El pasado 5 de mayo las “Económicas” de Gran Canaria y Tenerife, en colaboración con una representación cualificada de la sociedad civil de Canarias presentaron, al unísono, un manifiesto de apoyo a la universidad pública canaria y solicitaron a la ciudadanía su firma en señal de respaldo

Desde el Cabildo de Gran Canaria quiero expresar mi aliento firme a cada una de sus reivindicaciones. La actualidad trepidante de las islas, marcada por la saturación turística y las urgencias migratorias, no puede seguir dejando en un segundo plano el debate sobre las decisiones de singular calado que el gobierno autonómico está adoptando contra nuestro sistema universitario público. Ante esta situación no podemos permanecer impasibles. La aportación de la ULPGC y la ULL es fundamental para nuestro desarrollo integral en las próximas décadas. Debilitarlas o desmantelarlas es poner en riesgo un modelo de progreso equilibrado, innovador y socialmente justo.

Hablar en Gran Canaria de la universidad es revivir una catarsis que movilizó a toda la sociedad isleña y que culminó con una conquista histórica. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como ha recordado en muchas ocasiones el ex rector Rubio Royo, nació del pueblo y existe para servirle. Pocas universidades tienen el respaldo, la complicidad y la estima social que arropa a la ULPGC. Por eso, todo lo que le afecta tiene una trascendencia pública enorme. Han pasado 36 años desde su creación, y hoy como ayer reafirmo mi convicción de que es una herramienta imprescindible para generar conocimiento cualificado, favorecer la igualdad de oportunidades y democratizar la educación y la cultura.

Lo reitero con rotundidad: la universidad pública canaria es clave para nuestro progreso social, económico, cultural y tecnológico. El manifiesto, y la amplia presencia de la ciudadanía en su presentación, nos recuerda que la sociedad que conquistó la ULPGC no está dispuesta a permitir su deterioro. Desde el Cabildo nos mantendremos firmes en la colaboración y en la denuncia de cualquier actuación que debilite o cuestione su papel trascendental.

Hay cuatro cuestiones que me preocupan profundamente y que el manifiesto ha puesto negro sobre blanco. Constituyen una estrategia deliberada en contra de nuestras universidades públicas: su financiación permanentemente deficitaria, la Ley de Consejos Sociales recientemente aprobada, el nuevo proyecto de Ley de la Ciencia y la potenciación de las universidades privadas. No es casualidad que se hayan precipitado y coincidido en el tiempo. Demuestran un diseño claro para debilitarlas.

La asfixia económica. La ULPGC nunca ha estado correctamente financiada, pero en los dos últimos años la situación ha empeorado hasta extremos insostenibles. En 2025, el proyecto de presupuesto no alcanzaba para garantizar las retribuciones del personal ni los costes de la Seguridad Social. Las partidas de infraestructuras no permiten ni el mantenimiento básico. Llevamos años sin un contrato programa que establezca un marco de financiación estable. Según el último informe del Ministerio de Universidades, Canarias destina menos del 0,7% de su PIB a educación superior, frente al 1% estatal y el 1,3% europeo. Somos la comunidad que menos invierte por estudiante y en investigación. Las plantillas envejecen y se precarizan. No podemos seguir a la cola. Es absolutamente de justicia reclamar ese 1% del PIB a la financiación de las universidades públicas canarias.

El control político. La nueva Ley de Consejos Sociales se aprobó contra el parecer de los órganos de gobierno de ambas universidades. Los rectores, que han acudido al Tribunal Constitucional para recurrir la ley, denuncian falta de diálogo, imposición e invasión de la autonomía constitucionalmente garantizada. Lo que han manifestado públicamente es muy grave: ”esta actitud de ignorar a nuestras universidades públicas, por desgracia, no es nueva en Canarias, llueve sobre mojado". Con el paraguas de la participación social, lo que se esconde es el interés por controlar la universidad pública, limitar el disenso y promover visiones partidistas de la historia, la economía o la cultura.

La exclusión científica. El proyecto de Ley de la Ciencia alcanza niveles irracionales. Se ha empezado a tramitar sin consultar a las dos universidades, que concentran más del 95% de la investigación del archipiélago. Se proponen órganos asesores donde las universidades públicas quedan en minoría. Este maltrato frustra una progresión investigadora en la que estábamos esperanzados.

La apuesta por lo privado. En los últimos años, el 80% de los nuevos títulos oficiales en Canarias se han aprobado para universidades privadas y solo un 20% para las públicas. En el último curso, a las privadas se les aprobaron 15 grados y a las públicas ninguno. No se trata de prohibir la competencia, sino de exigir que no sea tramposa. La universidad privada supone una selección social: no toda la población puede pagar matrículas elevadas. El manifiesto que está siendo firmado por una amplia mayoría denuncia con claridad esta deriva.

Esta ofensiva no es un fenómeno aislado canario. Responde a una estrategia global de las derechas para controlar, limitar y debilitar las universidades públicas. Desde Trump presionando a Harvard o Columbia por sus posturas sobre el genocidio en Gaza o el cambio climático, hasta Macron creando un observatorio contra "derivas ideológicas" en Francia; desde Ayuso estrangulando financieramente a la Complutense —con un plan de recortes de 33 millones de euros que elimina optativas y no repone jubilaciones— hasta la criminalización de la protesta estudiantil. En todas partes se repite el mismo guion: se desgasta la autonomía con recortes, se potencia a las privadas, se controlan los consejos sociales. Lo que ocurre en Canarias es un espejo de esa corriente mundial.

Por eso hoy cobra tanta importancia el manifiesto de las sociedades económicas de Tenerife y Gran Canaria. Es la voz de una sociedad civil que no ha olvidado cómo se conquistó la ULPGC. Sin embargo, debo decir con sinceridad que la respuesta de la comunidad universitaria en los últimos meses no había estado a la altura de la gravedad del momento. El malestar de los equipos rectorales no llegaba con suficiente claridad a la calle. Tampoco había percibido una movilización del profesorado, los sindicatos o el estudiantado acorde con la situación. El manifiesto corrige ese rumbo. Es el primer paso de una respuesta plural y proporcional que necesitamos urgentemente.

