena. Tras la intervención impulsada por el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del Cabildo, con una inversión de algo más de 40 millones de euros y un plazo de ejecución aproximado de dos años, el edificio no será una infraestructura más: será, en palabras que me permito tomar prestadas del propio lenguaje arquitectónico, un gran abrazo protector.

La rehabilitación preservará los valores patrimoniales del inmueble y eliminará los añadidos que distorsionaban la obra original. Los jardines serán regenerados con especies propias del Paisaje Protegido de Tafira, y el conjunto alcanzará una eficiencia energética prácticamente plena. La vocación racionalista del edificio —ajustarse con precisión a un objetivo— encontrará así su razón de ser en un proyecto que esquiva la lógica operativa de los grandes centros hospitalarios para apostar por un modelo más personalizado y humano.

El futuro centro dispondrá de 242 plazas residenciales, organizadas en 17 unidades convivenciales y 2 viviendas tuteladas, destinadas fundamentalmente a personas mayores con discapacidad intelectual y física, y a usuarios y usuarias con enfermedad mental. Se suman 30 plazas de día, completando una oferta que pondrá las necesidades y la autonomía de las personas en el centro de cada decisión.

Hay algo en este proyecto que va más allá de los metros cuadrados y de las plazas residenciales, y quiero detenerme en ello. El nuevo centro llevará el nombre de la doctora Carlota de la Quintana: pionera de la medicina en el archipiélago, primera mujer médica especialista de Canarias y tercera de España, conocida por muchos como la doctora de los pobres.

Parecía que el destino tenía reservado un lugar conjunto para este edificio y para la doctora De la Quintana. Ella dedicó su profesión y gran parte de su vida al auxilio de las personas más necesitadas; fue la mano sanadora que llegó donde prácticamente nadie llegaba, luz de la medicina en la oscuridad de la injusticia social, la combinación perfecta de ciencia y humanidad. Nos dejó en el año 2011 a los 102 años, pero Doña Carlota pertenece a esa clase de personas eternas que permanecen gracias a su legado, tan sólido como los cimientos de estos pabellones.

Quienes creemos en la igualdad sentimos la obligación de continuar ese camino. El nombre del centro no es un homenaje decorativo: es un compromiso. Del mismo modo que el Centro Benedicta Ojeda, inaugurado hace unos meses, honra a la gran referente de la enfermería en Gran Canaria, el Centro Sociosanitario Carlota de la Quintana incorpora a su misión institucional el ejemplo de una mujer que entendió los cuidados como un acto de justicia.

Esta actuación se enmarca en el mayor esfuerzo inversor en el ámbito sociosanitario del Cabildo de las últimas dos décadas. El Segundo Plan Sociosanitario del Cabildo prevé la creación de 1.600 nuevas plazas públicas y cerca de 400 más impulsadas por el tercer sector con financiación insular. Nació con una dotación de 90 millones de euros y, gracias a una aportación adicional de 110 millones de fondos propios, alcanza una inversión total de 200 millones. Más de la mitad de las plazas ya están en servicio.

A ello se suma el Convenio de Dependencia 2025-2028, suscrito con el Gobierno de Canarias, que moviliza 604 millones de euros para garantizar la estabilidad de los servicios, atender cada año a más de 5.300 hombres y mujeres y consolidar un modelo de cuidados centrado en la persona. En la última década, Gran Canaria ha duplicado el número de personas atendidas, diversificando los recursos con centros de día, hogares funcionales, atención domiciliaria y dispositivos especializados.

Las cifras no son retórica. Son el resultado de años de planificación y de acuerdos institucionales complejos, sostenidos por una voluntad política que rechaza mirar hacia otro lado ante el envejecimiento de la población y el aumento de la dependencia. Nadie, absolutamente nadie, puede quedar al margen del futuro al que aspiramos.

La experiencia de la pandemia nos confirmó que invertir en planificación y cuidados fortalece la protección de toda la sociedad. Por eso, mientras se ejecutan las obras del Centro Carlota de la Quintana y continúan desarrollándose otras infraestructuras, el Cabildo ya trabaja en el Tercer Plan Sociosanitario. Las demandas crecen y no admiten pausas.