Reclamo con la mayor energía un nuevo pacto por la educación superior en Canarias. Necesitamos cinco líneas fundamentales. Primera: mejorar e incrementar la financiación pública con un marco plurianual estable. Segunda: estabilizar, motivar y garantizar el relevo generacional del profesorado y del personal de administración y servicios. Tercera: mejorar la empleabilidad del estudiantado y fomentar la colaboración empresarial. Cuarta: visibilizar la relevancia social del conocimiento que se genera en nuestras aulas. Quinta: incentivar el acceso de toda la población juvenil, especialmente de aquella con menos recursos.

Desde el Cabildo de Gran Canaria sabemos de la trascendencia de un sistema universitario público de calidad y accesible para todas y todos. Hoy, con el respaldo del manifiesto ciudadano, reafirmo mi compromiso. Si hace 40 años nos movilizamos y conseguimos la creación de la ULPGC, hoy, cuando vive momentos de riesgo para su autonomía y progresión de futuro, debemos volver a manifestarnos de todas las maneras posibles. La universidad que nació de una marea social debe seguir contando con ese respaldo colectivo. No permitamos que languidezca el gran sueño nacido en el siglo XX. Lo necesitamos para ganar el siglo XXI.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

La agricultura gomera ha sido, y sigue siendo, una pieza esencial de nuestra economía. En municipios como Hermigua, donde la platanera forma parte del paisaje y del sustento de muchas familias, hablar del futuro del sector primario es hablar necesariamente del agua y de la responsabilidad de gestionarla mejor

El proyecto piloto de riego eficiente que se desarrollará en fincas de plataneras del Valle de Hermigua supone un paso decisivo en esa dirección. Permitirá comprobar, en condiciones reales, la eficacia del riego localizado por goteo, la sensorización del suelo y la automatización. No se trata sólo de incorporar tecnología, sino de ponerla al servicio de los agricultores para ahorrar agua, mejorar el rendimiento de las explotaciones, reducir costes y optimizar el uso de fertilizantes.

Hermigua parte de una realidad conocida: la ausencia de explotaciones equipadas con riego por goteo y la persistencia de métodos tradicionales que generan mayor consumo de agua, pérdidas por escorrentía y evaporación, distribuciones desiguales del recurso y más necesidad de mano de obra. Por eso, este proyecto tiene un valor que va más allá de las fincas en las que comienza. Permitirá obtener datos, medir resultados y valorar si este modelo puede trasladarse a otras zonas agrícolas de La Gomera.

Esta actuación forma parte de una planificación insular más amplia, que combina ahorro, modernización, almacenamiento, reutilización, mejora de redes y nuevas fuentes de producción de agua. En los últimos años, La Gomera ha impulsado inversiones en presas, redes de riego, conducciones, depósitos, embalses, cauces y nacientes, con un objetivo claro: reducir pérdidas y asegurar que cada metro cúbico llegue donde tiene que llegar.

La gestión eficiente del agua es uno de los grandes desafíos del sector agrario, especialmente en un territorio insular como el nuestro, donde los recursos proceden principalmente de presas, nacientes y sondeos. Los efectos del cambio climático y los episodios de sequía de los últimos años nos han demostrado que no basta con reaccionar cuando el problema ya está encima. Hay que planificar antes, invertir antes y tomar decisiones antes.

En esa estrategia preventiva se enmarca también la dotación de desaladoras. La desalación no sustituye a la buena gestión del agua tradicional, sino que la complementa y la refuerza. Las plantas de San Sebastián de La Gomera y Playa de Santiago representan una garantía adicional para atender necesidades domésticas, agrícolas e industriales, especialmente en escenarios de escasez.

La clave está en anticiparnos. Cada presa mejorada, cada depósito impermeabilizado, cada conducción reparada, cada fuga detectada, cada sistema de riego modernizado y cada nueva infraestructura hidráulica forman parte de un mismo objetivo: garantizar agua suficiente para la población y para el campo gomero.

También es fundamental la colaboración institucional y la implicación directa del sector. Este proyecto es posible porque administraciones, cooperativa, comunidad de regantes y agricultores caminan en la misma dirección. Además, el compromiso del Gobierno de Canarias de dar continuidad a la iniciativa permitirá estudiar la incorporación de nuevas fincas y ampliar sus beneficios.

Desde el Cabildo de La Gomera defendemos que invertir en el sector primario y, por supuesto, en infraestructuras agrarias e hidráulicas es invertir en empleo, en fijación de población, y en la conservación de nuestro paisaje. Hermigua puede ser el punto de partida de un modelo de gestión del agua agrícola más eficiente, sostenible y preparado para los retos de las próximas décadas. Porque el agua no es sólo un recurso. Es una garantía de futuro para nuestras familias, nuestros agricultores, nuestros pueblos y La Gomera.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

En un contexto económico cada vez más exigente y cambiante, el papel de las administraciones públicas trasciende la mera gestión de recursos para convertirse en un verdadero motor de cohesión social y generación de oportunidades. Una de las responsabilidades más relevantes que asumimos desde lo público es, sin duda, la de facilitar el acceso al empleo, especialmente en aquellos segmentos de población donde más dificultades existen: los jóvenes que se incorporan por primera vez al mercado laboral y las personas que se encuentran en la antesala de la jubilación

En La Gomera hemos asumido este compromiso como una prioridad estratégica. Actuar donde más se necesita no es solo un principio político, sino una línea de trabajo consolidada que orienta nuestras decisiones y la planificación de nuestras inversiones. Porque entendemos que el empleo no es únicamente un indicador económico, sino un factor clave para la estabilidad social, la dignidad personal y el arraigo en el territorio.

En el caso de los jóvenes, el acceso al primer empleo supone, en muchas ocasiones, una barrera difícil de superar. La falta de experiencia se convierte en un obstáculo que limita sus oportunidades, incluso tras haber completado su formación. Por ello, desde el Cabildo de La Gomera hemos destinado, en los dos últimos años, más de 2,2 millones de euros para facilitar la incorporación laboral de jóvenes recién titulados. Gracias a este esfuerzo, 60 gomeros y gomeras han tenido la oportunidad de iniciar su trayectoria profesional en condiciones dignas.

Los resultados son evidentes. Hoy, la tasa de desempleo juvenil en La Gomera se sitúa por debajo del 4%, una cifra significativamente inferior a la media de Canarias. Este dato no es fruto de la casualidad, sino de una política activa y sostenida en el tiempo, que demuestra que cuando las administraciones se implican, los resultados llegan.

Pero no podemos olvidar a otro colectivo igualmente vulnerable: las personas mayores de 60 años. En muchas ocasiones, quienes se encuentran en esta etapa de la vida ven cómo se reducen sus oportunidades laborales, pese a contar con una amplia experiencia y un conocimiento valioso. Desde el Cabildo hemos querido dar respuesta a esta realidad, destinando más de 5 millones de euros a programas de inserción laboral dirigidos a este colectivo, con un impacto que, al cierre de este año, supera las 300 personas beneficiarias.

Estas políticas no solo contribuyen a mejorar la calidad de vida de quienes participan en los programas, sino que también refuerzan el tejido social y económico de la isla. Porque cada empleo generado es una familia que gana estabilidad, un proyecto de vida que se consolida y una comunidad que avanza.

Ahora bien, la empleabilidad no puede depender exclusivamente de programas directos. Es imprescindible avanzar hacia un modelo en el que los incentivos desde lo público actúen como catalizadores de la iniciativa privada. En este sentido, desde el Cabildo hemos impulsado medidas de apoyo a pymes y autónomos, facilitando la contratación y promoviendo la creación de empleo en el ámbito local.

Se trata, en definitiva, de construir un ecosistema en el que lo público y lo privado trabajen de la mano, generando sinergias que multipliquen las oportunidades. Solo así podremos garantizar un desarrollo equilibrado, inclusivo y sostenible.

El reto es claro: seguir avanzando en políticas que sitúen a las personas en el centro, que reduzcan las desigualdades y que ofrezcan oportunidades reales a quienes más lo necesitan. En La Gomera hemos demostrado que es posible. Y vamos a seguir trabajando en esa dirección.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

Hablar de progreso en La Gomera es hablar de personas

De familias que necesitan apoyo, de jóvenes que buscan oportunidades, de mayores que merecen cuidados dignos y de una sociedad que aspira a avanzar con cohesión. Ese ha sido, y sigue siendo, el principio que guía la acción del Cabildo de La Gomera: construir una isla en la que nadie se quede atrás

Durante el último año hemos consolidado un modelo de gestión que sitúa a las personas en el centro de todas las decisiones. No es una declaración de intenciones, sino una realidad medible. Más del 75% del gasto público se ha destinado a políticas sociales, educativas y de apoyo directo a la ciudadanía. Esto significa que cada decisión presupuestaria tiene un impacto directo en la vida de las gomeras y de los gomeros.

Ese compromiso se traduce en hechos concretos. El fortalecimiento del escudo social insular ha permitido atender a más de 3.000 familias, ampliar la red sociosanitaria y mejorar la atención a los colectivos más vulnerables. Detrás de estos datos hay realidades cotidianas con personas mayores que reciben cuidados, familias que encuentran respaldo en momentos difíciles y ciudadanos que ven garantizados sus derechos.

Pero no se trata solo de proteger, sino también de generar oportunidades. La educación y la juventud son ejes estratégicos de nuestro proyecto de isla. Más de 2.200 estudiantes han recibido apoyo a través de becas, ayudas y programas de movilidad, mientras que las políticas activas de empleo han contribuido a reducir el desempleo juvenil en torno a un 30% , porque apostar por nuestros jóvenes es apostar por el futuro de La Gomera.

Al mismo tiempo, hemos reforzado el apoyo al tejido productivo, consciente de que una economía sólida es clave para garantizar el bienestar social. Más de 480 pymes y autónomos han sido beneficiarios de ayudas e iniciativas de dinamización económica, impulsando el empleo y la actividad en todos los municipios.

Este avance económico se ha desarrollado en paralelo a un firme compromiso con la sostenibilidad. La transición energética, el impulso al autoconsumo y la puesta en marcha de la primera comunidad energética insular son ejemplos de una apuesta clara por un modelo de desarrollo más responsable con nuestro entorno.

Los presupuestos para 2026 consolidan esta hoja de ruta. Con una inversión superior a los 180 millones de euros, el Cabildo mantiene su compromiso destinando 7,8 de cada 10 euros a políticas sociales, educativas y de apoyo directo. Todo esto refuerza un modelo de gestión redistributivo que busca garantizar la igualdad de oportunidades y el equilibrio territorial en toda la isla.

Porque el bienestar social no es un gasto, es la base del progreso. Y gobernar no es simplemente administrar recursos, sino también mejorar la vida de las personas. Ese es el sentido de cada decisión que tomamos.

Nuestro reto es seguir avanzando. Ampliar la red sociosanitaria, facilitar el acceso a la vivienda, consolidar el empleo juvenil y continuar impulsando un desarrollo económico equilibrado y sostenible . En definitiva, seguir construyendo una isla con más igualdad, más oportunidades y más futuro.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

Esta semana, de la mano del Consejo Insular de la Energía, del área de Medio Ambiente, Energía, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, de Infecar, de la SPEGC y de Island Innovation, celebramos en Gran Canaria la Cumbre Global de las Islas Sostenibles con el objetivo de abordar en profundidad algunos de los grandes retos estructurales que comparten las islas del mundo

A lo largo de la historia, las islas han sido mucho más que territorios en medio del mar.. Han sido refugio, frontera y promesa. Han sido, en la literatura, el espacio donde imaginar otros mundos posibles. Desde la Utopía de Tomás Moro hasta La isla del tesoro, han representado ese lugar donde lo conocido termina y comienza lo posible. Hoy, esa intuición literaria se ha convertido en una realidad política: las islas ya no son solo espacios donde imaginar el futuro, sino lugares donde ese futuro se está construyendo.

El poeta canario Arturo Maccanti escribió que “el horizonte es nuestra medida”, y quienes vivimos en islas sabemos bien lo que eso significa. Vivimos en un espacio condicionado por límites físicos, por la distancia y por la dependencia, pero también por una relación constante con el horizonte. Como señaló el Nobel caribeño Derek Walcott, “el mar es historia”, y en nuestras islas el mar es historia, pero también presente y, sobre todo, futuro.

Durante demasiado tiempo, las islas han sido percibidas como regiones periféricas, aisladass o vulnerables. Sin embargo, hoy sabemos que esa mirada es incompleta. Las islas no estamos en el margen del cambio, estamos en su primera línea. Representamos entre el uno y el dos por ciento de la población mundial, pero concentramos algunos de los mayores desafíos del planeta en términos de vulnerabilidad climática, dependencia energética y limitación de recursos.