Me gusta pensar que un edificio, una ciudad, una isla, están hechos sobre todo de emociones: las líneas trazadas en los planos deben determinar el punto de encuentro entre la arquitectura y las aspiraciones colectivas. El antiguo Hospital Psiquiátrico fue en su día un barco varado en un océano de olvido. Hoy reflota y marca el rumbo. Estoy convencido de que este edificio hablará alto y claro de todo aquello que podemos lograr cuando Gran Canaria trabaja unida. El silencio ha terminado.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

La celebración de la III Gala del Deporte nos ha permitido reconocer públicamente a quienes, con esfuerzo, talento y compromiso, contribuyen a engrandecer el nombre de La Gomera. También nos ha brindado una oportunidad para reflexionar sobre el papel del deporte en nuestra sociedad y sobre la responsabilidad colectiva de seguir respaldándolo

El deporte es una escuela de vida en la que aprendemos a convivir, trabajar en equipo, respetar las reglas y comprender que ningún objetivo importante se alcanza sin constancia. Nos enseña a aceptar la derrota con serenidad, asumir el éxito con humildad y levantarnos después de cada dificultad. 

En una isla como la nuestra, estos valores adquieren una dimensión especial. Los deportistas gomeros afrontan desplazamientos entre municipios, viajes fuera de la isla y un esfuerzo añadido para compatibilizar entrenamientos, estudios, trabajo y vida familiar. Lejos de convertirse en una barrera, estas circunstancias refuerzan su capacidad de superación, disciplina y compromiso.

La gala ha puesto rostro a esa realidad. Marco Rodríguez, reconocido como Mejor Deportista Individual Masculino, simboliza la constancia y la fortaleza necesarias para destacar en disciplinas como el trail, el kilómetro vertical y el skyrunning. Estela Guerra, Mejor Deportista Individual Femenina, representa la determinación, la proyección exterior de nuestra isla y el avance imparable del deporte femenino.

El Club Colombófilo Gomera, distinguido como Mejor Colectivo Deportivo, demuestra que preservar una tradición profundamente arraigada también es una forma de avanzar. Sebastián Castilla, reconocido como Referente Deportivo, encarna no solo la excelencia alcanzada en el voleibol, sino también la generosidad de compartir su experiencia y formar a quienes vienen detrás.

Las menciones honoríficas reflejan, además, que el deporte gomero se construye en cada pueblo. Álvaro Escuela representa, desde Agulo, el talento acompañado de perseverancia. Silvia Noguera, desde Alajeró, es ejemplo de liderazgo y compromiso al frente del Club Deportivo Aguleme Drago. El Club Deportivo Hermifutsa de Hermigua, acredita la capacidad de convertir un proyecto local en una referencia insular.

Francisco José Castilla Arteaga, de San Sebastián de La Gomera, ha llevado la ornitología deportiva gomera a competiciones nacionales e internacionales. El Club Deportivo Valle Gran Rey ha formado durante décadas a generaciones de jóvenes y se ha consolidado como una escuela. Edgar Magdalena, desde Vallehermoso, expresa mediante el ciclismo el sacrificio, la disciplina y la capacidad de superación.

Todos ellos son referentes porque sus logros trascienden una clasificación. Cuando un deportista gomero compite fuera de la isla, representa a toda La Gomera y proyecta una forma de entender el esfuerzo, la pertenencia y la perseverancia. Sus trayectorias muestran a nuestros niños y jóvenes que el talento necesita trabajo y que el verdadero éxito consiste también en inspirar.

Detrás de cada reconocimiento existen familias, entrenadores, clubes, directivos, árbitros, voluntarios, trabajadores públicos, federaciones y entidades colaboradoras. Nadie llega solo. Esa red humana, muchas veces silenciosa, constituye uno de nuestros mayores patrimonios sociales.

Desde las instituciones debemos seguir fortaleciendo el deporte base, el deporte femenino y adaptado, las infraestructuras y el apoyo a quienes representan a la isla. Invertir en deporte es invertir en educación y salud, inclusión.

Las medallas pasan y los récords terminan siendo superados. El ejemplo, sin embargo, permanece. Ese es el mayor legado de nuestros deportistas y una de las mejores expresiones de la isla que queremos seguir construyendo: una isla unida, orgullosa de sus valores y capaz de reconocer su esfuerzo. 

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.