Y precisamente por eso, este encuentro adquiere todo su sentido. Durante estos días se han abordado cuestiones decisivas para el presente y el futuro de las islas en el planeta: la transición energética, la adaptación al cambio climático, la gestión del agua, la economía azul, la biodiversidad, la financiación de la sostenibilidad y la innovación en la gobernanza.

No ha sido un congreso convencional, sino un verdadero espacio de trabajo global donde las islas del mundo se reconocen entre sí, comparten experiencias y construyen soluciones comunes. Lo demuestra la diversidad de quienes han participado, representando a más de cincuenta países y territorios insulares de todos los continentes: desde Tuvalu, en el Pacífico, hasta Jeju, en Corea; desde el Caribe hasta la Macaronesia; desde África hasta Europa, pasando por América y Asia. Esta diversidad es la mejor prueba de que las islas, en cualquier parte del mundo, comparten desafíos… y también la voluntad de construir soluciones conjuntas.

Este encuentro tiene además una trayectoria que merece ser destacada. La Cumbre Global celebra en Gran Canaria su cuarta edición. La primera tuvo lugar en Madeira, la segunda en Prince Edward Island (Canadá) y la tercera en Saint Kitts and Nevis (en el norte antillano). Tres territorios distintos, tres contextos diferentes, pero con una misma vocación: construir un espacio global para el diálogo entre islas.

A lo largo de estas ediciones se han abordado algunos de los grandes retos estructurales de los territorios insulares: la transición energética en sistemas aislados, el desarrollo de energías renovables y almacenamiento, la descarbonización de las economías y la seguridad energética. También han ocupado un lugar central la adaptación al cambio climático, la gestión del agua, la resiliencia frente a fenómenos extremos y la protección de los ecosistemas, especialmente en entornos costeros y marinos.

La economía azul, el turismo sostenible, la economía circular y la diversificación económica han sido igualmente ejes fundamentales, junto con la financiación de la transición, la gobernanza multinivel y la innovación tecnológica. En definitiva, la Cumbre ha ido construyendo una visión compartida: la de unas islas que no solo afrontan desafíos, sino que lideran respuestas.

Porque, aunque estemos en distintos océanos, compartimos una misma realidad. Compartimos la dependencia energética —que en muchos casos supera el 80% de combustibles fósiles importados—, la vulnerabilidad frente al cambio climático, con buena parte de nuestras poblaciones e infraestructuras en zonas costeras, y la presión sobre el territorio y los recursos hídricos. Pero también compartimos algo esencial: la capacidad de adaptarnos, de innovar y de anticiparnos.

Hay, además, una paradoja que merece ser destacada. A pesar de su tamaño, los territorios insulares han desempeñado un papel decisivo en la agenda climática global, situando el cambio climático en el centro del debate internacional y elevando la ambición de los acuerdos. Cuando una isla habla de cambio climático, no habla desde la teoría, habla desde la experiencia. Pero hay una idea aún más importante: las islas no son solo zonas vulnerables, son auténticos laboratorios vivos del planeta. En ellas, los efectos del cambio climático o de la presión sobre los recursos se manifiestan antes, de forma más intensa y más visible. Lo que en otros lugares ocurre de manera gradual, en las islas ocurre de forma acelerada. Por eso, lo que sucede hoy en las islas no es una excepción, es una anticipación de lo que sucederá en el resto del mundo.

Esta condición nos sitúa en una posición única: no solo estamos afrontando los impactos, estamos desarrollando soluciones. Y ese es precisamente el valor de este foro: conectar esas soluciones, compartirlas y proyectarlas a escala global. Esa ha sido la experiencia de Gran Canaria. Hace una década tomamos una decisión política clara: entender la transición energética no solo como un reto técnico, sino como una cuestión de soberanía energética, alimentaria y de seguridad hídrica. Esa visión se concretó en un modelo que hoy guía nuestra acción pública: Gran Canaria Ecoísla.

Diez años después, ese modelo está dando resultados. Hemos multiplicado por más de tres nuestra potencia instalada en energías renovables y hoy concentramos una parte muy significativa de la generación renovable del archipiélago. Hemos avanzado hacia un modelo más eficiente, desacoplando el crecimiento económico del aumento del consumo energético, uno de los cambios estructurales más relevantes para un territorio insular. Hemos impulsado comunidades energéticas que sitúan a la ciudadanía en el centro del sistema y desarrollamos infraestructuras estratégicas de almacenamiento como el Salto de Chira, clave para integrar renovables. También hemos desplegado una red de recarga para movilidad eléctrica y apostamos por nuevos vectores energéticos como la geotermia o el hidrógeno verde.

Pero esta transformación no se limita al ámbito energético. Estamos redefiniendo nuestro modelo económico desde una perspectiva insular. Hemos desarrollado una estrategia de economía circular orientada a reducir la dependencia exterior, optimizar recursos y generar nuevas oportunidades, y a esto le hemos añadido programas formativos en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta visión conecta directamente con el turismo sostenible. El reto no es reducir el turismo, sino transformarlo en un modelo más resiliente, eficiente e integrado en el territorio, capaz de generar valor sin comprometer los recursos. El futuro pasa por modelos regenerativos adaptados a los límites físicos. En esta línea, desarrollamos proyectos como MasDunas o ImpulsaMaspalomas.

Junto a ello, estamos impulsando de forma decidida la economía azul como uno de los grandes vectores de futuro. El mar no es solo un límite, es una oportunidad. En Gran Canaria desarrollamos proyectos vinculados al hidrógeno verde en entornos portuarios, a la descarbonización del transporte marítimo y a nuevas cadenas de valor asociadas al océano. En este camino, iniciativas como BIOASIS Gran Canaria representan un paso más: convertir la isla en un espacio de experimentación donde integrar economía circular, bioeconomía, innovación y sostenibilidad.

Pero también sabemos que no basta con mitigar. El cambio climático ya está aquí. Por eso hemos situado la adaptación en el centro de nuestras políticas públicas. Un ejemplo es el sistema ALERTAGRAN-5, una herramienta inteligente de alerta temprana ante inundaciones, con una inversión superior a 1,2 millones de euros, que mejora nuestra capacidad de anticipación y respuesta y que se suma a lo sistemas ya existentes.

Este tipo de actuaciones refleja un cambio de enfoque. Estamos pasando de una lógica reactiva a una lógica de anticipación, utilizando datos, tecnología e inteligencia pública para proteger mejor a la ciudadanía y al medio natural.

El foro ha servido para mucho más que debatir. Ha sido un instrumento clave para consolidar alianzas entre territorios que comparten desafíos, ambición y compromiso. Y por eso, lo que hagamos aquí importa. Importa mucho.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Hablar del Fondo de Desarrollo de Canarias es hablar de una de las decisiones estratégicas más importantes que ha tomado nuestra comunidad autónoma en las últimas décadas. No solo por su dimensión económica, sino por lo que ha significado en términos de cohesión territorial, igualdad de oportunidades y capacidad real de transformar nuestras islas

Cuando en 2015 se acordó destinar los recursos del extinto IGTE a inversiones productivas y políticas activas de empleo, se sentaron las bases de un modelo que hoy podemos afirmar que ha funcionado. El FDCAN no nació como un simple instrumento de financiación, sino como una apuesta por orientar el gasto público hacia el desarrollo, la innovación y la mejora de la calidad de vida de los canarios.

Diez años después, los datos son claros. El Fondo ha movilizado miles de millones de euros en Canarias, generando decenas de miles de empleos y multiplicando su impacto en la economía real. Pero más allá de las cifras globales, hay realidades concretas que explican su verdadero valor, y una de ellas es La Gomera.

En nuestra isla, ha sido una herramienta decisiva para avanzar. Entre 2016 y 2022 se han ejecutado 196 proyectos, con una inversión superior a los 85 millones de euros, lo que nos sitúa como la isla con mayor inversión per cápita del Archipiélago. Estos recursos han permitido actuar donde más se necesitaba: mejorar infraestructuras, reforzar servicios públicos, impulsar el tejido económico y generar empleo.

Pero el impacto del FDCAN no se mide únicamente en inversiones. Se mide en oportunidades. En la posibilidad de que una isla no capitalina como La Gomera pueda planificar su desarrollo a medio y largo plazo, ejecutar proyectos que de otra manera serían inviables y garantizar que sus ciudadanos tengan acceso a servicios y condiciones de vida equiparables al resto del territorio.

Esta semana que se ha garantizado su continuidad durante diez años más, ha sido un buen momento para determinar cómo reforzarlo y adaptarlo a los nuevos desafíos. Canarias afronta retos importantes: el acceso a la vivienda, el envejecimiento de la población, la necesidad de modernizar aún más su modelo productivo o avanzar en sostenibilidad.

En este sentido, es acertado que el futuro del Fondo incorpore nuevas prioridades, como las infraestructuras sociosanitarias o las políticas de vivienda. Se trata de evolucionar sin perder la esencia de lo que ha funcionado: una planificación estratégica, una financiación estable y una gestión compartida.

Defenderlo es, en definitiva, defender un modelo de desarrollo que ha demostrado ser útil. Un modelo que ha contribuido a reducir desequilibrios, especialmente en La Palma, La Gomera y El Hierro, a fortalecer la cohesión territorial y a generar oportunidades allí donde más se necesitan. Para islas como La Gomera, este tipo de instrumentos no son una necesidad. Porque solo garantizando recursos estables y políticas bien orientadas podremos seguir avanzando hacia una Canarias más justa, más equilibrada y con más futuro para todos.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

Las recientes declaraciones del obispo de Canarias, José Mazuelos, así como las del presidente de Vox, vuelven a demostrar que la inmigración sigue utilizándose como herramienta política, ideológica y mediática

No comparto las palabras de ninguno de los dos. Cuando se habla de personas que cruzan el mar en patera jugándose la vida, no caben frases frívolas, comparaciones desafortunadas ni mensajes simplistas. Canarias convive desde hace años con una realidad dura y compleja que exige sensibilidad, recursos y soluciones reales.

Aquí no hablamos solo de cifras. Hablamos de seres humanos, de familias rotas, de menores desamparados y de personas que huyen de la pobreza, la violencia o la desesperación. Convertir ese drama en titulares o discursos fáciles solo degrada el debate público.

También resulta llamativo escuchar determinados discursos morales desde instituciones que han sido señaladas por situaciones laborales irregulares con personas migrantes. La coherencia debería ser el primer requisito antes de dar lecciones.

Y en medio de todo esto aparece la anunciada visita del Papa. Personalmente, considero que este tipo de visitas, aunque simbólicas, difícilmente van a arreglar los problemas reales de Canarias. Mucho protocolo, mucha fotografía, mucha cobertura mediática y un importante despliegue para, en la práctica, dejar todo igual.

Además, se corre el riesgo de desvirtuar el verdadero mensaje que siempre defendió Papa Francisco respecto a la inmigración. Si su intención era poner el foco donde realmente golpea esta tragedia humanitaria, el lugar simbólico y real sería El Hierro, una isla que conoce de primera mano la llegada constante de pateras y el esfuerzo silencioso de quienes atienden esta emergencia.

Allí, lejos de grandes escenarios y ceremonias, es donde se entiende de verdad el drama migratorio. Allí están las costas, los rescates, la presión sobre servicios limitados y la solidaridad cotidiana de vecinos e instituciones locales.

Mientras tanto, en las islas siguen existiendo emergencias sociales urgentes: pobreza, listas de espera sanitarias, dificultades de acceso a la vivienda, precariedad laboral y barrios olvidados. Problemas cotidianos que rara vez reciben la misma atención ni la misma propaganda.

Canarias no necesita más gestos vacíos. Necesita políticas eficaces, inversión social y dirigentes capaces de mirar de frente a los problemas de la gente.

Porque la dignidad de una tierra no se mide por las visitas que recibe, sino por cómo cuida a quienes viven en ella y por cómo responde ante quienes llegan buscando.

Pedro Lorenzo Rodríguez Reyes

El décimo aniversario del Consejo Insular de la Energía de Gran Canaria no puede entenderse como un hito aislado en el tiempo, sino como la culminación de un proceso político, estratégico y social que se remonta al año 2015. En ese año llegamos al Gobierno de la isla con la firme intención de hacer de Gran Canaria una ecoísla. Este concepto no se limitaba únicamente al ámbito energético, sino que planteaba un modelo integral de desarrollo basado en la soberanía energética, la seguridad hídrica, la soberanía alimentaria, la economía circular y azul, la movilidad sostenible, un turismo adaptado al medio y políticas sociales orientadas al bienestar

Desde su origen, esta visión no fue un ejercicio retórico, sino una estrategia política clara orientada a reforzar la capacidad de decisión de la isla, reducir dependencias externas y aumentar la resiliencia del territorio. En ese contexto, la energía se situó como el eje central de la transformación, al entenderse como una herramienta clave para garantizar autonomía y estabilidad frente a un modelo energético previo que generaba vulnerabilidad estructural.

Veníamos de una fuerte oposición a la implantación de un modelo gasístico en la isla, que incluía infraestructuras como una regasificadora en Arinaga y el despliegue de redes de gas. Frente a ese planteamiento, defendimos un modelo alternativo basado en energías renovables, autosuficiencia y democratización del acceso a la energía. Este cambio de rumbo no fue sencillo, pero sentó las bases de una transformación profunda.

En este contexto, la creación del Consejo Insular de la Energía en 2016 representó un paso decisivo. No se trataba de establecer una estructura administrativa convencional, sino de diseñar una herramienta operativa con capacidad real de intervención, ejecución y transformación. Desde sus inicios, el Consejo se dotó de una hoja de ruta clara a través de la Estrategia Insular de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático, complementada por la Estrategia de Economía Circular, con el objetivo de reducir emisiones, optimizar recursos y avanzar hacia un modelo bajo en carbono.

Diez años después, los resultados avalan esa apuesta. En 2015, Canarias contaba con apenas 360 megavatios de potencia renovable instalada, de los cuales solo 120 correspondían a Gran Canaria. En la actualidad, el archipiélago alcanza aproximadamente los 1.000 megavatios, mientras que Gran Canaria ha llegado a 440 megavatios. Esto supone haber multiplicado por más de tres la potencia renovable en la isla. Pero más relevante aún es el peso relativo dentro del sistema: Gran Canaria concentra el 44 % de la potencia instalada y el 47 % de la generación renovable de Canarias, a pesar de representar solo el 38 % de la demanda. Estos datos consolidan a la isla como el principal motor energético del archipiélago.

Otro indicador clave del éxito del modelo es el desacoplamiento entre crecimiento económico y consumo energético. A pesar del aumento de población y actividad económica, la demanda eléctrica se ha mantenido estable entre los 3.100 y 3.300 gigavatios hora. Esto refleja una apuesta efectiva por la eficiencia energética y demuestra que es posible crecer sin incrementar el consumo de recursos de forma proporcional.

Uno de los pilares fundamentales de esta transformación ha sido el impulso al autoconsumo. Actualmente, una de cada tres instalaciones de autoconsumo de Canarias se encuentra en Gran Canaria, concentrando el 40 % de la potencia doméstica instalada. Este avance ha sido posible gracias a políticas de apoyo que han movilizado más de 3 millones de euros en subvenciones, permitiendo la instalación de alrededor de 1.800 sistemas en viviendas y más de 1.000 actuaciones vinculadas a la movilidad sostenible. Más allá de las cifras, este proceso ha supuesto un cambio estructural: el paso de un modelo energético centralizado a uno distribuido, donde la ciudadanía adquiere un papel protagonista.

En paralelo, la movilidad eléctrica ha experimentado un crecimiento notable. El 51% de los vehículos eléctricos vendidos en Canarias se registran en Gran Canaria, y la red de puntos de recarga, que comenzó con una instalación pionera, alcanzará los 100 puntos operativos.

La capacidad de ejecución ha sido otro elemento diferencial del modelo. El Cabildo ha desarrollado una red de instalaciones que supera los 5 megavatios en funcionamiento, ubicadas en espacios ya antropizados para minimizar el impacto territorial. Ejemplos como el Gran Canaria Arena, el Ecoparque Norte o diversas infraestructuras sociosanitarias y culturales evidencian una estrategia coherente de integración de energías renovables. Además, existen 15 megavatios adicionales en cartera, lo que garantiza la continuidad del proceso.

En un sistema insular aislado como el de Gran Canaria, el almacenamiento energético se ha convertido en un elemento estratégico. La naturaleza intermitente de las energías renovables exige soluciones que permitan equilibrar la oferta y la demanda. En este sentido, destacan proyectos clave como el Salto de Chira, con una capacidad de 200 megavatios, que funcionará como una central hidroeléctrica reversible capaz de almacenar energía en momentos de baja demanda y liberarla cuando sea necesario. Esta infraestructura, desarrollada en colaboración con Red Eléctrica, representa un pilar fundamental para garantizar la estabilidad y autonomía del sistema energético insular. A este proyecto se suman iniciativas de almacenamiento distribuido, como las desarrolladas en el Gran Canaria Arena o en el Polígono de Arinaga, que combinan generación fotovoltaica con sistemas de almacenamiento. Estas actuaciones refuerzan la resiliencia del sistema y permiten una gestión más eficiente de la energía.

El avance estratégico más reciente ha sido la puesta en marcha de la Agenda de Transición Energética de Gran Canaria. Esta herramienta establece objetivos concretos: alcanzar entre un 60% y un 70% de generación renovable en 2030, reducir emisiones en más de un 40% y avanzar hacia un sistema prácticamente descarbonizado en 2040, con hasta un 100 % de generación renovable.

Dentro de esta planificación, el desarrollo del almacenamiento a gran escala ocupa un lugar central, incluyendo sistemas de hidrobombeo con agua de mar adaptados a la realidad insular. Se ha impulsado la creación de una iniciativa público-privada para desarrollar estos proyectos, combinando la experiencia empresarial con el arraigo local.

Otro eje estratégico es la geotermia profunda, actualmente en fase de exploración. Este recurso, al no depender de condiciones climáticas, ofrece una fuente de energía constante y fiable que puede contribuir significativamente a la autonomía energética de la isla. El inicio de los sondeos en Telde marcará un hito en este ámbito.

La transición energética en Gran Canaria también se ha caracterizado por su dimensión social, especialmente a través del impulso de comunidades energéticas. Estas iniciativas, promovidas desde el Cabildo, permiten a ciudadanos, empresas e instituciones producir y gestionar su propia energía. Proyectos como los de Siete Palmas o Playa del Inglés ya están en funcionamiento, y se prevé que más de 6.500 usuarios participen en estas comunidades a corto plazo, con una potencia instalada superior a los 5 megavatios. Este modelo refuerza la democracia energética y fomenta la cohesión social.

A todo ello se suman otros proyectos estratégicos como el desarrollo de hidrógeno verde en Arinaga, con Megaturbinas, orientado a la descarbonización del transporte marítimo, lo que amplía el alcance de la transición energética hacia sectores clave de la economía.

Sin embargo, los logros alcanzados plantean nuevos retos que requieren decisiones políticas firmes. En este sentido, estamos formulando varias demandas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En primer lugar, se exige acelerar el desarrollo de la eólica marina, considerada una oportunidad estratégica que no puede retrasarse por falta de planificación. En segundo lugar, se reclama la garantía de los fondos europeos Next Generation, considerados esenciales para sostener el proceso de transición energética.

Asimismo, se plantea la necesidad de un régimen retributivo específico para Canarias que tenga en cuenta su condición ultraperiférica y facilite la descarbonización del sistema. También se solicita la convocatoria urgente de un nuevo concurso para la concurrencia competitiva que permita incorporar flexibilidad y almacenamiento al sistema energético, evitando riesgos como posibles apagones dada su fragilidad actual.

Otro aspecto clave es la coordinación territorial, destacando la importancia de la implicación de los 21 municipios de la isla a través de iniciativas como el Pacto de las Alcaldías por el Clima. La transición energética se concibe como un proceso colectivo que requiere la participación activa de todas las administraciones y del conjunto de la sociedad.

Finalmente, el balance de estos diez años no se limita a cifras o infraestructuras, sino que pone en valor el trabajo conjunto de instituciones, equipos técnicos, empresas, universidades y ciudadanía. La colaboración ha sido un elemento esencial para convertir una idea inicial en una realidad tangible. Gran Canaria no solo ha avanzado en la implantación de energías renovables, sino que se ha consolidado como referente en liderazgo energético dentro de Canarias, demostrando que la transición es posible cuando existe una visión clara, capacidad de ejecución y compromiso colectivo.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.

Cuando hablamos del futuro de La Gomera, hay una idea que siempre aparece en primer plano: la educación. No es una cuestión teórica ni un planteamiento abstracto. Es una convicción construida a lo largo del tiempo, desde la experiencia y desde la responsabilidad de gobernar pensando en las próximas generaciones

Por eso, desde el Cabildo hemos situado la educación como uno de los pilares fundamentales de nuestra acción pública. Y lo hacemos con hechos. Este año destinamos más de 3,2 millones de euros al apoyo a estudiantes, una inversión que engloba becas, ayudas al transporte, libros de texto y colaboración con universidades públicas. Detrás de esa cifra hay algo más importante: oportunidades.

Las políticas de becas son, probablemente, el mejor ejemplo de lo que significa ese compromiso. Sabemos que estudiar fuera de la isla sigue implicando un esfuerzo añadido para muchas familias. Por eso hemos reforzado las ayudas y hemos incorporado nuevas medidas, como el bono alquiler, que permite cubrir parte de esos costes que muchas veces marcan la diferencia entre poder estudiar o no. Ya son más de 550 los estudiantes que se han beneficiado en el primer decreto de esta convocatoria, y habrá un segundo decreto en las próximas semanas.

Pero no todo pasa por ayudar a salir fuera. También es importante traer la formación a casa, acercarla, hacerla accesible y más duradera en el tiempo. En ese contexto nace el Campus La Gomera, una iniciativa que, por primera vez, nos permite contar con una programación formativa estable a lo largo de todo el año.

El Campus supone un paso adelante respecto a lo que conocíamos hasta ahora. Deja atrás el formato puntual de los cursos de verano para dar lugar a una oferta más continua, con cursos, talleres y actividades en los seis municipios, abiertos a toda la ciudadanía . Es, en definitiva, una forma de entender la universidad más cercana, más pegada al territorio y a la realidad de quienes viven en él.

Siempre he defendido el papel de la universidad pública como herramienta de igualdad y de progreso. Y creo sinceramente que iniciativas como esta demuestran que es posible avanzar en esa dirección, incluso desde territorios no capitalinos como el nuestro.

Vivimos en una etapa de cambios constantes, donde la formación ya no es solo una etapa de la vida, sino un proceso continuo. Cada vez se exige más preparación, más capacidad de adaptación. Por eso insistimos tanto en la necesidad de seguir formándose, en cualquier momento y a cualquier edad.

La Gomera no puede quedarse al margen de esa realidad. Y no lo va a hacer. Continuaremos trabajando para que la educación siga siendo una puerta abierta, no un obstáculo. Porque invertir en educación es, en el fondo, invertir en las personas. Y eso siempre merece la pena.

Casimiro Curbelo. Presidente del Cabildo de la isla de La Gomera. Islas Canarias.

La transición energética hacia modelos sostenibles se ha convertido en una necesidad urgente, respaldada tanto por la evidencia científica como por la creciente inestabilidad geopolítica. Ya no se trata de una cuestión ideológica o de largo plazo, sino de una transformación imprescindible ante los riesgos de mantener un sistema basado en combustibles fósiles. Desde hace décadas, organismos internacionales y la comunidad científica han advertido sobre esta problemática, aunque los avances hacia un modelo limpio siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del desafío

El impacto más visible del actual modelo energético es el calentamiento global. Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la temperatura media global ha aumentado aproximadamente 1,1 °C desde la era preindustrial, lo que ha intensificado fenómenos extremos como olas de calor, incendios forestales, sequías prolongadas e inundaciones. A ello se suma la grave contaminación atmosférica: la Organización Mundial de la Salud estima que cerca de siete millones de personas mueren cada año por exposición a aire contaminado, gran parte derivado de la quema de combustibles fósiles. Estos datos reflejan no solo un problema ambiental, sino también una crisis de salud pública global.

Además del impacto climático y sanitario, el modelo energético actual presenta una fragilidad estructural significativa. La dependencia de recursos concentrados en regiones geopolíticamente inestables ha generado tensiones económicas y políticas, especialmente en Europa. Durante años, el continente dependió en gran medida del gas procedente de Rusia, situación que quedó en evidencia tras la invasión de Ucrania en 2022. Este conflicto desencadenó una crisis energética sin precedentes recientes, en la que el precio del gas llegó a multiplicarse por más de cinco, afectando tanto al coste de la electricidad como a la economía de hogares e industrias.

A esta situación se han sumado tensiones en Oriente Medio, la última es la guerra de Irán, que han impulsado los precios del petróleo en los mercados internacionales. El barril de Brent ha superado los 100 dólares en varios momentos recientes, mostrando la volatilidad de un sistema energético dependiente de factores externos. Esta inestabilidad impacta directamente en la inflación, el crecimiento económico y la seguridad energética de los países importadores. Por eso Europa acaba de lanzar un plan de diez puntos para reducir la demanda.

En este contexto, el responsable de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, ha advertido que “la guerra de Irán ya es la mayor amenaza de la historia para la seguridad energética”, y numerosos expertos coinciden en que un escenario con el petróleo a 200 dólares haría al mundo “infinitamente más pobre y con menos empleo”.

Ante este panorama, la transición hacia energías renovables aparece no solo como una respuesta ambiental, sino también como una estrategia de soberanía energética y estabilidad económica. Tecnologías como la solar, la eólica o la hidráulica ofrecen ventajas clave: son recursos autóctonos, abundantes y cada vez más competitivos. Los datos lo confirman: según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), el coste de la electricidad solar fotovoltaica ha caído cerca de un 85 % desde 2010, mientras que la eólica terrestre ha reducido sus costes en torno a un 55 %. En muchas regiones, estas tecnologías ya resultan más baratas que los combustibles fósiles incluso sin subsidios. Además, el sector de las renovables emplea a más de 13 millones de personas en todo el mundo, con previsión de duplicarse en las próximas décadas.

Sin embargo, el despliegue de estas energías no avanza al ritmo necesario para cumplir los objetivos climáticos internacionales. El Acuerdo de París establece la meta de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C, lo que requiere una reducción drástica de emisiones en esta década.

En Europa, el debate energético se ha intensificado tras las crisis recientes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llegó a afirmar que reducir la energía nuclear había sido un error, lo que refleja la complejidad del contexto actual. En Canarias la ultraderecha ha llegado a plantear la instalación de pequeñas plantas nucleares en el mar..

Pese a estas divergencias, responsables internacionales insisten en no desviar el foco de las energías renovables. Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha señalado que los conflictos bélicos evidencian la urgencia de acelerar la transición energética. En sus palabras, “cada crisis es un recordatorio de que la dependencia de los combustibles fósiles no solo es insostenible desde el punto de vista climático, sino también peligrosa desde una perspectiva geopolítica”.

El consenso científico es claro: la transición energética debe ser rápida, estructural y sostenida. No basta con aumentar la generación renovable, sino que es necesario transformar sectores clave como el transporte, la industria y el consumo energético. En este proceso, resultan fundamentales la electrificación verde y flexible, el almacenamiento mediante baterías, el hidrógeno verde y la mejora de la eficiencia energética.

Asimismo, la transición debe abordar las desigualdades globales en el acceso a la energía. Mientras en los países desarrollados el foco está en la descarbonización, en muchas regiones millones de personas aún carecen de electricidad. Garantizar una transición justa e inclusiva es esencial para que los beneficios de las nuevas tecnologías se distribuyan de manera equitativa. Desde el punto de vista económico, esta transformación representa una gran oportunidad: el Fondo Monetario Internacional estima que una transición acelerada podría generar millones de empleos y favorecer el crecimiento global a medio plazo.

En definitiva, la transición hacia energías limpias no es opcional, sino imprescindible. Las evidencias científicas, los datos económicos y la realidad geopolítica coinciden en señalar la insostenibilidad del modelo actual. Las crisis recientes han evidenciado las debilidades de un sistema dependiente de recursos finitos y concentrados en regiones conflictivas, reforzando la necesidad de avanzar hacia un modelo más resiliente, justo y seguro.

En este contexto, uno de los debates más frecuentes es el impacto paisajístico de las energías renovables. Aunque es legítimo proteger el entorno, no puede priorizarse una visión estática del paisaje frente a la urgencia de la transición energética. Las infraestructuras renovables tienen un impacto en gran medida transitorio y reversible, mientras que los efectos del cambio climático son acumulativos y, en muchos casos, irreversibles. Por tanto, avanzar hacia energías limpias es también una forma de preservar el entorno a largo plazo.

Otra fuente de oposición a las renovables surge cuando la población local no percibe beneficios directos. Para reducir este rechazo, es fundamental repartir mejor el valor generado. Esto implica ofrecer beneficios económicos como participación en proyectos o descuentos en la factura eléctrica, así como promover modelos comunitarios que aumenten la implicación ciudadana. También son importantes las compensaciones visibles, como inversiones en infraestructuras, y una participación real desde las fases iniciales de los proyectos.

La percepción de justicia resulta determinante: cuando los beneficios se distribuyen de manera equilibrada, disminuye el conflicto social. Finalmente, una comunicación clara, centrada en impactos concretos como ahorro, empleo o mejoras locales, es más eficaz que los argumentos abstractos. En conjunto, la clave para el éxito de la transición energética radica en pasar de un modelo percibido como impuesto a uno basado en la implicación activa de la ciudadanía.

España ha afrontado mejor la crisis energética derivada de las tensiones en torno a Irán que otros países de la Unión Europea gracias a su mix energético. La alta penetración de energías renovables, como la solar y la eólica, ha reducido su dependencia de combustibles fósiles importados, más expuestos a la volatilidad internacional. Esto ha permitido contener mejor los precios de la electricidad y mitigar el impacto sobre hogares y empresas, favoreciendo una mayor estabilidad económica y un crecimiento superior al de otras economías europeas.

Igualmente, ha reforzado su apuesta por las renovables con el nuevo Real Decreto-ley 7/2026, que destaca por ampliar el radio del autoconsumo compartido hasta los 5 km y ofrecer deducciones fiscales del 20% en instalaciones solares y aerotermia. Además, se han movilizado 2.000 millones de euros en ayudas para la industria limpia y se ha fijado el objetivo de alcanzar los 16.000 MW en almacenamiento por baterías. Todo esto se enmarca en la actualización del PNIEC, tras haber logrado el hito histórico de cubrir el 100% de la demanda peninsular con fuentes limpias en abril de 2025.

Pero se siguen olvidando de dar un paso importantísimo, comprometido además con Gran Canaria: poner en marcha cuanto antes la subasta para hacer posible la implantación de la eólica marina en nuestra isla. Esto, Salto de Chira y su ampliación a Las Niñas, la geotermia y un nuevo concurso de concurrencia competitiva donde se premie la generación de un sistema flexible y almacenamiento, garantizaría nuestra soberanía energética. Están tardando.

Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria. Islas Canarias.